Antonia Peláez Jaimes
Expediente 47/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 47/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Antonia Peláez Jaimes
- Todas las Partes
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; cinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: Atento al estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante Circulares 8/2021, 9/2021, 10/2021 y 12/2021, de treinta de enero, seis, trece y veinte de febrero del año en curso, relativas a las "Propuestas de medidas que deben adoptarse del 1 de febrero de 2021 al 1 de marzo de 2021, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid19", con la finalidad de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, determinó adoptar medidas especiales a partir del periodo antes citado, suspendiendo los plazos y términos, con las salvedades estipuladas. Por ello, se determinó que las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación regresarían al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contemplan las medidas a tomar por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Sin embargo, el veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, se emitió la Circular SECNO/13/2021, relativa a las "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", por la que se dan a conocer las medidas especiales que deben adoptarse, del que se advierte que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales pertenecientes a este vigésimo primer circuito, es el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales. En ese orden, se levanta la suspensión del procedimiento, por lo que continúese con el trámite de la ejecución de la sentencia, en este juicio de amparo. Sobre ese aspecto, téngase por recibido y agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio firmado por el Actuario Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de México, mediante el cual comunica el proveído dictado el cuatro de febrero del año en curso, en el incidente de inejecución de sentencia 84/2020 de su índice; en el que requiere a este órgano jurisdiccional para que se le remitan las constancias relativas al despacho SSGA_DPO-XII- 349412020 de ocho de octubre de dos mil veinte, que giró a este juzgado de distrito; en atención a ello, hágasele saber mediante oficio vía interconexión, que una vez que dicha comunicación oficial sea diligenciada en sus términos, le será remitida de manera inmediata, tomando en cuenta que las autoridades responsables a notificar se encuentran fuera del lugar de residencia de este juzgado para lo cual se envió la???????????? comunicación oficial respectiva, lo que se informa para los efectos legales procedentes. Por otra parte, intégrense a este expediente los oficios firmados por el licenciado Jaime Castillo Hilario, Delegado de la Presidenta Municipal y Síndico Procurador del Ayuntamiento Constitucional de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a través de los cuales, con el primero, exhibe los cheques 0000061, 0000062, 0000063, 0000064, 0000065, 0000066, 0000067, 0000068 y 0000752, expedidos a nombre de los quejosos 1. ***, 2. ****, 3. Pedro López Gutiérrez, 4. ***, 5. ***, 6. ***, 7. *** y 8. ***, cada uno por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), en abono a una parte de la cantidad de $11'781,000.00 (once millones setecientos ochenta y un mil pesos 00/100 moneda nacional), en la proporción que a cada uno le corresponde, según el laudo correspondiente. Establecido lo anterior y en la etapa que actualmente se encuentra el presente juicio, conviene destacar que por ejecución de sentencia debe entenderse la obligación constitucional que establece el artículo 207 fracción XVI, cuarto párrafo de la Constitución Política1, en relación con el numeral 214 de la Ley de Amparo2, con la que cuenta el juzgador que haya dictado el fallo protector de hacer que éste se cumpla, sin que pueda ordenar el archivo de ningún expediente si no encuentra satisfecha dicha circunstancia, al tratarse las ejecutorias de amparo de una cuestión de orden público que exige que las decisiones y acciones tomadas en la materia no propicien la dificultad o imposibilidad de llegar a ese objetivo. Por ende, es que este juzgado federal se encuentra en aptitud de tomar las medidas necesarias para asegurarse que la parte quejosa fue restituida en sus derechos vulnerados por los cuales acudió a esta instancia judicial a promover el medio de defensa que es el juicio de amparo. Ahora bien, la Ley de Amparo en su título quinto, también dota a este órgano jurisdiccional a imponer las medidas disciplinarias y de apremio, para hacer cumplir sus determinaciones, lo anterior de conformidad con el artículo 237 en relación con el 238 del código invocado, expresamente indican: "ARTÍCULO 237. