Antioco Segura González
Expediente 2058/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2058/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 25/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Antioco Segura González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 2058/2017-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el dos de mayo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 2058/2017-lll-B, promovido por Antioco Segura González y Alejandrino Segura González, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado y recibido en la misma fecha en este Juzgado, Antioco Segura González y Alejandrino Segura González, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección contra actos del Presidente Constitucional y Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ambos del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se previno por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, el nueve de enero de dos mil dieciocho subsistió la prevención aludida, el veinticuatro de enero del año en curso fue admitida a trámite únicamente por cuanto a Antioco Segura González, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado es: La omisión de dar respuesta a los escritos presentados el veinte de mayo de dos mil diecisiete y veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. Ha de precisarse que el diverso escrito cuya omisión se combate data del veinte de mayo de dos mil dieciséis y no de dos mil diecisiete, como se precisara y acreditara en autos. TERCERO. Inexistencia del acto. Son inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones que a continuación se describen. Actos atribuidos al Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Atlatlahucan, Morelos. El Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Atlatlahucan, Morelos, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado y manifestó que las peticiones que aduce el quejoso no fueron dirigidas ni recibidas en las oficinas que ocupa la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del citado Ayuntamiento. Por su parte, el quejoso reclamó un acto negativo, a saber, un "no hacer" de la autoridad; en el caso concreto, la omisión de dar contestación a sus escritos de veinte de mayo y veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. Así, tenemos que la autoridad responsable negó la existencia de un acto negativo. No obstante las afirmaciones realizadas por el quejoso, éste no aportó prueba alguna para acreditar que presentó los escritos de veinte de mayo y veintitrés de octubre de dos mil diecisiete ante o dirigidos al Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Atlatlahucan, Morelos señalado como responsable y que éste ha sido omiso en dar contestación. Pues el derecho de petición consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a la autoridad a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 42/2001 de la Novena Época sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD". Ha de precisarse que por auto de dos de marzo del año en curso (foja 53), se recibió y se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado rendido por el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Atlatlahucan, Morelos, sin que la parte quejosa haya ofrecido medio de convicción alguno para desvirtuar la negativa de la autoridad. Así las cosas, al no estar acreditado el acto consistente en la omisión de dar respuesta a las peticiones efectuadas el veinte de mayo y veintitrés de octubre de dos mil diecisiete atribuido al Director señalado como responsable, no puede decirse que éste ha incurrido en alguna violación sobre los derechos del impetrante, por lo que el acto es inexistente y, en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Toda vez que la simple inactividad no equivale a una omisión, pues en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1a. XVII/2018 de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala del máximo Tribunal de Justicia, de rubro: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD". Acto consistente en la omisión de dar contestación al escrito de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete atribuido al Presidente del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos. Ahora, el acto atribuido al Presidente del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, deviene inexistente; pues tal inexistencia se desprende de la cedula de notificación realizada el seis de noviembre de dos mil diecisiete que exhibió en copia certificada (foja 46); la cual amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De la relatada documental se desprende lo siguiente: El seis de noviembre de dos mil diecisiete, el Presidente Municipal señalado como responsable, notificó por estrados a Antioco Segura González, el acuerdo emitido en dicha fecha en contestación a su escrito presentado el veintitrés de octubre del año pasado, toda vez que el promovente no señaló domicilio procesal, por lo que ordenó su notificación por estrados que se fijaron en las instalaciones del Ayuntamiento de Atlatlahucan. En las condiciones apuntadas, es claro que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, veinte de diciembre de dos mil diecisiete, según aparece en el sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, la autoridad responsable ya había dado respuesta a la petición efectuada por la parte quejosa el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, cuya omisión se reclama; incluso, tal respuesta ya se había notificado por estrados el seis de noviembre del mismo año, por tanto se evidencia, que el acto combatido es inexistente. En esas condiciones, la omisión impugnada por el quejoso consistente en dar contestación a su escrito de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, atribuida al Presidente del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, es