Anselmo Flores Sánchez
Expediente 182/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 182/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Anselmo Flores Sánchez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda amparo promovida por ------------, por su propio derecho, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículo 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres año de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Por tanto, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo, y a criterio de este Juzgado el presente asunto no es de suma relevancia, pues carece de valor jurídico o histórico para su conservación. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26, FRACCION III, 27, FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRONICA OFICIAL A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 19/3/2021, QUE DICE:Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ------------, por su propio derecho, contra actos del Juez Décimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 182/2021-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, en el caso se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4 publicada en la página 890, tomo VII, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Establecido lo anterior, debe decirse que de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo, se observa que en el caso se reclama de la autoridad responsable Juez Décimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México: El acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente 72/2017, relativo al juicio sucesorio a bienes de Elisa Sánchez Viorato, en el cual el juez familiar no acordó de conformidad dar trámite al recurso de queja interpuesto por el aquí quejoso, en contra del auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, emitido dentro del juicio de referencia. Por lo tanto, en el caso es notorio y manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, referente a antes de interponer el juicio de amparo, se deben agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame (principio de definitividad). Al respecto, el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". Esta fracción, regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo. Así, antes de acudir a la justicia federal mediante la presentación de una demanda de amparo, la parte quejosa que sea parte dentro de un procedimiento judicial, debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios, por los cuales, el acto que pretende reclamar, pueda ser modificado, revocado o nulificado; lo cual es conocido como principio de definitividad. Lo anterior encuentra su fundamento en las fracciones III y IV del artículo 107 constitucional, que conceptúan al juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, es por ello que antes de promoverlo, la parte quejosa debe acudir a las instancias que puedan dejar insubsistente el acto de autoridad que produce la afectación, salvo las excepciones previstas en la fracción transcrita; de lo contrario, es decir, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante las autoridad naturales, a fin de que éstas agoten su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades del Juez ordinario. Además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente o recurso respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo directo que en su caso se promueva. No obstante la fracción citada, establece ciertas excepciones a la obligación de acatar el principio de definitividad: la primero, alude a los terceros extraños quienes no están obligados a agotar recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, según lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo en el presente caso, éste no se actualiza, ya que el quejoso manifestó ser parte dentro del procedimiento natural al tener reconocida su calidad de heredero. El segundo supuesto de excepción, se refiere a aquellos casos en que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; mismo que tampoco se actualiza, ya que en el caso el acto impugnado se trata de un auto dictado dentro de un juicio sucesorio en el que no se dio trámite a un recurso de queja, lo cual evidencia que tampoco se actualiza el tercer supuesto, ya que el acto reclamado de ninguna manera implica la privación de la libertad del quejoso. Establecido lo anterior, es preciso referir que era exigible que el quejoso, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agotara el recurso ordinario previsto en el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual se encontraba a su alcance, dado que se trata de una de las partes formales dentro de la controversia de origen, dicho precepto establece: "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." Lo cual evidencia que, en contra del proveído aquí combatido, se debió interponer recurso de revocación, el cual se encuentra regulado en los artículo 1.362 a 1.365 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, pues se trata de un medio idóneo, a través del cual se pudo haber modificado, revocado o nulificado la determinación reclamada. En efecto, el quejoso, quien según su dicho tiene reconocido el carácter de heredero en el juicio sucesorio de origen debió haber recurrido el auto reclamado ante la propia autoridad que la emitió, a través del referido medio ordinario de defensa. Consecuentemente, al haberse advertido que el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye un acuerdo emitido en un juicio sucesorio, en el cual el juez familiar no acordó de conformidad dar trámite al recurso de queja interpuesto por el aquí quejoso en contra de un diverso auto que no admitió un incidente genérico en donde se hacía notar que la decujus utilizaba indistintamente su nombre de casada y de soltera; resulta claro que en su contra se debió promover el recurso de revocación, dado que a través de ese medio de defensa legal puede lograr la modificación, revocación o nulificación de esa determinación, y para el caso de haberle sido desfavorable la resolución del recurso, entonces tendría expedito su derecho para acudir al juicio de amparo. Por lo tanto al no haberlo hecho así, no se agotó el principio de definitividad, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; y por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, promovida por ----------, por su propio derecho. En diverso aspecto, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en avenida ----------------, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.------ En términos del último párrafo del numeral 21, de la Ley de la materia, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, practique las notificaciones que deriven del presente trámite, en días y horas inhábiles. Se hace destacar que el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para dar materialidad a las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo; y en ese mismo sentido, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo la notificación ordenada en el presente auto deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que señala el promovente en su escrito de demanda únicamente para oír y recibir notificaciones, valores y documentos e imponerse de autos, hasta en tanto acrediten tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, se hace del conocimiento del promovente el número telefónico del Secretario encargado del asunto Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber 5553870500, extensión 1392, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la promovente, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. En otro orden de ideas, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual manera, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente al promoverte.