Antonia Tavira Molina

Expediente 67/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
67/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Antonia Tavira Molina

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Transferencia del expediente. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión, ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Horacio Hernández Sotelo, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, ante la la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido por razón de turno al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se radicó el ocurso inicial bajo el número de expediente 256/2021, y se previno a la parte quejosa a efecto de que aclarara su demanda, atento a lo cual, previo cumplimiento a dicha prevención, por acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos tuvo verificativo en los términos del acta de veinticinco de noviembre del año próximo pasado. TERCERO. Pronunciamiento en relación al tercero interesado. Por auto de veintiuno de abril de la presente anualidad, el titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ordenó efectuar el emplazamiento condigno a José Aguilar Dorantes a quien se determinó le asiste el carácter de tercero interesado en el presente asunto, no obstante, dicho llamamiento a juicio no fue efectuado, desconociendo el aludido carácter a dicha persona en audiencia constitucional de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en razón de su fallecimiento. CUARTO. Remisión de autos para dictado de sentencia. Por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, en cumplimiento a lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/668/2021, de ocho de dicho mes y año, ordenó enviar los autos originales del sumario que nos ocupa a este juzgado federal para el dictado de la sentencia correspondiente. QUINTO. Recepción de autos para dictado de sentencia. Así las cosas, por acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, se avocó al conocimiento del asunto, el cual se radicó bajo el número de expediente 67/2021, se convalidaron las actuaciones efectuadas por el homologo federal y se requirió a las partes para que expresaran si tienen conocimiento de algún impedimento que tuviera el suscrito, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, sin que se haya efectuado alguna manifestación al respecto; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que, se reclama un acto atribuido a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación del acto reclamado para así determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar el alcance de su pretensión. Con base en lo anterior, se precisa que del estudio integral de la demanda de amparo y de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama, de la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos: La resolución de quince de febrero de dos mil veintiuno, emitida dentro de los autos del expediente ----- relativo al juicio especial de divorcio incausado promovido por la aquí quejosa contra -----, en la que determina declarar infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos al rendir su respectivo informe justificado aceptó la existencia de los actos que se le atribuyen en el presente sumario constitucional. Certeza que se encuentra acreditada con las copias certificadas de las constancias del expediente del orden familiar de origen y que obran agregadas a los autos a fojas 42 a 136, a las que se les da valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2. Cobra aplicación, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. " CUARTO. Causales de improcedencia. Precisado lo anterior, debe decirse que la procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, previo al estudio de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte que en relación con el acto reclamado en esta instancia de control constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII.- Cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Esta causa de improcedencia se actualiza cuando se modifica el entorno en el que se emitió el acto reclamado, por lo que en caso de concluirse que este fuera inconstitucional, se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia que concediera la protección constitucional. En relación con esta causa de improcedencia, que equivale a la prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la anterior Ley de Amparo, continúa vigente la jurisprudencia que ha fijado su alcance, dado que no se opone al ordenamiento actual, conforme con su artículo sexto transitorio; por consiguiente, es viable tener en consideración la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS". Para arribar a dicha conclusión, conviene destacar los principales antecedentes del acto reclamado, que son los siguientes: Por escrito presentado el seis de octubre de dos mil veinte, Antonia Tavira Molina, promovió juicio de divorcio incausado en contra de José Aguilar Dorantes. Previo cumplimiento a la prevención formulada por la autoridad primigenia por auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite el juicio del que emana el acto reclamado en la presente instancia constitucional, decretando al efecto, entre otras cosas, como medida cautelar una pensión alimentaria provisional a favor de la aquí quejosa y a cargo de José Aguilar Dorantes, para lo cual se ordenó además girar el oficio correspondiente a la fuente laboral designada por la accionante a fin de que se hicieran los descuentos condignos. Por escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veinte, la ahora quejosa solicito a la autoridad responsable girara oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, en atención a que el demandado también contaba con percepciones de dicha dependencia a fin de que se hicieran los descuentos correspondientes. Petición a la cual recayó el auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el