Antonino Almazan Arteaga

Expediente 1561/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1561/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
15/08/2023

Partes del expediente

  • Antonino Almazan Arteaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo aplicable para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, once de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido al promovente del presente asunto, sin que cumpliera debidamente con el requerimiento formulado en proveídos de seis y veintidós de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en los proveídos en comento, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo a que este asunto se refiere. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Jorge Paniagua Alcocer, quien se ostenta apoderado legal de Antonino Almazán Arteaga, parte quejosa, con el que pretende cumplir con el requerimiento que se le formuló en auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, solicitando que se requiera a la autoridad señalada como responsable para que remita las constancias relativas a la personalidad con la que se ostenta, indicando que no le es posible exhibirlas en razón de que en el juicio de origen obra el poder respectivo y le será devuelto hasta que concluya la audiencia de ley. Atento a lo solicitado, dígasele al promovente que este Juzgado no inobservó a las manifestaciones que planteó en la demanda respecto a la solicitud de que se requiera a la autoridad señalada como responsable para que remita las constancias relativas a la personalidad con la que se ostenta, toda vez que no las consideró conducentes debido a lo siguiente: El artículo 11 párrafo primero de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. (.)" Del anterior precepto legal, se puede ver que cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido; entendiéndose por lo anterior que la única excepción para requerir a la autoridad responsable con el fin de que remita la certificación de la personalidad del promovente es en materia penal. De ahí que en el presente caso no sería dable acceder a lo solicitado por el promovente en el sentido de requerir a la autoridad señalada como responsable para que remita las constancias relativas a la personalidad con la que se ostenta, pues la presente demanda de amparo se trata de un asunto en materia agraria. Por otro lado, la tesis aislada que cita el quejoso no es vinculante para que este Juzgado atienda dicho criterio, haciéndose mención que no se comparte el mismo. Por otra parte, no escapa de la atención de este Juzgado las manifestaciones del promovente en el sentido de señalar que no le es posible exhibir las constancias que acrediten su personalidad en razón de que obran en el juicio de origen y éstas le serán devueltas hasta que concluya la audiencia de ley, sin embargo, esto no es obstáculo para promover su demanda de amparo ya que estuvo en la posibilidad de solicitar con la debida anticipación a la autoridad que señala como responsable las copias certificadas para poder acreditar su personalidad en este juicio de amparo. Además de que no obstante la parte quejosa exhibió copia simple del acuse de recibo por el cual solicitó a la aquí responsable copia certificada del poder notarial para acreditar su representación en este juicio de amparo, tampoco es dable solicitarlo en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, pues este artículo está relacionado con las pruebas que ofrezcan las partes, siempre y cuando ya se haya admitido la demanda, más no para subsanar la prevención de la misma, debido a que entonces no tendría razón de ser que el legislativo impusiera como requisito acreditar la representación en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. Debido a todo lo anteriormente expuesto y fundado es que se llega a la conclusión que no es dable atender a lo solicitado por el promovente, por lo que no cumple con la prevención que se le realizó en auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, que acredite con documento idóneo el carácter con el que se ostenta, toda vez que no exhibió documento alguno para acreditar su representación, tal y como lo refiere el artículo 11 párrafo primero de la Ley de Amparo, y a efecto de no hacer nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando todavía está en tiempo para hacerlo, se le hace saber a la parte quejosa que subsiste la prevención y el apercibimiento formulados en dicho proveído. Así como, encuentra sustento lo anterior de conformidad con lo señalado en la jurisprudencia 2a./J.106/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, del tomo XVIII, del mes de noviembre del año dos mil tres, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda". Finalmente, respecto de la ampliación de la demanda que hace referencia el citado Jorge Paniagua Alcocer, se reserva acordar al respecto, hasta en tanto cumpla con la prevención que se menciona en párrafos que anteceden. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Paniagua Alcocer quien se ostenta apoderado de Antonino Almazán Arteaga contra actos que reclama al Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cuatro en el Estado de Quintana Roo, con sede en la ciudad de Chetumal, demanda presentada con una copia y un anexo. En consecuencia, se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1561/2021-V. Ahora bien, a efecto de acordar lo relativo a la presente demanda de amparo, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108, fracción I y 114, fracciones I, II y III de la Ley de Amparo, y artículo 12, primer y segundo párrafos, e inciso f) del Acuerdo General Número 1/2013 del el Consejo de la Judicatura Federal; requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos conforme al artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, la notificación de este acuerdo, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda de amparo en los siguientes términos: Acredite con documento idóneo (original o copia certificada) la personalidad que ostenta como apoderado legal de Antonino Almazán Arteaga. Exhiba las copias necesarias de dicho documento con el que acredite su personalidad para correr traslado a cada una de las partes. Lo anterior, toda vez que no acompañó constancia alguna con la que se acredite tener tal carácter. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 43/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuarenta y ocho, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.". Así como la jurisprudencia (Común), tesis 2ª./J.124/2016 (10ª.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." También la jurisprudencia P./J. 37/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XIII, Abril de 2001, Pagina 125 de la Novena Época, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA. De lo dispuesto por la jurisprudencia número P./J. 43/96 de este Tribunal Pleno, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", así como de la ejecutoria que la originó se infiere, por una parte, que el Juez de Distrito debe pronunciarse indefectiblemente sobre la personalidad del promovente cuando provee acerca de la demanda y, si no está acreditada, se encuentra obligado a prevenirlo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo y, por otra parte, que el acreditamiento de dicha personalidad no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 120 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso, debiendo entenderse que si dicha personalidad no la acredita el peticionario del amparo con el escrito inicial de demanda, sino que la comprueba con el escrito aclaratorio, es indiscutible que debe exhibir copias de este escrito, en el número previsto en el artículo 120 de la Ley de Amparo." Se apercibe al promovente que de no cumplir con el mencionado requisito en el plazo fijado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del ya citado artículo 114 de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase saber al promovente que deberá adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda para cada una de las partes en este asunto en razón de que será parte integrante de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo aplicable y con apoyo en la tesis jurisprudencial número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis número 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo y texto y rubro, son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Téngase como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones en este asunto, el señalado en su demanda de amparo, y por autorizados en los términos amplios que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mijail Natanael Tah Ayala y en los términos restringidos que señala en citado numeral a Jessica Yareth Álvarez Vázquez, de conformidad con la parte final del segundo párrafo del citado artículo 12 de la Ley de Amparo, tal y como expresamente lo solicita el promovente. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que para el caso que considere necesario imponerse de autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia médica del titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

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