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ------------, por su propio derecho, contra actos del Juez Décimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 182/2021-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, en el caso se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4 publicada en la página 890, tomo VII, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Establecido lo anterior, debe decirse que de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo, se observa que en el caso se reclama de la autoridad responsable Juez Décimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México: El acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente 72/2017, relativo al juicio sucesorio a bienes de Elisa Sánchez Viorato, en el cual el juez familiar no acordó de conformidad dar trámite al recurso de queja interpuesto por el aquí quejoso, en contra del auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, emitido dentro del juicio de referencia. Por lo tanto, en el caso es notorio y manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, referente a antes de interponer el juicio de amparo, se deben agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame (principio de definitividad). Al respecto, el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". Esta fracción, regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo. Así, antes de acudir a la justicia federal mediante la presentación de una demanda de amparo, la parte quejosa que sea parte dentro de un procedimiento judicial, debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios, por los cuales, el acto que pretende reclamar, pueda ser modificado, revocado o nulificado; lo cual es conocido como principio de definitividad. Lo anterior encuentra su fundamento en las fracciones III y IV del artículo 107 constitucional, que conceptúan al juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, es por ello que antes de promoverlo, la parte quejosa debe acudir a las instancias que puedan dejar insubsistente el acto de autoridad que produce la afectación, salvo las excepciones previstas en la fracción transcrita; de lo contrario, es decir, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante las autoridad naturales, a fin de que éstas agoten su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades del Juez ordinario. Además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente o recurso respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo directo que en su caso se promueva. No obstante la fracción citada, establece ciertas excepciones a la obligación de acatar el principio de definitividad: la primero, alude a los terceros extraños quienes no están obligados a agotar recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, según lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo en el presente caso, éste no se actualiza, ya que el quejoso manifestó ser parte dentro del procedimiento natural al tener reconocida su calidad de heredero. El segundo supuesto de excepción, se refiere a aquellos casos en que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; mismo que tampoco se actualiza, ya que en el caso el acto impugnado se trata de un auto dictado dentro de un juicio sucesorio en el que no se dio trámite a un recurso de queja, lo cual evidencia que tampoco se actualiza el tercer supuesto, ya que el acto reclamado de ninguna manera implica la privación de la libertad del quejoso. Establecido lo anterior, es preciso referir que era exigible que el quejoso, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agotara el recurso ordinario previsto en el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual se encontraba a su alcance, dado que se trata de una de las partes formales dentro de la controversia de origen, dicho precepto establece: "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." Lo cual evidencia que, en contra del proveído aquí combatido, se debió interponer recurso de revocación, el cual se encuentra regulado en los artículo 1.362 a 1.365 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, pues se trata de un medio idóneo, a través del cual se pudo haber modificado, revocado o nulificado la determinación reclamada. En efecto, el quejoso, quien según su dicho tiene reconocido el carácter de heredero en el juicio sucesorio de origen debió haber recurrido el auto reclamado ante la propia autoridad que la emitió, a través del referido medio ordinario de defensa. Consecuentemente, al haberse advertido que el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye un acuerdo emitido en un juicio sucesorio, en el cual el juez familiar no acordó de conformidad dar trámite al recurso de queja interpuesto por el aquí quejoso en contra de un diverso auto que no admitió un incidente genérico en donde se hacía notar que la decujus utilizaba indistintamente su nombre de casada y de soltera; resulta claro que en su contra se debió promover el recurso de revocación, dado que a través de ese medio de defensa legal puede lograr la modificación, revocación o nulificación de esa determinación, y para el caso de haberle sido desfavorable la resolución del recurso, entonces tendría expedito su derecho para acudir al juicio de amparo. Por lo tanto al no haberlo hecho así, no se agotó el principio de definitividad, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; y por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, promovida por ----------, por su propio derecho. En diverso aspecto, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en avenida ----------------, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.------ En términos del último párrafo del numeral 21, de la Ley de la materia, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, practique las notificaciones que deriven del presente trámite, en días y horas inhábiles. Se hace destacar que el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para dar materialidad a las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo; y en ese mismo sentido, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo la notificación ordenada en el presente auto deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que señala el promovente en su escrito de demanda únicamente para oír y recibir notificaciones, valores y documentos e imponerse de autos, hasta en tanto acrediten tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, se hace del conocimiento del promovente el número telefónico del Secretario encargado del asunto Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber 5553870500, extensión 1392, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la promovente, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. En otro orden de ideas, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual manera, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente al promoverte.
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