Antelmo Velázquez Miguel

Expediente 200/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
200/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
29/05/2018

Partes del expediente

  • Antelmo Velázquez Miguel

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que Antelmo Velázquez Miguel, no impugnó el proveído de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho (fojas 12 a 16), mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse a este expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó de plano la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es destruible, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que Antelmo Velázquez Miguel, con su escrito inicial de demanda manifestó su oposición a que se publiquen sus datos personales en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se tiene por hecha dicha manifestación, por lo que, gírese atento oficio al Delegado Administrativo del Consejo de la Judicatura Federal, encargado del Módulo de Acceso a la Información Pública, con residencia en esta ciudad, para que al momento de hacer pública esta resolución y las demás determinaciones, así como las constancias que obran en el expediente, se haga con la supresión del nombre y datos personales del quejoso.

  2. Principal

    Agréguese a los autos la demanda de amparo promovida por ANTELMO VELÁZQUEZ MIGUEL, contra actos de los magistrados integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, y otra autoridad; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente con el número 200/2018, que le corresponde. Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda, se desprende que la parte quejosa reclama de los magistrados integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca y juez de Control de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca:.. En ese sentido, este juzgado federal considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 107, fracción V, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en su orden, disponen:.. Los primeros preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese orden se concluye que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. En ese sentido, teniendo en cuenta esas directrices, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquéllas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada. Con esas bases, como se anticipó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que la quejosa señaló como actos reclamados: .. Actuación procesal que indefectiblemente no depara un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa para los efectos del juicio de amparo, sino que, en su caso, sólo constituye una violación intraprocesal que afecta sus derechos adjetivos, puesto que la determinación en la que se confirma el auto de apertura mediante el cual excluye medios de prueba para acreditar de la teoría del caso de la defensa, se trata de una actuación que afecta únicamente derechos procesales del aquí quejoso, cuya afectación no es actual porque depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por los argumentos que la integran, se plasma el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, visible a página 2265, Décima Época, con número de registro 2015330, cuyo rubro y texto establece: Aunado a ello la parte quejosa, tiene la oportunidad de obtener una sentencia en sentido favorable, por lo que lógicamente quedará remediada tal violación y, en caso de que el fallo le sea desfavorable, éste estará en aptitud de promover en su contra amparo directo, en el que le será factible también impugnar los actos que aquí reclama, en caso de trascender al resultado del fallo, de conformidad con los artículos 170, fracción I , y 173, apartado B, fracciones X y XIX , de la Ley de Amparo. En efecto, es evidente que los actos que se pretenden combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente intraprocesales, mas no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos (como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, la propiedad o la posesión) de la parte inconforme; por tanto, no se encuentra en alguna de las hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación a la parte quejosa en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto, pues la sentencia que se emita en los autos del juicio natural, incluso le puede resultar favorable en ese sentido y aun en el caso de serle adversa, puede inconformarse contra dicha resolución a través de los medios de Los criterios invocados, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta . Consecuentemente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Como el quejoso señala los estrados de este juzgado, para oír y recibir notificaciones, y el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publica en los estrados del juzgado; por consiguiente, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Asimismo, se tiene por autorizado con la suma de las facultades que expresa el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Daniel Cruces Álvarez, toda vez que se encuentra registra cédula profesional a su nombre en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; en cuanto a Julio Bante Alvarado y Hugo Alberto Montero Mendoza, se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, dado que no se encuentran registrados en el citado Módulo de Cédulas Profesionales; asimismo se tienen por autorizadas en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Luz Raquel Arreola Zárate y Alma Delia Cortés Antonio, porque en esos términos lo solicita el promovente del amparo.

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