Antelmo Flores Muñoz

Expediente 769/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 48 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
769/2017
Año
2017
Actuaciones
48
Última actuación
11/01/2019

Partes del expediente

  • Antelmo Flores Muñoz
  • Directora de Averiguaciones Previas Adscrito A la Procuraduría General de Justicia del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 48.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra del auto dictado el diez de diciembre de dos mil dieciocho; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, y archívese este expediente como asunto concluido. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables, a la Directora de Averiguaciones Previas adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, al Jefe de Departamento de Averiguaciones Previas, adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, Región Sur, y al Agente del Ministerio Público adscrito a la Ciudad de Chiautempan, Tlaxcala; a quienes les reclamó la orden que se dio de mandar su denuncia de hechos, de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil dieciséis, al Ministerio Público de Chiautempan, no obstante que los hechos ocurrieron en Ixtulco, Tlaxcala; y el no ejercicio de la acción penal. Por su parte, la Subjefa del Departamento de Investigación del Delito Región Sur, y el Titular del Departamento de Investigación del Delito, negaron los actos reclamados en virtud de que adujeron no tienen facultades para emitir los actos que se les reclama. Por lo que hace al Agente del Ministerio Público adscrito al Departamento de Investigación del Delito Unidad de Investigación Chiautempan, también negó el acto reclamado consistente en el no ejercicio de la acción penal; y acreditó tal negativa con la copia certificada del oficio número 264/2017, de fecha dos de febrero del año dos mil diecisiete, mediante el cual la averiguación previa 49/2016/CHIAUT-1, la remitió a la Subjefa del Departamento de Investigación del Delito Región Sur, de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala. Por otro lado, de las constancias que obran en el presente juicio se advierte que la Subjefa del Departamento de Investigación del Delito Región Sur, mediante oficio 301/2018, informó que el acta circunstanciada 49/2016/CHIATU-1, de donde derivan los actos reclamados; actualmente la estaba conociendo la licenciada Guadalupe Juárez González, Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Investigación del Delito, en la Mesa de Trámite Única del Sistema Tradicional; quien en cumplimiento al requerimiento que se le formuló remitió copia certificada del acta circunstanciada 49/2016/CIAUT-1, de las cuales se advierte que no existe determinación de no ejercicio de la acción penal (acto reclamado). Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo establece el artículo 2º de la misma ley; al ser expedidas por funcionarios en ejercicio o con motivo de sus atribuciones, donde se observa además, la existencia de sellos, rúbricas, firmas y membretes que para el caso exige la ley. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Al respecto, se considera que en el presente caso, se actualiza una causa de sobreseimiento que reúne las condiciones de ser manifiesta, notoria y eficaz, en aras de cumplir con la celeridad del proceso contemplada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" En efecto, como se precisó, el quejoso reclamó la orden que se dio de mandar su denuncia de hechos, de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil dieciséis, al Ministerio Público de Chiautempan, no obstante que los hechos ocurrieron en Ixtulco, Tlaxcala; y el no ejercicio de la acción penal; sin embargo, tal como ya se vio, dichos actos reclamados no existen, tal como se advierte de las constancias que obran en autos. Máxime que como ya se dijo, quien está conociendo del acta circunstanciada 49/2016/CHIATU-1, de donde derivan los actos reclamados, lo es la licenciada Guadalupe Juárez González, Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Investigación del Delito, en la Mesa de Trámite Única del Sistema Tradicional; y a dicha funcionaria, el hoy quejoso, no lo señaló como autoridad responsable, no obstante que el requerimiento dictado en ese sentido; aunado a que no existe determinación de no ejercicio de la acción penal (acto reclamado). En consecuencia, al actualizarse la causa de sobreseimiento analizada, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin que ello implique, dejar en estado de indefensión al quejoso, toda vez que la referida causa de sobreseimiento quedó debidamente acreditada con las constancias invocadas a la que previo se le concedió pleno valor probatorio; por tanto, reúne las condiciones de ser manifiesta, notoria y eficaz. Determinación a la que se llega, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues la hipótesis de sobreseimiento que sobrevino, es notoria y manifiesta, de manera tal que con ningún otro medio probatorio se puede desvirtuar, por lo que resultaría innecesario y ocioso, pretender aguardar hasta que se verifique la misma para poder resolver el presente asunto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que pase inadvertido la jurisprudencia 1ª/J.49/2017(10ª), publicada el uno de diciembre del año en curso, del rubro y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." No obstante, se considera que en el caso, no tendría caso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para emitir la presente determinación, ya que de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte la inexistencia de los actos reclamados; y que la averiguación previa en cuestión, la está conociendo otra autoridad, a quien el quejoso no la designó como tal, no obstante el requerimiento que se le formuló en ese sentido. En efecto, mediante acuerdo de fecha catorce de marzo del año dos mil dieciocho, se le requirió al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar también como autoridad responsable, a la Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Mesa de Trámite Única del Sistema Tradicional, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna en ese sentido, se seguiría el juicio con las autoridades que señaló en su escrito inicial de demanda. Dicho acuerdo se le notificó el veintiséis de marzo del año en curso, y al no desahogar el requerimiento en cuestión, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo mencionado de fecha catorce de marzo del año en curso. En ese contexto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del