cual se ordenó a la promovente se estuviera a lo acordado por auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte. Inconforme con lo anterior ----, por escrito presentado de seis de noviembre de dos mil veinte, interpuso recurso de revocación. Por escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veinte, José Aguilar Dorantes dio contestación a la demanda promovida en su contra, lo cual fue acordado de conformidad el nueve de dicho mes. El quince de febrero de dos mil veintiuno, la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, resolvió el recurso de revocación promovido en autos del expediente de origen, en el cual determinó lo siguiente: "R E S U E L V E: PRIMERO: Este Juzgado es competente para conocer y fallar el presente asunto y la vía elegida es la procedente en términos de lo expuesto en el considerando I y II de la presente resolución. SEGUNDO: Por los motivos y fundamentos expuestos, se declara INFUNDADO el RECURSO DE REVOCACIÓN interpuesto por ---, contra el auto dictado el veintinueve de octubre del dos mil veinte, atendiendo a las consideraciones vertidas en la presente resolución." Determinación esta última la que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Por resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, dictó sentencia dentro del expediente --- de la estadística de su adscripción en la cual determinó lo siguiente: "R E S U E L V E: PRIMERO.- Este Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente asunto, y la vía elegida es la correcta. SEGUNDO.- Ha procedido la acción de DIVORCIO INCAUSADO, promovida por --- en consecuencia. TERCERO.- Se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a ---- celebrado el día doce de diciembre de mil novecientos setenta y uno, asentado bajo el acta número 00343, asentada en el libro 01, de la Oficialía 01 del Registro Civil de Iguala de la Independencia, Guerrero. CUARTO.- En virtud del divorcio decretado --- quedan en aptitud legal para contraer nuevas nupcias. QUINTO.- Se dejan a salvo los derechos de los divorciantes ---- en relación a las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, para que lo hagan valer en la vía incidental, atento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 551 OCTIES último párrafo de conformidad en lo dispuesto por los preceptos 552 al 555 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. SEXTO.- En virtud de que el régimen bajo el cual los cónyuges contrajeron matrimonio lo fue en la SOCIEDAD CONYUGAL; y por lo que respecta a la LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL se dejan a salvo sus derecho para hacerlos valer en la vía y forma que corresponda; consecuentemente. SÉPTIMO. Toda vez que no existe voluntad de las partes de convenir respecto de la propuesta y contra propuesta de convenio, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 551 OCTIES fracción III, del Código invocado con antelación, y los artículos 552 al 555, de este Código; por lo que se dejan a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía incidental correspondiente, esto en atención que por auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, se decretó pensión alimenticia provisional a favor de la parte actora ----- requiriéndosele a las partes para que a través de un solo incidente, promuevan dichas cuestiones, lo anterior con base en los principios de unidad, concentración, celeridad y economía procesal. Se exhorta a los divorciantes agoten la mediación e intenten a través del dialogo llegar a un acuerdo respecto del convenio. OCTAVO.- Toda vez que la resolución en la que la juez decrete la disolución del vínculo de matrimonio por divorcio incausado, no admite recurso alguno, en términos de lo dispuesto por el numeral 551 Nonies de la Ley Adjetiva Familiar en vigor, y a efecto de dar debido cumplimiento al resolutivo cuarto de la presente resolución, con copia certificada de la audiencia de divorcio incausado y de la presente resolución, gírese atento oficio al Oficial del Registro Civil Número 01 de Cuernavaca, Morelos (sic), a efecto de que proceda a realizar las anotaciones marginales correspondientes, en el registro de matrimonio de -----, celebrado en fecha doce de diciembre de mil novecientos setenta y uno, el cual se registró bajo el acta número 00343, asentada en el libro 01, de la Oficialía 01 del Registro Civil de Iguala de la Independencia, Guerrero, en consecuencia de lo anteriormente expuesto y atendiendo a que el Oficial mencionado con antelación, se encuentra fuera de la Jurisdicción de este Órgano Jurisdiccional, con los insertos necesarios gírese atento exhorto al Juez Familiar Competente en Iguala de la Independencia, Guerrero, para el efecto que en coloración (sic) de este Juzgado, gire oficio al al (sic) Oficial del Registro Civil 01, de Iguala de la Independencia, Guerrero, se haga las anotaciones marginales correspondientes. NOVENO.- Se dejan subsistentes las medidas provisionales decretadas en esta misma fecha, veintiuno de octubre, en el considerando VI. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- (.) Por escrito presentado el veintiuno de mayo de la presente anualidad, ---- en su carácter de abogada patrono de José Aguilar Dorantes, informó al juzgado de origen que el dieciséis de dicho mes, la parte demandada había fallecido, exhibiendo para tal efecto copia certificada del acta de defunción correspondiente, solicitando además el cese de la obligación alimentaria en términos de los establecido por el artículo 55, fracción I del Código Familiar del Estado de Morelos. Por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable emitió el acuerdo correspondiente al escrito señalado, en el cual tomó nota del fallecimiento de la parte demandada y determinó declarar improcedentes las demás solicitudes en atención a que con la muerte de ----- las facultades de representación de la ocursante habían cesado. Hasta aquí la narrativa de antecedentes. Sentado lo anterior, el suscrito estima que, respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues si bien formalmente subsiste la determinación decretada el quince de febrero de dos mil veintiuno, por la juez responsable por la cual confirmó la diversa de veintinueve de octubre de dos mil veinte, a través de la cual, se determinó no proveer respecto a la solicitud de la parte quejosa para girar el oficio correspondiente al Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que se le hiciera la deducción correspondiente a las prestaciones que tuviera derecho José Aguilar Dorantes, esto por concepto de la pensión alimenticia provisional decretada en autos. Lo cierto es que, con posterioridad a dicha determinación, el dieciséis de mayo de la presente anualidad, el deudor alimentario José Aguilar Dorantes falleció, con lo cual cesó la aludida obligación alimentaria y por tanto el entorno en el que se emitió el acto reclamado cambió. Para demostrar lo anterior, es necesario precisar en primer orden, la naturaleza jurídica de los alimentos y que si bien, éstos no siempre se extinguen con la muerte del deudor alimentario, sino que en ocasiones trascienden a la relación misma, como sucede en los casos que se hayan designado por testamento, en que a pesar de que se extingue el vínculo familiar, subsiste el derecho alimentario. No obstante ello, en el caso particular el derecho y la obligación alimentaria derivada del juicio del cual derivan los actos reclamados sí se extinguieron con la muerte del deudor alimentario. En efecto, el derecho de alimentos se ha definido como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir. En ese contexto, los alimentos consisten en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. El cumplimiento de la obligación alimentaria, además, se considera de interés social y orden público. En relación con su origen, se ha establecido que la obligación alimentaria surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: El estado de necesidad del acreedor alimentario; Un determinado vínculo entre acreedor y deudor; y, La capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerá de la relación de familia existente entre acreedor y deudor, el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con la regulación específica y las circunstancias de cada caso concreto. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 36/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS. EL CONTENIDO, REGULACIÓN Y ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS DEPENDERÁ DEL TIPO DE RELACIÓN FAMILIAR DE QUE SE TRATE. Esta Primera Sala ya ha establecido que la obligación de dar alimentos surge de la necesidad de un sujeto con el que se tiene un vínculo familiar; sin embargo, es importante precisar que el contenido, regulación y alcances de dicha obligación variará dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, pero particularmente del tipo de relación familiar en cuestión. En este sentido, la legislación civil o familiar en nuestro país reconoce una serie de relaciones familiares de las que puede surgir la obligación de dar alimentos, entre las que destacan: las relaciones paterno-filiales, el parentesco, el matrimonio, el concubinato y la pensión compensatoria en casos de divorcio." En nuestra legislación civil la obligación de dar alimentos se puede satisfacer de dos maneras: a) Mediante el pago de una pensión alimenticia o bien, b) Incorporando el deudor en su casa al acreedor para proporcionarle los elementos necesarios en cuando a comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad. Los alimentos comprenden, de acuerdo con el artículo 43 del Código Familiar para el Estado de Morelos, la casa, la comida, el vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia en caso de enfermedad, el esparcimiento, los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otra forma, los gastos necesarios para la educación básica del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. Sus características son: 1) Es una obligación recíproca, 2) Personalísima, 3) Intransferible e inembargable el derecho correlativo, 4) Imprescriptible, 5) Intransigible, 6) Proporcional, 7) Divisible, 8) Crea un derecho preferente, 1 9) No es compensable ni renunciable y 10) No se extingue por el hecho de que la prestación sea satisfecha. En el presente estudio sólo se hará referencia a las características relativas al carácter personalísimo de la obligación alimentaria y la naturaleza intransferible de los alimentos, por ser éstas las que están relacionadas con el tema. Bajo ese orden de ideas, la obligación alimentaria es personalísima por cuanto que depende exclusivamente de las circunstancias individuales del acreedor y deudor. Los alimentos se confieren exclusivamente a una persona determinada en razón de sus necesidades y se imponen a otra persona determinada tomando en cuenta su carácter de pariente o de cónyuge y sus posibilidades económicas. Tomando en cuenta el carácter personalísimo de la obligación de alimentos y el orden impuesto por la ley, el acreedor no podrá enderezar su demanda contra parientes que tengan sólo obligación subsidiaría, sin demostrar previamente que los parientes más próximos a quienes preferentemente obliga la ley, se encuentran en imposibilidad económica de cumplir con la pensión respectiva. La obligación alimentaria es intransferible tanto por herencia como durante la vida del acreedor o del deudor alimentario. Se trata de una consecuencia relacionada con la característica anterior. Siendo la obligación de dar alimentos personalísima evidentemente que se extingue con la muerte del deudor alimentario o con el fallecimiento del acreedor. No hay razón para extender esa obligación a los herederos del deudor o para conceder el derecho correlativo a los herederos del acreedor, pues los alimentos