Annemie Hoffmann Sánchez
Expediente 14/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 14/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Annemie Hoffmann Sánchez
- Maria Vásquez Gopar
Actuaciones
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Del estado de autos y de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la promovente de la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad María Vásquez Gopar, para que cumpliera con el requerimiento formulado en proveído de once de mayo del actual; sin que lo hubiere hecho, no obstante su notificación el doce siguiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 3° de la ley de la materia y 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene por no presentado el escrito con folio de recepción 5378. Ahora bien, del estudio de las constancias que obran en este expediente, se advierte que mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y que por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este Municipio, a nombre de María Vásquez Gopar, denunció el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad ********************, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra actos de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), que se hizo consistir en lo siguiente: "III. ACTO POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL INCUMPLIMIENTO: Resolución de fecha catorce de febrero de dos mil veintitrés, con folio ********************, emitida por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por la que se negó la autorización de uso lúdico de cannabis y sus actividades inherentes..." Mediante proveído dictado el once de mayo de dos mil veintitrés, se radicó la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad con el número********************/2023 y se requirió a la promovente para que en diligencia formal manifestara bajo protesta de decir verdad si la firma que calza el escrito presentado a su nombre, fue hecha de su puño y letra y, si, en consecuencia, ratificaba su contenido; sin que lo hubiere hecho. Ahora, cabe señalar que la firma autógrafa es la forma a través del cual se imprime la expresión de la voluntad a toda promoción o acto, es decir, constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente, en virtud de que la finalidad de asentarla es vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. En la especie, al no haber sido reconocido por la parte promovente que la firma que calza el escrito por el que se presentó la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad aludida (el cual contiene al calce una firma que difiere notablemente de la estampada en la credencial expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral), fue hecha de su puño y letra, tampoco ratificó su contenido; es inconcuso que no se acredita la identidad y voluntad de la promovente, por lo que con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, SE TIENE POR NO PRESENTADA la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad promovida en esta instancia. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis 1a. CV/2009 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70, Tomo XXX, Agosto de 2009, Materias(s): Común, Registro digital: 166575, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA EN EL ESCRITO RELATIVO TRAE COMO CONSECUENCIA SU DESECHAMIENTO. Conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. Por otra parte, la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad a toda promoción o acto, es decir, constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente, en virtud de que la finalidad de asentarla es vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. Por tanto, si el escrito de un recurso sin firma o huella digital es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del recurrente de presentarlo, resulta evidente que la falta de firma autógrafa en el recurso de reclamación trae como consecuencia su desechamiento, por incumplimiento de un requisito esencial de validez de la promoción". Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de enero de dos mil veintitrés.********************I. Estado de autos, determinación causa estado.********************Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja, en contra del auto de doce de enero del año en curso (fojas 19 a 26), que desechó la demanda de amparo promovida por ********************, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo.********************En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO; lo anterior, hágase del conocimiento de dicha parte quejosa.********************II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente.******************** En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento.********************Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido.********************Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término.********************Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal.********************III. Anotaciones.********************Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************IV. Se devuelven documentales.********************Considerando que en el expediente se encuentran glosadas diversas constancias exhibidas por la parte quejosa con su demanda de amparo (fojas 4 a 7); por lo que, con fundamento en el artículo 18 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se dejan a disposición de la parte quejosa dichos documentos, por el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído; apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente.********************Notifíquese personalmente a la parte quejosa a través del usuario proporcionado.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de enero de dos mil veintitrés. I. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito firmado por *****, a través del cual cumple con el requerimiento formulado en auto de nueve de enero del año en curso (fojas 8 a 12); en consecuencia, se provee: II. Análisis de la demanda de amparo. Ahora bien, es pertinente señalar que el escrito inicial de demanda y el documento en el que se funde, deben ser analizados en su integridad, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS. En virtud de que la demanda constituye un todo, su interpretación debe ser integral, de manera que si de su contenido se advierte que se expusieron los motivos esenciales de la causa de pedir, y en relación con ellos se hace cita de los documentos fundatorios de la acción, así como de los relacionados con el litigio, exhibiéndolos, debe considerarse que forman parte de la demanda y su contenido, integrado a ella, pues estimar lo contrario implicaría que en la demanda respectiva se tuvieran que reproducir íntegramente todas aquellas cuestiones contenidas en esos medios de convicción, lo cual resultaría tan complejo como innecesario, pues para el juzgador el estudio de la demanda no se limita al escrito inicial, sino que comprende, además, el análisis de los documentos que la acompañan, porque son parte integrante de ella. De no ser así, se podría incurrir en rigorismos tales como el tener documentos base de la acción como los que se relacionen con el litigio" Por tanto, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. Del artículo antes mencionado, se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa Annemie Hoffman Sánchez, señaló como autoridad responsable al titular de la Dirección Financiera, Programación y Presupuestación Administrativa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, de quien reclama: "1. A la autoridad responsable, le reclamo la omisión de responder mi escrito de petición presentado el 17 de febrero de 2017" Asimismo, en el escrito aclaratorio de la demanda, en los antecedentes del acto reclamado la parte quejosa, señaló (fojas 2, 16 a 18): "1. Tengo una relación laboral con el Instituto de Educación Pública de Oaxaca. 2. En el mes de diciembre de dos mil once, celebré un contrato con la empresa ABACO Sociedad Anónima de Capital Variable, por la compra de un vehículo de motor, acordando pagar el proceso con descuentos quincenales en mi nómina como trabajadora del IEEPO. 3. Mediante un acuerdo y previo a los trámites correspondientes, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca empezó en la segunda quincena del año dos mil doce a realizar los descuentos en mi nómina con el código LB por la cantidad de $2,373.00 hasta la primera quincena de enero de dos mil diecisiete, cubriendo en forma total el precio del vehículo adquirido. 4. Al haber cubierto el precio total del vehículo de motor adquirido, acudí ante la empresa ABACO Sociedad Anónima de Capital Variable a realizar el trámite correspondiente para la obtención de mi factura; sin embargo, dicha empresa me manifestó que el IEEPO no realizó los pagos de las quincenas 20, 21, 22, 23 y 24, todos del año dos mil catorce, motivo por lo que, no podían expedirme la factura de mi vehículo de motor. 5. Ante dicha circunstancia, acudí mediante escrito de petición presentado el 17 de febrero de 2017 ante la Dirección Financiera, Programación y Presupuestación Administrativa IEEPO a efecto de que se realice la devolución de los descuentos antes mencionados por la cantidad total de $11,865.00 pesos, para posteriormente depositarlos a la cuenta bancaria de la empresa citada para la expedición de la factura de mi vehículo de motor. 6. A la fecha la autoridad citada no ha respondido mi escrito de petición." Así también, en el escrito aclaratorio de la demanda de amparo, la promovente expuso que tiene una relación laboral con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, ya que actualmente es trabajadora de dicha institución. Establecido lo anterior, se considera que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el primer párrafo del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 1, último párrafo y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente, contra los actos que en esta vía se reclaman y que quedaron señalados. Los citados numerales establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) Ley de Amparo "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Del último de los numerales en cita se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente cuando esa improcedencia surja de una disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribirá, y si bien es cierto que la misma se refirió a la interpretación de la fracción XVIII del artículo 73 de la anterior Ley de Amparo, la redacción de este precepto con el diverso 61, fracción XXIII es idéntica. "AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." De lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Amparo, se desprende que en su último párrafo implementó la procedencia del juicio de amparo contra omisiones por parte de los poderes públicos e incluso de actos de particulares, pues de manera expresa el legislador señaló: "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." A su vez, el artículo 5, fracción II, de la misma ley, se refirió a la autoridad responsable como parte en el juicio de amparo, la que, entre otras cuestiones omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; definiendo además en qué caso se podría considerar a un particular con tal carácter, en específico estableció que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De ello se obtiene que no cualquier acto desplegado por una autoridad es susceptible de análisis a través del juicio de amparo, sino que para que ello sea posible es indispensable que reúna ciertas características, pues debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular. Ahora bien, en el presente caso, como ya se adelantó, la quejosa pretende reclamar del titular de la Dirección Financiera, Programación y Presupuestación Administrativa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la omisión de dar respuesta al escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete (foja 4), donde solicitó la devolución de la cantidad descontada con motivo de la adquisición de un vehículo. Ese descuento, según precisó la quejosa, fue realizado vía nómina a petición de la propia trabajadora, con motivo de un convenio que celebró con el Instituto Estatal de Educación Pública. Bajo ese contexto, es evidente que el escrito que la quejosa dirigió al titular de la Dirección Financiera, Programación y Presupuestación Administrativa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, contiene