inexistente. Lo anterior, atendiendo a que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en el caso, el veinte de diciembre de dos mil diecisiete; ello para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que dan origen a la queja. La aludida regla general se funda en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Octava época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. Así como en la jurisprudencia 1a./J. 36/98 de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN." No pasa inadvertido para quien resuelve que la parte quejosa al no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, la autoridad responsable le notificó por estrados el seis de noviembre de dos mil diecisiete, la respuesta emitida a su petición de veintitrés de octubre del año pasado; sin embargo, por acuerdo de dos de marzo del año en curso se ordenó dar vista a la promovente con el informe justificado rendido por el Presidente Municipal señalado como responsable, a efecto de imponerse de su contenido y que manifestara lo que a sus intereses convenía y, con dicha circunstancia la parte quejosa queda enterada de tal determinación. Además que esta vía no es la procedente para impugnar la nulidad de la notificación por estrados referida, habida cuenta que ello corresponde en primer lugar ante las autoridades ordinarias, a más que la pretensión de amparo tampoco se enderezó para combatirla; de ahí que deba surtir plenos efectos, atento al principio de presunción de legalidad de los actos de autoridad, salvo prueba en contrario. Por tanto, la falta de notificación descrita, a más que no fue combatida, tampoco generaría una afectación susceptible de ser impugnada en juicio de amparo. En lo conducente se invoca como apoyo a lo anterior y por analogía, la jurisprudencia 2a./J.36/99 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA." Consecuentemente, al no demostrarse la existencia del acto reclamado referido, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Acto consistente en la omisión de dar contestación al escrito de veinte de mayo de dos mil diecisiete atribuido al Presidente del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos. Por cuanto a la petición que el quejoso aduce fue formulada el veinte de mayo de dos mil diecisiete, la misma resulta inexistente, pues no se acreditó su existencia por parte del accionante, sin soslayar que el Presidente del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos al rendir su informe justificado remitiera copia certificada de la notificación realizada por estrados el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, de la que se advierte que el trece de mayo del mismo año dio contestación a la petición del quejoso fechada el veinte de mayo de dos mil dieciséis. De lo anterior se aprecia, que en el caso concreto, se trata de una petición efectuada el veinte de mayo de dos mil dieciséis y no de dos mil diecisiete, y por ende, no existe el acto en los términos planteados. No es óbice a lo anterior, que por escrito presentado el quince de marzo del año en curso en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el quejoso desahogó la vista ordenada por auto de dos de marzo de dos mil dieciocho, y al respecto manifestó su inconformidad con la respuesta dada por la responsable, toda vez que aduce que la solicitud aludida data del año dos mil diecisiete, mientras que la responsable emite respuesta a un escrito de dos mil dieciséis, por lo que refiere no se le ha dado contestación alguna al escrito citado. En relatadas circunstancias, se observa que lo informado por la autoridad no fue desvirtuado de manera efectiva por el quejoso, por lo que se concluye que la petición de dos mil diecisiete no existe, además de la presunción de certeza y legalidad de la que gozan los actos de autoridad salvo prueba en contrario, ya que pesa sobre las partes la obligación de conducirse con la verdad so pena de imponerles reproche, de ahí que se concluye en la inexistencia de la petición de dos mil diecisiete, solo existiendo la de dos mil dieciséis, que ya fue atendida. No obstante lo alegado por el quejoso, a juicio de quien resuelve, es inexistente el acto que el impetrante combate y que se traduce en la omisión de dar respuesta al escrito de veinte de mayo de dos mil diecisiete, toda vez que el promovente de amparo fue omiso en acreditar que en dicha fecha (veinte de mayo de dos mil diecisiete) realizó alguna petición al Presidente del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos y que éste no ha dado respuesta. Sin que pase inadvertido que Antioco Segura González al presentar su demanda de amparo exhibió en copia simple dos documentales, una fechada el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete (foja 6) y otra cuya fecha se desconoce (foja 7), así como la autoridad ante quien se realizó tal petición. Máxime que las citadas documentales fueron exhibidas en copia simple, las cuales carecen por sí solas, de valor probatorio pleno, y por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa. Al caso, es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 21/98, de la Novena Época emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN." Consecuentemente, al no demostrarse la existencia del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Antioco Segura González contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y por las razones expuestas en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe hasta el día de hoy dos de mayo de dos mil dieciocho que lo permitieron las labores de este juzgado.