Antonia Higuera Fabián

Expediente 319/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
319/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
09/12/2022

Partes del expediente

  • Antonia Higuera Fabián
  • Antonia Higuera Fabián y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, se desprende que las partes (quejosa y tercero interesado), no realizaron manifestación referente al cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; no obstante ello, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la ejecutoria de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de dos de junio de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto que la responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, realizara lo siguiente: ? En complemento al proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, pronunciado en el juicio laboral 856/2009, emitiera un nuevo acuerdo en donde, siguiendo los lineamientos del presente fallo protector, vinculara al cumplimiento del laudo condenatorio a la Gobernadora del Estado, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; así como al Presidente, Tesorero y Secretario de Finanzas, estos últimos del demandado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, y al Congreso del Estado de Guerrero. ? Con la precisión que, en el auto que emitiera en cumplimiento a la sentencia, debería determinar específicamente cuáles son las obligaciones de cada una de las autoridades vinculadas, así como las acciones que deberían efectuar, dentro del ámbito de sus facultades legales, mismas que se precisaron en la parte final de la sentencia; además, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, debería efectuar los apercibimientos pertinentes. 2. Trámites de la responsable. De las constancias que obran en autos se aprecia que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió lo siguiente: El oficio 9890/2022 de catorce de noviembre de dos mil veintidós, a través del cual remitió copia certificada del auto dictado en esa misma data, en el juicio laboral de origen 856/2009, en el cual en lo que interesa se aprecia que realizó lo siguiente: ? Emitió un nuevo auto en complemento al emitido el ocho de febrero de dos mil veintidós. ? Vinculó al cumplimiento del laudo a la Gobernadora del Estado, Secretaría de Finanzas y Administracion del Estado; así como al Presidente y Tesorero o Secretario de Finanzas del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, a fin de que procedieran a realizar el pago por la cantidad de $279, 673.52 pesos (doscientos setenta y nueve mil seiscientos setenta y tres pesos 52/100 moneda nacional). ? Luego, señaló las acciones, así como las gestiones que cada una de las autoridades vinculadas al cumplimiento del laudo deben tomar para lograr el monto del pago, especificando las obligaciones que dentro de sus facultades legales tienen para hacerlo. ? También, otorgó un término prudente a las autoridades vinculadas para que cada una cumpliera con lo establecido y requerido en el auto de catorce de noviembre del año en curso, apercibiendo a cada una en caso de incumplimiento con las medidas de apremio señaladas en el artículo 95 de la Ley 51 del Estado, en el expediente laboral 856/2009. 3. Vista y notificaciones. Mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes (quejosa y tercera interesada), para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo se notificó a las partes (quejosa y tercera interesada) el diecisiete y veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, respectivamente, tal y como se advierte de las constancias que obran agregadas al presente juicio de amparo y de la certificación secretarial que antecede. 4. Verificación del cumplimiento. En consecuencia, se considera que la autoridad responsable acató lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, ya que en complemento al acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós, procedió a emitir una determinación en la que vinculó a la Gobernadora del Estado, Secretaría de Finanzas y Administracion del Estado; así como al Presidente y Tesorero o Secretario de Finanzas del Ayuntamiento demandado, al cumplimiento del laudo; asimismo para que dentro de sus facultades legales lleven a cabo el pago por la cantidad de $279,673.52 pesos (doscientos setenta y nueve mil seiscientos setenta y tres pesos 52/100 moneda nacional). De igual forma, determinó específicamente a cada una de las autoridades vinculadas todas las acciones que deberían realizar para lograr dicho acatamiento, especificándoles las obligaciones que dentro de sus facultades legales tienen para cumplirlo. Finalmente, les otorgó un término con plenitud de jurisdicción para llevarlo a cabo, bajo apercibimiento que de no cumplirlo dentro del plazo otorgado, se harían acreedoras a una multa de doscientos días de salario mínimo, de conformidad con lo establecido en el arábigo 95 de la Ley 51 del Estado, en autos del juicio laboral 856/2009. 5. Conclusión. En virtud de lo expuesto con anterioridad, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO; y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN porque se concedió el amparo y protección de la justicia federal; asimismo, deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años contados a partir de haberse ordenado su archivo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando únicamente la demanda, la sentencia que puso fin al asunto; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. En otro aspecto, se tiene por recibido el oficio y anexos de cuenta signados por Adriana Chávez Mercado, en su carácter de Síndica Procuradora y representante legal del tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán R, Guerrero, personalidad que acredita con las copias certificadas de las documentales que anexa a su escrito; por tanto, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le tiene por reconocida dicha personalidad. Asimismo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica para tal efecto; sin perjuicio de que la misma dada su calidad de ente público, se harán conforme a las reglas establecidas en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a tener como sus autorizados legales en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que señala, toda vez que, su calidad de tercero interesado no cambia su carácter de ente público, por lo que no cuenta con dichas facultades; por tanto, su representación o sustitución durante la instrucción del juicio de amparo para dicha parte se debe realizar conforme a las disposiciones legales establecidas en los articulo 9 y 10 de la Ley de Amparo, que le facultan a designar delegados por medio de oficio. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 147/2019 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2020942, Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 478, de rubro y texto siguiente: "AUTORIZADOS EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES CON CARÁCTER DE TERCERO INTERESADAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA DESIGNARLOS Y, POR TANTO, ÉSTOS NO SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA INTERPONER RECURSOS DE REVISIÓN. La circunstancia de que la autoridad haya intervenido como contraparte del agraviado, derivado de la impugnación de algún acto u omisión, o de que tenga un interés contrario a éste en el juicio de amparo, no desvirtúa su naturaleza de autoridad, pues no queda desprovista de su carácter de ente público y, por ende, en ningún momento puede asimilarse a un particular o confundirse con éste. Así, la porción normativa que corresponde al último párrafo del artículo 10 de la Ley de Amparo alude a una regla que debe observarse cuando se trate de establecer cómo opera en el juicio de amparo la representación de la autoridad cuando tenga el carácter de tercero interesada, misma que remite al artículo 9o. de la ley citada, es decir, la representación o sustitución durante la instrucción del juicio de amparo para dicha parte se realizará conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables o, en todo caso, por medio de oficio podrán acreditar delegados para que actúen conforme a sus propios intereses. Por tanto, la autoridad tercero interesada no está facultada para designar autorizados y, por tanto, éstos no están legitimados para interponer recursos de revisión, pues su representación en juicio se rige por el último párrafo del artículo 10 del ordenamiento mencionado." No obstante a fin de no dejar en estado de indefensión a la autoridad oficiante, con fundamento en el artículo 9, párrafo primero de la Ley de Amparo, se tienen como sus delegados a las personas que indica en su oficio de cuenta, con las facultades inherentes a dicho numeral. En otro orden, se autoriza el nombre de usuario "JUANGF", el acceso al expediente electrónico del presente asunto, con fundamento en el artículo 29 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En consecuencia, vincúlese el nombre de usuario a la parte tercera interesada, a efecto de que se conceda a la persona con el nombre de usuario de mérito, el acceso al expediente electrónico. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y mediante oficio al tercero interesado.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Adriana Chávez Mercado, en su carácter de Síndica Procuradora y representante del Ayuntamiento de Coyuca de Catalán, Guerrero, personalidad que se le reconoce en términos de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, con la documental que anexa al escrito de cuenta. En atención a su contenido, se tiene a la promovente cumpliendo con el requerimiento formulado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós y al efecto informa que el veintitrés del presente mes y año fue recibido el oficio 32977/2022, a través del cual se ordenó correr traslado y dar vista con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en tales condiciones se tiene a la parte tercera interesada legalmente notificada de dicha actuación y una vez que transcurra a las partes el término de tres días que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, se acordará lo procedente. Sin que haya lugar a tener como sus autorizados legales en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que señala, toda vez que, su calidad de autoridad tercera interesada no cambia su carácter de ente público, por lo que no cuenta con dichas facultades; por tanto, su representación o sustitución durante la instrucción del juicio de amparo para dicha parte se debe realizar conforme a las disposiciones legales establecidas en los articulo 9 y 10 de la Ley de Amparo, que le facultan a designar delegados por medio de oficio. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 147/2019 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2020942, Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 478, de rubro siguiente: "AUTORIZADOS EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES CON CARÁCTER DE TERCERO INTERESADAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA DESIGNARLOS Y, POR TANTO, ÉSTOS NO SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA INTERPONER RECURSOS DE REVISIÓN." No obstante a fin de no dejar en estado de indefensión a la autoridad oficiante, con fundamento en el artículo 9, párrafo primero de la Ley de Amparo, se tienen como sus delegados a las personas que indica en su oficio de cuenta, con las facultades inherentes a dicho numeral. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, remite copia certificada de la determinación de catorce de noviembre de dos mil veintidós, en autos del juicio laboral 856/2009. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexos, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Asimismo, se requiere al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, para que en el término de tres días hábiles al en que reciba la presente notificación, informe a este Juzgado Federal por vía telegráfica, la fecha en que reciba el oficio que derive del presente proveído, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 238 y 259, de la de Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, que asciende a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Karina Castillo Flores. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por medio de oficio al tercero interesado.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el dos de junio de dos mil veintidós, en el presente juicio de amparo que concedió el amparo y protección de la justicia federal. Por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del diverso 2 de la ley en mención, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este juzgado federal, que lo obliga a: En complemento al proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, pronunciado en el juicio laboral *****, emitir un nuevo acuerdo en donde, siguiendo los lineamientos del presente fallo protector, vincule al cumplimiento del laudo condenatorio a la Gobernadora del Estado, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; así como al Presidente, Tesorero y Secretario de Finanzas, estos últimos del demandado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, y al Congreso del Estado de Guerrero. Con la precisión que, en el auto que emita en cumplimiento a esta sentencia, deberá determinar específicamente cuáles son las obligaciones de cada una de las autoridades vinculadas, así como las acciones que deberán efectuar, dentro del ámbito de sus facultades legales, mismas que se precisaron en la parte final de la presente sentencia; además, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, deberá efectuar los apercibimientos pertinentes. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración a lo establecido en los efectos de la ejecutoria de amparo. Es aplicable a lo antes expuesto la Jurisprudencia I.3o.C.J/7 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, Registro: 2005325 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: ".SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE." Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortes Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a 9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional); que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la tesis: 2a./J.36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero de 2012, Décima Época, tomo 4, página 3515, con registro 2000099, de rubro y texto siguiente: Finalmente, hágase la devolución su lugar de origen de las copias certificadas del juicio laboral *****/2009, constantes de un tomo, que anexó a su informe justificado la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, recibidas en proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós; sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo correspondiente, por no tratarse de autos originales. Notifíquese y cúmplase.

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