Antonia Hernández Díaz
Expediente 641/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/07/2018
Partes del expediente
- Antonia Hernández Díaz
Actuaciones
- Principal
Agréguese el únicamente como constancia el oficio que remite el ********************, mediante el cual acusa de recibo del oficio ********************, mediante el cual causo estado y se le devolvieron los tomos de prueba formados. Notifíquese.
- Principal
CAUSA ESTADO. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó de plano su demanda de amparo; en consecuencia, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
RECEPCIÓN DE AUTOS. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, así como las constancias que refiere, con las cuales se ordena formar el legajo de pruebas por separado que corresponda (TOMOS 1, 2,3 y 4). En atención a que la Superioridad, se declaró legalmente incompetente para conocer del referido juicio, ordenando su remisión al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, mismo que correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro; en consecuencia, como lo ordena el tribunal de alzada,este juzgado SE AVOCA al conocimiento del mismo. Acúsese recibo. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Téngase a ****, por conducto de su Mandatario ****, promoviendo demanda de amparo contra actos del Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 641/2018, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Planteamiento del problema. Se precisa que la parte quejosa reclama lo siguiente: " LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA DENTRO DEL TOCA CIVIL 265/2018 DE FECHA ****" ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo,las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado con antelación, la demanda de amparo que presentó la justiciable, contra del acto anteriormente precisado, es improcedente. "Artículo 107.-El amparo indirecto procede: .. V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Las letras reproducidas revelan que la procedencia del amparo en tratándose de actos sucedidos en el juicio presupone como requisito que sus efectos sean de imposible reparación por afectar derechos sustantivos reconocidos por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento; de esta manera, pues limitarían los derechos fundamentales de libertad personal y tránsito, propiedad, posesión, etcétera, mismas cuyo goce tenía el gobernado independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no serían susceptibles de restituirse, aunque se dictara una sentencia favorable al gobernado afectado. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados la sentencia definitiva que se dictara a favor del justiciable agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170, 171, 172, 173 y 174 de la Ley de Amparo. En esa línea de pensamiento el alto tribunal de la Nación ha sostenido que, por ejemplo, la negativa de admitir una prueba, la declaratoria de confeso, la declaración consistente en qué posiciones de la prueba confesional son legales, la admisión de testigos no idóneos para declarar sobre los hechos materia de la litis, etcétera, son supuestos de actos que violan derechos procesales o adjetivos, en los que si se dictara una sentencia favorable al afectado dichas violaciones procesales quedarían reparadas porque a pesar de haberse realizado, el afectado vería satisfecha su pretensión. Entonces, al tenor del criterio jurisprudencial precedente, cuya aplicación es obligatoria para esta juzgadora federal en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se concluye la improcedencia del presente juicio de amparo, ya que en función a la naturaleza del acto aquí reclamado, se clarifica que se trata de un acto verificado dentro del procedimiento jurisdiccional, empero, con efectos meramente adjetivos, esto es, con consecuencias jurídicas al interior del proceso, sin afectar derechos sustantivos de la parte quejosa. En ese sentido, cabe señalar que la certeza del conocimiento anterior se conoce en función de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad vertió la justiciable en su escrito inicial de demanda y aclaratorio; de cuyo contenido se destaca: (.) En fecha **** dictado dentro del expediente principal en 34/2016 del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes Qro., en el cual lo sustancial a la letra refiere lo siguiente: ..se requiere a ****, para que en el plazo de 3 tres días contados a partir del día siguiente de su notificación consigne ante este despacho judicial la cantidad de **** que es equivalente al 50% de los honorarios señalados por el perito tercero en discordia. bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se tendrá por desistida de la prueba pericial en materia de grafoscopia y documentoscopia que fue ofrecida por parte de la citada demandada ****." En fecha **** el suscrito el suscrito interpongo RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE DICHO AUTO, toda vez que como mandatario de la parte demandada en el juicio principal creemos que dicho auto nos causa agravio o afectación, a la cual se le asignó el número de toca civil 265/2018 en la Sala Primera Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Las anteriores expresiones bajo protesta de decir verdad formuladas por la parte quejosa adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, porque son expresiones que en forma espontánea vierte la parte promovente, de ahí que se traduzcan en confesión. A la luz del marco transcrito, este Juzgador sostiene que la ya precisada determinación emitida por la autoridad responsable, a través de que determinó confirmar el auto de ****, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, dentro del expediente 34/2016, no afecta de manera directa e inmediata alguno de sus derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, toda vez que en dicha actuación, la responsable emitió una determinación meramente procedimental, esto es, que impacta en derechos adjetivos de la quejosa. Determinación que por sí misma, no implica afectación a un derecho sustantivo del solicitante del amparo, ya que al momento en que se dicte el fallo definitivo en la interlocutoria respectiva, ésta podría ser incluso favorable a sus intereses y en caso contrario tendrá expedito su derecho de impugnarla haciendo valer en su caso, las violaciones procesales que estime se le ocasionaron. En síntesis, la multicitada determinación constitutiva del acto reclamado no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus consecuencias afectan solamente derechos adjetivos o procesales reparables al momento en que se dicte sentencia correspondiente al juicio 34/2016 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sensu, pues la resolución reclamada no afecta los derechos fundamentales que, a favor del individuo, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de que México es parte. Sin que con la anterior decisión se deje en estado de indefensión a la parte quejosa en la medida en que cuando se resuelva en definitiva el juicio 34/2016 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, del que deriva el acto reclamado, la hoy solicitante del amparo puede reclamar las violaciones al procedimiento siempre que trasciendan al resultado del fallo. Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último mencionado interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ****, por conducto de su Mandatario ****. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos del numeral 24 de la Ley de Amparo a ****, por no encontrarse registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En términos del artículo 27 fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho: "RECEPCIÓN DE AUTOS. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, así como las constancias que refiere, con las cuales se ordena formar el legajo de pruebas por separado que corresponda (TOMOS 1, 2,3 y 4). En atención a que la Superioridad, se declaró legalmente incompetente para conocer del referido juicio, ordenando su remisión al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, mismo que correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro; en consecuencia, como lo ordena el tribunal de alzada,este juzgado SE AVOCA al conocimiento del mismo. Acúsese recibo. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Téngase a ****, por conducto de su Mandatario ****, promoviendo demanda de amparo contra actos del Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 641-2018, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1-2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Planteamiento del problema. Se precisa que la parte quejosa reclama lo siguiente: " LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA DENTRO DEL TOCA CIVIL 265-2018 DE FECHA ****" ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo,las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado con antelación, la demanda de amparo que presentó la justiciable, contra del acto anteriormente precisado, es improcedente. "Artículo 107.-El amparo indirecto procede: .. V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Las letras reproducidas revelan que la procedencia del amparo en tratándose de actos sucedidos en el juicio presupone como requisito que sus efectos sean de imposible reparación por afectar derechos sustantivos reconocidos por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento; de esta manera, pues limitarían los derechos fundamentales de libertad personal y tránsito, propiedad, posesión, etcétera, mismas cuyo goce tenía el gobernado independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no serían susceptibles de restituirse, aunque se dictara una sentencia favorable al gobernado afectado. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados la sentencia definitiva que se dictara a favor del justiciable agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170, 171, 172, 173 y 174 de la Ley de Amparo. En esa línea de pensamiento el alto tribunal de la Nación ha sostenido que, por ejemplo, la negativa de admitir una prueba, la declaratoria de confeso, la declaración consistente en qué posiciones de la prueba confesional son legales, la admisión de testigos no idóneos para declarar sobre los hechos materia de la litis, etcétera, son supuestos de actos que violan derechos procesales o adjetivos, en los que si se dictara una sentencia favorable al afectado dichas violaciones procesales quedarían reparadas porque a pesar de haberse realizado, el afectado vería satisfecha su pretensión. Entonces, al tenor del criterio jurisprudencial precedente, cuya aplicación es obligatoria para esta juzgadora federal en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se concluye la improcedencia del presente juicio de amparo, ya que en función a la naturaleza del acto aquí reclamado, se clarifica que se trata de un acto verificado dentro del procedimiento jurisdiccional, empero, con efectos meramente adjetivos, esto es, con consecuencias jurídicas al interior del proceso, sin afectar derechos sustantivos de la parte quejosa. En ese sentido, cabe señalar que la certeza del conocimiento anterior se conoce en función de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad vertió la justiciable en su escrito inicial de demanda y aclaratorio; de cuyo contenido se destaca: En fecha **** dictado dentro del expediente principal en 34-2016 del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes Qro., en el cual lo sustancial a la letra refiere lo siguiente: ..se requiere a ****, para que en el plazo de 3 tres días contados a partir del día siguiente de su notificación consigne ante este despacho judicial la cantidad de **** que es equivalente al 50 de los honorarios señalados por el perito tercero en discordia. bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se tendrá por desistida de la prueba pericial en materia de grafoscopia y documentoscopia que fue ofrecida por parte de la citada demandada ****." En fecha **** el suscrito el suscrito interpongo RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE DICHO AUTO, toda vez que como mandatario de la parte demandada en el juicio principal creemos que dicho auto nos causa agravio o afectación, a la cual se le asignó el número de toca civil 265-2018 en la Sala Primera Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Las anteriores expresiones bajo protesta de decir verdad formuladas por la parte quejosa adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, porque son expresiones que en forma espontánea vierte la parte promovente, de ahí que se traduzcan en confesión. A la luz del marco transcrito, este Juzgador sostiene que la ya precisada determinación emitida por la autoridad responsable, a través de que determinó confirmar el auto de ****, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, dentro del expediente 34-2016, no afecta de manera directa e inmediata alguno de sus derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, toda vez que en dicha actuación, la responsable emitió una determinación meramente procedimental, esto es, que impacta en derechos adjetivos de la quejosa. Determinación que por sí misma, no implica afectación a un derecho sustantivo del solicitante del amparo, ya que al momento en que se dicte el fallo definitivo en la interlocutoria respectiva, ésta podría ser incluso favorable a sus intereses y en caso contrario tendrá expedito su derecho de impugnarla haciendo valer en su caso, las violaciones procesales que estime se le ocasionaron. En síntesis, la multicitada determinación constitutiva del acto reclamado no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus consecuencias afectan solamente derechos adjetivos o procesales reparables al momento en que se dicte sentencia correspondiente al juicio 34-2016 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sensu, pues la resolución reclamada no afecta los derechos fundamentales que, a favor del individuo, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de que México es parte. Sin que con la anterior decisión se deje en estado de indefensión a la parte quejosa en la medida en que cuando se resuelva en definitiva el juicio 34-2016 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, del que deriva el acto reclamado, la hoy solicitante del amparo puede reclamar las violaciones al procedimiento siempre que trasciendan al resultado del fallo. Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último mencionado interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ****, por conducto de su Mandatario ****. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos del numeral 24 de la Ley de Amparo a ****, por no encontrarse registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12-2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. ".
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