Antonia del Carmen Ramírez Esquivel

Expediente 2109/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2109/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Antonia del Carmen Ramírez Esquivel
  • Junta Especial Número Treinta Y Tres de la Federal de Conciliación Y Arbitraje de Esta Ciudad de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Por resolución con engrose al dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa********************, contra los actos de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta Ciudad de Puebla, para el efecto siguiente: ".La Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y el actuario de su adscripción deberán remitir constancias que acrediten que se publicó el edicto para la citación de beneficiarios; el resultado de la instrucción al actuario para que indagara sobre los dependientes económicos; la publicación de la convocatoria en el último centro de trabajo del extinto trabajador; la constancia de notificación de los oficios que fueron expedidos el uno de junio de dos mil veintiuno, y la notificación a las partes de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución programada para las trece horas con treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil veintitrés.". En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo a la de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta Ciudad de Puebla. Por lo anterior, el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, sin que la parte quejosa haya realizado manifestación alguna. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. De los autos se aprecia que el Presidente de la Junta requerida, mediante oficio número 312/2023/Al, registrado en la oficialía de este Juzgado con el ordinal 1435 el diecinueve de enero del año en curso, remitió copia certificada de la cédula de notificación del proveído de diecisiete de enero del presente año, a través de la cual hizo del conocimiento a la aquí quejosa********************, el contenido del acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ********************, de su índice. No obstante lo anterior, y dado los diversos requerimientos formulados a la autoridad responsable, se le tuvo informando las gestiones que llevó a cabo tendentes a dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos, sin que al efecto remitiera las constancias que acreditaran la publicación de los edictos, el resultado de los dependientes económicos, la publicación de la convocatoria en el último centro de trabajo del extinto trabajador, así como la constancia de notificación de los oficios que fueron expedidos el uno de junio de dos mil veintiuno, y la notificación a las partes de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución que se programó el veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Seguida la secuela procesal, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio con registro 22310, remitió copia certificada de la declaración de beneficios del veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el expediente ******************** de la que se advierte, resultó fundada en beneficio de la parte quejosa********************, declarándola como legitima y única beneficiaria respecto de los derechos laborales que le pudieran corresponder al extinto ********************; asimismo, ordenó la su respectiva notificación correspondiente. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN ESTE JUICIO, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de control respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa, es CONSERVABLE, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, este juzgado federal ordenara su transferencia al Archivo de Concentración. Debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de control en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo que la fecha probable de su TRANSFERENCIA será El TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 38 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, ASÍ COMO LA FECHA PROBABLE DE TRANSFERENCIA en la carátula del expediente. Con copia del presente acuerdo, hágase del conocimiento al Secretario encargado de las listas de archivo la fecha de probable destrucción o transferencia para su registro y efectos legales conducentes. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda".

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con lo dispuesto por su artículo 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, y en cumplimiento a la ejecutoria dictada el dieciséis de enero de la presente anualidad, remite copia certificada de la declaración de beneficiarios de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ******************** de su índice, de la que se advierte, la quejosa ********************, fue declarada como legítima y única beneficiaria de ********************. En ese sentido, es menester precisar que los efectos de la concesión del amparo en el presente sumario constitucional, fueron los siguientes: ".La Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y el actuario de su adscripción deberán remitir constancias que acrediten que se publicó el edicto para la citación de beneficiarios; el resultado de la instrucción al actuario para que indagara sobre los dependientes económicos; la publicación de la convocatoria en el último centro de trabajo del extinto trabajador; la constancia de notificación de los oficios que fueron expedidos el uno de junio de dos mil veintiuno, y la notificación a las partes de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución programada para las trece horas con treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil veintitrés.". En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días, para que se impongan de su contenido, corriendo traslado con el oficio que se recibe y anexos, y en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto de lo informado por parte de la autoridad responsable; apercíbase a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal.

  3. Principal

    CITATORIO QUEJOSO San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con lo dispuesto por su artículo 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, y en cumplimiento a la ejecutoria dictada el dieciséis de enero de la presente anualidad, remite copia certificada de la declaración de beneficiarios de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ******************** de su índice, de la que se advierte, la quejosa ********************, fue declarada como legítima y única beneficiaria de ********************. En ese sentido, es menester precisar que los efectos de la concesión del amparo en el presente sumario constitucional, fueron los siguientes: ".La Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y el actuario de su adscripción deberán remitir constancias que acrediten que se publicó el edicto para la citación de beneficiarios; el resultado de la instrucción al actuario para que indagara sobre los dependientes económicos; la publicación de la convocatoria en el último centro de trabajo del extinto trabajador; la constancia de notificación de los oficios que fueron expedidos el uno de junio de dos mil veintiuno, y la notificación a las partes de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución programada para las trece horas con treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil veintitrés.". En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días, para que se impongan de su contenido, corriendo traslado con el oficio que se recibe y anexos, y en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto de lo informado por parte de la autoridad responsable; apercíbase a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte, la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y el Actuario de dicha adscripción, han sido omisas en informar y remitir las constancias del cumplimiento a la sentencia de amparo, el cual se concedió para los siguientes efectos: ".La Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y el actuario de su adscripción deberán remitir constancias que acrediten que se publicó el edicto para la citación de beneficiarios; el resultado de la instrucción al actuario para que indagara sobre los dependientes económicos; la publicación de la convocatoria en el último centro de trabajo del extinto trabajador; la constancia de notificación de los oficios que fueron expedidos el uno de junio de dos mil veintiuno, y la notificación a las partes de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución programada para las trece horas con treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil veintitrés.". Lo anterior, no obstante los múltiples requerimientos realizados el veintiocho de marzo, cuatro y veintinueve de mayo, veinticuatro de agosto y siete de septiembre, todos del año en curso, sin que haya informado las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia constitucional dictada en autos, a pesar de encontrarse debidamente notificada de determinaciones referidas con anterioridad. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dichos acuerdos y se impone a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y al Actuario de su adscripción, respectivamente, una multa equivalente a cien unidades de Medida y Actualización, equivalente al que tiene el salario mínimo general, cuyo valor diario es de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. Por otra parte, es importante traer a colación, el contenido de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Muelle Flores vs. Perú (párrafos 123 a 128), donde el Tribunal Internacional interpretó que de acuerdo con el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los Estados parte tienen la obligación de garantizar los medios para ejecutar sentencias definitivas, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos. Asimismo, que la efectividad de las sentencias depende de su ejecución, y para lograrlo se debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial, por lo tanto, la efectividad de la sentencia en su ejecución debe ser completa, perfecta, integral y sin demora. Recalcó que el derecho humano a la tutela judicial efectiva requiere que los procedimientos de ejecución sean accesibles para las partes, sin obstáculos o demoras indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida, sencilla e integral. En conclusión, todas las autoridades, dentro del marco de su competencia, deben atender las decisiones judiciales, así como dar impulso y ejecución a las mismas sin obstaculizar el sentido y alcance de la decisión ni retrasar indebidamente su ejecución. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibida que de incumplir con lo anterior, se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo del Sexto Circuito para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y sus consignaciones. Asimismo, que a cada autoridad se le impondrá una multa de ciento cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con el diverso 26, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de desindexación del salario mínimo, así como el artículo 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. Finalmente, se señala el CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para verificar las gestiones que ha realizado la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y, en su caso, proveer lo conducente respecto al procedimiento de inejecución.

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