Antelmo Azariel Ruiz Vásquez

Expediente 461/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
461/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
15/08/2019

Partes del expediente

  • Antelmo Azariel Ruiz Vásquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se negó a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Juzgador estima que por sus particularidades, el presente incidente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que, procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este incidente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente de violación a la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede se advierte, la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad dentro del término de quince días a que se contrae el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo, contra el auto de diecinueve de julio del año en curso; en tal virtud, es de estimarse que se consintió tácitamente el proveído de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración; en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo, establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Antelmo Azariel Ruiz Vásquez, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo; apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto) de conformidad con el numeral 258 de la ley de la materia; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 461/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ANTELMO AZARIEL RUIZ VÁSQUEZ, por derecho propio, mediante escrito recibido el quince de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta localidad, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano judicial, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Fiscal General en el Estado de Oaxaca, consistente en: "La denegación de justicia al solicitarle en fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, intervención en caso de que existiera iniciada carpeta o legajo de investigación en su contra." Que estimó violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 8, 14, 16, 18, 19 y 20, apartado B, de la Constitución Federal. SEGUNDO. Por auto de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de garantías, radicándose con el número 461/2019, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo disponen los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6°, 37, 107, 108, 124 y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado atribuido al Fiscal General del Estado de Oaxaca, pues al rendir su informe justificado por conducto del Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, manifestó que el escrito del quejoso lo turnó al Vicefiscal General Zona Centro, quien a su vez mediante oficios 1189/2019 al 1205/2019, todos de treinta de abril de dos mil diecinueve, solicitó a sus subalternos realizaran la búsqueda de carpetas o averiguaciones previas en sus respectivos registros, y en caso de existir indagatoria instruida contra Antelmo Azariel Ruiz Vásquez se determinara conforme a la ley aplicable la procedencia o no de darle la intervención solicitada. Lo que se notificó al quejoso en fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 1334/2019 de catorce de mayo de dos mil diecinueve, por conducto de la Encargada de la Mesa de Intervenciones de la Vicefiscalía General Zona Centro en el Estado, con sede en esta localidad. Luego, si la demanda de amparo la presentó el quejoso el quince de mayo de dos mil diecinueve, se entiende que la omisión reclamada aún existía en esa fecha. TERCERO.- Son fundados los conceptos de violación. El quejoso aduce que al negarle su solicitud respecto a la intervención en la carpeta de investigación que en su caso se haya iniciado en su contra, se transgrede en su perjuicio el derecho humano a una defensa adecuada y debido proceso previsto en el artículo 20 constitucional; que además que con tal omisión se afecta su derecho de petición contenido en el artículo 8° constitucional. De lo informado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en su informe justificado y las documentales que exhibió, se desprende que el escrito del quejoso fue turnado por el Fiscal General del Estado de Oaxaca al Vicefiscal General Zona Centro, quien a su vez mediante oficios 1189/2019 al 1205/2019, todos de treinta de abril de dos mil diecinueve, solicitó: a los Fiscales Especializados para la Atención de Delitos de Alto Impacto; contra la Mujer por Razón de Género; en Materia de Combate a la Corrupción; y en Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social; a la Vicefiscalía general de Control Regional; Fiscal Especializado de Delitos Electorales; Fiscal Especializado en Justicia para Adolescentes; Fiscal Regional de la Costa, Fiscal Regional de la Cuenca; Fiscal Regional del Istmo; Fiscal Regional de la Mixteca; Directora del Centro de Atención Temprana; Director de Averiguaciones Previas y Procesos; Director de Control de Fiscalías; Coordinador del Sistema Tradicional de Vicefiscalía General Zona Centro, Oficinas del Fiscal General del Estado; realizaran la búsqueda de carpetas o averiguaciones previas en sus respectivos registros, y en caso de existir indagatoria instruida contra Antelmo Azariel Ruiz Vásquez se determinara conforme a la ley aplicable la