Antonia Higuera Fabian

Expediente 611/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
611/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
04/10/2019

Partes del expediente

  • Antonia Higuera Fabian

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por Oninza Maldonado Ramírez, en su carácter de Sindica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, mediante el cual informa que el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, recibió el oficio 25799/2019, por el cual se le otorgaron tres días para efectuar manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Sin que haya lugar a proveer sobre la designación de los autorizados que efectúa, toda vez que mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 28 y 29), se acordó lo conducente. Ahora del estado de los autos se advierte que la parte quejosa y tercero interesado no hicieron manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; no obstante, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que en resolución de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve (fojas 68 a 73), se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: Certificara que sí transcurrió el término de cinco días que se le concedió a la parte demandada para el cumplimiento del laudo; hecho lo cual, determinara si la tercera interesada dio o no cumplimiento al requerimiento inserto en el auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, y, por consiguiente, debía de acordar lo peticionado por la parte quejosa en el escrito presentado el catorce de febrero de dos mil diecinueve, con plenitud de jurisdicción en autos del juicio laboral 856/2009. Consecuentemente, mediante determinación de diez de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 84 a 85), dicha resolución causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora a la autoridad responsable. 2. Trámites de la responsable. De la constancias que obran en autos se aprecia que la referida autoridad responsable remitió el oficio 8956/2019, a través del cual envió copia certificada del auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 856/2009. 3. Vista y notificaciones. Mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve (foja 94), se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con el oficio 8956/2019, para que en el término de tres días manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa mediante comparecencia, a través de su autorizada el veinte de septiembre de dos mil diecinueve (foja 97); y al tercero interesado por medio oficio el treinta de septiembre del presente año, de acuerdo a lo manifestado en el oficio de cuenta. 4. Verificación del cumplimiento. Analizada que fue la mencionada determinación, se advierte que la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud que mediante oficio 8956/2019, de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 89 a 93), al que adjuntó copia certificada de auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 856/2009, en el cual en atención al escrito presentado el catorce de febrero de dos mil diecinueve, por la parte quejosa, determinó que transcurrió el término de cinco días, otorgado a la parte demandada en auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, para el cumplimiento del laudo, por lo que hizo efectiva la multa impuesta a la síndica procuradora del ayuntamiento demandado, consistente en doscientos cincuenta días de salario mínimos y giró el oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, para que aplicara dicha medida de apremio y requirió nuevamente al ayuntamiento demandado el pago total, dentro del término de quince días; colmando con ello los efectos precisados en el fallo amparador. 5. Conclusión. En virtud de lo expuesto, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO. 6. Archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Conejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero fracción IV, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, es susceptible de ser DEPURADO, debiendo conservar la demanda y la sentencia respectiva. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Finalmente, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del juicio laboral 856/2009, constantes de un tomo, que anexó como complemento a su informe justificado la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, recibidas en proveído de veintiséis de junio de dos mil diecinueve (foja 62); por tanto, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo correspondiente, por no tratarse de autos originales. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    ********************Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve.****************************************Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 84 y 85), remite copia certificada del auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral ****************************************Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta córrase traslado y dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. ****************************************Asimismo, se requiere al tercero interesado para que en el término de tres días hábiles al en que reciba la presente notificación, informe a este Juzgado Federal (incluso por vía telegráfica) la fecha en que haya recibido el oficio de donde derive el presente proveído, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 238 y 259, de la de Ley de Amparo, se le impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con 49/100 moneda nacional). ****************************************Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por medio de oficio al tercero interesado. ****************************************Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Dolores Guzmán Ballina, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve (fojas 68 a 73), en el presente juicio de amparo, misma que, ampara y protege; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del diverso 2 de la ley en mención, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente Bernardo Ortega León, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este juzgado federal, que lo obliga a: Certificar que sí transcurrió el término de cinco días que se le concedió a la parte demandada para el cumplimiento del laudo; hecho lo cual, deberá determinar si la tercera interesada dio o no cumplimiento al requerimiento inserto en el auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, y, por consiguiente, deberá de acordar lo peticionado por la parte quejosa en el escrito presentado el catorce de febrero de dos mil diecinueve, con plenitud de jurisdicción en autos del juicio laboral ********************. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Bernardo Ortega León, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la tesis: 2a./J.36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero de 2012, Décima Época, tomo 4, página 3515, con registro 2000099, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo."

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional (foja 42) misma que no es posible desahogarla, en razón de que el suscrito considera que no ha mediado el tiempo suficiente para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, respecto a la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa, acordado en proveído de tres de junio de dos mil diecinueve (foja 55). En razón de lo anterior, la referida audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis aislada con número de registro 2006279, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 5, abril de 2014, tomo II, página: 1451, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes."

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