Antonia Pliego Burgos
Expediente 160/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Antonia Pliego Burgos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. ..."CAUSA EJECUTORIA SENTENCIA SIN INCIDENTE SE ORDENA DEVOLVER ANEXOS A LAS RESPONSABLES", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto **, promovido por **, por propio derecho, contra el acto que reclama de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra autoridad. R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El uno de febrero de dos mil veintitrés. II. Admisión de la demanda. El tres de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El ocho de febrero de dos mil veintitrés (consultable en el expediente electrónico). IV. Emplazamiento al tercero interesado. El diecisiete de abril de dos mil veintitrés se emplazó por conducto de la autoridad responsable al tercero interesado ** (Foja 123). V. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 4, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. Audiencia Constitucional. Al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en los Acuerdos 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse de manera clara y precisa los actos reclamados. Con apoyo en esas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que en el caso se reclama de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, y el Juez Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, lo siguiente: La resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Sala responsable en el **, por la cual se ordenó reponer el procedimiento del incidente de liquidación de sociedad conyugal en el expediente **, a fin de admitir y desahogar las pruebas de informes de autoridad ofrecidos por la parte demandada incidentista -aquí quejosa. La ejecución de la resolución reclamada. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, al rendir informe justificado, aceptó la existencia de la resolución reclamada. Certeza que se corrobora con las constancias que en original remitió en apoyo a su informe justificado; las cuales, gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2. Igualmente se tiene por cierto el acto reclamado al Juez Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, toda vez que al rendir su informe se adhirió a lo manifestado por la Sala (Foja 49). Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 749, con registro 1002815, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Quinta Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, materia común, página 830, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, ya que de actualizarse alguna se obstaculizaría el examen de la constitucionalidad de los actos reclamados. Bajo ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que en el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Al respecto, el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. (.)" Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; sin embargo, la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. En cambio, el artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sustenta la anterior consideración, por analogía, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª.), emitida por contradicción de tesis por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal judicial del país, de rubro y texto:: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son criterios generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la ley de la materia. Ahora bien, del estudio de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable, se advierten los siguientes antecedentes relevantes para la solución de este caso: En audiencia de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio de divorcio incausado **, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, se resolvió declarar disuelto el vínculo matrimonial que unía a **, en la cual determinó lo siguiente: Girar oficio al Oficial del Registro Civil número 01 de Axochiapan, Morelos, para que realice la anotación marginal en el acta de matrimonio respectiva, y, Declaró la terminación de la sociedad conyugal, dejando a salvo los derechos de las partes para que liquiden en la incidencia correspondiente. Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós, J** (tercero interesado), promovió incidente de liquidación conyugal en contra de la quejosa Antonia Pliego Burgos y ofreció diversos medios de prueba (documental pública, pericial en materia de valuación y topografía, confesional, declaración de parte, pericial en materia de contabilidad y presuncional legal y humana). (fojas 1 a 16 del Anexo II). Previa aclaración, en acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, el Juez Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, admitió el citado incidente y ordenó notificar a la demandada incidental Antonia Pliego Burgos (fojas 22 y 23 del Anexo II). Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintidós, **, dio contestación a la demanda incidental, opuso defensas y excepciones, asimismo, ofreció diversos medios probatorios (confesional, declaración de parte, testimonial, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana). (fojas 30 a 85 del Anexo II). Así, en acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la promovente dando contestación en tiempo y forma y, se señalaron las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintidós de marzo de dos mil veintidós, para que las partes comparecieran personalmente a una junta a fin de determinar las bases para ejecutar la liquidación de la sociedad conyugal; asimismo, se dio vista al actor con la propuesta formulada por la demandada incidentista. (foja 86 del Anexo II). En veintidós de marzo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la junta prevista en el numeral 609 párrafo primero del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, en la cual únicamente comparecieron los abogados patronos de las partes, por lo que, el Juez responsable designó al perito ** a fin de que realizara el proyecto de partición. (fojas 102 y 103 del Anexo II). En veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, el perito **, exhibió y ratificó el proyecto de partición y valuación, y la Juez de los autos, ordenó dar vista a las partes para que manifestaran y formularan en su caso, las objeciones que tuvieran (foja 135 del Anexo II). Mediante escritos presentados el ocho de abril de dos mil veintidós, los abogados de las partes actora y demandada incidentistas, realizaron diversas manifestaciones en relación al dictamen. La parte actora aceptó la propuesta formulada por el perito partidor marcada con el numeral uno; en tanto que, la demandada solicitó la revaluación de los bienes, motivo por el que el Juez del proceso ordenó dar vista al perito partidor. Mediante escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, el perito **, formuló una tercera propuesta de la partición de los bienes, ordenando dar vista a la parte demandada (fojas 156 y 157 del Anexo II). Mediante escritos presentados el seis de mayo de dos mil veintidós, la abogada patrono de la demandada incidentista manifestó no estar de acuerdo con las propuestas realizadas por el perito partidor y, solicitó girar oficios a la Dirección de Impuesto Predial, Dirección de Catastro, Dirección de Hacienda, Licencias y Reglamentos, todos del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, a fin de que rindieran informe de autoridad, respecto a los bienes con que cuenta el actor incidentista y se incluyeran como parte de los bienes que conformaban la sociedad conyugal. En once de mayo de dos mil veintidós, el Juez responsable tuvo por recibidos los escritos de las partes, estimando que ".al no haber objeciones fehacientes contra la partición que realizó el perito." lo procedente era turnar los autos para resolver el incidente. En resolución interlocutoria de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se resolvió lo siguiente (fojas 174 a 178 del Anexo II): "RESUELVE PRIMERO.- Se resuelve procedente el Incidente de Liquidación de la Sociedad Conyugal promovido por ** en contra de ********************, en consecuencia. SEGUNDO: Se aprueba el proyecto de partición realizado por el Arquitecto **, perito partidor designado por este Juzgado; aprobándose en sus términos el plan de partición (propuesta uno) contenido en el dictamen en materia de valuación y partición emitido por dicho profesionista y presentado ante este Juzgado con fecha veintiocho de Marzo de dos mil veintidós, dándose por liquidada la sociedad conyugal que vincula a ** y ********************. TERCERO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.-" Inconforme con dicha determinación, Antonia Pliego Burgos, aquí quejosa, interpuso recurso de apelación en contra de la anterior determinación (foja 182 del Anexo II). En veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, la Sala resolvió el recurso de apelación interpuesto por la demandada incidentista -aquí quejosa-, ordenando reponer el procedimiento, para que se dejara sin efecto legal alguno la citación para sentencia interlocutoria y se ordenara admitir y desahogar los informes de autoridad ofrecidos por la demandada incidentista ** (fojas 70 a 77del anexo III). Esta determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Bajo ese contexto, si en el caso particular, se reclama la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en el **, por la cual se ordenó reponer el procedimiento en el incidente de liquidación de sociedad conyugal en el expediente **, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, para el efecto de admitir y desahogar los informes de autoridad ofrecidos por la demandada incidentista **, es evidente que la causa de reposición envuelve cuestiones adjetivas o procedimentales que tienen vinculación con la integración del proceso incidental; por lo que, no se actualiza la afectación de los derechos sustantivos de la accionante de amparo, como la vida, la propiedad, la familia, o la libertad, etcétera. Así es, tales actuaciones son actos reparables que afectan derechos adjetivos o procesales y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, los cuales inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, en busca de un fallo favorable, y una vez alcanzado dicho objetivo, los alcances producidos se extinguen sin haber originado alguna afectación a los derechos sustantivos del gobernado ni a su esfera jurídica. Al respecto cobra aplicación la tesis I.130.A.3K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, de marzo de 2001, página 1742, novena época, en materia común, cuyo rubro y texto es: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." Lo