Antonio Albarran Soto

Expediente 141/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
141/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
14/03/2016

Partes del expediente

  • Antonio Albarran Soto

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la determinación de diecisiete de febrero enero del año en curso, en que se desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, como se advierte de la certificación que antecede, que no obran documentos originales, debe decirse que en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción; una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Comuníquese lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, a la Magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

  2. Principal

    A sus autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, por el que devuelve diligenciado el exhorto 57/2016, al que allegó las constancias de la notificación realizada a la parte quejosa del proveído de diecisiete de febrero pasado; lo anterior, en la inteligencia que se encuentra transcurriendo el plazo que se le otorgó a fin de que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Acúsese recibo.

  3. Principal

    A sus autos el oficio que signa la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, por medio del cual acusa recibo del exhorto 57/2016, por el que se ordenó la notificación a la parte quejosa de la determinación de diecisiete febrero pasado, en que se desechó la demanda de amparo.

  4. Principal

    Visto el oficio que remite el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con los anexos consistentes en: copia certificada del oficio 418, cuadernillo con escrito original de demanda de amparo promovida por **********, constancias de emplazamiento; escritos signados respectivamente por ***********, y por el titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Acámbaro, Guanajuato -con certificados adjuntos-, mediante el cual transcribe el acuerdo del Presidente de dicho tribunal, en el que declina la competencia a este Juzgado, respecto de la demanda de amparo presentada por **********, contra actos de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por considerar que este juzgado es el idóneo para conocer y resolver sobre la misma. Con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada, y este juzgador se aboca al conocimiento del asunto. Fórmese el expediente, en el entendido que se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 141/2016. Comuníquese lo anterior al Tribunal declinante, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Por ende, vista la demanda promovida por *********, contra el acto que reclama de la Magistrada Propietaria de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; que hace consistir, de manera esencial: La resolución de once de agosto de dos mil quince, dictada en el toca de apelación 282/2015, a través de la cual modificó la sentencia de siete de abril de dicho año, de la Juez Segundo Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato. Asimismo, de la demanda se advierte que el quejoso es codemandado dentro del juicio ejecutivo civil 1450/2014, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido, de Acámabro, Guanajuato, en el que una vez que fue emplazado, dio contestación a la demanda, y entre otras promovió la excepción de improcedencia de la vía, resolviéndose el siete de abril de dos mil quince, declarándose inconducente la excepción de improcedencia planteada. Contra dicha determinación el quejoso interpone recurso de apelación, del que conoce la Magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, registrado con el toca 282/2015, dictando la resolución correspondiente el diez de agosto pasado, en la que modificó la referida sentencia del juez natural, en el sentido de que sí resultó procedente la excepción de improcedencia de la vía únicamente por lo que hace al enjuiciado **********, y dejó a salvo los derechos de la parte actora para que los hiciera valer en la vía correcta por lo que se refiere a dicha persona, dejando firme que tal excepción era improcedente, por lo que concierne a los diversos codemandados, entre ellos ***********(aquí quejoso), de tal suerte que el juicio de origen, prosigue en lo que a él y los restantes demandados se refiere. -Acto reclamado-. En consecuencia, una vez que fue analizada dicha demanda, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, 62 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y artículo 172, fracción XII, en relación con la diversa fracción V, del propio numeral, se desecha en razón de su notoria improcedencia, por las siguientes razones: Es preciso señalar que nuestro máximo Tribunal de Justicia de la Nación, ha determinado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata y directa alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las llamadas garantías individuales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal en sus diversas manifestaciones, la propiedad y la posesión, sólo por citar algunos; en tanto que los actos de ejecución reparable, no tocan por sí mismos tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses de los agraviados. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, y el supuesto de los segundos, se actualiza respecto de los derechos adjetivos o personales que sólo producen efecto de carácter formal o intraprocesal. