Antelmo Benitez Tadeo

Expediente 2053/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2053/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
03/02/2016

Partes del expediente

  • Antelmo Benitez Tadeo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de febrero de dos mil dieciséis. Se tienen por recibidos los oficios signados por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos "1" y la Administradora del Servicio de Administración Tributaria, mediante los cuales, informan que la multa ordenada por auto de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, ejecutada a Jorge Ernesto Benet Keil en su carácter de Director General del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zcatepec, Morelos quedó controlada en la Administración Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1" con el crédito H-428822; el que se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 2053/2015-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el ocho de enero de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos los cuadernos incidentales y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción, sin embargo el cuaderno incidental por el cual se concedió la suspensión definitiva se declara susceptible de depuración. Ahora bien, toda vez que las autoridades responsables Junta de Gobierno del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos y Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificadas como se advierte de los presentes autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado en sentencia de ocho de enero de dos mil dieciséis y con fundamento en el artículo 260 fracción ll de la ley de la materia, se impone a Jorge Ernesto Benet Keil, en su carácter de Director General del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos, con domicilio en avenida Morelos, número 1, Zacatepec, Morelos, una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que equivale a la cantidad de $7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); por tanto, gírese oficio a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Morelos, para que dentro del término de veinticuatro horas que serán computadas legalmente, informe las medidas adoptadas para el cobro de la multa, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 [1] de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 2053/2015-V, promovido por Antelmo Benítez Tadeo, por propio derecho y otros; RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos; y remitido a este juzgado de Distrito en la misma fecha, Antelmo Benítez Tadeo, Martina Avelar Martínez, Ángela Valle Avelar, Josefina Castrejón Figueroa, Jaime Madrid Maravilla, Joel Torres Romero, Virginia Mozón Navarro, Román Valdez García, Pedro Benítez Avelar, Domitila Valdés Avelar, Francisca Díaz Barón, Félix López Leyva, Hermelinda Hernández Cortina, Sergio Ramos Trejo, Isaías López Espinal, Deysi Mariela Romero Rosales, María de Jesús Romano López, Catalina Román López, Raquel Cabrera Romero, María Trinidad Cabrera Romero, Irma Navarro García, Ma. Elizabeth de Jesús Navarro García, José Luis Navarro García, Josefina López Carrillo, Carmen Lucila Serrano Urbina, Víctor Trejo Sánchez, Inés Martínez Ramírez, Enriqueta Avelar Pedroza, Efigenio Leyva Enríquez, Elpidio Marmolejo Cedeño, Inocente Herrera Avelar, Juan Carlos Molina Espinoza, Pedro Cabrera Valle, Magdalena Vázquez Soto, Estefanía Hernández Adán, Filiberto Rodríguez Pineda, Silvia M. Gómez Villalobos, Cirilo Herrera Avelar y otros, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra actos de las autoridades, Junta de Gobierno del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos y Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos; de quienes reclamaron lo siguiente: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS: El Alza a la tarifa del suministro de agua potable del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec (SCAPSZ).". SEGUNDO. Por auto de cuatro de noviembre de dos mil quince, la demanda, que se registró con el número de expediente 2053/2015-V, se previno para los siguientes efectos: ".PRIMERO.- Para que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de proveer respecto a la demanda de cuenta, se requiere a la parte quejosa para que en el término concedido, precisen de manera completa y legible el nombre de los impetrantes de amparo que no se encuentran señalados en el párrafo que antecede, pues del escrito de cuenta se advierte que dichos nombres se encuentran ilegibles.". ".SEGUNDO.-Por otro lado, para estar en condiciones de proveer lo conducente respecto a la impetrante Hermelinda Hernández Cortina, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 114, de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos conforme al artículo 31, de la Ley de Amparo, la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Tribunal Federal, en día y hora hábil, debidamente identificada, con la finalidad de que ante la presencia judicial manifieste si reconoce o no, la huella digital que calza en su escrito de demanda y, en su caso, manifieste si ratifica la misma.". TERCERO. Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil quince, se aclararon los nombres ilegibles (fojas 11 y 12). CUARTO. Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil quince (foja 15), se tuvo por no presentada la demanda respecto a Hermelinda Hernández Cortina, al no subsanar la prevención que se le realizara. Por otro lado, se admitió la demanda de amparo respecto a los quejosos, Antelmo Benítez Tadeo, Martina Avelar Martínez, Ángela Valle Avelar, Josefina Castrejón Figueroa, Jaime Madrid Maravilla, Joel Torres Romero, Virginia Mozón Navarro, Román Valdez García, Pedro Benítez Avelar, Domitila Valdés Avelar, Francisca Díaz Barón, Félix López Leyva, Sergio Ramos Trejo, Isaías López Espinal, Deysi Mariela Romero Rosales, María de Jesús Romano López, Catalina Román López, Raquel Cabrera Romero, María Trinidad Cabrera Romero, Irma Navarro García, Ma. Elizabeth de Jesús Navarro García, José Luis Navarro García, Josefina López Carrillo, Carmen Lucila Serrano Urbina, Víctor Trejo Sánchez, Inés Martínez Ramírez, Enriqueta Avelar Pedroza, Efigenio Leyva Enríquez, Elpidio Marmolejo Cedeño, Inocente Herrera Avelar, Juan Carlos Molina Espinoza, Pedro Cabrera Valle, Magdalena Vázquez Soto, Estefanía Hernández Adán, Filiberto Rodríguez Pineda, Silvia M. Gómez Villalobos, Cirilo Herrera Avelar, Roberto Bauzan Carvajal, Mario Solórzano Retiguin, Vicente Bello Retiguin, Lorenzo Romero Valle, Fernando Valle Avelar, Carmen Herrera Villasana, Enrique Toledo Romero, Romana Retiguin Torres, Gudelia Bermúdez Luviano, Froylan Trinidad de Jesús, Gonzalo Prisciliano López Espinal, Benita Mundo Vergara, Caritina Avelar Pedroza, Luisa Herrera Rivera, Eneida Cerdán Espinoza, Juana Espinoza Herrera, Santos Alcántara Jaimes, Francisco Ocampo Marmolejo, Rosa Marmolejo Cedeño, Abacu Cerdán Apaez, Concepción Benítez Silva, Jesús Medina Carreto, Zoraida Arillo Pallares, Silvia Margarita Gómez Villalobos y Francisco Ramos Trejo; por lo que se requirió a las autoridades responsables sus respectivos informes; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación. Finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en vigor a partir del veintiséis de junio del año en curso, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo el lugar donde se señala tuvieron ejecución los actos reclamados. SEGUNDO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Se presume cierto el acto reclamado, pues a pesar de encontrarse debidamente notificadas desde el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, del auto que requirió los informes justificados, como se advierte de los acuses de recibo respectivos (foja 23), las autoridades responsables se abstuvieron de rendir su informe justificado. Lo anterior con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, debe presumirse que es cierto el acto consistente en el aumento de la tarifa de cobro por el suministro de agua potable del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos. TERCERO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Así, el suscrito juzgador advierte la actualización de la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, párrafo primero, del ordenamiento legal invocado en líneas precedentes, conforme a la cual, el juicio de garantías es improcedente actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.". De las normas anteriores, se advierte que el juicio de amparo debe ser instado por quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en la jurisprudencia de la Novena Época; 1a. Sala; Semanario Judicial y su Gaceta; XXVII, Enero de 2008; Pág. 225 ; registro: 170 500, al interpretar el artículo 4 de la Ley de Amparo abrogada, que para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. La jurisprudencia de mérito es del texto y rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Atento a lo anterior, se estima que dicha interpretación es acorde al contenido del artículo 5, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en la medida que este dispone que debe ser promovido el juicio por quien acredite "ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico"; de ahí que se estime que tal interpretación del artículo 4 de la abrogada ley, no se contrapone con el texto del numeral citado en primer término; de ahí que se estime vigente el criterio jurisprudencial. Ahora bien, en el caso, si bien se ha presumido cierto el acto reclamado, consistente en el aumento de la tarifa de cobro por el suministro de agua potable del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos; también lo es cierto que los peticionarios del amparo no demuestran que ello afecte la esfera jurídica de sus derechos. Ello, en virtud de que no acreditan ser usuarios o beneficiarios del servicio de suministro de agua potable por parte del organismo, Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos, pues no ofrecen documento alguno que así lo demuestre, como sería, a través del contrato respectivo. De ahí que no acreditan, para efectos del presente juicio de amparo, con documentos suficiente e idóneos, que los actos de la autoridad responsable, afectan sus intereses jurídicos. Esto pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia expresada, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se