día once de diciembre de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables, a la Directora de Averiguaciones Previas adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, al Jefe de Departamento de Averiguaciones Previas, adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, Región Sur, y al Agente del Ministerio Público adscrito a la Ciudad de Chiautempan, Tlaxcala; a quienes les reclamó la orden que se dio de mandar su denuncia de hechos, de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil dieciséis, al Ministerio Público de Chiautempan, no obstante que los hechos ocurrieron en Ixtulco, Tlaxcala; y el no ejercicio de la acción penal. Por su parte, la Subjefa del Departamento de Investigación del Delito Región Sur, y el Titular del Departamento de Investigación del Delito, negaron los actos reclamados en virtud de que adujeron no tienen facultades para emitir los actos que se les reclama. Por lo que hace al Agente del Ministerio Público adscrito al Departamento de Investigación del Delito Unidad de Investigación Chiautempan, también negó el acto reclamado consistente en el no ejercicio de la acción penal; y acreditó tal negativa con la copia certificada del oficio número 264/2017, de fecha dos de febrero del año dos mil diecisiete, mediante el cual la averiguación previa 49/2016/CHIAUT-1, la remitió a la Subjefa del Departamento de Investigación del Delito Región Sur, de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala. Por otro lado, de las constancias que obran en el presente juicio se advierte que la Subjefa del Departamento de Investigación del Delito Región Sur, mediante oficio 301/2018, informó que el acta circunstanciada 49/2016/CHIATU-1, de donde derivan los actos reclamados; actualmente la estaba conociendo la licenciada Guadalupe Juárez González, Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Investigación del Delito, en la Mesa de Trámite Única del Sistema Tradicional; quien en cumplimiento al requerimiento que se le formuló remitió copia certificada del acta circunstanciada 49/2016/CIAUT-1, de las cuales se advierte que no existe determinación de no ejercicio de la acción penal (acto reclamado). Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo establece el artículo 2º de la misma ley; al ser expedidas por funcionarios en ejercicio o con motivo de sus atribuciones, donde se observa además, la existencia de sellos, rúbricas, firmas y membretes que para el caso exige la ley. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Al respecto, se considera que en el presente caso, se actualiza una causa de sobreseimiento que reúne las condiciones de ser manifiesta, notoria y eficaz, en aras de cumplir con la celeridad del proceso contemplada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" En efecto, como se precisó, el quejoso reclamó la orden que se dio de mandar su denuncia de hechos, de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil dieciséis, al Ministerio Público de Chiautempan, no obstante que los hechos ocurrieron en Ixtulco, Tlaxcala; y el no ejercicio de la acción penal; sin embargo, tal como ya se vio, dichos actos reclamados no existen, tal como se advierte de las constancias que obran en autos. Máxime que como ya se dijo, quien está conociendo del acta circunstanciada 49/2016/CHIATU-1, de donde derivan los actos reclamados, lo es la licenciada Guadalupe Juárez González, Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Investigación del Delito, en la Mesa de Trámite Única del Sistema Tradicional; y a dicha funcionaria, el hoy quejoso, no lo señaló como autoridad responsable, no obstante que el requerimiento dictado en ese sentido; aunado a que no existe determinación de no ejercicio de la acción penal (acto reclamado). En consecuencia, al actualizarse la causa de sobreseimiento analizada, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin que ello implique, dejar en estado de indefensión al quejoso, toda vez que la referida causa de sobreseimiento quedó debidamente acreditada con las constancias invocadas a la que previo se le concedió pleno valor probatorio; por tanto, reúne las condiciones de ser manifiesta, notoria y eficaz. Determinación a la que se llega, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues la hipótesis de sobreseimiento que sobrevino, es notoria y manifiesta, de manera tal que con ningún otro medio probatorio se puede desvirtuar, por lo que resultaría innecesario y ocioso, pretender aguardar hasta que se verifique la misma para poder resolver el presente asunto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que pase inadvertido la jurisprudencia 1ª/J.49/2017(10ª), publicada el uno de diciembre del año en curso, del rubro y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." No obstante, se considera que en el caso, no tendría caso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para emitir la presente determinación, ya que de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte la inexistencia de los actos reclamados; y que la averiguación previa en cuestión, la está conociendo otra autoridad, a quien el quejoso no la designó como tal, no obstante el requerimiento que se le formuló en ese sentido. En efecto, mediante acuerdo de fecha catorce de marzo del año dos mil dieciocho, se le requirió al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar también como autoridad responsable, a la Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Mesa de Trámite Única del Sistema Tradicional, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna en ese sentido, se seguiría el juicio con las autoridades que señaló en su escrito inicial de demanda. Dicho acuerdo se le notificó el veintiséis de marzo del año en curso, y al no desahogar el requerimiento en cuestión, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo mencionado de fecha catorce de marzo del año en curso. En ese contexto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del día once de diciembre de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente.***

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional, toda vez que se encuentra pendiente el emplazamiento del tercero interesado Roberto Nava Briones; en consecuencia, para una mejor firmeza del asunto y no violar las leyes del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las nueve horas con cincuenta minutos del once de diciembre del año en curso, para que tenga verificativo. Notifíquese.

Quedan 44 actuaciones en este expediente

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