una solicitud formulada por una trabajadora -aquí quejosa-, a su patrón -Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca-, respecto de una situación generada por una relación laboral, como es el descuento que dicho patrón hizo a la trabajadora vía nómina a efecto de pagar un vehículo de motor a la empresa ABACO, Sociedad Anónima de Capital Variable. Por ende, la omisión reclamada no se sitúa dentro de una relación de un particular en un plano de supra o subordinación en relación con una autoridad en representación del Estado, al no cumplir con las características de unilateralidad, imperio y coercitividad; sino, como se precisó, el acto reclamado emerge dentro de un plano de igualdad, entre trabajador y patrón. De ahí que, en este caso, se insiste los actos controvertidos no pueden considerarse como los dictados por una autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues inexiste el ejercicio de una potestad administrativa, expresión de una relación de supra subordinación, por la que, bajo el imperio de la ley, haya omitido el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría alguna situación jurídica; y por consiguiente está desprovisto de las características que exige el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, pues actúa en un plano de coordinación respecto a la parte quejosa, ya que como lo manifestó mantiene una relación laboral con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. De este modo, como es la propia quejosa quien manifiesta en el escrito aclaratorio de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que el contexto de la omisión reclamada se presenta dentro de una relación jurídica en su calidad de trabajadora del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; entonces tal manifestación adquiere valor probatorio pleno en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que la causal de improcedencia resulte manifiesta e indudable, como exige el numeral 113 de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 42/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 189914, del tenor literal siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." No pasa inadvertido lo manifestado en el escrito de aclaración de demanda en el sentido que el juicio de amparo resulta procedente acorde a lo dispuesto por la jurisprudencia I.1º.A.J/17 (10ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. SU EJERCICIO NO ESTÁ RESTRINGIDO PARA EL CASO DE QUE EL GOBERNADO MANTENGA UNA RELACIÓN DE TRABAJO CON EL ENTE DEL ESTADO ANTE EL QUE SE FORMULA LA SOLICITUD RESPECTIVA. Acorde con lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al gobernado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 42/2001, de rubro: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.", definió que la naturaleza jurídica de la relación entre quien formula la petición y el servidor público al que ésta se dirige debe ser de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que le formule el gobernado y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de los derechos constitucionales. Lo expuesto es suficiente para concluir que no existe alguna restricción al ejercicio de ese derecho para el caso de que el gobernado mantenga una relación de trabajo con el ente del Estado ante el que se formula la solicitud respectiva, sino que basta que ésta se presente ante un servidor público en su carácter de autoridad para que el gobernado pueda acudir al juicio de amparo a combatir la transgresión de ese derecho cuando no se cumpla la obligación de darle respuesta." Sin embargo, dicho criterio jurisprudencial no es aplicable al caso concreto, porque no es de utilidad para resolver el problema jurídico planteado, por las razones que a continuación se exponen. La referida jurisprudencia, al igual que otros criterios sustentados por diversos tribunales colegiados, fueron objeto de denuncia en la contradicción de tesis 239/2020, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien al resolver declaró como inexistente la contradicción planteada, bajo las siguientes consideraciones medulares: "(.) Precisado lo anterior, en el caso, esta Segunda Sala advierte que la contradicción de tesis en la que se pretende determinar si tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, diversos entes del Estado cuando se les reclama la omisión de dar respuesta a una solicitud de los quejosos en ejercicio de su derecho de petición, derivado de la relación laboral entre ellos, deviene inexistente, en virtud de que, tal como se procederá a evidenciar, por un lado, la decisión a la que arribaron cada uno de los órganos jurisdiccionales tuvo su origen en materias diversas; asimismo, uno de los criterios contendientes se emitió a la luz de lo dispuesto en la Ley de Amparo abrogada; y, además, existe una diferencia radical para poder configurarla, que es que los entes públicos, es decir, las autoridades que fueron señaladas como responsables, fueron distintas en cada caso analizado por los respectivos tribunales colegiados contendientes, lo cual influyó en la decisión a la que arribaron y, consecuentemente, impediría sentar un criterio único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes. (.) Ahora bien, de lo expuesto con antelación, se puede inferir que, todos los tribunales colegiados de circuito contendientes si bien se pronunciaron respecto a un mismo tópico, consistente en analizar si cada una de las autoridades señaladas como responsables -en cada asunto sometido a su consideración- tenían tal carácter para efectos del juicio de amparo, cuando el quejoso se duele de la omisión de la autoridad de dar respuesta a la solicitud realizada en ejercicio de su derecho de petición, derivado de la relación laboral existente entre las partes. Lo cierto es que las conclusiones a las que arribaron, derivaron de analizar de manera específica y particular el origen de los casos que en concreto se sometieron a su consideración, es decir, la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables y sobre todo, la naturaleza jurídica de la relación entre quien formuló la petición y el servidor público en particular al que ésta se dirigió, lo cual, se