Antonia Ramón García
Expediente 1049/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1049/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Antonia Ramón García
- Delegado Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto; la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de enero del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE HACE CONSTAR que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Por otra parte, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese.
- Principal
VISTOS los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 1049/2021, promovido por ****, contra actos del Delegado Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y otra autoridad, ambas con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, remitido al día hábil siguiente por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, Antonia Ramón García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Delegado Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Ciudad. 2. Subdelegado de prestaciones de la Delegación Estatal en Guerrero, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Ciudad. IV.- ACTOS QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMAN: De las autoridades señaladas como responsables reclamo la omisión de dar respuesta a mi petición presentada el día 16 de junio del 2021, respectivamente. SEGUNDO. Trámite del juicio. En proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, este juzgado federal admitió a trámite la demanda instaurada, registrándola bajo el número 1049/2021; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; ordenó dar a la agente del Ministerio Público adscrita la intervención que legalmente le compete; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual previos diferimiento de ley, tuvo verificativo en esta data, con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 4 PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma al similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis, al reclamarse una omisión atribuida a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Precisión de acto. Previo a abordar lo relativo a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que debe señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de garantías, atendiendo a la tesis de jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", visible en el 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 5 Amparo Indirecto 1049/2021 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XI, Abril de 2000, página treinta y dos. Por lo tanto, con base en lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, se advierte como acto reclamado en esencia: ? La abstención de las responsables de dar contestación a la petición formulada mediante escrito, recibido el dieciséis de junio de dos mil veintiuno. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia, la autoridad que conozca del mismo debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar y declarar las causas de improcedencia que se actualicen, para, por último, de no encontrarse alguna, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Esto es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el supuesto de ser operante alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos el juicio de amparo sea procedente. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo contenido es del rubro OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 6 siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 76, abril de 1994, correspondiente a la Octava Época, Materia Común, página sesenta y ocho. Al efecto cabe señalar que es cierto el acto reclamado al Delegado y Subdelegada de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto del Jefe de la Unidad Jurídica en Guerrero de dicha dependencia, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de dar contestación a la petición formulada y presentada por la peticionaria de amparo el dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Lo anterior, pues así lo aceptaron expresamente las referidas autoridades al rendir su informe justificado, por lo que debe acogerse positivamente la manifestación de su existencia. Al respecto, encuentra aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.", visible en el Apéndice 1917- Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, página ochocientos treinta. Certeza que se corrobora con la documental que anexó la autoridad responsable, a su informe, la cual merecen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 7 Amparo Indirecto 1049/2021 PROBATORIO." localizable en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Materia Común, Tomo VI, página ciento cincuenta y tres. QUINTO. Actualización de causal de improcedencia. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada y establecidas las anteriores consideraciones, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 814 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 553, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese tenor, se tiene que en el presente juicio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Para que se actualice la hipótesis de improcedencia referida, es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto de molestia; y, si éste es de carácter omisivo, realice la conducta cuya omisión se le reclama para que, con ello, en forma total e incondicional, se destruyan todos los efectos del acto, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiendo OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 8 irrumpido en ella, no deje ninguna huella de dicha afectación, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Consideración que encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, página treinta y ocho. Como se señaló con antelación, se actualiza la referida causa de improcedencia, porque de las constancias que obran en autos, se desprende que mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la impetrante Antonia Ramón García, formuló petición ante las responsables Delegado y Subdelegada de Prestaciones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en esta ciudad y puerto de Acapulco Guerrero. En el escrito la quejosa esencialmente solicitó se le informara el motivo por el cual, no se le paga íntegramente la pensión por viudez, que le otorgó el referido instituto. Las autoridades responsables, durante la tramitación del presente juicio exhibieron la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, contenida el OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 9 Amparo Indirecto 1049/2021 oficio DEG/SP/DP/3965/2021, de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que de manera toral le hacen del conocimiento que al encontrarse como