Antonia Hinojosa Arango

Expediente 97/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
97/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
06/04/2018

Partes del expediente

  • Antonia Hinojosa Arango

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Intégrese a los autos el oficio signado por el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Querétaro, mediante el cual da cumplimiento a la ejecutoria de amparo, asimismo, emite la declaratoria correspondiente respecto de los artículos declarados inconstitucionales en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tal virtud, se levanta la reserva respecto a la vista otorgada al quejoso, en proveído de dos y cuatro de abril de dos mil dieciocho. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de mérito, así como con el proveído en que se tuvo recibido el diverso sobre el cumplimiento al fallo, rendido por la autoridad exactora, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Intégrese a los autos el oficio de cuenta signado por la Procuradora Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a través del cual, en cumplimiento al fallo protector, emite la declaratoria correspondiente ordenada en la ejecutoria de amparo. De la misma forma, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que se encuentra a disposición de la parte quejosa el cheque que ampara la suma cuya devolución se ordenó en el fallo protector, sustentando su dicho al tenor de la documental que acompaña. Por otro lado, tomando en consideración que al día de la fecha se encuentra transcurriendo el término otorgado al Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Querétaro, a efecto de que acate el fallo protector; en esa virtud, este juzgado federal se reserva dar vista a la quejosa con el contenido de la comunicación de cuenta hasta en tanto obre en autos el cumplimiento de dicha responsable, hecho lo cual se acordará lo en derecho corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial que precede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, causo ejecutoria la sentencia dictada en autos; sin que obre constancia que dicha determinación se haya hecho del conocimiento al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Querétaro, el cual se encuentra vinculado al cumplimiento de sentencia dictada en el presente juicio. En tal virtud, a fin de que dicha parte procesal de cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en autos, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Amparo, expídase el oficio correspondiente, por medio de cual se le notifique que la sentencia dictada en autos ha causado ejecutoria, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades precisadas en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el *****. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. OTRAS CONSIDERACIONES. Cabe precisar que el título valor que expida la autoridad exactora, podrá ser entregado a la parte quejosa, o a los autorizados cuyos nombre se precisaron en el auto admisorio; en la inteligencia que dicha devolución deberá hacerla la propia autoridad requerida; en el entendido que deberá abstenerse de remitir a este Juzgado el cheque que ampare la cantidad por concepto de devolución que deba realizar a la peticionaria del amparo. En otro orden de ideas, visto los puntos "b y c" del contenido de la certificación secretarial de cuenta de la cual se advierte que el quince de febrero de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva en el presente juicio, en la que en su totalidad se asentaron como números de los recibos de operación ******************** y ********************, de los que deriva el acto reclamado, siendo los números correctos de operación 2018/211393 y 2018/211391. Ahora bien, el artículo 74, de la Ley de Amparo, dispone que la aclaración de sentencias sólo procede de oficio y respecto de ejecutorias, ya que no constituye un recurso o medio de defensa a través del cual se pueda modificar, revocar o anular la decisión correspondiente, sino que es un mecanismo para aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión, o corregir el error o defecto material de la ejecutoria, para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento. Pues como se advierte del cuerpo de la sentencia en cita, se asentaron erróneamente los números de operación ******************** y ********************, siendo los números correctos de operación 2018/211393 y 2018/211391. Ante tales circunstancias, con fundamento en el artículo 74, último párrafo de la Ley de Amparo, se aclara: Que en la sentencia dictada en el presente juicio se deben asentar como números correctos de operación 2018/211393 y 2018/211391, de los que deriva el acto reclamado. Lo anterior, tomando en consideración que dicha circunstancia no altera la sustancia de lo decidido, pues en el caso, por lo que respecta al primer acto de aplicación de los artículos reclamados, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Finalmente, se levanta la reserva decretada en proveído de cinco de marzo de dos mil dieciocho respecto del oficio que remite la Procuradora Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; atento a su contenido, dígasele que se esté a lo proveído en líneas que anteceden. Notifíquese.

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