Antonia Adame Rendón

Expediente 777/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
777/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/07/2023

Partes del expediente

  • Antonia Adame Rendón

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, firmado por ********************, parte quejosa en el presente sumario, atento a su contenido y con apoyo en lo previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con los numerales 98 y 99, todos de la Ley Amparo, se tiene planteado el recurso de queja en contra del auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio, en que se desechó la demanda de amparo intentada. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo, y una vez que se hayan realizado las notificaciones pertinentes, previo acuerdo, remítase el original del escrito de interposición del recurso y expresión de agravios, así como el informe en relación a la queja, al que deberá adjuntarse copia certificada de las constancias respectivas, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en Turno, con sede en Acapulco, Guerrero, para los efectos legales procedentes

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta de junio de dos mil veintitrés. Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Antonia Adame Rendón, contra actos de los Magistrados de la Sala Regional del Pacifico y auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Acapulco, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", como juicio de amparo indirecto 777/2023-V, fórmese expediente impreso y electrónico. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, promovida por Antonia Adame Rendón, contra actos de los Magistrados de la Sala Regional del Pacifico y auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Acapulco, Guerrero, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, de la literalidad que sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional: ACTO RECLAMADO: "a) Los autos de 13 y 14 de marzo de 2023, b) La resolución de 3 de mayo de 2023 de recurso de reclamación, y c) La resolución de 3 de mayo de 2023 sobre el incidente de falsedad de documentos." De igual forma, es importante precisar que la parte quejosa señala en los antecedentes del acto reclamado, en lo que interesa, lo siguiente: "(.) OCTAVO. (.) EXPEDIENTE: 538/22-14-01-2 ACTOR: ANTONIA ADAME RENDÓN. Acapulco. Guerrero, 13 de marzo del año 2023.- Presente en las instalaciones que ocupa esta Sala Regional del Pacífico y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante la Licenciada Elizaheth Canales Sureda, Secretaria de Acuerdos adscrita a la Segunda Ponencia de la Sala, siendo las once horas con cero minutos del día en que se actúa, comparece el C. HUGO ALBERTO SOBERANIS SÁNCHEZ, en su carácter de perito de la autoridad demandada en materia de grafoscopía, quien se identifica con credencial para votar, número de folio 0310027821864, expedida por el Instituto Nacional Electoral, agregando copia simple del documento citado a los autos para constancia, comparece personalmente a ratificar el dictamen pericial recibido en esta Sala el 02 de marzo del año 2023, quien en este acto ratifica dicho dictamen en todas y cada una de sus parles, términos, conclusiones y puntos vertidos, en cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de 02 de febrero de! año 2023, firmando para debida constancia la presente acta, ante la Secretaria de Acuerdos quien actúa y da fe.- Esto es la ratificación del dictamen se realizó fuera del plazo concedido, por lo que debe tenerse por prelucido el derecho para hacerlo y, en consecuencia, actualizar el apercibimiento realizado y considerar únicamente el rendido en tiempo, de conformidad con la fracción III del artículo 43 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. NOVENO. En base a lo anterior, por acuerdo de 14 de marzo de 2023 se nombró indebidamente perito tercero en discordia. DÉCIMO. Por estar inconforme con lo anterior, el 3 de abril de 2023 se interpuso recurso de reclamación en contra de los autos de 13 y 14 de marzo de 2023. DÉCIMO PRIMERO. Mediante resoluciones de 3 de mayo de 2023, se resolvió tanto del recurso de reclamación, como del incidente de falsedad de documentos, en el sentido de: Confirmar los autos recurridos, y Tener por estampada de puño y letra la que supuestamente es mi firma en los documentos cuestionados." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional, los acuerdos de trece y catorce de marzo de dos mil veintitrés, en los que, con el primero de los mencionados se tuvo al perito Hugo Alberto Soberanis Sánchez, ratificando su dictamen en materia grafoscopía, y con el segundo de los autos, se nombró a un perito tercero en discordia. Con la resolución emitida en el recurso de reclamación con la cual se confirman los autos de trece y catorce de marzo del año en curso y con el fallo emitido en el incidente de falsedad de documentos relativos al expediente 538/22-14-01-2, del índice de la responsable Sala Regional del Pacifico y auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Acapulco, Guerrero, también tienen relación con el desahogo de la multicitada prueba pericial pues así se advierte de la transcripción antes realizada. Dado lo anterior, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" Como se puede ver, el artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, en su fracción V, en forma expresa prevé que el amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora bien, se tiene que el acto que reclama el impetrante del amparo en esta instancia constitucional, no es de aquéllos que puedan considerarse como de imposible reparación, puesto que, aun cuando fueron dictados dentro de un juicio, éstos no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, requisito necesario que debe ponderarse para poder apreciar si sus efectos no pueden repararse en el juicio del que emana, aún en el supuesto de que se obtuviera sentencia definitiva favorable; circunstancia que se debe entender de la lectura del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, pues en dicho dispositivo legal, se reconoce que todo lo relativo a la forma de recepción o desahogo las pruebas dentro de las cuales, cabe la objeción o no objeción de aquellas, su perfeccionamiento o pretensión de hacer notar al juzgador la validez o invalidez de los mismas, se trata de una cuestión de carácter procesal y los distintos actos con los que se pretenda combatir lo relativo a la recepción y desahogo de pruebas; numeral que en lo que interesa establece: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III.- Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. ." Lo anterior es así, toda vez que, como ya se dijo, los acuerdos de trece y catorce de marzo de dos mil veintitrés, tienen relación con el desahogo de una prueba pericial, ya que, con el primero de los mencionados se tuvo al perito Hugo Alberto Soberanis Sánchez, ratificando su dictamen en materia grafoscopía, y con el segundo de los autos, se nombró a un perito tercero en discordia. Lo mismo acontece con la resolución emitida en el recurso de reclamación a la que hace referencia la parte quejosa, toda vez que en aquella se confirmó el contenido de los autos de trece y catorce de marzo del año en curso a que se hizo referencia con antelación. Y con el fallo emitido en el incidente de falsedad de documentos relativos al expediente 538/22-14-01-2, del índice de la responsable Sala Regional del Pacifico y auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Acapulco, Guerrero, también tiene relación con el desahogo de pruebas, ya que en dicha resolución se determinó que la firma que contienen los documentos cuestionados, materia de dicho recurso, corresponde a la ahora quejosa; circunstancias que se traducen en una violación a las leyes del procedimiento acaecida dentro del juicio; por lo que, dichos actos no pueden considerarse de aquéllos que puedan acarrear sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues tal evento, puede, inclusive no trascender al resultado del fallo, y obtener sentencia favorable a sus intereses. En efecto, no le irroga por ahora un perjuicio irreparable dado que únicamente ha de producir efectos intraprocesales que no afectan de modo inmediato ningún derecho sustantivo del impetrante de amparo, y en caso de que dicha violación procesal trascienda al resultado del fallo, y éste le resulte adverso, podrá invocarlo al promover el amparo directo en contra de la sentencia que llegara a dictarse. Es decir, los actos dictados dentro de un juicio serán de imposible reparación si sus consecuencias afectan en forma cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, debidamente tutelados en la norma constitucional por medio de las garantías individuales consagradas para su protección y, por ende, susceptibles de ser impugnados a través de una demanda de amparo indirecto, pues no obstante de que se trate de actos intraprocesales, en tal hipótesis el afectado no puede esperar a que se dicte la resolución definitiva para impugnarlos a través de la vía correspondiente, por virtud de que dicha lesión no se destruye ni aún en el supuesto de que obtenga una sentencia favorable en el juicio. En apoyo de esta consideración se cita la jurisprudencia siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ciertamente, se advierte que la intención primordial que el impetrante de amparo, es que se deje sin efectos los acuerdos de trece y catorce de marzo de dos mil veintitrés, en