se refieren a necesidades propias e individuales del alimentista y, en el caso de muerte del deudor, se necesita causa legal para que aquél exija alimentos a otros parientes que serán los llamados por la ley para cumplir con ese deber jurídico. La prestación alimentaria de los cónyuges es también intransferible tanto por herencia como durante la vida del acreedor o deudor. Es decir, cada cónyuge tiene la facultad de exigir alimentos al otro dentro de los límites y requisitos señalados por la ley, extinguiéndose a su muerte tal derecho y, por lo tanto, la obligación que correlativamente pueda tener al respecto. Las consideraciones anteriores se corroboran con lo que al respecto determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 2524/2015, el diez de febrero de dos mil dieciséis, de la cual derivó la tesis aislada 1a. CXLIV/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1027, Décima Época, con registro digital 2011649, de rubro: "ALIMENTOS. EL HEREDERO EN UNA SUCESIÓN LEGÍTIMA O INTESTAMENTARIA NO PUEDE RECLAMAR SU PAGO CON CARGO A LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO)." Razón por la que a juicio de este juzgador, sí es de tomarse en consideración la muerte del deudor alimentario como una causa extraordinaria que modificó la fuente de donde provenían los alimentos, que ocasiona que ya no exista materia para que la medida provisional de alimentos pueda subsistir en los términos planteados en el juicio de origen. De ahí que, aún cuando de las constancias de autos se advierta que subsiste la resolución reclamada; lo cierto es que ya no puede producir efectos legales, porque el supuesto que de atender el fondo del asunto, se evidencie ilegalidad en su dictado, a nada práctico conduciría conceder el amparo, pues al haberse extinguido la obligación alimentaria con el acaecimiento del deudor, sería ocioso girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que haga la deducción correspondiente al veinte por ciento del salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que hubiera tenido derecho en vida José Aguilar Dorantes, esto por concepto de la pensión alimenticia provisional decretada a su favor por auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte. Porque si, como se advierte de constancias del juicio de origen, los alimentos se pagaban a cargo de la pensión que por jubilación gozaba el deudor, es evidente que al sobrevenir la muerte del beneficiario a recibirla, estas terminaron. Por lo que ahora para que ese derecho y su correlativa obligación trasciendan a la sucesión se requiere disposición legal que así lo justifique, puesto que son diferentes los alimentos que en vida están obligados a proporcionar los parientes dentro de ciertos grados y mediante determinadas circunstancias, cónyuges o concubinos, de los alimentos debidos por sucesión. En ese contexto, al ya no producir efecto legal alguno el acto reclamado, por dejar de existir la materia del mismo (cumplimiento de la pensión alimentaria provisional decretada), resulta ocioso analizar su constitucionalidad. Sustenta lo expuesto por analogía, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Octubre de 1993, página 435, de rubro "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO SUBSISTIENDO EL ACTO RECLAMADO, ESTE NO PUEDE SURTIR EFECTO MATERIAL ALGUNO." No se desatiende que, en el presente caso, aplica la suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo; no obstante, la referida suplencia opera sólo respecto cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, lo que en el caso no acaeció. Otorga sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 7, Novena Época, con registro digital 175753, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 61, fracción XXII, en relación con la fracción V del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, con relación al acto y autoridad señalados en el presente considerando. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ----, en los términos establecidos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Razón actuarial. Agréguese a los autos la razón de cuenta signada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de cuyo contenido se desprende que no fue posible notificar el proveído de veintidós de diciembre del año en curso, de manera personal a la parte quejosa, por los motivos que ahí expone. En consecuencia, dadas las razones expuestas, con fundamento en lo previsto en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se comisiona al fedatario de la adscripción para que notifique a la parte quejosa el auto de veintidós de diciembre del presente año, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.80 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVI, octubre de 2007, página 3217, materia común, que dice: "NOTIFICACIONES EN AMPARO. DEBEN PRACTICARSE POR LISTA EN CASO DE QUE NADIE ACUDA AL LLAMADO DEL ACTUARIO EN EL DOMICILIO CONVENCIONAL O PROCESAL." Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda Héctor Blanco Monje, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, encargado del despacho por vacaciones del titular en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, así como con las facultades derivadas de su interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autorizado por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en observancia del oficio CR./CJD./010/4662/2021 de esa misma fecha, signado por el Secretario de dicha Comisión, ante David Antonio Galindo Arenas, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Recepción juicio de amparo con audiencia celebrada. Téngase por recibido el oficio del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, por medio del cual, en atención al Punto de Acuerdo 120/2021 relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, remite el juicio de amparo 256/2021 de su estadística, promovido por ++++++++++++ contra