Antonino Almazan Arteaga
Expediente 1557/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1557/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Antonino Almazan Arteaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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(.) SE ARCHIVAN LOS PRESENTES AUTOS (.)
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Mérida, Yucatán, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Vistos los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa, sin que cumpliera con el requerimiento formulado en acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintiuno, el que subsistió mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo en comento, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo a que este asunto se refiere. Por otro lado, respecto de la ampliación de la demanda a que hizo referencia Jorge Paniagua Alcocer la cual se reservó acordar en este asunto, hasta en tanto cumpliera con la prevención, la parte quejosa deberá estarse a lo acordado en el párrafo que antecede. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.
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MESA VIII. (...) Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Jorge Paniagua Alcocer, quien se ostenta se ostenta apoderado de Antonino Almazán Arteaga, parte quejosa, con el que pretende cumplir con el requerimiento que se le formuló en auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, solicitando que se requiera a la autoridad señalada como responsable para que remita las constancias relativas a la personalidad con la que se ostenta, indicando que no le es posible exhibirlas en razón de que en el juicio de origen obra el poder respectivo y le será devuelto hasta que concluya la audiencia de ley. Atento a lo solicitado, dígasele al promovente que este Juzgado no inobservó a las manifestaciones que planteó en la demanda respecto a la solicitud de que se requiera a la autoridad señalada como responsable para que remita las constancias relativas a la personalidad con la que se ostenta, toda vez que no las consideró conducentes debido a lo siguiente: El artículo 11 párrafo primero de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. Del anterior precepto legal, se puede ver que cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido; entendiéndose por lo anterior que la única excepción para requerir a la autoridad responsable con el fin de que remita la certificación de la personalidad del promovente es en materia penal. De ahí que en el presente caso no sería dable acceder a lo solicitado por el promovente en el sentido de requerir a la autoridad señalada como responsable para que remita las constancias relativas a la personalidad con la que se ostenta, pues la presente demanda de amparo se trata de un asunto en materia agraria. Por otro lado, la tesis aislada que cita el quejoso no es vinculante para que este Juzgado atienda dicho criterio, haciéndose mención que no se comparte el mismo. Por otra parte, no escapa de la atención de este Juzgado las manifestaciones del promovente en el sentido de señalar que no le es posible exhibir las constancias que acrediten su personalidad en razón de que obran en el juicio de origen y éstas le serán devueltas hasta que concluya la audiencia de ley, sin embargo, esto no es obstáculo para promover su demanda de amparo ya que estuvo en la posibilidad de solicitar con la debida anticipación a la autoridad que señala como responsable las copias certificadas para poder acreditar su personalidad en este juicio de amparo. Además de que no obstante la parte quejosa exhibió copia simple del acuse de recibo por el cual solicitó a la aquí responsable copia certificada del poder notarial para acreditar su representación en este juicio de amparo, tampoco es dable solicitarlo en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, pues este artículo está relacionado con las pruebas que ofrezcan las partes, siempre y cuando ya se haya admitido la demanda, más no para subsanar la prevención de la misma, debido a que entonces no tendría razón de ser que el legislativo impusiera como requisito acreditar la representación en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. Debido a todo lo anteriormente expuesto y fundado es que se llega a la conclusión que no es dable atender a lo solicitado por el promovente, por lo que no cumple con la prevención que se le realizó en auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, que acredite con documento idóneo el carácter con el que se ostenta, toda vez que no exhibió documento alguno para acreditar su representación, tal y como lo refiere el artículo 11 párrafo primero de la Ley de Amparo, y a efecto de no hacer nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando todavía está en tiempo para hacerlo, se le hace saber a la parte quejosa que subsiste la prevención y el apercibimiento formulados en dicho proveído. (...)
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Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida Jorge Paniagua Alcocer quien se ostenta apoderado legal de Antonio Almazán Arteaga en contra del acto que reclama del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con sede en Chetumal, Quintana Roo, presentada con una copia y un anexo. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 11, 108, fracción I, y 114, fracciones I, II y III de la Ley de Amparo , requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, exhiba y precise lo siguiente: Único. Acredite con documento idóneo el carácter de apoderado legal de Antonio Almazán Arteaga que ostenta tener, toda vez que no acompañó al escrito de demanda documento o constancia que acredite tal carácter; en el entendido de que deberá exhibir copias suficientes del citado documento para correr traslado a cada una de las partes. Sirve de orientación la jurisprudencia 23/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, registro 167431, de texto: " PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato. Asimismo, la jurisprudencia P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuarenta y ocho, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 200084 del texto: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia P./J. 37/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XIII, Abril de 2001, Pagina 125 de la Novena Época, número de registro 189915, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA. De lo dispuesto por la jurisprudencia número P./J. 43/96 de este Tribunal Pleno, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", así como de la ejecutoria que la originó se infiere, por una parte, que el Juez de Distrito debe pronunciarse indefectiblemente sobre la personalidad del promovente cuando provee acerca de la demanda y, si no está acreditada, se encuentra obligado a prevenirlo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo y, por otra parte, que el acreditamiento de dicha personalidad no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 120 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso, debiendo entenderse que si dicha personalidad no la acredita el peticionario del amparo con el escrito inicial de demanda, sino que la comprueba con el escrito aclaratorio, es indiscutible que debe exhibir copias de este escrito, en el número previsto en el artículo 120 de la Ley de Amparo." De igual manera la jurisprudencia (Común), tesis 2ª./J.124/2016 (10ª.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2012992, de texto: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." Se apercibe a la parte promovente en el sentido que de no subsanar la prevención requerida dentro del término que le ha sido otorgado, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mijaíl Natanael Tah Ayala por tratarse de un asunto agrario. De igual manera se tiene como autorizado a Jessica Yareth Álvarez Vázquez, en los términos restringidos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley Amparo para oír y recibir notificaciones, recibir valores documentos e imponerse de autos por así solicitarlo expresamente. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Se exhorta para que, cuando sea posible, se transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por licencia médica del Titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante el licenciado Juan Armando Cortes Carabias, secretario que autoriza y da fe.
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