Antelmo Mendoza Narciso
Expediente 811/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 811/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Antelmo Mendoza Narciso
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de diecinueve de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado... y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido...
- Principal
Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del juicio de amparo 786/2021, promovido por Antelmo Mendoza Narciso, por su propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de San Marcos, Guerrero, y otras autoridades, toda vez que dicho órgano jurisdiccional por acuerdo de nueve de julio del año en curso, determinó procedente declarar la separación de autos, en los siguientes términos: "En ese orden de ideas, de mantener la unidad de los juicios, la tramitación de los mismos, así como la resolución que se dicte en definitiva podría ser confusa al ser probable que en un mismo juicio, se conceda la protección constitucional, o bien, se niegue o sobresea el juicio, respecto de los actos de referencia, por cada una de los quejosos, dificultándose en todo caso, los recursos que se llegaran a promover; por tanto, se estima necesario tramitarlos de forma independiente. En las relatadas condiciones, en aras de una pronta y eficaz administración de justicia, atento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitucional Federal, se estima que es procedente la separación de autos, para dar mayor claridad, celeridad y autonomía al trámite y resolución de la demanda de amparo, y a fin de evitar resoluciones confusas, pues como se ve, los promoventes del amparo, se duelen de actos autónomos, que se encuentran desvinculados entre sí, pues cada uno de ellos atañe a los derechos laborales y personales que defiende." En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, el juzgador se avoca al conocimiento del asunto, en el entendido que este juicio constitucional, se seguirá únicamente respecto de los actos reclamados por Antelmo Mendoza Narciso, que se atribuyen al Presidente Municipal de San Marcos, Guerrero y otras autoridades. Anótese en el libro de registro de juicios de amparo con el número 811/2021, que le corresponde y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; para lo cual se forman expedientes, tanto físico como electrónico, acorde a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de mérito. Asimismo, de conformidad con el invocado dispositivo legal, se ordena al oficial administrativo la digitalización diaria de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, y en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Ahora bien, a efecto de proveer lo que corresponda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del contenido del ocurso se aprecia que Antelmo Mendoza Narciso, promueve juicio de amparo, sin que para ello manifieste expresamente su voluntad, toda vez que, carece de firma autógrafa, por tanto, carece de validez alguna y no produce certeza jurídica. En efecto, de la lectura integral de la presente demanda, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que en el presente caso se surte la causal de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, que previenen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del Artículo 5º. De esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por esta Ley.". De conformidad con lo dispuesto en el transcrito artículo 6° de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la pre-existencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano de control constitucional para solicitar el cese de esa violación, de lo cual se reitera que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés que debe recaer en el promovente del amparo que para la procedencia del juicio constitucional debe tomarse en consideración. En ese sentido, si atendemos a que el juicio de amparo debe seguirse siempre a iniciativa o instancia de la parte agraviada por el acto de autoridad, el mínimo requisito que debe contener su escrito es la manifestación de voluntad, esto es, la firma que calce su solicitud en original, ya que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus derechos y prerrogativas. Por lo tanto, al no obrar al calce de la presente demanda firma en original, es evidente que la misma carece de validez pues no se puede determinar que se encuentra exteriorizada la voluntad de los directamente interesados en la promoción del juicio de amparo, pues como ya se dijo el amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, requisito que debe de quedar plenamente acreditado para que el juzgador se encuentre en condiciones de aceptar una demanda de amparo; por lo que al no constituir la firma original el documento que la contenga carece de validez. A mayor abundamiento, si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora; por tanto, la falta de la firma en original tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata. Siendo que en la presente demanda se advierte que carece de firma autógrafa en original de quien cuyo nombre aparece en el escrito de referencia, y en un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 108 del mismo ordenamiento legal, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Lo anterior es así, toda vez que la firma es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, por lo que al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo sino en copia simple, no puede decirse que exista certeza respecto de quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión; es decir, la firma en copia simple se traduce en la ausencia de la manifestación expresa de la voluntad del que promueve, lo que carece de valor probatorio pleno, y el escrito de demanda al que le falte este requisito debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna; lo que no obliga requerir a la parte quejosa para que subsane tal omisión, sino desecharla por notoriamente improcedente. Máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con copia simple con firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página quinientos ocho, Tomo VI, segunda parte-2, julio a diciembre de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento". Igualmente, es aplicable, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página doscientos trece, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISION, NO CONTRAVIENE DISPOSICION LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión". También es aplicable, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, publicada en la página doscientos cuarenta y uno, Tomo I, segunda parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia". En las relatadas condiciones, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6º, y 113 de la Ley de Amparo. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el precitado arábigo constitucional, con fundamento en el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Noé Albino Salgado e Iván Medina Jiménez, respecto de las demás personas que señala, únicamente se les autoriza para recibir y oír notificaciones e imponerse de los autos, conforme al precepto 24 de la invocada ley, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad al numeral 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este tribunal toma nota de que la autoridad responsable mencionada en segundo término propone el número telefónico 7441121212 y el correo electrónico: abogadosconfiables@hotmail.com, para entablar comunicaciones no procesales, para los efectos conducentes. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior, la Tesis Aislada I.1°.A.23. K (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, materia común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". De la expedición de copias. De conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal a partir del tres de agosto del año en curso, se da inicio a la tercera etapa de reactivación, en la cual se adopta un esquema de trabajo en el que el Poder Judicial de la Federación cumplirá en su totalidad con la prestación del servicio público de impartición de justicia, aunque con algunos ajustes que requerirán de un inevitable proceso de asimilación por parte del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, al ser un hecho notorio que la pandemia subsiste como un peligro para la salud de todas y todos. De tal forma que la reactivación no se realiza en un contexto de "normalidad", lo que implica que subsistan las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, por lo que se insiste en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales. En seguimiento a esas directrices, como una medida que se adopta con la finalidad de proteger tanto a los servidores públicos, a los justiciables y al público en general de los efectos del virus COVID-19, la obtención de copias en esta nueva normalidad, se hará bajo los siguientes lineamientos: Para la obtención de copias simples: 1. Deberán solicitarlas por escrito (presentado vía electrónica o físicamente), en el que deberán proporcionar un correo electrónico o teléfono (que cuente con servicio de recepción de documentos como whatsapp) a efecto de que, una vez autorizada su expedición, ahí les sean enviados los archivos correspondientes para que estén en aptitud de imprimirlas y obtener el número de copias que requieran por sus propios medios. 2. En caso de que se desee obtener copia simple de las constancias consultadas al asistir a una cita de consulta del expediente generada dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio "Servicios Jurisdiccionales", se sugiere el día de la cita programada acudan con memoria USB o algún otro dispositivo de almacenamiento a efecto de que les sea proporcionado el correspondiente archivo digital de las constancias pretendidas (siempre que las mismas se encuentren digitalizadas), para que estén en aptitud de imprimirlas por sus propios medios. 3. En caso de que las constancias de las que se requiera copia simple no se encuentren digitalizadas y por ende, no obren en el expediente electrónico, deberán agendar un cita para consulta del expediente dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio "Servicios Jurisdiccionales", de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, rubro en el cual podrán generar la cita correspondiente. Hecho lo anterior, por lo menos con dos días de anticipación a la fecha de la cita referida, deberán ponerse en contacto con el personal del juzgado al número 744 435 19 00 extensión 1208, para que se gestione en el área de fotocopiado el reporte respectivo, a fin de que en la fecha y horario asignado, sea posible su reproducción y entrega de las mismas, a su costa. En el entendido que de no avisar con la anticipación mínima indicada, deberán agendar nueva cita para su gestión; así como que en caso de que el volumen de las copias solicitadas, o bien, las cargas del trabajo del centro de fotocopiado imposibiliten su reproducción total en el tiempo de duración de su cita, tendrán que agendar las citas que sean necesarias para lograr la expedición de la totalidad de las constancias requeridas. Para la obtención de copias certificadas: 1. Deberán solicitarlas por escrito (presentado vía electrónica o físicamente), en el que deberán proporcionar un correo electrónico o teléfono (que cuente con servicio de recepción de documentos como whatsapp) a efecto de que, una vez autorizada su expedición, ahí les sean enviados los archivos correspondientes para que estén en aptitud de imprimirlas y obtener el número de copias que requieran por sus propios medios. Una vez que reciban los archivos correspondientes, deberán generar cita para consulta del expediente, con la finalidad de que el día programado acudan con las impresiones de los archivos, para obtener la certificación correspondiente, previo su cotejo, siempre que las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional permitan su expedición dentro del tiempo de duración de su cita; en caso contrario deberán agendar nueva cita de consulta de expediente para su entrega. 2. En caso de que se desee obtener copia certificada de las constancias consultadas al asistir a una cita de consulta del expediente generada dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio "Servicios Jurisdiccionales", se sugiere que el día de la cita programada acudan con memoria USB o algún otro dispositivo de almacenamiento a efecto de que les sea proporcionado el archivo digital de las constancias pretendidas (siempre que las mismas se encuentren digitalizadas), para que estén en aptitud de imprimirlas por sus propios medios. Hecho esto, será su obligación obtener la impresión de dichas constancias al exterior de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación y generar nueva cita para consulta del expediente, con la finalidad de que el día programado acudan con las impresiones de los archivos, para obtener la certificación correspondiente, previo su cotejo, siempre que las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional lo permitan dentro del tiempo de duración de su cita; en caso contrario deberán agendar nueva cita de consulta de expediente para su entrega. 3. En caso de que las constancias de las que se requiera copia certificada no se encuentren digitalizadas y por ende, no obren en el expediente electrónico, deberán agendar una cita para consulta del expediente. Hecho lo anterior, por lo menos con dos días de anticipación a la fecha de la cita referida, deberán ponerse en contacto con el personal del juzgado al número 744 435 19 00 extensión 1208, para que se gestione en el área de fotocopiado el reporte respectivo, a fin de que en la fecha y horario asignado, sea posible su reproducción y entrega de las mismas, a su costa. En el entendido que de no avisar con la anticipación mínima indicada, deberán agendar nueva cita para su gestión. Asimismo, que en caso de que el volumen de las copias solicitadas, o bien, las cargas del trabajo del centro de fotocopiado imposibiliten su reproducción total en el tiempo de duración de su cita, tendrán que agendar las citas que sean necesarias para lograr la expedición de la totalidad de las constancias requeridas, así como obtener su certificación, previo cotejo. También, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Quejoso se le notifica por medio de lista electrónica y fijada en estrados del juzgado un auto de fecha diecinueve de julio del año dos mil veintiuno, que se da por reproducido, en cumplimiento del aviso dejado en su domicilio y con fundamento en el artículo 29 de la Ley de amparo... de síntesis:"...es procedente desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6º, y 113 de la Ley de Amparo..."
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