trabajadora activa de Servicios Estatales de Salud, Guerrero, encuadra en la denominada incompatibilidad de pensión, lo cual significa, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, página 605). OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 10 Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° constitucional, una vez que la autoridad ante la cual se eleve a la petición, ha emitido la respuesta ésta tiene obligación de notificarle para que se satisfagan los postulados del derecho de petición, lo que en la especie no acontece, toda vez que, de la constancia remitida por las responsables, no se advierte que le haya notificado. Sin embargo, por auto de tres de diciembre último, en el trámite del presente sumario, se tuvo por rendido el informe justificado por las autoridades responsables, y con base en la documental que acompañaron al referido informe se le dio vista a la impetrante, además de requerirla, para que dentro del término de quince días manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo y señalar como acto destacado el oficio DEG/SP/DP/3965/2021 de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, sin que lo hubiera hecho, por tanto, en términos del artículo 111 de la Ley de Amparo, precluyó su derecho para hacerlo. Lo anterior implica que desde luego, la quejosa no combatió los motivos y fundamentos de la respuesta dada a su escrito y tampoco se manifestó en torno a la omisión de notificación anotada, lo que imposibilita a este órgano jurisdiccional abordar el estudio sobre su constitucionalidad. Por tanto, se han colmado los extremos del derecho de petición que contempla el artículo 8° constitucional, pues ya acaeció una respuesta a la solicitud de la impetrante. Así, es incuestionable que cesaron los efectos del acto reclamado, porque se atendió la petición de la justiciable y la respuesta fue exhibida en la tramitación del presente juicio de amparo, con la cual, se dio vista con el informe justificado y se le requirió para manifestará si era su deseo ampliar la demanda de amparo y señalar como acto destacado el oficio OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 11 Amparo Indirecto 1049/2021 DEG/SP/DP/3965/2021 de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, sin que lo hubiera hecho. Máxime que el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad para actuar acorde a los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. En consecuencia, toda vez de que se dio respuesta a la petición formulada por la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por lo que se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio por lo que respecta al acto y autoridades responsables que han quedado precisados. La decisión que ahora se adopta, no implica desatender el derecho de todo gobernado a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; sin embargo, la obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN LOS OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 08/08/23 22:19:42 12 JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo 2014, Tomo II, página mil novecientos cuarenta y siete. Es oportuno indicar que dado el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación formulados, al no ser factible en ese tenor, el estudio del fondo del asunto. Es aplicable al caso concreto, la tesis V.2o. J/15, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro y siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Enero de 1992, página ciento quince. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ****, por propio derecho, contra los actos que reclamó del Delegado y Subdelegada de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando último de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la audiencia constitucional señalada en el presente asunto, se encuentra programada para el día hoy; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla en razón de que aún se encuentra transcurriendo el plazo de quince días otorgados a la parte quejosa en auto de tres de diciembre de este año, en virtud de que fue notificada el seis de diciembre actual, por lo que dicho término le fenecerá en esta misma fecha. Por tanto, para dar margen a ello, procede diferir la audiencia constitucional señalada para la presente fecha, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL VEINTISEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/5038/2021, de trece de diciembre de dos mil veintiuno, quien actúa asistido por Rafael Ibarra Delgado, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
... Principal 316/2020 El tres de diciembre de dos mil veintiuno, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA que: Ya feneció el plazo de diez días para que las partes se inconformaran de la sentencia de once de noviembre de dos mil veintiuno, sin que lo haya hecho. Doy fe. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López CUENTA. En la misma fecha, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de que el juicio de amparo en que se actúa se encontraba pendiente de dictar sentencia, con la certificación que antecede y con el estado procesal de los autos. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; tres de diciembre de dos mil veintiuno. Visto; el estado de los autos, de los cuales se aprecia que el once de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo; por tal virtud, intégrese a los mismos el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de diversos comunicados oficiales signados por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar y Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Azueta, residente en Zihuatanejo, Guerrero, lo anterior, para los efectos legales procedentes. Por otro lado, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Amparo, que establece que las partes podrán plantear como causa de recusación cualquiera de los impedimentos que se enumeran en el artículo 51 del indicado ordenamiento, con el objeto de evitar reposiciones innecesarias al procedimiento, hágase del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria de veinte de octubre del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la primera adscripción de la suscrita como titular de este órgano jurisdiccional a partir del dieciséis de noviembre en curso, en sustitución del Juez Juan Manuel Acevedo Mejía; lo anterior, para 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, en su caso, aleguen motivo alguno existente que obstaculice seguir conociendo del presente asunto, o bien, impida el dictado de la sentencia correspondiente. Cobra aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, Novena Época, visible en la página 312, con número de registro 164217, del rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Por otro lado, acorde a la certificación secretarial de cuenta y al estado de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que ampara y protege a Norma Angélica Prado Torres, quien a su vez funge como representante legal y tutor dativo de Georgina Sofía Allec Prado, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, se tiene que en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Jueza Segundo de Primera Instancia en Materias Familiar, Civil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, realice lo siguiente: 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ WordSISE "[.] Bajo estas consideraciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión, para que la autoridad responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de diez de marzo de dos mil veinte (identificada con número de orden 11/13), emitida en el juicio sucesorio testamentario 677/2018-I. 2. En su lugar dicte otra, en la que prescinda del argumento relativo a que es improcedente el recurso de reconsideración porque obedece a una medida cautelar, y con libertad de jurisdicción resuelva lo que corresponda en relación con dicho recurso. [.]". Importa precisar que de los artículos 192, 193, 197, 211 y 214 de la Ley de Amparo, se desprenden diversas obligaciones que los jueces de distrito deben observar con el objeto de lograr que las ejecutorias de amparo se cumplan en su integridad, entre las que se encuentran las siguientes: a) El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata; b) El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan las sentencias de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa de retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. c) En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa. d) En el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada; y, e) Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. En ese sentido, con apoyo en el artículo 192 de la referida normatividad este juzgado federal procede a fijar un plazo determinado y razonable para que la autoridad responsable acate de manera completa e indudable el fallo protector; por tanto, se otorga por única ocasión a las autoridades responsables el improrrogable plazo determinado de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la notificación de este acuerdo para cumplir el fallo protector, tomando en consideración la complejidad y dificultad para ello. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Jueza Segundo de Primera Instancia en Materias Familiar, Civil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, para que dentro de dicho plazo, 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ WordSISE acredite que ya se acató la ejecutoria de amparo emitida en este sumario. Apercibida que de no hacerlo, se procederá de la siguiente manera: 1. En términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo1 , se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio2 . 2. Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 1 "DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. [.] TRANSITORIOS [.] Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización." (Publicado en el D.O.F. 27 ENERO 2016)." 2 UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN "Con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, corresponde al Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Que el 10 de enero de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los valores de la Unidad de Medida y Actualización, vigentes a partir del 1o. de febrero de 2020. Que atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, se utiliza el siguiente método para actualizar el valor de la Unidad de Medida y Actualización: 1. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior. 2. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 30.4. 3. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización por 12. Con base en lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $89.62 pesos mexicanos, el mensual es de $2,724.45 pesos mexicanos y el valor anual $32,693.40 pesos mexicanos, los cuales estarán vigentes a partir del 1o. de febrero de 2021." 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 3. Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que impuesta la multa, este juzgado federal solamente esperará un plazo razonable para que se cumpla con la ejecutoria antes de iniciar con el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado, una vez que se haya determinado el incumplimiento. Ello debe entenderse en el sentido que esta potestad federal, NO REALIZARÁ MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES, sino que SE CEÑIRÁ A LOS ESTRICTOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR Y SU INTERPRETACIÓN, mismos que han quedado claramente explicados en este proveído. Hágase del conocimiento de dicha autoridad que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo podría derivar en la separación inmediata del cargo por contumacia y consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de las protección constitucional. Aunado a lo anterior, hágase saber a la autoridad requerida que de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, el acatamiento extemporáneo e injustificado de la sentencia, no la exime de responsabilidad pero podrá ser valorado como atenuante para la imposición de la sanción penal que corresponda. De igual forma, dígase a la autoridad requerida que tal como se encuentra establecido en los artículos 193, párrafo segundo, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considerará como incumplimiento de sentencia todo retraso por medio de evasivas 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ WordSISE o procedimientos ilegales que realice, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, y que se entenderá cumplida la ejecutoria cuando lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no actuar conforme a lo aquí requerido, la autoridad de referencia podrá incurrir en los delitos previstos en los artículo 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, para cuya comisión se establece: Para el primero una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Para el segundo una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sin que sea el caso requerir a alguna otra autoridad, como superior jerárquico de la autoridad responsable, en términos del criterio emitido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, en la en la de jurisprudencia PC.I.C. J/3K (10a), cuyo rubro y texto es el siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO." Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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