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, de agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Materia Común, con registro 205651 y rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Así también, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia I.4o.C.2, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 827, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, de Enero-Junio de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, Materia Común, con registro 231982, y rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL)." Igualmente, tiene aplicación el criterio contenido en la jurisprudencia número 232, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 157 del Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 394188 y rubro: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Lo anterior es así, ya que de la lectura íntegra de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso reclama la resolución que confirma la sentencia emitida por el juez natural, en que dejó firme que la excepción de la vía era improcedente por lo que él y los diversos codemandados respecta. En ese orden de ideas resulta evidente que el citado acto reclamado es una violación procesal comprendida en el supuesto a que se refiere el artículo 172, fracción XII, en relación con la diversa fracción V, de la Ley de Amparo, lo que significa que el acto impugnado no afecta los derechos fundamentales del gobernado que tutela la constitución por medio de las garantías individuales. De modo que el acto que reclama la parte quejosa no le causa una ejecución de imposible reparación, puesto que ha de ser hasta que se dicte sentencia definitiva en el juicio natural cuando se pudiera actualizar el perjuicio, porque puede ser que dicho fallo le fuera favorable y en esa virtud no se patentizaría al promovente ningún daño, y de no ser así, previo agotar los medios ordinarios de defensa, la parte quejosa podrá hacer valer esta violación en vía de agravios en la apelación que interponga en contra de la sentencia respectiva, y de subsistir, podrá hacerla valer en el amparo directo, previa la preparación legal necesaria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 171, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales en vigor. Entonces, es evidente que la demanda a estudio es improcedente porque se actualiza la causa prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107 fracción V, aplicado a contrario sentido, de la Ley de Amparo, atento a que el acto reclamado no tiene de momento sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo indirecto conforme lo dispuesto por citado numeral 107 fracción V de la ley de la materia, ya que éste no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo a la parte quejosa consagrado por las garantías individuales, toda vez que dicho acto no afecta en grado predominante o superior su esfera jurídica, pues la única consecuencia es que el procedimiento se siga por sus trámites legales correspondientes, y se dicte la sentencia definitiva correspondiente, la cual puede serle favorable y, de serle adversa, podrá combatirla ya sea en vía de agravio, o concepto de violación, al momento de impugnar dicha sentencia mediante el recurso de apelación o, en su caso, a través del juicio de amparo directo, previa la preparación legal necesaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En efecto, el acto reclamado no es de aquéllos que engendran un perjuicio de imposible reparación ya que no vulnera de forma irreparable la esfera jurídica de la parte quejoso, puesto que a manera de ejemplo, son actos que tienen una ejecución de imposible reparación, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etcétera, pues en los primeros dos casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el tercero la libertad personal, en el cuarto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el quinto la libertad de trabajo, y en el sexto la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio; entonces al no encuadrarse el acto combatido en ese tipo de supuestos, debemos concluir que no nos encontramos ante un acto de imposible reparación. Resulta aplicable en la especie, por analogía, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, de Mayo de dos mil catorce, Tomo III, Décima Época, Materia Común, con registro 2006338 y rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Asimismo, es aplicable por analogía, la Jurisprudencia número 1ª/J.108/2005, de la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, publicada en la página 294, del Tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Registro número 176992, bajo el epígrafe: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En ese orden de ideas, al surtirse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 62 y 113, todos de la Ley de Amparo vigente, en relación con el numeral en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y artículo 172, fracción XII, en relación con la diversa fracción V, del propio numeral, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, puesto que por las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. Ahora bien, el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle ****, capital; por tanto, a fin de no dejarlo en estado de indefensión se ordena la notificación de la presente determinación en dicho lugar. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en Guanajuato, capital, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, para que disponga la notificación de la presente determinación a la parte quejosa en el domicilio precitado, y la requiera para que dentro del término de tres días, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, habilitándose días y horas inhábiles al fedatario correspondiente a fin de que lleve a cabo la diligencia en cuestión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 27, fracción II, de la ley en cita, así como 282 y 306 del citado código supletorio. En el entendido de que en caso de comparecer la parte interesada deberá el Actuario notificarle personalmente este proveído. Se tiene al promovente autorizando en los términos amplios del artículo 12 de la Ley reglamentaria a **********, toda vez que cuentan con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, y con las facultades limitadas del precepto en cita a **********, por no encontrarse en ese supuesto. Por último, como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, se hace del conocimiento de la parte quejosa que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos.

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