Antonio Alarcón Delgado
Expediente 19/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Antonio Alarcón Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS Al PROMOVENTE ANTONIO ALARCÓN DELGADO, EL AUTO QUE DICE: El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, remite los autos del juicio de amparo 517/2017 de su índice, formado con motivo de la remisión del diverso 19/2017 del orden cronológico de este Juzgado de Distrito, promovido por Antonio Alarcón Delgado, contra actos del Presidente de la Republica y otras autoridades. En proveído de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito, por las razones que consideró aplicables, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo en que se actúa, declinando la competencia al Juez de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en Ciudad de México, en turno, razón por la cual ordenó su remisión. Asimismo, del contenido del oficio de cuenta, en el que se transcribe la resolución de siete de febrero de dos mil diecisiete, se advierte que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, no aceptó la competencia declinada, dada la naturaleza del acto reclamado. No obstante lo anterior, respetuosamente se sostiene el criterio emitido en el citado auto de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, en el sentido de que el competente para resolver este asunto es el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Acorde con lo anterior, remítase este asunto a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, a fin de que sea el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente quien resuelva el conflicto competencial suscitado. Esta determinación, hágase del conocimiento del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Asimismo, expídase copia certificada del oficio que se provee y agréguese en el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA ANTONIO ALARCÓN DELGADO, EL AUTO QUE DICE: La parte quejosa cumple con la prevención realizada en autos; en consecuencia, se provee lo siguiente: PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del escrito de demanda y aclaratorios, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de materia, para conocer del asunto, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo. 94. El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"... La norma constitucional referida, establece que el Consejo de la Judicatura Federal está facultado para determinar la competencia territorial y especialización por materias de los Tribunales Federales. Conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece que el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones; asimismo, prevé que dicho Consejo emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos. En cumplimiento a tales disposiciones, el Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el Acuerdo General 22/2013, en el cual estableció en los artículos 2 y 6, que a partir del diez de agosto de dos mil trece los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transformarían e iniciarían funciones como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en Ciudad de México, con Jurisdicción en toda la República, con las plantillas autorizadas para tales órganos jurisdiccionales. HECHOS En el caso, los actos reclamados por el promovente consisten en: La aprobación del artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2017, que entró en vigor el 1 de enero de 2017. Los acuerdos y actos de la aprobación del artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2017, que entró en vigor al 1 de enero de 2017, en específico el acuerdo de veinte de diciembre de dos mil dieciséis. ".La INEQUIDAD, DESPROPORCIONALIDAD e INCERTIDUMBRE de las tarifas establecidas sobre el costo de la GASOLINA por región, mismas que generarán desestabilidad económica y carestía afectando a todo el pueblo mexicano, en especial a las clases vulnerables en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre de 2016 emitidos por la Comisión Reguladora de Energía y el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 27 de diciembre de 2016 en relación al artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la federación para el Ejercicio Fiscal 2017, que entró en vigor el 1 de Enero de 2017. La DISCRIMINACIÓN Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre de 2016 emitidos por la Comisión Reguladora de Energía y el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 27 de diciembre de 2016 en relación al artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la federación para el Ejercicio Fiscal 2017, que entró en vigor el 1 de Enero de 2017. FALTA DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN que justifique el alza desproporcionada en el aumento de los precios, descritos y aprobados en la Ley de Ingresos de la federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, que entró en vigor el 1 de Enero de 2017. VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL a los artículos 1, 2, 4, 25, 26, 27, 28 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto al aprobar el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, que entró en vigor al 1 de Enero de 2017." Para mejor compresión del asunto, se estima necesario trascribir el artículo Décimo Segundo Transito de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2017, con base en el cual fueron emitidos los citados acuerdos generales, cuyo contenido es el siguiente: TRANSITORIOS DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 "Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente: I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país. La Comisión Reguladora de Energía podrá modificar dichos acuerdos o cronograma, con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores. La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones de mercado. II. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme a lo establecido en la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en lo siguiente: a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público antes mencionados y el periodo de vigencia de los mismos a más tardar el 31 de diciembre de 2016. La fijación de estos precios máximos tendrá como objetivo final la liberalización de los precios en la región que corresponda. Adicionalmente, en aquellas regiones con precio máximo, se deberá aplicar la regulación asimétrica para el acceso a la infraestructura, cuando así lo haya determinado la Comisión Reguladora de Energía y sin perjuicio de que dicha regulación pueda ser aplicada en el resto del territorio nacional. b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán. En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, se deberán publicar los precios máximos al público de los combustibles mencionados, a más tardar el 31 de diciembre de 2016. III. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo, cuando la Comisión Reguladora de Energía, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, comunique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en las regiones en las que se haya determinado que los precios de las gasolinas y el diésel se apliquen bajo condiciones de mercado se han presentado aumentos en los precios al público de dichos combustibles que no correspondan a la evolución de los precios internacionales de los combustibles y de los costos de suministro, dicha Secretaría podrá establecer por regiones o subregiones, precios máximos al público de conformidad con lo dispuesto en la fracción II de este artículo. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Reguladora de Energía podrá ejercer la facultad establecida en la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. Lo establecido en este artículo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018." De lo anterior, se desprende que la norma reclamada tiene como finalidad establecer a partir del uno de enero del año en curso y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, bajo las condiciones de mercado existentes, con base en los precios internacionales de los combustibles, el costo de suministro, entre otros factores. Con base en la fracción I del citado artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2017, la Comisión Reguladora de Energía, dentro del ámbito de su competencia, y de la opinión que al efecto emitió la Comisión Federal de Competencia Económica, con fecha veinte de diciembre de dos mil dieciséis, emitió el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precio de gasolinas y diésel, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de diciembre siguiente. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fecha veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis emitió el Acuerdo por el que se dieron a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, en donde la Comisión Reguladora de Energía no haya determinado que dichos precios se establezcan bajo condiciones de mercado; además, se estableció de igual forma la metodología para su determinación, pues en la fracción IV de dicho acuerdo se estableció que la Comisión Reguladora de Energía, sería la encargada de publicar en su página de internet, previo a la entrada en vigor, los precios máximos al público de esos energéticos, así como su periodo de aplicación. Es decir, el objeto de la norma y acuerdos tildados de inconstitucionales, es esencialmente de competencia económica, pues en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se relacionan con el establecimiento de las bases a través de las cuales se fijan precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, en el caso particular, los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, con base en el precio internacional de esos combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los cotos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo, así como las diversas modalidades de distribución y expendio al público. En consecuencia, la intervención y atribuciones que las normas reclamadas otorga a la Comisión Reguladora de Energía, y a la Comisión Federal de Competencia Económica, constituyen materialmente actos propios de la rama del derecho administrativo normado por el artículo 28 constitucional y por la Ley Federal de Competencia Económica. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para sustanciar y resolver este asunto, por la especialidad y naturaleza de los actos reclamados, al haber quedado reunidos los requisitos establecidos en el Acuerdo General 22/2013; y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, se declina la competencia legal al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en Ciudad de México, en turno, por tal motivo, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase la demanda de amparo, sus copias y escritos aclaratorios, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de aquellos Juzgados. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 167557 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Abril de 2009 Materia(s): Común Tesis: P./J. 21/2009 Página: 5 "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas". Se solicita atentamente al Juez que corresponda conocer de este asunto, el acuse correspondiente.
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La parte quejosa pretende cumplir con la prevención realizada en autos; sin embargo, del contenido del escrito de cuenta se advierte que es el mismo que se proveyó el diecisiete de enero de dos mil diecisiete (fojas 38 a 39), en este asunto.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PROMOVENTE ANTONIO ALARCÓN DELGADO, EL AUTO QUE DICE: La parte quejosa pretende cumplir con la prevención contenida en proveído de doce de enero de dos mil diecisiete (fojas 32 y 33), la cual consistió en lo siguiente: Precisara cuáles son los acuerdos que atribuye a la autoridad ejecutora Comisión Reguladora de Energía, residente en Ciudad de México, y los efectos para los que solicita la suspensión del acto reclamado. La afectación específica que el acto reclamado ocasiona al pueblo mexicano en general, o bien, aclarara si la demanda que promueve es sólo por la afectación que en lo individual podría recibir; en la inteligencia de que debería acompañar una copia del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes en este juicio. Por otra parte, del contenido del escrito que se provee, se advierte que el promovente únicamente cumplió con el requerimiento contenido en el punto 2) que antecede, esto es: Aclaró que la demanda que promueve es sólo por la afectación que el acto reclamado le ocasiona en lo individual. Por otra parte, en relación con el requerimiento precisado en el punto 1, se advierte lo siguiente: El quejoso señala que el acto que atribuye a la autoridad responsable Comisión Reguladora de Energía, residente en Ciudad de México, es el acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diesel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2017; sin embargo, no especificó la fecha del acuerdo que reclama de dicha autoridad; además, no precisó cuáles son los efectos para los que solicita la suspensión del acto reclamado. En consecuencia, se concluye respetuosamente que la prevención formulada en autos no se encuentra cumplida. No obstante lo anterior, debido a que a la fecha no ha comenzado a transcurrir el término concedido en proveído de doce de enero de dos mil diecisiete (fojas 32 a 34); por lo tanto, a efecto de permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se interrumpe el término concedido en autos, el cual se reanuda hasta el día siguiente al en que surta efectos la legal notificación que se practique de este acuerdo, y requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, cumpla íntegramente con lo solicitado por este juzgado de Distrito en el requerimiento contenido en el punto 2 destacado, esto es, especifique la fecha del acuerdo que reclama de la Comisión Reguladora de Energía, residente en Ciudad de México; asimismo, precise cuáles son los efectos para los que solicita la suspensión del acto reclamado; en la inteligencia de que deberá acompañar una copia del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes en este juicio. Hecho lo anterior, se acordará lo que conforme a derecho corresponda. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de incumplimiento, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Amparo. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 182896 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo XVIII, Noviembre de 2003Página: 133Tesis: 2a./J. 106/2003JurisprudenciaMateria(s): Común "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda".
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