procedencia o no de darle la intervención solicitada; y de ser procedente se le hiciera del conocimiento del solicitante en el domicilio que indicó. Lo que se notificó al quejoso en fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 1334/2019 de catorce de mayo de dos mil diecinueve, por conducto de la Encargada de la Mesa de Intervenciones de la Vicefiscalía General Zona Centro en el Estado, con sede en esta localidad. Lo anterior evidencia, que si bien es cierto se atendió su escrito de solicitud y se desplegó el requerimiento de consulta relativo a la existencia o no de carpetas de investigación iniciadas en su contra, a efecto de poder dar respuesta respecto a la procedencia o no de su intervención en la misma. También lo es, que con ello el Fiscal General del Estado de Oaxaca, no da contestación de manera completa a la solicitud de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, del quejoso. El artículo 8 de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El derecho de petición consagrado a favor de los gobernados y que en el caso constituye la garantía que el quejoso estima violada, se constituye por varias etapas, siendo la primera de ellas, la consistente en que la autoridad a la que se dirige el escrito respectivo, lo reciba; la segunda, la relativa a la emisión del acuerdo que corresponda a dicha solicitud, en el sentido que lo considere procedente, pudiendo en este caso hacerse algún requerimiento o solicitarse alguna aclaración al particular para estar en aptitud de emitir el referido acuerdo y, finalmente, que se dé a conocer dicha resolución al interesado. Es aplicable al caso, la tesis VI.2o.A.21 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en página 1149, tomo XXIII, junio 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD A RECIBIR EL ESCRITO QUE CONTIENE LA SOLICITUD DEL QUEJOSO, DEBE TENERSE COMO ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso alega en la demanda de amparo que no se le ha dado respuesta a una petición, pero de la misma demanda y de su aclaración se desprende que las autoridades responsables no le han recibido el escrito mediante el cual formuló dicha petición, es evidente que debe tenerse como acto reclamado la negativa de la autoridad para recibirle tal escrito; lo anterior es así, porque el derecho de petición consagrado a favor de los gobernados y que en el caso constituye la garantía que el quejoso estima violada, no puede traducirse únicamente en que la autoridad conteste la solicitud que se le formula, sino que tal garantía se integra o constituye por varias etapas, siendo la primera de ellas, la consistente en que la autoridad a la que se dirige el escrito respectivo, lo reciba; la segunda, la relativa a la emisión del acuerdo que corresponda a dicha solicitud, en el sentido que lo considere procedente, pudiendo en este caso hacerse algún requerimiento o solicitarse alguna aclaración al particular para estar en aptitud de emitir el referido acuerdo y, finalmente, que se dé a conocer dicha resolución al interesado, en estricto cumplimiento a lo señalado por el artículo 8o. constitucional. Por ello, la negativa de recibir un escrito, obstaculiza el ejercicio de ese derecho, cuestión que sólo puede ser atribuida a la autoridad y que evidentemente, resultaría violatoria de la garantía consagrada en el precepto constitucional citado." Ilustra lo anterior, la tesis XXI.1o.P.A.36 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en pág 1897, Tomo XXII, Agosto 2005, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo". En el caso concreto, si bien el Fiscal General del Estado de Oaxaca, requirió a sus subalternos la búsqueda de la existencia de alguna carpeta de investigación iniciada contra el quejoso y de tal trámite se le informó al quejoso; el derecho de petición no se colma con tal circunstancia, sino hasta que se haga del conocimiento a Antelmo Azariel Ruiz Vásquez si existe o no indagatoria en su contra y si es procedente darle intervención en ella. Lo que en el caso, aún no ha acontecido. En las relatas consideraciones, al no haber acreditado la autoridad responsable haber dado repuesta de manera completa a la solicitud del quejoso de mérito; lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Antelmo Azariel Ruiz Vásquez, para el efecto de que el Fiscal General del Estado de Oaxaca, tras la búsqueda que sus subalternos hayan realizado respecto a la existencia o no de carpetas de investigación iniciadas contra el quejoso y la calificación legal que en ellas se haya realizado respecto a la procedencia de darle intervención; lo haga del conocimiento del quejoso mediante notificación personal en el domicilio que haya proporcionado para tal efecto. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E : ÚNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ANTELMO AZARIEL RUIZ VÁSQUEZ contra el acto reclamado al Fiscal General del Estado de Oaxaca, consistente en "la denegación de justicia al solicitarle en fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, intervención en caso de que existiera iniciada carpeta o legajo de investigación en su contra."; para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia.- NOTIFÍQUESE

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