Anselmo Olivera Hernández
Expediente 682/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Anselmo Olivera Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el tres de febrero del año en curso, en el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, según su arábigo 2°, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo ha causado ejecutoria. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún esté transcurriendo el término de la notificación de los oficios 1503/2021, 1506/2021, 1509/2021, 1510/2021, 1511/2021, 1512/2021 y 1513/2021, girados a la Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con adscripción al Distrito Judicial de Tabares; Coordinadores de Zona de la Policía Ministerial del Estado, responsables adscritos a los Sectores Coloso, Costa azul, Renacimiento, Zapata, Garita y Jardín, por el que se le hace saber la sentencia dictada en este expediente, puesto que al haberse sobreseído en el juicio de amparo, es a la parte quejosa a quien pudo afectar el sentido del fallo en cuestión, y por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así a las autoridades responsables, conforme lo dispone el numeral 87 de la invocada ley. Tiene aplicación al caso en concreto la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo siete, junio de mil novecientos noventa y ocho, visible en la página setecientos seis, cuyos título y texto son: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. (...)." Así también, es aplicable por analogía jurídica sustancial la tesis jurisprudencial publicada en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo seis, Parte TCC, visible en la página cuatrocientos treinta y cuatro, que reza: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. (...)." Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Desde otro aspecto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo cuarto, séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente, en sus artículos 14 y 21, el juicio de amparo carece de relevancia documental; por tanto, éste es susceptible de destrucción, una vez que cuente, con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Asimismo, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del supracitado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión, transcurridos más de seis meses contados a partir de su archivo será destruible. Por otra parte, considerando que en el incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del ordenamiento invocado, el original del incidente de suspensión, es depurable una vez transcurridos tres años de su archivo, previa conservación de la demanda y de la resolución respecto del otorgamiento de la medida cautelar. Antes de proceder a la destrucción de dicho expediente, se deberán generar los siguientes documentos por duplicado: * Acta y relación de expedientes judiciales, depurados o destruidos firmada por el titular de este tribunal y el secretario designado para dar fe. Lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, posteriormente, deberá remitirse el original del acta de depuración y de los listados de los expedientes respectivos al Centro de Documentación y Análisis y del expediente al Centro Archivístico Judicial. Por otra parte, devuélvanse al Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, dos CD´S correspondientes a la carpeta judicial número *** de su índice, solicitándole el acuse de recibo.
- Principal
En Acapulco de Juárez, Guerrero, a las diez horas con veinte minutos del tres de febrero de dos mil veintiuno, en audiencia pública Benjamín Galván Chávez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de juez, por licencia del Titular, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en la segunda sesión ordinaria celebrada el treinta de diciembre de dos mil veinte, por la Comisión de Receso, que opera también como Comisión Especial, del Consejo de la Judicatura Federal, notificada mediante oficio CR./CJD./002/4321/2020, asistido de Waldo Francisco Reyna Uresti, secretario que autoriza y da fe, en términos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y los diversos 21/2020 y 37/2020, del citado Pleno, relativos, el primero, a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virusCOVID-19, y el último, que reformó el 21/2020, con relación al periodo de vigencia, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. (...) C O N S I D E R A N D O : (...) TERCERO. El Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con adscripción al Distrito Judicial de Tabares; la Agente Encargada de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrita a la Agencia en Delitos Sexuales y Violencia intrafamiliar; Coordinadores de Zona de la Policía Ministerial del Estado, responsable de la Coordinación Regional-Acapulco y los adscritos a los Sectores Coloso, Barrios Históricos, Garita, Renacimiento, Zapata y Jardín, todos residentes en esta ciudad, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar tales manifestaciones. Ahora, dichas negativas correspondía desvirtuarlas a la parte quejosa en razón de que es principio general del derecho que los actos negativos no son materia de prueba, por lo que en este caso, se arroja la carga respectiva al agraviado, en términos del arábigo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley, cuyo texto previene que la parte actora debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos, no así la negativa de hechos porque evidentemente no existe materia que probar; razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por ende, es claro que en el caso concreto, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el precepto 63, fracción IV, de la ley de la materia, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia visible en la página doscientos treinta y seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete - dos mil, tomo seis, materia común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. (...)." Y la tesis, consultable en la página novecientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dos, tomo quince, materia común, Novena Época, que reza: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. (...)." En consecuencia, se estima procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del ordinal 63, fracción IV de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El sobreseimiento de mérito se hace extensivo del acto reclamado a los Coordinadores de Zona de la Policía Investigadora Ministerial del Estado adscritos a los Sectores Central y Costa Azul, residentes en esta ciudad, del que no obra en autos sus informes justificados, respectivamente; sin embargo, no es el caso presumir cierto el acto que se le atribuye consistente en la ejecución de la orden de detención, presentación o comparecencia, toda vez que fueron señalados con el carácter de ejecutoras y si la autoridad responsable ordenadora negó la existencia del acto impugnado, es incuestionable que la citada autoridad no puede ejecutar una orden inexistente. Esta determinación encuentra apoyo, además, en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página setenta y tres, tomo nueve, del Semanario Judicial de la Federación, febrero de mil novecientos noventa y dos, materia común, Octava Época, cuyos título y texto son: "AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME DE LAS. (...)." También cobra aplicación la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página trescientos diecisiete, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo décimo tercero, marzo de mil novecientos noventa y cuatro, materia común, Octava Época, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME DE LAS. (...)." No pasa inadvertido para quien aquí resuelve, que el citado Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con adscripción al Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, haya señalado en su informe que a petición del ministerio público se ordenó la citación del quejoso a fin de llevar a cabo la audiencia inicial correspondiente a la formulación de imputación dentro de la carpeta judicial ***, que se le sigue por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria; por lo que, tal circunstancia únicamente confirma que no se ha dictado la orden de detención, presentación o comparecencia a que alude el promovente del amparo. Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los preceptos 73, 74, 75, 76, 119, 123 y 124 de la invocada ley; se, R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, precisados aquéllos y éstas en el resultando tercero...
- Principal
Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurre el término de la vista que se otorgó a las partes en acuerdo de catorce de enero del año en curso, con el informe justificado emitido por el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrito al Sector Jardín, con residencia en esta ciudad, acorde a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo...y la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.
- Principal
... agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrito al Sector Jardín, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, con este dése vista a las partes, en términos del precepto 117 de la invocada ley.
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