Antonia Abreu Cortés

Expediente 313/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
313/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
11/08/2017

Partes del expediente

  • Antonia Abreu Cortés

Actuaciones

  1. Principal

    Vista a certificación secretarial de cuenta, y dado que Antonia Abreu Cortés en representación de sus menores hijos Aurora Janitze y Elizabeth, ambas de apellidos Ramírez Abreu, no impugnó el proveído de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete (fojas 15 a 19), mediante el cual se desechó su demanda de amparo, dentro dl plazo que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse a este expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es destruible, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Vista la demanda de cuenta, promovida por Antonia Abreu Cortés, en representación de sus menores hijas Aurora Janitze y Elizabeth, ambas de apellidos Ramírez Abreu, contra actos del juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, y de otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado con el número 313/2017. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y, si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado; motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en el numeral 61; consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Este juzgado federal considera que respecto de la demanda de amparo presentada vía electrónica, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción 11, Constitución Federal. Los artículos 107, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, prevén el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El referido principio estatuye un presupuesto fundamental para que el juicio de amparo pueda iniciarse, ya que sin la promoción del gobernado contra el acto de autoridad, no es dable que dé inicio ni se restablezca el orden constitucional para dejar inválido el acto de autoridad contraventor de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal y/o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, conforme a los artículos 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos y solamente puede ser promovida por aquella persona, ya sea física o moral, que teniendo la calidad de gobernado, resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad, quien podrá acudir a solicitarlo por sí mismo o por medio de su apoderado o representante legal, por su defensor o cualquier persona. En todos los casos mencionados, lo que trasciende es que quien presente el escrito de demanda como promovente manifieste su voluntad de solicitar la protección de la Justicia Federal mediante la suscripción del documento respectivo, es decir, firme dicha demanda a fin de instar al órgano jurisdiccional para que conozca del juicio. Así, la firma tiene como función esencial identificar a su autor, imputarle la autoría del texto que le precede, pues mediante este signo gráfico la parte quejosa manifiesta su voluntad de promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. Recibida una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos corno es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital. De igual forma, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° dispone que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos iurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tópico, el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y si se encuentra vigente; no se requerirá de firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Asimismo, en el citado artículo se señala que tales datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. En la especie, la demanda de amparo presentada vía electrónica por Antonia Abreu Cortés, en representación de sus menores hijas Aurora Janitze y Elizabeth, ambas de apellidos Ramírez Abreu, carece de firma electrónica, pues no contiene la evidencia criptográfica que refiere el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. Circunstancia que se corrobora con la certificación asentada por la secretaria adscrita a este Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca y de la impresión fidedigna de la demanda que obra en el expediente físico en que se actúa. De manera que no se advierte la manifestación de voluntad de la promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que con la firma electrónica (evidencia criptográfica), tratándose del juicio de amparo electrónico, las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Así las cosas, en relación con la certificación secretarial hecha respecto de la presentación de tal documento y los diversos razonamientos antes esgrimidos, se advierte que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta por haber sido presentada en copia simple, esto es, sin firma electrónica (evidencia criptográfica). De manera que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda...En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica de Antonia Abreu Cortés, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Pues la falta de firma, al ser considerada ésta como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley de Amparo. ...En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Antonia Abreu Cortés, en representación de sus menores hijas Aurora Janitze y Elizabeth, ambas de apellidos Ramírez Abreu, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo electrónica, sin el requisito de la firma electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Como la parte quejosa señala los estrados de este juzgado para oír y recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados del juzgado; por consiguiente, por ser esa la voluntad de la parte quejosa y estar ajustada a derecho, como lo pide, las notificaciones que le corresponda en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Se tiene por autorizado con todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Rodrigo Moreno Zepeda; y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Elgar Franco Roque y Ana María Siu Domínguez, esto es, sin las amplias facultades del mencionado artículo, toda vez que no acreditan contar con cedula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual están obligados en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia civil, aunado a que no se encontraron registros a sus nombres en el Módulo de Cedulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, ni en los Libros de Registros de Cedulas Profesionales que se llevan en este juzgado.

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