Antonia Martínez Castillo
Expediente 408/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 408/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/05/2021
Partes del expediente
- Antonia Martínez Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la perito oficial Verónica Montalvo Alcalá, por el que señala que no tiene antecedente alguno del presente asunto, ni de la materia de la pericial en medicina para la que fue designada y respecto de la que aceptó el cargo el pasado catorce de mayo; en tal sentido, se provee: Con el propósito de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, se requiere a la perito oficial Verónica Montalvo Alcalá, por conducto del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que comparezca ante este juzgado federal a recibir copia del interrogatorio al tenor del que habrá de rendir su dictamen pericial, así como para que se imponga de las constancias que obran en autos, a fin de que cuente con los elementos necesarios para emitir el peritaje requerido. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dicha experta se hará acreedora a una medida de apremio, consistente en una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo valor diario será de $89.62 [ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. Para dar lugar a lo anterior, en términos del artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, al ser este juzgado federal quien requiere la presencia física de la perito oficial Verónica Montalvo Alcalá, se procedió a generar la cita respectiva para las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, generándose el Código QR folio: 53157/2021, que permitirá que ingrese a las instalaciones que ocupa este órgano. Igualmente, en términos del artículo 7 del aludido acuerdo, se le exhorta para que acuda puntualmente a la cita programada y cumpla con las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva [flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención], evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito, así como usar cubre boca en todo momento. Es importante destacar que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. En ese orden, gírese atento oficio al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que informe a la perito oficial Verónica Montalvo Alcalá que el día y hora señalados deberá comparecer ante este juzgado federal debiendo exhibir el Código QR que le permitirá el acceso, mismo que se anexará al oficio que se genere para notificar este auto. Por lo anterior, a fin de desahogar la citada diligencia, se hace de su conocimiento que en la fecha indicada deberá traer consigo dos identificaciones oficiales vigentes, una que permanecerá en el área de registro de las personas que ingresan al edificio sede y otra para identificarse ante el personal judicial actuante de este juzgado federal, o bien, en caso de contar con una sola identificación oficial, deberá traer una copia de la misma, a fin de que este órgano cuente con los elementos necesarios para desahogar la diligencia correspondiente En ese sentido, se requiere al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla para que en el término de tres días siguiente a la notificación del presente acuerdo, remita las constancias que acredite que se hizo del conocimiento de la citada perito el contenido de este proveído. Con el apercibimiento que de no remitir la constancia requerida dentro del término concedido para ello, se hará acreedor, cada uno, a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo valor diario será de $89.62 [ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. Finalmente, en atención a lo manifestado por la perito oficial mediante diligencia de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la que precisó que el gafete provisional expedido por la Fiscalía General del Estado de Puebla, con vigencia del uno de abril al treinta y uno de junio de dos mil veinte, es la única identificación con la que cuenta para acreditar que se encuentra adscrita a esa dependencia; se requiere al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a fin de que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, remita copia certificada del documento que acredite que la perito Verónica Montalvo Alcalá actualmente se encuentra adscrita a esa fiscalía, dado que la identificación que presentó ante este juzgado no se encuentra vigente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada del acuerdo que recayó a la audiencia señalada para las diez horas del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en la que se desahogaría la prueba testimonial ofrecida por la demandada a cargo de Claudia Nallely Romualdo Hernández, Mauricio Reyes Abundez y Dulce Laura Tinajero Tinajero, en el juicio laboral D-6/637/2019 de su índice. Lo anterior, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, la cual se concedió para el siguiente efecto: (.) Deje sin efectos el auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en la parte conducente en la que señaló día y hora para el desahogo de los medios de convicción aportados en el juicio D-6/637/2019. Emita un nuevo en el que señale nueva fecha para el desahogo de las pruebas dentro del juicio de origen, dentro de los términos que prevé el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo Ordene la notificación de ese auto a las partes y vigile que se realicen en tiempo a fin de evitar se prolongue el desahogo de los medios de convicción. Desahogue la totalidad de las pruebas dentro del plazo máximo que contempla el artículo 883. (treinta días).". Debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a la persona física que actualmente ocupa el cargo de Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, al representante de los trabajadores, al representante de los patrones, una multa a cada uno de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con el diverso 26, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de desindexación del salario mínimo, así como el artículo 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, que informa la jurisprudencia número VI.2o.T. J/2 (10a.), visible en la página 2579 del Tomo IV, Noviembre de 2014 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto, siguientes: "APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO. El artículo 192 de la Ley de Amparo prevé el procedimiento para el cumplimiento de una ejecutoria en la que se otorga la protección de la Justicia Federal. Inicialmente, establece que una vez que la sentencia protectora haya adquirido firmeza, la autoridad federal la notificará a la autoridad responsable y le requerirá que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibiéndola que, de no hacerlo sin causa justificada, le impondrá a su titular una multa de cien a mil días de salario, de acuerdo con el artículo 258 de la ley de la materia, y remitirá el expediente a la superioridad (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación) para seguir el trámite de inejecución. Conforme a esta disposición, cuando la autoridad responsable es un órgano integrado por más de un titular, el apercibimiento de multa no debe hacerse a dicho órgano en abstracto, sino a cada una de las personas físicas que lo integran, especificando el nombre y apellidos de cada una de ellas, en el entendido de que, en términos de la última parte del primer párrafo del artículo 193 de la citada ley, los titulares a quienes se les imponga la multa seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo y las personas físicas que los sustituyan tendrán responsabilidad, si durante el ejercicio de sus funciones debe darse cumplimiento a la ejecutoria.". Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable, por conducto de su superior jerárquico en términos del artículo 192 de la ley de la materia, en razón de que la Junta responsable es un organismo plenamente autónomo en el ámbito jurisdiccional. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10a), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciséis de noviembre de dos mil once, publicada en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.". NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ricardo Hernández Rugerio, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, así como las documentales que obran en autos, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, gírese oficio recordatorio al Director del Hospital General de Zona Número 15 Tehuacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que dentro del término de tres días posteriores a la notificación de este proveído, informe a este órgano jurisdiccional el cumplimiento de la ejecutoria, con el apercibimiento de que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Asimismo, se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado de circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes
- Antonia Anaya Torres671/2016
- Antonia Cid Sánchez1224/2020
- Antonia Cid Sánchez2514/2018
- Antonia del Carmen Ramírez Esquivel250/2022
- Antonia del Carmen Ramírez Esquivel2109/2022
- Antonia Gomez Olivares1005/2022
- Antonia Martínez Castillo648/2016
- Antonia Martínez Castillo361/2022
- Antonio Bustamante Espinoza936/2015
- Antonio Carmona Meza1158/2021
- Antonio Cruz Jiménez2097/2015
- Antonio Cuacuas Pérez2457/2018