Antolin Martínez Silva

Expediente 469/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
469/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Antolin Martínez Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación, ha transcurrido el plazo previsto en la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar), haya recurrido la sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 469/2022; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este tribunal, Antolín Martínez Silva, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, con residencia en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en la Experimental, San Antonio de la Cal, Centro, Oaxaca, y del Agente Estatal de Investigaciones adscrita a la Comandancia General de la Mixteca, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, consistentes en: "a) De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras les reclamo la orden de aprehensión o detención o privación ilegal de mi libertad girada en contra de mi persona, sin haber cometido delito alguno, y sin haber sido oído ni vencido en juicio. De las autoridades señaladas como responsables ejecutoras les reclamo la ejecución material, que pretenden darle a las órdenes emitidas por las responsables ordenadoras y que se traduce en la privación de mi libertad o captura o aprehensión." Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. En proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se admitió la demanda de mérito, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo se precisa las autoridades responsables y el acto reclamado, en los términos siguientes: Al Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, de Nochixtlán, Oaxaca, y Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, de Huajuapan de León, Oaxaca, la orden de aprehensión; al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, y al Agente Estatal de Investigaciones de la Mixteca, su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades señaladas como responsables Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, con residencia en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en la Experimental, San Antonio de la Cal, Centro, Oaxaca, y Agente Estatal de Investigaciones adscrita a la Comandancia General de la Mixteca, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que se les reclama, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa, ni de autos se advierta su existencia. Ahora bien, una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos por el juzgador. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Sirve de sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia 553, publicada en la página 369, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, con el propósito de verificar la certeza o falsedad del acto atribuido a las autoridades responsables, se atiende al contenido del sumario, de su detallada revisión se advierte que, no obra en él, medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de los actos que se reclaman. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por el quejoso, ni demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia de los actos reclamados antes indicados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]". Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado" CUARTO. Autorización mediante Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías 469/2022 promovido por Antolín Martínez Silva, respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo de este fallo, en términos del diverso penúltimo, ambos de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, en el que rinde su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de los autos, se advierte no obra constancia de que la autoridad responsable Juez de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, haya rendido su informe justificado, pese haber quedado enterada del requerimiento del mismo, dado que transcurrió el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, con la finalidad de dictar una resolución apegada a derecho, en términos del artículo 75 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a la responsable antes citada, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, remita copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, o informe el impedimento jurídico que tenga para ello; apercibida que, además de hacer efectivo el apercibimiento decretado en el auto admisorio, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100, moneda nacional ($9,622.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cien (100), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, y en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, gírese oficio vía telegráfica a la referida autoridad responsable, al que se deberá insertar el auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, en el cual se le solicita su informe justificado, así como copia de la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE.

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