actos de Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, sumario dentro del cual la audiencia constitucional fue celebrada a las diez horas del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Acuse de recibo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente al órgano oficiante. Radicación del juicio. Regístrese en el libro de gobierno con el número 67/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antepóngase la carátula correspondiente e intégrese el expediente electrónico respectivo, el cual deberá coincidir cabalmente con el sumario físico que se recibe. Radicación del juicio. Regístrese en el libro de gobierno con el número 67/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antepóngase la carátula correspondiente e intégrese el expediente electrónico respectivo, el cual deberá coincidir cabalmente con el sumario físico que se recibe. Homologación de actuaciones. En tal virtud, acorde con lo dispuesto en el Punto de Acuerdo 120/2021 relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de este juicio de amparo y continúa con su tramitación, a efectos de su resolución, validándose las actuaciones practicadas por el juzgado oficiante, para todos los efectos legales a que haya lugar. Resolución del juicio de amparo. Bajo esa tesitura, se hace del conocimiento de las partes que esta sede federal, resolverá el presente juicio de amparo; así, con el propósito de evitar posibles nulidades, irregularidades o, en su caso, incurrir en alguna responsabilidad, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la ley de la materia, se requiere a las partes para que en un término común de tres días, expresen si tienen conocimiento de algún impedimento que tenga el titular de este órgano, Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, acorde con lo estatuido en el numeral 51 de la Ley de Amparo, en el entendido de que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo otorgado, sin ulterior acuerdo, se procederá a turnar los autos para el dictado de la sentencia correspondiente. Por otra parte, con independencia de que se radique el juicio de amparo de mérito, una vez que se avoque al estudio de la sentencia, se verificará que el asunto remitido cumpla los supuestos que establece el punto de acuerdo 120/2021, emitido Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Medida de equilibro de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede." Comunicación a las responsables. De igual manera, gírese el oficio correspondiente a las autoridades responsables a fin de informarles que este Juzgado Décimo de Distrito a partir de este momento se avoca al conocimiento del sumario en que se actúa, a efectos de su resolución, de ahí que, en lo subsecuente, sus oficios o promociones deberán dirigirlos a este órgano jurisdiccional. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Medios electrónicos. Ahora bien, se autoriza el uso de medios electrónicos exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio, en la inteligencia que el facsímil que se obtenga no tendrá validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Horario presencial de labores. Ahora bien, se informa a las partes dentro del presente juicio que, para el caso del personal adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la jornada laboral presencial se desempeña dentro de un horario matutino, a saber, de 8:30 a 14:30. Términos para la consulta de expedientes físicamente y Modelo de atención presencial basado en citas. De la misma forma, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a partir del tres de agosto del año en curso, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables tienen a su disposición los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio se encuentra a su disposición el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional con la finalidad de que puedan generar citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El código de mérito podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso. Para el caso de juzgados de Distrito las citas serán generadas dos cada media hora, durarán un máximo de veinticinco minutos cuando fueron solicitadas por las partes y tanto se estima necesario cuando fueron agendas por el órgano. Condiciones para el desahogo de notificaciones personales. Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Publicaciones en el portal electrónico. Por otra parte, dado que no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remiten por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados con facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizado con facultades amplios a +++++++++++++++ en razón de que se trata de un asunto en materia civil y es indispensable tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, no así a +++++++++++++++++ en virtud de que no colmaron tal extremo, a quien únicamente se les autoriza para el efecto de oír y recibir notificaciones. Autorizados con facultades restringidas. Además, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 12 de la legislación de la materia, en relación con el párrafo segundo del diverso numeral 24 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados en términos restringidos, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que señala con tales facultades, por así haberlo solicitado expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Finalmente, de una revisión exhaustiva en los autos remitidos, se advierte que la autoridad oficiante omitió remitir los cuadernos incidentales, en consecuencia, mediante oficio que dimane del presente acuerdo solicítese al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, para que de no tener inconveniente alguno, se sirva a enviar los cuadernos incidentales respectivos al juicio de amparo 256/2021 de su índice. Notifíquese; y personalmente a las partes.

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