Antonio Agripino Zuñiga Verastegui

Expediente 261/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
261/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
14/06/2023

Partes del expediente

  • Antonio Agripino Zuñiga Verastegui

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de junio de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con un anexo que acompaña. Recurso de queja infundado Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada el treinta y uno de mayo del año en curso, por el aludido Tribunal en el recurso de queja 107/2023. Acúsese recibo. Anotaciones en libros Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. Archivo Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración Con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción una vez que transcurra el lapso de tres años a que se refiere el acuerdo de mérito, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. No obran documentos originales Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos que deban devolverse en términos del aludido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se informa adscripción de jueza Finalmente, se hace del conocimiento que por oficio SEADS/903/2023, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó la comisión temporal de Norma Angélica Ávila Veyna, como Jueza Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha la autoridad responsable no ha dado total cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele nuevamente, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba la notificación del presente auto, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del numeral 258 de la citada ley y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto (de sus integrantes en el puesto) y su consignación. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Relación de constancias. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en el escrito inicial de demanda, los quejosos 1) Araceli Urrutia Castillo; 2) Agustina Janeth Chamorro; 3) Bridgett Abigail Espinoza Muñoz; 4) Eyning Thamara Molina Sánchez; 5) Yeraldina del Carmen Bellom Ulmanzor; 6) Enyel Zelaya; 7) Olvin Eliezer Mendoza; 8) Leyner Cristiano Castellón; 9) Elvin Antonio Canale; 10) Marlon Canale; 11) Ramón Menele; 12) Alejandro Castillo; 13) Roger Reyes; 14) Franklin Morales Bellorin; y, 15) Lener Arroliga, señalaron como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes: ? Del Titular; Subdirector de Control y Verificación Migratoria; y Subdirector todos de la Estación Migratoria de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, reclamó la omisión de emitir la orden de salida de la estación migratoria, a pesar de haber transcurrido en exceso el plazo de treinta y seis horas, así como la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. Ello, derivado del procedimiento migratorio instaurado en su contra. ? Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión y Secretario de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones, el proceso legislativo que dio origen a la Ley de Migración, específicamente a su artículo 111. Asimismo, el veintidós de febrero de dos mil veintidós, se decretó de plano la suspensión de los actos reclamados, para los efectos expuestos en la correspondiente determinación; y por conducto del Actuario Judicial, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ratificar la demanda. Con motivo de diversas razones levantadas por la Actuaria judicial, en las que hizo constar la ratificación de demanda de los quejosos 1) Araceli Urrutia Castillo; 2) Agustina Janeth Chamorro; 3) Bridgett Abigail Espinoza Muñoz; 4) Eyning Thamara Molina Sánchez; 5) Yeraldina del Carmen Bellom Ulmanzor; 6) Enyel Zelaya; 7) Olvin Eliezer Mendoza; 8) Leyner Cristiano Castellón; 9) Elvin Antonio Canale; 10) Alejandro Castillo; 11) Roger Reyes y, 12) Franklin Morales Bellorin, el veintidós de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda únicamente por lo que respecta a ellos. Por otra parte, en relación a los diversos agraviados 1) Marlone Canale; 2) Ramón Melene y, 3) Lener Arroliga, mediante proveído de ocho de febrero de la presente anualidad, se tuvo no presentada la demanda por los motivos ahí expuestos. Causal de improcedencia. Ahora, atendiendo que respecto del acto de aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración, que se atribuye al Titular; Subdirector de Control y Verificación Migratoria; y Subdirector todos de la Estación Migratoria de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, materializado con la orden y ejecución de la retención prolongada de los quejosos 1) Araceli Urrutia Castillo; 2) Agustina Janeth Chamorro; 3) Bridgett Abigail Espinoza Muñoz; 4) Eyning Thamara Molina Sánchez; 5) Yeraldina del Carmen Bellom Ulmanzor; 6) Enyel Zelaya; 7) Olvin Eliezer Mendoza; 8) Leyner Cristiano Castellón; 9) Elvin Antonio Canale; 10) Alejandro Castillo; 11) Roger Reyes y, 12) Franklin Morales Bellorin, en la estación migratoria; así como en relación a la omisión de emitir en su favor la orden de salida de la referida estación, derivado del procedimiento migratorio instaurado en su contra, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII1 , de la Ley de Amparo, pues está demostrado que en la especie ocurrió un cambio de situación jurídica. En efecto, el precepto citado establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto por cambio de situación jurídica y para su actualización deben cumplirse los siguientes requisitos. a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo, la tesis 2ª.CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, del tomo IV, diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 199808 que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso, tales presupuestos se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: a) Los actos reclamados de que se trata derivan de un procedimiento administrativo migratorio instaurado en contra de los quejosos 1) Araceli Urrutia Castillo; 2) Agustina Janeth Chamorro; 3) Bridgett Abigail Espinoza Muñoz; 4) Eyning Thamara Molina Sánchez; 5) Yeraldina del Carmen Bellom Ulmanzor; 6) Enyel Zelaya; 7) Olvin Eliezer Mendoza; 8) Leyner Cristiano Castellón; 9) Elvin Antonio Canale; 10) Alejandro Castillo; 11) Roger Reyes y, 12) Franklin Morales Bellorin. b) Con motivo de la suspensión de plano concedida por este órgano tutelar de derechos fundamentales, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, acompañó a su informe justificado copia certificada de las constancias que integran los siguientes expedientes: 1.