Antonia Flores De Jesús
Expediente 828/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 828/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Antonia Flores De Jesús
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presente autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido en revisión la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2°, se declara que la sentencia emitida en autos que SOBRESEYÓ EL JUICIO DE AMPARO, ha causado EJECUTORIA. Hágase la anotación en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes. Así las cosas, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el mismo. Ahora bien, vistas las constancias de autos, el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio. Atento a lo anterior, dado que el presente juicio de amparo se encuentra dentro de los supuestos que prevé el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes citado, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su DESTRUCCIÓN. Aunado a lo anterior, y con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la caratula de este expediente. Por lo que respecta al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío de los autos al Centro Auxiliar, tomando en consideración que cumplió su objetivo principal, es decir, suplió al expediente principal durante la secuela del citado recurso, desglósense las actuaciones originales e intégrense a los autos principales y remítase el citado cuaderno al archivo, mismo, que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido seis meses; ello, al carecer de valor institucional, histórico o de relevancia alguna y no aporta mayores elementos al acervo archivístico, ello de conformidad con lo establecido en el 20 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio. Por otro lado, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Antonia Flores de Jesús respecto del acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el resultando primero de este fallo, y por las razones apuntadas en el considerando TERCERO y QUINTO de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del último considerando del presente fallo.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dos de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, misiva signada por el Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rendido el informe justificado; con su contenido y constancias que se acompaña en apoyo al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Cobra aplicación la tesis publicada en la página 398, tomo III, segunda parte 1, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo título dice: "INFORME JUSTIFICADO. DEBE DARSE VISTA A LAS PARTES CON SU CONTENIDO, A FIN DE QUE PREPAREN LAS PRUEBAS QUE LO DESVIRTÚEN". De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas como pruebas de su parte las documentales que anexa a su oficio de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, las cuales serán relacionadas al celebrar la audiencia constitucional, aun cuando no exista petición expresa de las partes para ello. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que menciona en su oficio de cuenta. En la inteligencia que de necesitar cualquiera de las partes, revisar físicamente las constancias allegadas, deberá realizar las gestiones establecidas en el artículo 6º del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR); o en su defecto hacer llegar a este órgano de control constitucional el usuario y solicitud de acceso al expediente electrónico. Ahora bien, toda vez que de la constancia que remite la responsable Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero, se advierte que el veintidós de julio del dos mil veintidós, dio respuesta a la petición realizada por la parte quejosa en su escrito de veintiocho de junio del año en curso; en consecuencia, requiérase a la peticionaria de amparo para que dentro del término establecido por el artículo 111 de la Ley de Amparo, manifieste si es su deseo ampliar o no la demanda de amparo respecto al nuevo acto consistente en la respuesta que recayó a su solicitud de veintiocho de junio del año en curso, con el apercibimiento que de no hacerlo así, el presente juicio se resolverá únicamente respecto al acto reclamado en su escrito inicial de demanda. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 149/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número vi.1º. A. J/48, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito, con el siguiente rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. EL QUEJOSO PUEDE OPTAR POR ELLA EN CONTRA DE LA CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO LA RESPONSABLE AFIRME QUE CUMPLIÓ CON EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si el juicio de garantías se promueve por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8°. constitucional, y la autoridad responsable rinde informe justificado en el sentido de que la petición formulada por el accionante del juicio fue contestada y notificada en fecha previa a la de la presentación de demanda, lo que podría tener como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de la omisión reclamada, dicha contestación puede ser objeto ya sea de la promoción de un diverso juicio de garantías o de la ampliación de la demanda de amparo inicial, porque aun cuando se afirme por la autoridad responsable que la respuesta se formuló antes de que se presentara la demanda de garantías, la circunstancia de que el quejoso acuda al amparo haciendo valer la violación a la garantía constitucional en estudio, hace deducir que tal contestación y su notificación constituyen actos nuevos desconocidos por el accionante relacionados con la omisión reclamada, y que por tanto, pueden analizarse en el mismo juicio ya promovido, en aras de la concentración y economía procesal referidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República."
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que se encuentra transcurriendo el término de la vista que se dio a las partes procesales en proveído de diecisiete de agosto del presente año, con el informe rendido por el Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud, con residencia en esta ciudad. En mérito de lo anterior, y a fin de dar margen a que las partes procesales se impongan de los autos y del informe aludido, con la anticipación de ocho días a que se refiere el numeral 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, la celebración de la audiencia señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan para su verificativo las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por último, se ordena la notificación del presente proveído por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye una determinación de mero trámite.
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