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio: I. Multa; II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas federales, estatales o municipales; y III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del ministerio público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la autoridad infractora sea el ministerio público de la federación, la infracción se hará del conocimiento del Procurador General de la República." "ARTÍCULO 238. Las multas previstas en esta Ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus????????????? abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día." Asimismo, es inconcuso que los juicios de amparo no pueden permanecer abandonados en forma indefinida, ya que esto, ocasionaría que en los órganos de control constitucional se incrementara la carga de trabajo, hecho que daría como consecuencia que se desatendieran los juicios controvertidos ante los juzgadores, contraviniéndose con esto el espíritu del artículo 17 de la Constitución, que establece que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita. En razón de ello, y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley de Amparo, se requiere a los quejosos 1. Régulo del Valle Navarrete, 2. Pedro López Gutiérrez, 3. Raúl Valdez Castro, 4. Miguel Ontiveros Martínez, 5. Dionisio López Flores, 6. Nelson Suárez Castro y 7. Rubén García Villanueva, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan ante este órgano jurisdiccional, debidamente identificados con credencial de validez oficial vigente con fotografía y copia de la misma a efecto de recoger el cheque expedido a su favor, por lo que deberán traer dos identificaciones oficiales a fin de que una sirva para su registro de entrada al edificio sede del Poder Judicial de la Federación y otra para identificarse en este órgano de control constitucional. Mientras tanto, guárdense los mismos en la caja de control de valores que se maneja en este tribunal federal, bajo la reserva del destino que les resulte, derivado de la determinación que respecto de los títulos de crédito se ordene. Asimismo, se le requiere a los aludidos quejosos para que dentro del plazo TRES DÍAS que comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se acudan ante este juzgado federal a recoger los referidos títulos de crédito, de conformidad con lo que establece el artículo 196, primer párrafo de la Ley de Amparo, manifiesten, bajo protesta de decir verdad, si efectuaron el cobro de los títulos de crédito 0000061, 0000062, 0000063, 0000064, 0000065, 0000066, 0000067, 0000068 y 0000752, de la institución BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, cada uno por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil presos 00/100 moneda nacional), expedidos a favor de los quejosos referidos y en su caso, la documental que así lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo, en el momento procesal oportuno, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento del fallo protector con lo informado por la autoridad responsable y las constancias que obran en este sumario, teniéndolo por conforme con los actos realizados por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria, y por restituida a plenitud en el goce del derecho materia de la concesión. Por cuanto hace al diverso quejoso Constantino Rangel Barrera, considerando que mediante escrito presentado el treinta de diciembre pasado (foja 2636 del cuarto tomo de actuaciones), solicitaron que los cheques exhibidos por las autoridades responsables en cumplimiento a la sentencia de amparo, les fueran entregados a las personas autorizadas en ese ocurso Elías Fierro Rivera, María Elena Acuña Luviano, Jorge Osmar Reséndiz Villagrán, Modesta Guzmán Martínez, Ramiro Salgado González y Eduardo Fierro Rivas. En atención a ello y ponderando las circunstancias particulares en este sumario, se autoriza que le sea entregado a cualquiera de los antes nombrados el cheque????????????? 0000061 y 0000752, de la institución BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, cada uno por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido a favor de su representado, con la obligación procesal de que deberán, en el término de veinticuatro horas a partir de que comparezca cualquiera de los mencionados a recibir dichos títulos de crédito, exhibir ante este órgano jurisdiccional el original de la ficha de depósito en una cuenta bancaria del quejoso Constantino Rangel Barrera. Apercibidos que de no hacerlo, o bien, no informe el impedimento legal o material que tenga para ello, en términos de los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo3; se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, al valor diario a la fecha que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio4. Lo anterior, pues es inconcuso que los juicios de amparo no pueden permanecer abandonados de manera indefinida, aunado a que, tanto este órgano jurisdiccional como la autoridad responsable han agotado las medidas para el acatamiento del fallo protector y en este punto sólo la parte quejosa sería omisa. Sirve de apoyo el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, del rubro y texto literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. (Localizable en del Semanario Judicial de la ??????????????? Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Marzo de 2000, Tomo XI, página 243). En el entendido que para tener acceso a las instalaciones del órgano jurisdiccional deberán generar una cita a través del sistema "Agenda OJ", de conformidad a lo establecido en los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y presentar el código "QR" que se les genere, ya sea impreso, o en un dispositivo móvil. Con el segundo de los oficios el delegado de las autoridades responsables municipales, manifiesta la imposibilidad que por el momento tienen sus representados para cumplir a cabalidad la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo; es decir, no obtuvieron respuesta favorable para obtener una partida presupuestal extraordinaria, para cubrirles a los quejosos el pago total del resto de la cantidad de $11,781,000.00 (once millones setecientos ochenta y un mil pesos 00/100 moneda nacional), en la proporción que a cada uno le corresponde, según el laudo correspondiente, ajuntando para tal efecto la respuesta dada por el Senado de la República. En atención a su contenido, considerando las gestiones que han realizado las autoridades responsables Presidenta Municipal y Síndico Procurador, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Atoyac de Álvarez, Guerrero, las cuales hasta este estadio procesal dan cuenta de manera objetiva que han exhibido parte proporcional de la cantidad que le corresponde a cada uno de los quejosos como pago de la condena del laudo, empero no el pago total el cual constituye el núcleo esencial de la sentencia de amparo. En ese sentido, y tomando en cuenta que los artículos 74, fracción IV, 116, fracción II, párrafo cuarto, 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el Presupuesto de Egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas locales de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos. En tanto que el cumplimiento de fallos constitucionales, las autoridades administrativas deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias de amparo, las que por exigencia de lo previsto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto, así como 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo, máxime que al inicio un nuevo ejercicio fiscal estuvieron en aptitud de presupuestar el pago del laudo dictado en el juicio natural. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo vigente, gírese oficio a Julieta Martínez Pérez, Presidenta Municipal, Ayram Mijail Zamacona López, Síndico Procurador, Francisco Fernando Ruiz Catalán, Tesorero Municipal y Aremi Antonia Miguel Ibarra, Secretaria General, todos del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, para que en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contado a partir de la notificación de este proveído, remitan a este juzgado copia certificada de las documentales con las que acrediten que solicitaron ante el Congreso del Estado, como lo indicó el Senado de la República en su respuesta que es la autoridad competente para que le sean otorgados ?????????????? recursos extraordinarios al municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, o bien, para efectuar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado. Apercibidos que de no hacerlo se procederá de la siguiente manera: 1. En términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. 2. Se determinará que a juicio de este juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, para los efectos a que se refiere la fracción XVI, del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. De igual forma, infórmeseles que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsable y vinculadas, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifiquen la causa del retraso. Debe precisarse que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a las autoridades citadas en este proveído, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Esto, ya que sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso se les determinara, podrían incurrir en alguno de los delitos previstos en el capítulo III de la Ley de Amparo en vigor, específicamente en su artículo 267. Notifíquese personalmente.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dos de febrero de dos mil veintiuno. Vista; la razón levantada por Maricela Gutiérrez Galindo, Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, en la cual expone los motivos por los que no le fue posible notificar personalmente a la quejosa Antonia Peláez Jiménez, el proveído de veintisiete de enero actual, dictado en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele el citado proveído por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado federal, para los efectos legales conducentes, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese por lista de manera electrónica. Lo proveyó y firma Juan Manuel Acevedo Mejía, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Rafael Ibarra Delgado, Secretario que autoriza. Doy fe ACUERDO DE VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO: "En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica de ***, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. La falta de firma, al ser considerada ésta como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el artículo 6°, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página trescientos catorce, en el tomo X, del mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,141, que señala: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero y 113, de la Ley de Amparo."
- Principal
En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica de ***, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. La falta de firma, al ser considerada ésta como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el artículo 6°, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página trescientos catorce, en el tomo X, del mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,141, que señala: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero y 113, de la Ley de Amparo.
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