Anita Teresa Lago Cereceda

Expediente 670/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
670/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
05/08/2021

Partes del expediente

  • Comisión Federal de Electricidad
  • Anita Teresa Lago Cereceda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Anita Teresa Lago Cereceda, por su propio derecho, HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido, toda vez que no existe diligencia ni trámite pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su Capítulo Segundo, artículo 6, fracción II; y, Capítulo Octavo, numeral 21, inciso b), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En atención a lo anterior, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Aunado a ello, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Por otra parte, con fundamento en el referido artículo 21 del señalado Acuerdo General, se dejan a disposición de la parte quejosa las documentales que exhibió conjuntamente con su demanda de amparo, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada de las mismas; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlas en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. Finalmente, se precisa que para poder acudir a recoger las documentales de referencia, conforme a los artículos 3 y 4 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el apartado "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  2. Principal

    CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ------, por su propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 670/2021-VII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo se dará lugar a la postergación de su apertura". De lo transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al tramitarse en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, razón por la cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1.- El escrito inicial de demanda contiene irregularidades. 2.- Si se hubiere omitido en él alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo, consistentes en: Articulo 108.- La demanda de amparo de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que expresara: I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlos así bajo protesta de decir verdad. III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la Ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o su publicación, el quejoso deberá señalaras con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VI. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; Los conceptos de violación." 3.- Si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado. 4.- Si no se hubieren exhibido las copias que señala el artículo 110 de la Ley de Amparo. 5.- Si el libelo de garantías contiene tales requisitos pero éstos fueren deficientes. Después de estudiar en forma integral la demanda de amparo, con apoyo en lo previsto en el artículo 108 y 114, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a la quejosa Anita Teresa Lago Cereceda para que dentro del plazo de CINCO DIAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias, realice lo siguiente: Precise qué acto reclama en esta instancia constitucional. Ello, toda vez que en el capítulo correspondiente, señala de forma genérica que lo es la privación de energía eléctrica en su domicilio, mientras que en sus antecedentes y conceptos de violación refiere que la autoridad responsable ha sido omisa en contestar el escrito que le presentó el doce de julio de dos mil veintiuno. Aunado a ello, también la parte quejosa solicita que no se le corte el suministro de energía eléctrica, aun cuando no cubra la cantidad de $58,084.35 (cincuenta y ocho mil ochenta y cuatro pesos 35/100 moneada nacional), pues precisa que con anterioridad a ello, ya se le hicieron unos cargos que no estuvieron ajustados al consumo de energía eléctrica que le fue proporcionado. Luego, entre los anexos que adjuntó a su demanda de amparo, se observa que exhibió el aviso de cobro por ajuste a la facturación con número 865/2021, de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en el que se estableció que la aquí quejosa, en atención al contrato que tiene celebrado con la responsable, debe cubrir la cantidad que se señaló en el párrafo que antecede, por lo que genera incertidumbre si lo que real mente reclama en este asunto es ese aviso de cobro. Aunado a ello, en la parte relativa al capítulo de suspensión del acto reclamado, solicita que esta se deberá conceder para el efecto de que se le permita seguir con sus actividades laborales y cotidianas en el inmueble de la quejosa como siempre lo ha hecho, lo que a consideración de este órgano federal no guarda relación con el corte de suministro de energía eléctrica que previamente indicó. De ahí que, la parte quejosa deberá indicar concretamente qué acto reclama en este asunto, a fin de estar en posibilidades de integrar la litis constitucional, y estar en posibilidad de acordar lo que conforme a derecho corresponda. Para el caso de que la quejosa reclame el aviso de cobro por ajuste a la facturación con número 865/2021, de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, deberá manifestar si es su deseo señalar como responsable al Responsable de la Zona Comercial Naucalpan de la División Valle de México Norte de la Comisión Federal de Electricidad, ya que se advierte que fue quien lo emitió, sin que se haya señalado como responsable. Bajo protesta de decir verdad, deberá manifestar si a la fecha ya le fue suspendido el suministro de energía eléctrica, ya que de unas partes de su demanda se observa que ello ya se llevó a cabo, mientras que en otras indica que lo que pretende es evitar dicho corte de servicio. Asimismo, deberá exhibir cinco copias de su escrito de desahogo, a fin de correr traslado a igual número de partes en el asunto. Se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento al requerimientos insertos en los numerales uno, tres y cuatro, del presente proveído, dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, mientras que de no atender el diverso marcado con el número dos se tendrá como autoridad responsable únicamente a la señalada en el escrito de demanda. Igualmente, se hace del conocimiento a la parte quejosa y a sus autorizados que la información que se desprenda de las manifestaciones que viertan serán confrontada con las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, se les impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización, de conformidad con el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, del cual se desprende la sanción correspondiente cuando se afirmen hechos falsos. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en ----------------, Naucalpan de Juárez Estado de México.-------------- Por tanto, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que, de ser necesario en días y horas inhábiles lleve a cabo las diligencias que deriven del asunto, de conformidad con el numeral 21 de la legislación de la materia, además deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se autoriza a Tomas Lepe Escobar, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al tener registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que en relación a las demás personas que autoriza, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les tiene únicamente para oír y recibir notificaciones, y recoger documentos, hasta en tanto, acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. También, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónicos hbooctavio_12@hotmail.com, y el número telefónico 5540311869, para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, sin que esto implique que tales medios se tengan para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así, en virtud de que para el caso de que la parte quejosa pretenda recibir notificaciones de manera electrónica debe solicitarlo de manera expresa conforme a los artículos 3° y 26, fracción IV, de la ley en cita.. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales . Aunado a ello, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Jesús Facio Rodríguez, siendo el número 55 53870500, extensión 1387, para la atención del presente asunto, en un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ----------, mediante el cual desahoga la prevención formulada el doce de julio del presente año; por tanto, provéase lo que conforme a derecho corresponda, respecto de la demanda de amparo de que se trata. Atento a lo anterior, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Anita Teresa Lago Cereceda, por su propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad y otra autoridad responsable, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Establecido lo anterior, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se observa que en el caso se reclama: El cobro por el ajuste de facturación de fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, contenido en el oficio 865/2021. Como consecuencia de lo anterior, la posible suspensión del servicio de energía eléctrica, ante la falta de pago del cobro por ajuste de facturación. En virtud de lo anterior, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 103 fracción I Constitucional y el artículo 1 fracción I y 5 fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite .Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas para su protección por la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." De lo anterior, se desprende que será autoridad responsable para efectos del amparo -con independencia de su naturaleza formal y poniendo énfasis en su actuación material- la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto y que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, pudiendo recaer dicho carácter en los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En relación con lo anterior, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País consideró que en términos del artículo 1º del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, esta última es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme a los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva y que se encuentra regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada. También estableció que todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado. Sin embargo, la nueva normatividad, obliga a analizar si en la actualidad, las funciones que realiza la Comisión Federal de Electricidad, constituyen actos desplegados por el Estado, en tanto que ahora, la legislación secundaria prevé que la comercialización de la energía eléctrica ya no es una actividad exclusiva de aquél, sino que entra en un régimen de libre competencia comercial. En ese sentido, los artículos 1, 4 y 5 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, la cual entró en vigor al día siguiente conforme a su artículo primero transitorio, establecen lo siguiente: "Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. Las disposiciones de esta ley son de interés social y orden público. Esta ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes. Artículo 4. El suministro eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional son de utilidad pública y se sujetarán a obligaciones de servicio público y universal en términos de esta ley y de las disposiciones aplicables, a fin de lograr el cabal cumplimiento de los objetivos establecidos en este ordenamiento legal. Son consideradas obligaciones de servicio público y universal las siguientes: I. Otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución en términos no indebidamente discriminatorios; II. Ofrecer y prestar el suministro eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad; III. Cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable establecidas en el capítulo II del título cuarto de esta Ley; IV. Contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico, conforme a lo señalado en el artículo 114 de esta ley; V. Cumplir con las obligaciones en materia de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes que al efecto se establezcan en las disposiciones aplicables, y VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y servicios conexos al mercado Eléctrico Mayorista basado en los costos de producción conforme a las reglas del mercado y entregar dichos productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible, sujeto a las instrucciones del CENACE. Artículo 5. El Gobierno Federal, los generadores, los transportistas, los distribuidores, los comercializadores, los usuarios calificados participantes del mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En lo no previsto por esta ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal. Por su parte, los numerales 1, 2, 3, 4, párrafo segundo, 7, 82 y 118, así como el artículo primero y tercero transitorio, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en vigor, publicada el once de agosto de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, disponen: "Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 25, párrafo cuarto, de la Constitución y del transitorio vigésimo del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, es de interés público y tiene por objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad, así como establecer su régimen especial en materia de: I. Empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; II. Remuneraciones; III. Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras; IV. Bienes; V. Responsabilidades; VI. Dividendo estatal; VII. Presupuesto, y VIII. Deuda. Artículo 2. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente ley. La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero. Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. Artículo 4. La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. Artículo 5. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades siguientes: I. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía; II. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto; IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables; V. La investigación y desarrollos tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados; VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto. La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el país o en el extranjero. Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda. Artículo 82. Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable. Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte. Tratándose de actos jurídicos o contratos que surtan sus efectos o se ejecuten fuera del territorio nacional, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto. . PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto siguientes. TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica." En relación con la entrada en vigor de dicha ley, mediante publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil quince, la Secretaría de Energía realizó la siguiente declaratoria: "ARTÍCULO ÚNICO.- La Secretaría de Energía declara que se encuentra en funciones el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y están en operación los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas que prevé la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. TRANSITORIO ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." De los artículos transcritos, los cuales, se encuentran vigentes a partir del diecisiete de febrero de dos mil quince, fecha en que entró en vigor el acuerdo por el que inicia sus funciones el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, se advierte que la comercialización de la energía eléctrica ya no es una actividad exclusiva del Estado, en tanto que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Esto es, la comercialización de la energía eléctrica podrá prestarse incluso, por un particular, siempre que éste cuente con el permiso necesario para ofrecer el suministro eléctrico, en términos del artículo 3, fracción XLV, de la citada Ley de la Industria Eléctrica. De esta manera, la prestación del servicio de energía eléctrica podrá llevarse a cabo a través de una persona distinta de la Comisión Federal de Electricidad, en términos del artículo 51 de la citada ley, el cual dispone: "Artículo 51. Previo al inicio del Suministro Básico o Suministro Calificado, el Usuario Final deberá celebrar un contrato de suministro con un Suministrador. Dichos contratos deberán cumplir con las condiciones generales para la prestación del Suministro Eléctrico y, en el caso del Suministro Básico, deberán ser registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor. El Suministro de Último Recurso se preverá en los contratos de Suministro Calificado y los contratos de Participante de Mercado que celebren los Usuarios Calificados." Por otro lado, conforme a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, ésta constituye ahora una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, la cual tiene por objeto prestar el servicio público de trasmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, así como llevar a cabo las actividades relacionadas con la generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, y que tiene como fin el desarrollo de las actividades empresariales, económicas industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. Lo hasta aquí expuesto, permite llegar a la conclusión que si bien los actos que realice la Comisión Federal de Electricidad, relacionados con su obligación de prestar el servicio público de energía eléctrica, son de orden público, ya no pueden entenderse como actos desplegados por el Estado. Lo anterior es así, pues ese servicio ya no es facultad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad, dado que si bien en el desarrollo de su actividad de generar, conducir, transformar, distribuir y vender energía eléctrica, actúa bajo un marco legal establecido, lo cierto es que ahora, al menos en la comercialización de la energía eléctrica, son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Derivado de lo anterior, ya no puede afirmarse que los actos que emite la Comisión Federal de Electricidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica constituyen actos administrativos, debido a que por disposición de la ley, ya no emanan de un ente del Estado, pues como se dijo, ahora se considera a la citada Comisión como una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal y ya no cuenta con la función pública exclusiva consistente en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Por tanto, si bien en la suscripción del contrato de suministro de energía eléctrica el usuario se somete a las condiciones que dicte la ley, debe tomarse en cuenta que la Comisión Federal de Electricidad ya no es el único que presta el servicio de energía eléctrica y, por tanto, el usuario no debe someterse por completo a las disposiciones que dicte el ente oficial en los contratos, pues ahora podrá obtener el servicio de energía eléctrica a través de un tercero, de ahí que su relación sea de coordinación en un plano de igualdad y no de supra a subordinación, pues es claro que la citada Comisión no puede imponer ahora en forma unilateral y obligatoria sus determinaciones sujetas al régimen de la libre competencia. Así podemos advertir que la relación