anterior es así, porque la reposición del procedimiento ordenada en la resolución reclamada, tiene la finalidad de desahogar los informes de autoridad a cargo de la Dirección de Impuesto Predial, Dirección de Catastro, Dirección de Hacienda, Licencias y Reglamentos, todos del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, para determinar si existen diversos bienes a nombre del actor incidentista que conformaban la sociedad conyugal, con lo cual no se afectan en ninguna forma derechos sustantivos constitucionales de la quejosa, pues sólo produce efectos de carácter formal o adjetivo, y únicamente se reflejan en el curso natural del procedimiento incidental, en tanto que su efecto se ciñe a permitir su desarrollo y continuación. En ese tenor, cabe la posibilidad de que la sentencia interlocutoria que posteriormente emita el juez dentro del proceso del que deriva el acto, sea favorable a sus intereses, en cuyo caso, el reclamo que hoy se formula, quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica; y en caso contrario, estará en condiciones de alegarlo como violación procesal, a través del medio de impugnación que promueva contra el fallo que resuelva en definitiva el incidente. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia IX. 1o. J/10, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Novena Época, Materia Común, registro 185612, cuyo rubro y texto son: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." Asimismo, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/302, Registro digital: 167997, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2594, que señala: "VIOLACIONES PROCESALES. SI ACONTECEN DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN INCIDENTE DEBEN ALEGARSE EN EL AMPARO QUE PROCEDA CONTRA LA INTERLOCUTORIA RESPECTIVA. Cuando durante la tramitación de un proceso incidental cuya resolución sea susceptible de impugnarse mediante el amparo indirecto, se cometan violaciones intraprocesales, tales infracciones no podrán ser reclamadas de inmediato, sino que el agraviado deberá esperar a que se pronuncie la interlocutoria, y ante el Juez de Distrito competente impugnar junto con ella, las posibles violaciones procesales cometidas dentro de ese procedimiento incidental." De ahí que al analizar la determinación que ordena reponer el procedimiento incidental para efecto de desahogar los informes de autoridad ofertados por la aquí quejosa, se verificó que en el caso no hay una afectación a derechos sustantivos, sino que sólo se afectan derechos adjetivos. Esto encuentra respaldo en la jurisprudencia 17/91, del Pleno del alto Tribunal, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, página 25, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION". Similares consideraciones, sostuvo el Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito al resolver el amparo en revisión 210/2022 en sesión de treinta de junio de dos mil veintidós, determinación que está visible en su versión electrónica en el Sistema de Seguimiento de Expedientes, la cual se invoca como hecho notorio en términos de la jurisprudencia P./J.16/2018 (10a.), de rubro "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo -antes explicada-, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo en términos de la fracción V, del artículo 63, del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, por no haberse reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, no es posible estudiar los conceptos de violación, los argumentos encaminados directa o indirectamente a fortalecerlos ni las tesis que la parte quejosa invocó para apoyarlos. Ello es así, porque el sobreseimiento no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo y resulta irrelevante constatar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido del fallo. Los efectos del sobreseimiento se fundamentan en las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." y "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.", y registros electrónicos 239006 y 195744, respectivamente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Estado procesal de autos Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que diecisiete de abril de dos mil veintitrés, fue emplazado a juicio el tercero interesado ********************; por lo que, a la fecha, no ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las trece horas con diez minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 5, cuyo rubro estatuye: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL 18 DE MAYO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancia de emplazamiento al tercero interesado Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, por medio del cual, en atención al requerimiento de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, remite las constancias del emplazamiento realizado al tercero interesado ***. Se tiene por emplazado al presente juicio de amparo al tercero interesado Al respecto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene debidamente emplazado al tercero interesado ***. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "AUTORIDAD RESPONSABLE REMITE CONSTANCIAS DE EMPLAZAMIENTO AL TERCERO INTERESADO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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