Annel Yolanda Sánchez Hernández

Expediente 636/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
636/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2020

Partes del expediente

  • Annel Yolanda Sánchez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto de seis de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó el escrito inicial de la demanda de amparo; no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Se ordena archivo. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Existencia de documentos. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, existen documentos catalogados como no originales que exhibió la parte quejosa en su escrito de demanda, respecto de los cuales se autoriza su devolución en caso de que así lo solicite. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, seis de noviembre de dos mil veinte.  Se reciben constancias por incompetencia. Por recibido el oficio 18952/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por el que, en cumplimiento al auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se remiten los autos del juicio de amparo 598/2020-3 de su registro y anexos, promovido por **************, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala y otra autoridad.  Acepta competencia y se avoca del conocimiento del presente asunto. En consecuencia, se acepta la competencia declinada para conocer del asunto de que se trata, por lo que se avoca del conocimiento de este.  Acusa recibo. Acúsese recibo mediante atento oficio que se envíe vía interconexión a la autoridad oficiante.  Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 636/2020-VI.  Se desecha demanda. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En este caso, se advierte que la quejosa reclama la falta de emplazamiento de su fallecido padre ********** al juicio ejecutivo mercantil ************ del registro del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. Al respecto, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo1, pues el acto que se reclama no vulnera algún derecho subjetivo de la quejosa. De acuerdo con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5 de la Ley de Amparo2, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado. Así, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emita, la parte quejosa en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Esto es, tratándose del interés jurídico, debe demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditar: a) que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Es menester precisar que, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; es decir, debe demostrar su interés jurídico. Acorde con lo anterior, la aquí quejosa carece interés jurídico para reclamar la falta de emplazamiento de su fallecido padre ******** al juicio ejecutivo mercantil ************ del registro del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala; de conformidad con las consideraciones que enseguida se exponen. El referido juicio ejecutivo mercantil lo promovió *********, endosatario en procuración de ************, en contra de ************* (madre de la quejosa). Por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, la parte actora solicitó que se llamara al procedimiento de remate que se desahoga en dicho sumario, a la sucesión a bienes de ***********, dado que dicha persona era copropietaria del inmueble embargado en ese juicio. Al tener noticia de lo anterior, la quejosa promovió la demanda de amparo que nos ocupa, por propio derecho, en virtud de que considera que se afectarían los derechos que podría tener -en lo futuro- sobre los bienes de sus progenitores ******** e ******* En particular, es importante destacar las siguientes manifestaciones vertidas en la demanda de amparo: 2.- Después de la muerte de mi señor padre mi hermana *************** recibió en mi domicilio el día trece de octubre del dos mil veinte, una notificación la cual anexo (COMO ANEXO NUMERO DOS) donde solicitan a mi señora madre la señora ***************, dé contestación en un término de tres días y de igual forma se solicita que se llame a procedimiento de remate a la sucesión a bienes del señor ***********dentro del expediente ************** del Juzgado Tercero de Distro (sic) en el estado de Tlaxcala. Hago de su conocimiento que no existe dicha sucesión debido a que mis hermanos y la de la voz no tenemos necesidad alguna de solicitarla. 4.- El acto me afecta de manera directa toda vez que los bienes de los señores **********, he (sic) **********son susceptibles a reclamar en una sucesión testamentaria o intestamentaria cada quien, por su respectiva parte alícuota de la propiedad tal y como lo establece en la copias certificadas de la propiedad de los antes mencionados la cual anexo (COMO ANEXO NUMERO TRES) uno desde el momento de su fecha de defunción son susceptibles, y los de la segunda en el momento que decida testar dicha propiedad a favor de sus herederos.. Como se puede ver, la propia justiciable reconoce bajo protesta de decir verdad que no se ha tramitado la sucesión a bienes de su padre **********, y que acude a la presente instancia constitucional en virtud de que de continuarse el procedimiento en el juicio ejecutivo mercantil ******** del registro del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, se afectarían bienes que en un futuro podría heredar de sus progenitores. Así, es dable establecer que hasta este momento la quejosa no cuenta con un derecho subjetivo que pueda ser vulnerado por el acto de autoridad que reclama, en tanto que los bienes que podrían ser afectados pertenecen a sus progenitores *********** e ********** , y no le han sido transmitidos de alguna forma. De manera que la quejosa únicamente tiene la expectativa de que en algún momento herede parte de los bienes de su madre y padre, y entre estos, se encuentre el inmueble embargado en el juicio ejecutivo mercantil ************ del registro del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. Es decir, al acudir a la presente instancia constitucional la quejosa no tiene incorporado algún derecho que pueda ser afectado por el procedimiento mercantil mencionado y, en todo caso, si con posterioridad se aperturara la sucesión a bienes de ********** será hasta el momento en que se le reconozca el carácter de heredera o albacea, que se incorporara a su esfera jurídica el derecho de propiedad sobre el inmueble antes mencionado. En este punto no se inadvierten los criterios jurisprudenciales que indican que el interés jurídico puede acreditarse hasta la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, en el caso que nos ocupa no es factible estimar que durante la tramitación del juicio se pudiera acreditar dicho interés, en la medida que hasta este momento no se ha aperturado la sucesión a bienes de ********** como lo expresa bajo protesta de decir verdad la quejosa y por tanto, hasta que se inicie dicho procedimiento, se podría considerar que la quejosa contaría con un derecho subjetivo susceptible de ser vulnerado por un acto de autoridad. En el entendido de que, para determinar la existencia de esa posible afectación debe tomarse en cuenta la fecha en que se presenta la demanda de amparo; pues hasta este momento la vulneración de un derecho que la quejosa podría incorporar a su esfera jurídica, es un acontecimiento futuro del que no se puede tener certeza que se realice, pues como la propia quejosa lo manifestó, desde que falleció su padre no se ha iniciado el procedimiento de sucesión y como lo también lo afirma no se tiene la intención de promoverlo. Luego, es factible afirmar que la quejosa no tiene un derecho subjetivo que se vea afectado por el acto de autoridad -falta de emplazamiento de su fallecido padre **********, dado que para ello se requiere que acuda en representación de la sucesión a bienes de dicha persona y, en el caso de que con posterioridad ocurra esa circunstancia, será hasta ese momento en que podría verse afectada su esfera de derechos, por lo que una demanda presentada con anterioridad a ese momento, implicaría una inexistencia de los actos reclamados. De esta manera se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico para promover el amparo. En tanto que al tratarse de actos provenientes de una autoridad jurisdiccional no puede oponerse un interés legítimo y, por ende, es innecesario examinar si en el caso la quejosa cuenta con este. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 61, fracción XII, en relación con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, a contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio.  Del domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; por tanto, con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la tesis XXII. 1°. 22K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que dice: Época: Novena Época Registro: 195064 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Diciembre de 1998 Materia(s): Común Tesis: XXII.1o.22 K Página: 1067 NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público.  Autorizados en términos restringidos. Como lo solicita la promovente, se tiene autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir toda clase de notificaciones e imponer de los autos, a las personas que indica por así solicitarlo expresamente.  Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.  Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna.  Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por lista.

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