infiere, fue determinante para declarar la procedencia o improcedencia de los juicios de amparo ante la omisión relativa de las autoridades. En efecto, como se advierte, tanto el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, como el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consideraron que las diferentes autoridades señaladas como responsables en las demandas de amparo, a saber, la Coordinación General de Administración Estatal de la Secretaría de Educación Estatal en Chiapas y el Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, respectivamente, tenían el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, al partir de un análisis del artículo 8o. constitucional, en el que se pone de manifiesto que un funcionario está obligado a contestar una solicitud, en su calidad de autoridad, por lo que conforme a dicho precepto el juicio de amparo es procedente cuando se alegue una falta de respuesta a la solicitud planteada por el quejoso, en ejercicio de su derecho de petición. Inclusive, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, indicó en sus consideraciones que el Tribunal Pleno de esta Suprema corte, al fallar la contradicción de tesis 14/2000, definió que tratándose del derecho de petición, la naturaleza jurídica de la relación entre quien formula la petición y el servidor público a la que ésta se dirige, es determinante para efectos de la procedencia del juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, en la medida en que es necesario que sea de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que le formule el gobernado. Destacando que, la Constitución no excluía del ejercicio de ese derecho a aquellas personas que mantuvieran una relación laboral con los entes del Estado, como ocurría con los miembros de un cuerpo de la seguridad pública, dado que la relación que guardaban con el gobierno estatal y municipal era de naturaleza administrativa y, por tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta constituían actos de autoridad. En cambio, por su parte, los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito y el Tercero del Vigésimo Séptimo Circuito, analizando la naturaleza jurídica de la relación entre quienes formularon la petición y el servidor público al que ésta se dirigió, concluyeron que en el caso, las autoridades señaladas como responsables en las respectivas demandas de amparo -Subdirección de Nóminas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz, residente en Xalapa, Veracruz y el Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal- no tenían tal carácter para efectos del juicio de amparo cuando el quejoso reclamaba la omisión de dar respuesta a la petición formulada, en ejercicio de tal derecho, derivado de la relación laboral existente entre las partes. Para arribar a lo anterior, los tribunales colegiados sostuvieron, en esencia, que los actos tenían su origen en una relación de coordinación, por lo que no constituían un acto de autoridad, ya que la petición realizada por los quejosos fue al tenor de una relación patrón-trabajador, por lo que carecían de facultades para tomar decisiones que afectaran unilateralmente la esfera jurídica del gobernado. También se expuso que, al ser una acción laboral, el acto se podía controvertir en la vía ordinaria, al tratarse de una relación de coordinación, la cual era entablada entre particulares que actuaban en un mismo plano. En ese tenor, si bien de lo anterior podría inferirse, en un primer momento, la existencia de la contradicción de tesis, dado que los tribunales de circuito contendientes se pronunciaron respecto a un mismo tema y llegaron a conclusiones divergentes, en virtud de que mientras unos consideraron que era procedente el juicio de amparo en razón de que las autoridades señaladas como responsables en cada demanda, tenían el carácter de autoridad, en términos del precepto 5o. de la ley de la materia, cuando se reclame su omisión de dar respuesta a una solicitud realizada por el quejoso, en ejercicio de su derecho de petición; otros de los tribunales colegiados determinaron que las autoridades señaladas como responsables en los asuntos sometidos a su consideración, no tenían tal calidad, pues al tener su origen en una relación laboral, ello hacía que carecieran de facultades para la toma de decisiones que pudieran afectar unilateralmente la esfera jurídica del gobernado. Sin embargo, no debe perderse de vista que para poder estar en aptitud de resolver si un determinado ente del Estado tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando se reclama la falta de respuesta a una solicitud realizada por el gobernado, en ejercicio de su derecho de petición, es de suma importancia analizar tanto la naturaleza intrínseca de la referida autoridad, como de la relación entre quien formuló la petición y el servidor público a quien ésta se dirige, pues como lo sustentó el tribunal Pleno al fallar la contradicción de tesis 14/2000, tratándose del derecho de petición, ello es determinante para efectos de la procedencia del juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad. Por tanto, aunque pudiera estimarse que la conclusión a la que arribaron fue contraria al determinar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo; se insiste, ello derivó de la diversidad de casos que en concreto fueron sometidos a su consideración y, consecuentemente, sería imposible fijar un criterio general en cada uno de ellos, analizando ente por ente si en cada caso actuó o no como autoridad, pues ello atentaría contra la finalidad que se persigue al resolver una contradicción de tesis. (.)". De lo que se aprecia que, a efecto de poder determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe analizar la naturaleza de la autoridad que señalan como responsable, así como la relación que existe entre la quejosa y la citada autoridad; pues no basta con que un particular dirija una petición a determinado funcionario público para generar la procedencia del juicio, sino que "es de suma importancia analizar tanto la naturaleza intrínseca de la referida autoridad, como de la relación entre quien formuló la petición y el servidor público a quien ésta se dirige", tal como lo definió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 42/2001, de rubro: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD". Al tenor de lo cual se llega a concluir que la relación que existente entre la autoridad responsable y la parte quejosa es en un plano de coordinación, pues actualmente tienen un relación laboral y, con base en ella convinieron realizar descuentos a la nómina de la quejosa a efecto de cubrir el costo de un vehículo de motor. En consecuencia, por las razones expresadas, el juicio de amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ******************** III. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente, a través del usuario proporcionado.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de enero de dos mil veintitrés. I. Registro de demanda. Con la demanda de amparo que promovió ********************, por propio derecho, contra actos del titular de la Dirección Financiera, Programación y Presupuestación Administrativa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; la cual se turnó de manera aleatoria por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en este municipio a éste órgano jurisdiccional el seis de enero del año en curso; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número ********************/2023. II. Expediente electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. III. Prevención. En cuanto a la admisibilidad de la demanda, esa circunstancia tendrá que ser postergada, toda vez que existe una irregularidad que requiere ser subsanada, pues conforme al precepto 1******************** de la Ley de Amparo, todo solicitante de la protección de la Justicia Federal, debe expresar con precisión y de forma clara qué actos le atribuye a la autoridad designada como responsable. Por otro lado, el artículo 108, fracción V de la ley de la materia estatuye que en la demanda de amparo indirecto deberá expresarse, entre otros aspectos, el siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.]. V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.]" En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del titular de la Dirección Financiera, Programación y Presupuestación Administrativa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, lo siguiente: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: 1. A la autoridad responsable, le reclamo la omisión de responder mi escrito de petición presentado el 17 de febrero de 2017" Bajo esa tesitura, con fundamento en los artículos 108, fracción V y 1********************, fracción I, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, con las copias simples de ley, para correr traslado a las partes, tal y como lo dispone el numeral 108 del ordenamiento legal en cita, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Amplié los antecedentes del acto reclamado. Informe qué relación jurídica tiene con la autoridad que señala como responsable, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; esto es, si es trabajadora de ese Instituto u otra. Cuál fue el motivo de los descuentos que le realizaba el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Lo anterior, a fin de contar con mayores datos y estar en aptitud de entablar correctamente la litis, de admitirse la demanda, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, con el objeto de que las autoridades responsables defiendan la constitucionalidad del acto que se les reclama al emitir su informe justificado, pues, al respecto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para precisar tal circunstancia. Sobre esta prevención, es aplicable, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 393 del tomo CVIII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro digital 368564, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". Así como la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXV, página 3192, con registro 329080 que establece: "ACTO RECLAMADO, APRECIACIÓN DEL. Los artículos 116 y ********************6 de la Ley de Amparo, indican que el legislador no quiso dar intervención alguna al juzgador, para interpretar la intención del quejoso, respecto de los actos reclamados, sino que al exigir que con toda precisión y exactitud se señalaran por el reclamante, no da lugar a que independientemente del texto de la demanda, el juzgador determine dichos actos". IV. Apercibimiento. Apercibiendo a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 1******************** de la ley de la materia. Por lo anterior, se apercibe a la quejosa y a sus autorizados que tiene señalados en este juicio, para que se conduzcan en este juicio de amparo con total veracidad, pues el aludir hechos falsos ante una autoridad jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo, podría actualizar el delito previsto en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días de multa; por lo que, en caso de considerarlo pertinente, este Juzgador podrá dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda como corresponda, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda se afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. V. Autorizados, consulta y notificación electrónica. Téngase por autorizado en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por encontrarse registrada su cédula profesional ante el "sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", en tanto que a las diversas personas que menciona, se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones el usuario electrónico que indica. Por lo anterior, en términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta de expediente electrónico del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "********************", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; asimismo, para que se tengan por practicadas las notificaciones por ese medio. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en párrafos precedentes. VI. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. VII. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. VIII. Autorización de medios electrónicos. Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Notifíquese personalmente a través del usuario proporcionado.
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