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del dos de mayo del dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Vistos los autos del juicio de amparo 2058/2017-lll-B, promovido por Antioco Segura González y Alejandrino Segura González, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado y recibido en la misma fecha en este Juzgado, Antioco Segura González y Alejandrino Segura González, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección contra actos del Presidente Constitucional y Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ambos del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se previno por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, el nueve de enero de dos mil dieciocho subsistió la prevención aludida, el veinticuatro de enero del año en curso fue admitida a trámite únicamente por cuanto a Antioco Segura González, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado es: La omisión de dar respuesta a los escritos presentados el veinte de mayo de dos mil diecisiete y veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. Ha de precisarse que el diverso escrito cuya omisión se combate data del veinte de mayo de dos mil dieciséis y no de dos mil diecisiete, como se precisara y acreditara en autos. TERCERO. Inexistencia del acto. Son inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones que a continuación se describen. Actos atribuidos al Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Atlatlahucan, Morelos. El Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Atlatlahucan, Morelos, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado y manifestó que las peticiones que aduce el quejoso no fueron dirigidas ni recibidas en las oficinas que ocupa la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del citado Ayuntamiento. Por su parte, el quejoso reclamó un acto negativo, a saber, un "no hacer" de la autoridad; en el caso concreto, la omisión de dar contestación a sus escritos de veinte de mayo y veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. Así, tenemos que la autoridad responsable negó la existencia de un acto negativo. No obstante las afirmaciones realizadas por el quejoso, éste no aportó prueba alguna para acreditar que presentó los escritos de veinte de mayo y veintitrés de octubre de dos mil diecisiete ante o dirigidos al Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Atlatlahucan, Morelos señalado como responsable y que éste ha sido omiso en dar contestación. Pues el derecho de petición consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a la autoridad a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 42/2001 de la Novena Época sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD". Ha de precisarse que por auto de dos de marzo del año en curso (foja 53), se recibió y se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado rendido por el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Atlatlahucan, Morelos, sin que la parte quejosa haya ofrecido medio de convicción alguno para desvirtuar la negativa de la autoridad. Así las cosas, al no estar acreditado el acto consistente en la omisión de dar respuesta a las peticiones efectuadas el veinte de mayo y veintitrés de octubre de dos mil diecisiete atribuido al Director señalado como responsable, no puede decirse que éste ha incurrido en alguna violación sobre los derechos del impetrante, por lo que el acto es inexistente y, en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Toda vez que la simple inactividad no equivale a una omisión, pues en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1a. XVII/2018 de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala del máximo Tribunal de Justicia, de rubro: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD". Acto consistente en la omisión de dar contestación al escrito de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete atribuido al Presidente del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos. Ahora, el acto atribuido al Presidente del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, deviene inexistente; pues tal inexistencia se desprende de la cedula de notificación realizada el seis de noviembre de dos mil diecisiete que exhibió en copia certificada (foja 46); la cual amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De la relatada documental se desprende lo siguiente: El seis de noviembre de dos mil diecisiete, el Presidente Municipal señalado como responsable, notificó por estrados a Antioco Segura González, el acuerdo emitido en dicha fecha en contestación a su escrito presentado el veintitrés de octubre del año pasado, toda vez que el promovente no señaló domicilio procesal, por lo que ordenó su notificación por estrados que se fijaron en las instalaciones del Ayuntamiento de Atlatlahucan. En las condiciones apuntadas, es claro que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, veinte de diciembre de dos mil diecisiete, según aparece en el sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, la autoridad responsable ya había dado respuesta a la petición efectuada por la parte quejosa el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, cuya omisión se reclama; incluso, tal respuesta ya se había notificado por estrados el seis de noviembre del mismo año, por tanto se evidencia, que el acto combatido es inexistente. En esas condiciones, la omisión impugnada por el quejoso consistente en dar contestación a su escrito de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, atribuida al Presidente del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, es inexistente. Lo anterior, atendiendo a que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en el caso, el veinte de diciembre de dos mil diecisiete; ello para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que dan origen a la queja. La aludida regla general se funda en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Octava época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. Así como en la jurisprudencia 1a./J. 36/98 de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN." No pasa inadvertido para quien resuelve que la parte