los que con el primero de los mencionados se tuvo al perito Hugo Alberto Soberanis Sásnchez, ratificando su dictamen en materia grafocopía, y con el segundo de los autos se nombró a un perito tercero en discordia, así como la resolución emitida en el en el recurso de reclamación la cual confirma los autos de trece y catorce de marzo del año en curso, así como el fallo emitido en el incidente de falsedad de documentos relativos al expediente 638/22-14-01-2, de ahí que, esa determinación que se refiere en el juicio de origen no puede considerarse como de imposible reparación, porque se trata de actos intraprocesales que no deparan perjuicio alguno al impetrante que no pueda llegar a ser reparado con la obtención de un fallo favorable. Luego si la resolución impugnada llegara a trascender en el resultado del juicio, podrá alegarse como concepto de violación en caso de que promoviera amparo indirecto en su contra, ya que se reitera, no tiene la particular connotación de ser un acto de imposible reparación, cuya naturaleza jurídica es más profunda y tiene que ver con la salvaguarda de los derechos fundamentales no de las cuestiones procedimentales surgidas en la contienda. En apoyo de esta consideración se cita la jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Pues bien, atento a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido, de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, dada la materia del acto reclamado. En otro orden, se tiene designado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Vicente Guerrero, número ochenta y tres, cuarto piso, colonia Rufo Figueroa, código postal 39020, de esta ciudad. Asimismo con fundamento en los artículos 77, 79 y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, desde este momento se autoriza consultar el presente expediente electrónicamente y para que sea notificado de los acuerdos y resoluciones que lleguen a dictarse en el expediente en que se actúa, al usuario "jlarivera" corresponde a José Luis Antonio Rivera Beraza;. Por tanto, gírese instrucciones al oficial judicial A encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, a efecto de que autorice al nombre de usuario "jlarivera" el acceso electrónico solicitado. Lo anterior, sin perjuicio de que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, ante ello, dicho quejoso deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. EN ATENCIÓN A ELLO, SE INSTRUYE AL OFICIAL JUDICIAL A ENCARGADO DEL "SISTEMA INTEGRAL DEL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES", A FIN DE QUE REALICE LOS MOVIMIENTOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA TALES EFECTOS. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas". Ahora bien y toda vez que la parte quejosa señala domicilio para recibir notificaciones y solicita que se le notifique vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, se instruye al Actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente asunto, privilegie la notificación a la parte quejosa vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y si por causa atribuible al sistema citado, no le es posible realizar la notificación correspondiente, la realice de manera personal en el domicilio procesal señalado por la parte quejosa. En otro orden, no ha lugar a tenerle proporcionado el correo electrónico ni el número de teléfono que refiere, para oír y recibir notificaciones, toda vez que en líneas precedentes, se le tuvo designado para tal efecto, el expediente electrónico mediante el usuario que proporcionó así como, el domicilio procesal a que hizo referencia. Además, porque si bien, con antelación resultaba procedente notificar a las partes, mediante correo electrónico y número de teléfono, también lo es que, ello, acontecía debido a que nos encontrábamos inmersos en la pandemia por Covid-19, por lo cual se emitieron diversos acuerdos generales, a efecto de salvaguardar la salud tanto de los justiciables, como de los funcionarios de los diversos órganos jurisdiccionales, sin embargo, los mismos fueron abrogados mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, en los que, además, se derogaron diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo sistema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; en el entendido que la utilidad que le dé a esos documentos, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Finalmente, se instruye al actuario judicial adscrito que de existir imposibilidad para entregar cualquiera de los oficios que deriven del presente acuerdo, por encontrarse suspendidas las labores, levante razón correspondiente y una vez reanudadas sin previo acuerdo, realice la entrega de dichas comunicaciones.

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