jurídica de la cual emana el acto reclamado, es entre el particular en su carácter de usuario del servicio de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad, la cual como ya se mencionó no es una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, ya que es originado a través de un acuerdo de voluntades donde ambos adquieren derechos y obligaciones (esto es el contrato de suministro de energía eléctrica), y, al utilizar energía que no ha sido facturada, como se estableció en su contrato de suministro de energía eléctrica, el acto que ahora se reclama, es mera consecuencia de ello Precisado lo anterior, conviene traer a colación lo que establecen los artículos 3, 7, 82 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, anteriormente transcritos, de los que se desprende que el legislador dispuso expresamente que a los actos que emita la Comisión Federal de Electricidad le son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por tal motivo, sólo los actos administrativos son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. El resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos de solución de conflictos, tales como el arbitraje, que pacten las partes. En esas condiciones, la aquí quejoso cuenta con la vía ordinaria mercantil para hacer valer sus derechos, según lo establecido por los artículos 5, segundo párrafo, de la Ley de la Industria Eléctrica, y 3, primer párrafo y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. En ese sentido, la nueva regulación en cuanto al servicio de energía eléctrica incide en la naturaleza de los actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad y, por ende, en que ya no puedan considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo. Consecuentemente y contrariamente a lo alegado por la quejosa su pretensión constitucional es inviable, debido a que el acto que combate deriva del servicio de suministro de energía eléctrica, el cual es de naturaleza mercantil en términos de lo dispuesto en la nueva legislación que regula la materia de energía eléctrica (Ley de la Industria Eléctrica). Lo anterior queda de manifiesto de la lectura de los hechos narrados por la quejosa en la demanda de amparo, así como, en el escrito mediante el cual desahogó la prevención formulada por este juzgado federal ya que resulta claro que la controversia suscitada entre la quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, señalada como autoridad responsable no corresponde a un acto de autoridad, sino al cumplimiento del Contrato de Suministro de Energía Eléctrica que rige la relación contractual existente entre las partes, tal como se expone en el Aviso de cobro por ajuste a la facturación contenida en el oficio 885/2021, en el que categóricamente se indicó que dicho ajuste deriva del contrato que tienen firmado las partes, en tanto que también la quejosa anexó dicho contrato a su demanda de amparo. Correspondiendo a la quejosa plantear ante las autoridades correspondientes la demanda que en su caso formalice en contra de su prestador de servicios de energía eléctrica; no siendo la vía idónea el juicio de amparo, por los motivos ya expuestos con anterioridad, al no ser la Comisión Federal de Electricidad autoridad responsable para los efectos del amparo cuando la conducta que se le atribuye forma parte de la relación comercial existente entre las partes, tal como ocurre en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia, libro 53, abril de 2018, tomo I, página 532, cuyo contenido es el siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Así como la diversa 2a./J. 156/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 50, enero de 2018, tomo I, página 336, del siguiente contenido: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." En ese orden, debe señalarse que los criterios jurisprudenciales que definen específicamente la naturaleza de los actos reclamados en una demanda de amparo a la Comisión Federal de Electricidad, son una causa clara que justifica el desechamiento del asunto, pues es inconcuso que si la naturaleza de dichos actos ha sido determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia, de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, no hay ninguna posibilidad de que dicho obstáculo declarado por el Máximo Tribunal para entrar al estudio del fondo del asunto, sea superado. Ello es así, pues el artículo 217 de la Ley de Amparo, regula la obligatoriedad de los criterios sustentados por el Alto Tribunal, respecto de la constitucionalidad o la convencionalidad de previsiones legales, protegiéndose de esta forma el derecho humano de seguridad y certeza jurídicas, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Por lo que, la jurisprudencia es de observancia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país, incluido, desde luego, este juzgado de Distrito, por disposición expresa del artículo 217 de la Ley de Amparo. Razón por la que al ser un tema sobre el que ya se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que ha fijado las bases en jurisprudencia respecto de la Comisión Federal de Electricidad, en tratándose de autoridad para efectos del juicio de amparo, llegando a la conclusión que no se acredita la relación de supra a subordinación, tal como ya fue desarrollado en la presente determinación, tomando en consideración lo dispuesto por el Alto Tribunal. Consideraciones que encuentran sustento en lo expuesto en la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, febrero de 2019, tomo I, página 1008, que es del siguiente contenido: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Por todo lo antes expuesto, lo aquí reclamado no es un acto de autoridad para efectos del presente juicio de amparo, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo en relación con el 103 Constitucional fracción I, artículo 1º, fracción I y 5° fracción II, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo, promovida por --------, por su propio derecho. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -------------, por su propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 670/2021-VII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo se dará lugar a la postergación de su apertura". De lo transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al tramitarse en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, razón por la cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1.