quejosa al no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, la autoridad responsable le notificó por estrados el seis de noviembre de dos mil diecisiete, la respuesta emitida a su petición de veintitrés de octubre del año pasado; sin embargo, por acuerdo de dos de marzo del año en curso se ordenó dar vista a la promovente con el informe justificado rendido por el Presidente Municipal señalado como responsable, a efecto de imponerse de su contenido y que manifestara lo que a sus intereses convenía y, con dicha circunstancia la parte quejosa queda enterada de tal determinación. Además que esta vía no es la procedente para impugnar la nulidad de la notificación por estrados referida, habida cuenta que ello corresponde en primer lugar ante las autoridades ordinarias, a más que la pretensión de amparo tampoco se enderezó para combatirla; de ahí que deba surtir plenos efectos, atento al principio de presunción de legalidad de los actos de autoridad, salvo prueba en contrario. Por tanto, la falta de notificación descrita, a más que no fue combatida, tampoco generaría una afectación susceptible de ser impugnada en juicio de amparo. En lo conducente se invoca como apoyo a lo anterior y por analogía, la jurisprudencia 2a./J.36/99 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA." Consecuentemente, al no demostrarse la existencia del acto reclamado referido, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Acto consistente en la omisión de dar contestación al escrito de veinte de mayo de dos mil diecisiete atribuido al Presidente del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos. Por cuanto a la petición que el quejoso aduce fue formulada el veinte de mayo de dos mil diecisiete, la misma resulta inexistente, pues no se acreditó su existencia por parte del accionante, sin soslayar que el Presidente del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos al rendir su informe justificado remitiera copia certificada de la notificación realizada por estrados el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, de la que se advierte que el trece de mayo del mismo año dio contestación a la petición del quejoso fechada el veinte de mayo de dos mil dieciséis. De lo anterior se aprecia, que en el caso concreto, se trata de una petición efectuada el veinte de mayo de dos mil dieciséis y no de dos mil diecisiete, y por ende, no existe el acto en los términos planteados. No es óbice a lo anterior, que por escrito presentado el quince de marzo del año en curso en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el quejoso desahogó la vista ordenada por auto de dos de marzo de dos mil dieciocho, y al respecto manifestó su inconformidad con la respuesta dada por la responsable, toda vez que aduce que la solicitud aludida data del año dos mil diecisiete, mientras que la responsable emite respuesta a un escrito de dos mil dieciséis, por lo que refiere no se le ha dado contestación alguna al escrito citado. En relatadas circunstancias, se observa que lo informado por la autoridad no fue desvirtuado de manera efectiva por el quejoso, por lo que se concluye que la petición de dos mil diecisiete no existe, además de la presunción de certeza y legalidad de la que gozan los actos de autoridad salvo prueba en contrario, ya que pesa sobre las partes la obligación de conducirse con la verdad so pena de imponerles reproche, de ahí que se concluye en la inexistencia de la petición de dos mil diecisiete, solo existiendo la de dos mil dieciséis, que ya fue atendida. No obstante lo alegado por el quejoso, a juicio de quien resuelve, es inexistente el acto que el impetrante combate y que se traduce en la omisión de dar respuesta al escrito de veinte de mayo de dos mil diecisiete, toda vez que el promovente de amparo fue omiso en acreditar que en dicha fecha (veinte de mayo de dos mil diecisiete) realizó alguna petición al Presidente del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos y que éste no ha dado respuesta. Sin que pase inadvertido que Antioco Segura González al presentar su demanda de amparo exhibió en copia simple dos documentales, una fechada el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete (foja 6) y otra cuya fecha se desconoce (foja 7), así como la autoridad ante quien se realizó tal petición. Máxime que las citadas documentales fueron exhibidas en copia simple, las cuales carecen por sí solas, de valor probatorio pleno, y por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa. Al caso, es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 21/98, de la Novena Época emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN." Consecuentemente, al no demostrarse la existencia del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Antioco Segura González contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y por las razones expuestas en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe hasta el día de hoy dos de mayo de dos mil dieciocho que lo permitieron las labores de este juzgado.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que el titular del juzgado tiene licencia para ausentarse el día de hoy, y el licenciado Manuel Alexander Vázquez Falcón está como encargado del despacho, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, según lo dispuesto en el citado artículo 43, párrafo primero, de la ley en comento, el Secretario encargado del despacho únicamente se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, es decir, no puede dictar resolución definitiva en este asunto; en esas condiciones, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan, las DOCE HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el diez de abril de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SECJ/STB/477/2018, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.ISA*
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