- Expediente 615, de Araceli Urrutia Castillo; 2.- Expediente 619, de Eyning Thamara Molina Sánchez; 3.- Expediente 703, de Yeraldina del Carmen Bellom Ulmanzor; 4.- Expediente 705, de Enyel Zelaya (nombre correcto Ángel Zelaya Flores); 5.- Expediente 686, de Leyner Cristiano Castellón (nombre correcto Lener Cristiano Castellón Hurtado); 6.- Expediente 618, de Elvin Antonio Canale (nombre correcto Elvin Antonio Canales Rivera); 7.- Expediente 691, de Alejandro Castillo (nombre correcto José Alejandro Castillo Martínez); 8.- Expediente 699, de Roger Reyes (nombre correcto Roger Alsides Reyes Martínez) 9.- Expediente 692, de Franklin Morales Bellorin (nombre correcto Franklin Argenis Morales Beyory); 10.- Expediente 613, de Agustina Janeth Chamorro; 11.- Expediente 614, de Bridgett Abigail Espinoza Muñoz. 12.- Expediente 698, de Olvin Eliezer Mendoza (nombre correcto Olvin Eliezer Mendoza Briones) De dichas constancias se observa que con fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, ordenó la salida de la estación migratoria de los referidos quejosos, y dio por concluidos los mencionados procedimientos administrativos migratorios. c) Derivado de lo anterior, deviene innegable que este órgano no podría decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados por 1) Araceli Urrutia Castillo; 2) Agustina Janeth Chamorro; 3) Bridgett Abigail Espinoza Muñoz; 4) Eyning Thamara Molina Sánchez; 5) Yeraldina del Carmen Bellom Ulmanzor; 6) Enyel Zelaya; 7) Olvin Eliezer Mendoza; 8) Leyner Cristiano Castellón; 9) Elvin Antonio Canale; 10) Alejandro Castillo; 11) Roger Reyes y, 12) Franklin Morales Bellorin, sin afectar la determinación de conclusión del procedimiento administrativo, que es la que actualmente rige el estado procesal; esto es, una eventual concesión del amparo no podría surtir efectos. d) El auto de conclusión del procedimiento no guarda vinculación directa con el presente juicio de amparo, sino con la determinación adoptada por la autoridad responsable. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata quedaron afectados por la resolución de conclusión del procedimiento; de ahí que en su caso, las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues se reitera, no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica. Por tanto, se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Robustece lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, del texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por analogía, se cita la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la página 1688, Libro 41, abril de 2017, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SI SE RECLAMÓ LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y, PREVIO A LA EMISIÓN DE ESA CONTESTACIÓN, CULMINÓ ÉSTE CON EL DICTADO DEL FALLO DEFINITIVO, SE ACTUALIZA ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos emitidos dentro de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, cuando por cambio de situación jurídica se consumen irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica. Por otra parte, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción III del artículo 107 de la ley de la materia, el concepto de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, comprende tanto a aquel en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, como el procedimiento mediante el que la autoridad prepara su resolución definitiva con intervención del particular. Al respecto, el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 11/2014, de la que derivó la jurisprudencia PC.IV.A. J/8 A (10a.), de título y subtítulo: "LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", determinó que los procedimientos de licitación pública constituyen procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de acuerdo con la definición que sobre este concepto jurídico emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la diversa jurisprudencia 2a./J. 22/2003. Por tanto, si en un juicio de amparo en el que se reclamó la falta de respuesta a una solicitud de regularización del procedimiento de licitación pública y, previo a la emisión de esa contestación, culminó el procedimiento con el dictado del fallo definitivo, se actualiza un cambio de situación jurídica que torna improcedente el juicio de amparo, en razón de la sustitución procesal, porque la situación jurídica a que estaba sujeto el quejoso respecto a los actos reclamados ya no está regida por éstos, sino por la nueva resolución administrativa. En ese sentido, las violaciones que el quejoso hubiese afirmado que acontecieron en el procedimiento de licitación y sobre las cuales versaron los escritos presentados ante la autoridad responsable y sus respectivas respuestas, quedaron irreparablemente consumadas, en tanto que no pueden variarse sin afectar lo determinado en la apuntada determinación administrativa". En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las trece horas con cuarenta minutos del tres de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

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