Antonia Garza Palomares

Expediente 371/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
371/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
05/04/2016

Partes del expediente

  • Antonia Garza Palomares
  • Antonia Garza Palomares y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo (fojas 15 a 18), sin que la promovente lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Analizada la demanda de amparo promovida por Antonia Garza Palomares, contra actos del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 371/2016. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA Los artículos invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Tal disposición se relaciona con el diverso artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6º de la Ley de Amparo, que señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. En este contexto, cabe mencionar que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente, corresponde a la parte quejosa demostrar el derecho que le asiste para reclamar por esta vía, e indicar con exactitud el acto o actos violatorios de los derechos fundamentales en su perjuicio, y demostrar que dicho acto reclamado le ocasiona un perjuicio, esto es, una ofensa o daño en sus derechos o intereses. HECHOS Del análisis de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten esencialmente en la probable orden de clausura, suspensión o visita de cirugía relacionada con la especialidad de la quejosa en ginecología y obstetricia, programada para el día diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, en la clínica denominada "Los Ángeles", ubicada en la calle Fernando Z., número doscientos quince, colonia Constituyentes, en esta ciudad, así como su ejecución, que pudieran realizar las autoridades señaladas con el carácter de responsables; así como la posible existencia de un procedimiento administrativo del cual no hubiera sido notificada. Asimismo, la parte quejosa manifestó que tal información fue proporcionada por el "responsable" de la clínica citada, quien también le señaló que no a todos los especialistas les sería permitido realizar cirugías y probablemente en la cirugía de referencia, se presentarían verificadores de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. CONCLUSIÓN En este orden de ideas, es indudable que los actos reclamados por la promovente, no se advierten como actos ciertos e inminentes, sino que, contrario a lo que sostiene, se trata de actos futuros e inciertos, pues no obstante que manifieste que tuvo conocimiento por conducto del "responsable" de la clínica denominada "Los Ángeles", ubicada en la calle Fernando Z., número doscientos quince, colonia Constituyentes, en esta ciudad, lo cierto es que la situación de la que se duele no necesariamente habrá de concretarse, pues no se advierte que le haya sido notificada determinación alguna en la que se ordene la clausura, suspensión o visita de cirugía programada para esta fecha en la clínica denominada "Los Ángeles", de esta ciudad o en su caso, que la información recibida por el "responsable" de la clínica estuviera dirigida a ella en lo particular. Cabe destacar que tratándose de actos futuros, el juicio de amparo indirecto solo es procedente contra aquellos actos que además sean ciertos e inminentes, es decir, que exista certeza sobre su realización, bien porque estén acreditados actos previos de la autoridad que hagan evidente su existencia futura, o bien que, por sus características inherentes no pueda caber duda de que el acto reclamado ha de ejecutarse tal y como lo refiere la parte promovente en su demanda; lo cual no se actualiza en la especie. Luego entonces, no resulta necesario allegarse de mayores pruebas que acrediten la causal de improcedencia que se analiza, puesto que es indudable y evidente que el acto reclamado no es cierto e inminente, sino futuro e incierto. Tienen aplicación al caso, las tesis siguientes: Época: Novena Época Registro: 184156 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Junio de 2003 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 25/2003 Página: 73 "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado, y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones. De ahí que cuando se reclame un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, deberá admitir la demanda, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia regulada en el artículo 73 de la citada ley, u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de este numeral." Época: Novena Época Registro: 190427 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 2001 Materia(s): Común Tesis: IV.3o.A.T.29 K Página: 1675 "ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN. Para apreciar si un acto es futuro e incierto no siempre es necesaria la recepción de pruebas sobre ese particular, puesto que de advertirse tal calificativa desde la presentación de la demanda, esto constituiría una causa notoria y manifiesta para desechar de plano la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, toda vez que aun cuando en el juicio se aportaran pruebas, para ese efecto las mismas no podrán variar la calificativa antes mencionada, pues los hechos reconocidos y aceptados por el quejoso en la demanda son los que califican al acto de futuro e incierto." Cabe destacar que respecto a la posible existencia de un procedimiento administrativo seguido en su contra, del cual probablemente no haya sido emplazada, se deriva de la supuesta clausura, suspensión o visita en la cirugía reseñada, del cual afirma la parte quejosa no está dirigida a todos los especialistas, esto es, no se encuentra destinada a la promovente. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en congruencia con lo dispuesto por el diverso 61 fracción XXIII, de la indicada ley. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito; por tal motivo, con fundamento en el artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo, efectúensele las notificaciones, aún las de carácter personal por lista de acuerdos, puesto que es la forma de notificar por estrados. Asimismo, se faculta como autorizados en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; así como a los restantes. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la promovente, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En otro aspecto, por cuanto hace a la petición de la parte quejosa, consistente en que Guillermo Contreras Vergara, sea autorizado para acceder al expediente electrónico para consultar este asunto, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; dígasele que una vez que proporcione los requisitos señalados en el artículo 18 del citado Acuerdo, se acordará lo procedente. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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