demostró la afectación a los derechos de los quejosos, y, por lo tanto, no se demuestra afectación a los intereses jurídicos. Es aplicable en este punto, la jurisprudencia Registro No. 206338, Localización: Octava Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 82, Octubre de 1994 Página: 17, Tesis: 2a./J. 16/94, Jurisprudencia, Materia(s): Común, "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.". No puede soslayarse que la carga de acreditar tal afectación, corresponde precisamente a la parte quejosa. Al respecto es aplicable la jurisprudencia Registro No. 187777, Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Febrero de 2002, Página: 15, Tesis: 1a./J. 1/2002, Jurisprudencia, Materia(s): Común, con el rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". CUARTO. Se impone una multa equivalente a cien días de salario mínimo, a las autoridades responsables, Junta de Gobierno del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos y Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos; en virtud de que a pesar de haber sido notificadas oportunamente del auto que les requirió sus informes justificados, como se advierte de los acuses de recibo respectivos (foja 23), se abstuvieron injustificadamente de rendirlo. Lo anterior, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Una vez que cause ejecutoria esta resolución, gírese oficio a la autoridad recaudadora. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por Antelmo Benítez Tadeo, Martina Avelar Martínez, Ángela Valle Avelar, Josefina Castrejón Figueroa, Jaime Madrid Maravilla, Joel Torres Romero, Virginia Mozón Navarro, Román Valdez García, Pedro Benítez Avelar, Domitila Valdés Avelar, Francisca Díaz Barón, Félix López Leyva, Sergio Ramos Trejo, Isaías López Espinal, Deysi Mariela Romero Rosales, María de Jesús Romano López, Catalina Román López, Raquel Cabrera Romero, María Trinidad Cabrera Romero, Irma Navarro García, Ma. Elizabeth de Jesús Navarro García, José Luis Navarro García, Josefina López Carrillo, Carmen Lucila Serrano Urbina, Víctor Trejo Sánchez, Inés Martínez Ramírez, Enriqueta Avelar Pedroza, Efigenio Leyva Enríquez, Elpidio Marmolejo Cedeño, Inocente Herrera Avelar, Juan Carlos Molina Espinoza, Pedro Cabrera Valle, Magdalena Vázquez Soto, Estefanía Hernández Adán, Filiberto Rodríguez Pineda, Silvia M. Gómez Villalobos, Cirilo Herrera Avelar, Roberto Bauzan Carvajal, Mario Solórzano Retiguin, Vicente Bello Retiguin, Lorenzo Romero Valle, Fernando Valle Avelar, Carmen Herrera Villasana, Enrique Toledo Romero, Romana Retiguin Torres, Gudelia Bermúdez Luviano, Froylan Trinidad de Jesús, Gonzalo Prisciliano López Espinal, Benita Mundo Vergara, Caritina Avelar Pedroza, Luisa Herrera Rivera, Eneida Cerdán Espinoza, Juana Espinoza Herrera, Santos Alcántara Jaimes, Francisco Ocampo Marmolejo, Rosa Marmolejo Cedeño, Abacu Cerdán Apaez, Concepción Benítez Silva, Jesús Medina Carreto, Zoraida Arillo Pallares, Silvia Margarita Gómez Villalobos y Francisco Ramos Trejo, respecto del acto consistente en el aumento de la tarifa de cobro por el suministro de agua potable del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos, que se reclamó a las autoridades, Junta de Gobierno del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos y Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos. SEGUNDO. Se impone una multa equivalente a cien días de salario mínimo, a las autoridades responsables, Junta de Gobierno del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos y Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos. Una vez que cause ejecutoria esta resolución, gírese oficio a la autoridad recaudadora. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy ocho de enero de dos mil dieciséis, que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, dos de diciembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone el RECURSO DE QUEJA que establece el artículo 97 fracción I, inciso e), 98 primer párrafo y 99 primer párrafo, de la Ley de Amparo en contra del auto de dieciocho de noviembre de dos mil quince, dictado en el presente juicio de garantías; se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos conducentes. Ahora bien, tomando en cuenta que el promovente únicamente exhibió el original del escrito de expresión de agravios, sin haber anexado suficientes copias simples del escrito de referencia, siendo que son necesarias nueve copias en total del escrito de mérito, para el completo traslado a la partes - seis para las autoridades señaladas como responsables, una para el Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, una para expediente principal y otra más para el Agente del Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada-; en consecuencia, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, exhiba nueve copias del escrito de expresión de agravios que hacen falta, apercibido que de no hacerlo así dentro del término concedido, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 100 de la Ley de Amparo vigente, se tendrá por no interpuesto el recurso de que se trata. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

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