- El escrito inicial de demanda contiene irregularidades. 2.- Si se hubiere omitido en él alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo, consistentes en: Articulo 108.- La demanda de amparo de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que expresara: I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlos así bajo protesta de decir verdad. III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la Ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o su publicación, el quejoso deberá señalaras con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VI. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; Los conceptos de violación." 3.- Si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado. 4.- Si no se hubieren exhibido las copias que señala el artículo 110 de la Ley de Amparo. 5.- Si el libelo de garantías contiene tales requisitos pero éstos fueren deficientes. Después de estudiar en forma integral la demanda de amparo, con apoyo en lo previsto en el artículo 108 y 114, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a la quejosa Anita Teresa Lago Cereceda para que dentro del plazo de CINCO DIAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias, realice lo siguiente: Precise qué acto reclama en esta instancia constitucional. Ello, toda vez que en el capítulo correspondiente, señala de forma genérica que lo es la privación de energía eléctrica en su domicilio, mientras que en sus antecedentes y conceptos de violación refiere que la autoridad responsable ha sido omisa en contestar el escrito que le presentó el doce de julio de dos mil veintiuno. Aunado a ello, también la parte quejosa solicita que no se le corte el suministro de energía eléctrica, aun cuando no cubra la cantidad de $58,084.35 (cincuenta y ocho mil ochenta y cuatro pesos 35/100 moneada nacional), pues precisa que con anterioridad a ello, ya se le hicieron unos cargos que no estuvieron ajustados al consumo de energía eléctrica que le fue proporcionado. Luego, entre los anexos que adjuntó a su demanda de amparo, se observa que exhibió el aviso de cobro por ajuste a la facturación con número 865/2021, de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en el que se estableció que la aquí quejosa, en atención al contrato que tiene celebrado con la responsable, debe cubrir la cantidad que se señaló en el párrafo que antecede, por lo que genera incertidumbre si lo que real mente reclama en este asunto es ese aviso de cobro. Aunado a ello, en la parte relativa al capítulo de suspensión del acto reclamado, solicita que esta se deberá conceder para el efecto de que se le permita seguir con sus actividades laborales y cotidianas en el inmueble de la quejosa como siempre lo ha hecho, lo que a consideración de este órgano federal no guarda relación con el corte de suministro de energía eléctrica que previamente indicó. De ahí que, la parte quejosa deberá indicar concretamente qué acto reclama en este asunto, a fin de estar en posibilidades de integrar la litis constitucional, y estar en posibilidad de acordar lo que conforme a derecho corresponda. Para el caso de que la quejosa reclame el aviso de cobro por ajuste a la facturación con número 865/2021, de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, deberá manifestar si es su deseo señalar como responsable al Responsable de la Zona Comercial Naucalpan de la División Valle de México Norte de la Comisión Federal de Electricidad, ya que se advierte que fue quien lo emitió, sin que se haya señalado como responsable. Bajo protesta de decir verdad, deberá manifestar si a la fecha ya le fue suspendido el suministro de energía eléctrica, ya que de unas partes de su demanda se observa que ello ya se llevó a cabo, mientras que en otras indica que lo que pretende es evitar dicho corte de servicio. Asimismo, deberá exhibir cinco copias de su escrito de desahogo, a fin de correr traslado a igual número de partes en el asunto. Se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento al requerimientos insertos en los numerales uno, tres y cuatro, del presente proveído, dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, mientras que de no atender el diverso marcado con el número dos se tendrá como autoridad responsable únicamente a la señalada en el escrito de demanda. Igualmente, se hace del conocimiento a la parte quejosa y a sus autorizados que la información que se desprenda de las manifestaciones que viertan serán confrontada con las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, se les impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización, de conformidad con el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, del cual se desprende la sanción correspondiente cuando se afirmen hechos falsos. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en ----------------, Naucalpan de Juárez Estado de México.-------------- Por tanto, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que, de ser necesario en días y horas inhábiles lleve a cabo las diligencias que deriven del asunto, de conformidad con el numeral 21 de la legislación de la materia, además deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se autoriza a Tomas Lepe Escobar, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al tener registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que en relación a las demás personas que autoriza, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les tiene únicamente para oír y recibir notificaciones, y recoger documentos, hasta en tanto, acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. También, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónicos hbooctavio_12@hotmail.com, y el número telefónico 5540311869, para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, sin que esto implique que tales medios se tengan para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así, en virtud de que para el caso de que la parte quejosa pretenda recibir notificaciones de manera electrónica debe solicitarlo de manera expresa conforme a los artículos 3° y 26, fracción IV, de la ley en cita.. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales . Aunado a ello, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Jesús Facio Rodríguez, siendo el número 55 53870500, extensión 1387, para la atención del presente asunto, en un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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