Antonio Agustin Mata Perez

Expediente 969/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
969/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • Antonio Agustin Mata Perez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Téngase recibido el escrito aclaratorio signado por Antonio Agustín Mata Pérez, copias y anexo que se acompañan, por medio del cual da cumplimiento a la prevención ordenada en autos y al efecto amplía los antecedentes del acto reclamado; en virtud de lo anterior, provéase lo que en derecho corresponda sobre la admisión de dicha demanda. Así, vista la demanda de amparo que promueve Antonio Agustín Mata Pérez, contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad capital, por violación que estima a los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se advierte que el acto reclamado se hace consistir, en esencia, en la resolución emitida por la citada autoridad designada como responsable, dentro del toca de apelación 483/2022, de su estadística, y por la cual, ordena devolver los autos al juez natural, en virtud de que considera que el recurso de mérito no debía ser admitido, al no haberse cumplido, desde su perspectiva, con los requisitos legalmente exigidos al momento de su interposición. En ese contexto, una vez analizada la demanda de amparo de que se trata, así como el escrito aclaratorio de cuenta, se arriba a la conclusión de que la misma deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; arábigo que en lo conducente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]; El precepto anteriormente transcrito, consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de las resoluciones dictadas, en el caso, por un tribunal en materia familiar, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Debe recordarse que el principio de definitividad que impera en materia de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, previo a su promoción, el impetrante debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal o como lo señala el propio numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, los actos relacionados con el orden penal especificados en ese precepto o bien, tratándose del tercero extraño. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. De ahí que, si se pasaran por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por tribunales judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que agoten las facultades que le competen; el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo supliría las facultades de la administración pública. En el caso, el artículo 934 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, establece la procedencia del recurso de reposición en contra de los decretos y autos del tribunal superior, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables. En efecto, dichos dispositivos señalan: Artículo 934.- (.). Ahora, si en el caso, como se ha visto, el acto reclamado se hace consistir en la resolución emitida dentro del toca de apelación 483/2022, por la cual, la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad capital, ordenó devolver los autos al juez natural, en virtud de que consideró que el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso y entonces demandado, no debía ser admitido, al no haberse cumplido con los requisitos legalmente exigidos al momento de su interposición; por tanto, resulta evidente que en su contra se hacía procedente el aludido recurso de reposición, por virtud del cual, de resultar fundado, podría hasta llegarse a admitir el recurso de apelación que se pretende. Al caso se cita el criterio orientador contenido en la jurisprudencia 1a./J. 85/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 159 del tomo XXVI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2007, Novena Época, con registro digital 171930, que dispone lo siguiente: REPOSICIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE DECLARA DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN, POR LO QUE DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 14/2002). (.) De ahí que, al existir incluso jurisprudencia al respecto, no aplique el último caso de excepción establecido en el citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En ese sentido se cita la diversa jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece en la página 971 del tomo I, libro 58, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de septiembre de 2018, Décima Época, con registro digital 2017808, que señala lo siguiente: EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. (.). Entonces, es evidente que el ahora promovente, al estar vinculado a la relación jurídico procesal de origen, por ser la parte demandada en lo principal, según adujo; esto es, al ser parte formal y material, es que se encontraba obligada a interponer el medio de defensa que consagra la ley que rige el acto reclamado, en aras de obtener la nulificación del acto reclamado y, al mismo tiempo, evitar el abuso del juicio de amparo. En esa medida, al no haber agotado el aludido medio de defensa, se actualiza la causal del improcedencia prevista en la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Cobra puntual aplicación, el criterio sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.6o.C. J/37, consultable en la página 902 del tomo XV del 09/08/23 11:19:09 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.a3 BENJAMIN ROCHA LOREDO Juicio de Amparo 969/2022-III. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2002, Novena Época, con registro 187016, cuya voz y texto rezan: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. (.) Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Téngase recibida la demanda de amparo que promueve Antonio Agustín Mata Pérez y copias que acompaña, contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 969/2022-III. Pues bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda respecto a la demanda de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con cuatro copias del propio ocurso aclaratorio, por corresponder dos para las autoridades designadas como responsables, una para la parte tercero interesada que se señala y una más para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; cumpla con lo siguiente: PRIMERO: Amplíe los antecedentes de los actos reclamados o fundamento de los conceptos de violación. En este sentido, deberá detallar el contenido de la determinación que reclama, a fin de que este juzgado de distrito pueda apreciar si, verbigracia, el recurso fue desechado de plano o bien, si sólo fue devuelto para su perfeccionamiento. Asimismo, deberá manifestar si en contra de la referida resolución que se pretende impugnar, se interpuso el medio ordinario de defensa legalmente procedente; y, de ser el caso, la fecha de su interposición, de su resolución y el sentido adoptado en el mismo. Se cita como orientador el criterio sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.6o.C. J/37, consultable en la página 902 del tomo XV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2002, Novena Época, con registro 187016, cuya voz y texto rezan: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. (...). Lo anterior, en el entendido de que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría actualizar la conducta delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo; numeral que en lo conducente dispone: Artículo 261. [.] En ese sentido se cita la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del libro 45, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de 2017, Décima Época, con registro digital 2014917, que dice: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. (...). SEGUNDO: Exhiba una copia más de su ocurso de demanda, pues únicamente acompañó tres, debiendo ser cuatro, por corresponder, como se ha indicado, dos para las autoridades designadas como responsables, dos para la parte tercero interesada que se indica y una más para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Lo anterior, en la inteligencia que en el caso específico, no resulta procedente obtener la reproducción de las copias de manera oficiosa, conforme lo ordena el artículo 110 de la ley de la materia, al no ubicarse la promovente en alguno de los supuestos que previene el invocado dispositivo, y que señala que el órgano de control constitucional, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal; laboral, tratándose de los trabajadores; cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces; así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros; y cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. TERCERO. Presente el escrito de demanda de forma legible. Del contenido del artículo 108 de la Ley de Amparo, se advierte que la demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice; circunstancia que obvia el hecho de que tal documento deberá ser completo y legible. En el caso, se tiene que la demanda de amparo deviene ilegible por incompleta en el margen inferior de su foja dos; por tanto, a fin de que la parte promovente dé cumplimiento a la presente prevención y, como consecuencia, este tribunal federal esté en aptitud de conocer la pretensión de dicha parte procesal, es que deberá de presentarse el escrito inicial de demanda, así como las correspondientes copias de traslado, de forma completa y legible. Circunstancias las anteriores que motivan sendas imprecisiones que, a su vez, constituyen irregularidades que deben ser subsanadas en sus términos, a fin de establecer la litis constitucional; la procedencia de la acción de amparo; y, en su caso, los términos en que habrá de dictarse la suspensión del acto reclamado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia VI.1º.C.18 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1716 del tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Así como la tesis P. VII/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 325 del tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, intitulada: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. Apercibida la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte promovente, para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente, en el domicilio que para tal efecto señala, teniendo como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, toda vez que no se proporcionaron las datos inherentes al respectivo registro de las mismas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, antes los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y respecto de otras así se peticionó.

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