Anibal Pérez Hernández y Otros.

Expediente 886/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
886/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
11/01/2022

Partes del expediente

  • Anibal Pérez Hernández y Otros.
  • Armando Pérez Rodriguez y Otros.
  • Anibal Pérez Hernández
  • Olga Hernández Rodriguez
  • Armando Pérez Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Por tanto, toda vez que en el presente asunto no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Comuníquese a las partes que, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo, por haberse concedido la suspensión definitiva, el original de este expediente será DEPURABLE, el cual conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez fenecido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, será depurado; acontecido lo anterior, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta determinación, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-COV2 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo se ordena notificar por lista electrónica; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Además, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que únicamente resulta necesario notificar a las autoridades responsables por medio de oficio, cuando se trate de actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. En ese orden, resulta suficiente que los acuerdos que no deban notificarse obligadamente de manera personal conforme al artículo invocado, se publiquen en la lista de acuerdos del órgano jurisdiccional, tal es el supuesto, del auto que ordena el archivo del expediente, el cual no se precisó como uno de los referidos casos; de ahí que, resulta procedente que ese tipo de acuerdos se notifique en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, toda vez que se determina como de menor trascendencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, bajo el texto y rubro siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tenga el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio, entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso y tercer perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    MESA 7. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación secretarial, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de junio de esta anualidad, en la que se negó el amparo y protección a los quejosos ********En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA REFERIDA DETERMINACIÓN; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. Datos personales Por otro lado, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo Ahora, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, por tanto, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino Con fundamento en el inciso b), de la fracción I, del artículo 18, del referido Acuerdo General, este expediente es depurable; por lo que, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, conforme al numeral 18 del Acuerdo General en cita, se conservará por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se emite este proveído. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se depurará el expediente conforme a lo señalado en el referido Acuerdo. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Firma y envío de oficios Se faculta, a efecto que firme los oficios que deriven de este acuerdo, y los remita inmediatamente a través del medio de comunicación más eficaz, (vía correo electrónico, fax o estafeta), debiendo levantar la certificación en la que se asiente el nombre de la persona, cargo y hora en que fue recibida la comunicación oficial. En el entendido que deberá agotar los medios antes señalados para dar cumplimiento a lo aquí encomendado, sin ulterior acuerdo. En la inteligencia que, si la dependencia u órgano jurisdiccional a la cual se encuentra dirigido no se encuentra laborando atendiendo a la contingencia sanitaria, deberá entregarlo hasta en tanto reanuden labores. Notifíquese por lista electrónica; y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    *& MESA 7 R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. ****, por propio derecho, mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal por el acto que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: JUECES INTEGRANTES DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES, SEDE TANIVET, OAXACA. ACTO RECLAMADO "Reclamo de la autoridad responsable la resolución pronunciada con fecha diez de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 627/2018, mediante la cual se nos niega la libertad personal, por haber transcurrido en exceso el tiempo, sin que hasta la fecha se nos haya dictado sentencia." SEGUNDO. Derechos humanos que la parte quejosa estima vulnerados. Los promoventes de este juicio señalan como prerrogativas fundamentales violadas, las contenidas en los artículos 16, primer párrafo y 20 apartado B, fracción IX, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. a) En auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se radicó la demanda de amparo con el número 886/2020, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se otorgó la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la que, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. b) De autos se advierte que en este juicio de amparo, se emplazó en su carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en el Combate a la Trata de Personas de la Fiscalía Especializada para la atención de delitos de alto impacto, llevadora de la causa penal 627/2018, y a subprocuradora de la Procuraduría Estatal DIF, de protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, ya que el acto reclamado versa sobre la materia penal y tendrá ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido de la demanda de amparo y del informe justificado se desprende que los quejosos ***** reclaman la: Resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, emitida por los jueces integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en la causa penal 627/2018. TERCERO. Existencia de actos reclamados. El juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que remitió en un DVD, en el cual consta la determinación emitida el diez de noviembre de dos mil veinte, en la causa penal 627/2018; en consecuencia, se tiene por ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable. Sirve de apoyo la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTA. Consideraciones previas. Improcedencia. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgador advierte actualización alguna de oficio. Conceptos de violación. El estudio del acto reclamado se realiza al tenor de los conceptos de violación, los cuales es innecesario reproducir, ya vez que ningún precepto establece tal obligación. Suplencia de la queja. Con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, el acto reclamado será analizado bajo el principio de suplencia de la queja ya que los quejosos tienen el carácter de imputados. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierten los siguientes antecedentes de la causa penal 627/2018: I. En auto de veintiocho de noviembre del año dos mil diecinueve, el juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, desahogó la audiencia intermedia en la causa penal 627/2018, instruida contra los acusados *****, por los hechos que la ley penal señalan como el delito de trata de personas agravado en su modalidad de explotación laboral y explotación por mendicidad. II. Mediante oficio PJEO/CJO/TEVC/1554/2019-A, la jefa de causas del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valle Centrales, remitió al juez integrante del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, el auto de apertura a juicio de fecha veintiocho de noviembre del año en curso, pronunciado en audiencia intermedia, en la causa penal 627/2018, a efecto de radicar y celebrar la audiencia de debate. III. Mediante acuerdo de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, la jueza Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, radicó la causa penal y señaló las diez horas del diecisiete de septiembre de dos mil veinte, para el desahogo de la audiencia de debate. IV. En acuerdo de quince de septiembre de dos veinte, se canceló la audiencia de debate señalada para el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, atendiendo a la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS COV-2. V. En resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, se resolvió la petición realizada por los imputados Aníbal Pérez Hernández, Armando Pérez Rodríguez y Olga Hernández Rodríguez, respecto a la medida cautelar que les fue impuesta. Dicha resolución, determinó lo siguiente: "Por todo lo anteriormente expuesto, no ha lugar a señalar audiencia para decretar la libertad de los acusados solicitada por estos, máxime que no precisan que hayan variado las condiciones o las causas que motivaron la imposición de la medida cautelar impuesta por el juez de Control" Asimismo, en dicha resolución se señalaron las diez horas del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, para la audiencia de debate. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. La parte quejosa en sus conceptos de violación alega que la resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, emitida por los jueces integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca, no se encuentra fundada ni motivada por lo que vulnera sus derechos previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera aducen que en términos de lo dispuesto por los artículos 19 y 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es procedente decretar su libertad ya que a la fecha llevan más de dos años privados de su libertad, sin que sea imputable a ellos, a su defensa o al agente del Ministerio Público acusador para la dilación del proceso. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa son infundados, en atención a las siguientes consideraciones. En principio, es pertinente trascribir el contenido del artículo 20, apartado B, fracciones VII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; [.] IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. [.]" Así también resulta necesario transcribir el artículo 113 fracción X del Código Nacional de Procedimientos penales que textualmente dice: "Artículo 113. Derechos del imputado. El imputado tendrá los siguientes derechos: [.] X. A ser juzgado en audiencia por un Tribunal de enjuiciamiento, antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; [.]". De la lectura integral de los preceptos trascritos, se establecen tres supuestos en los que será juzgado el inculpado en todo proceso del orden penal, esto es, en los que se emita la resolución que de fin al proceso penal de origen, a saber: a). Antes de cuatro meses si se trata de delito cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión. b). Antes de un año si se trata de delito cuya pena máxima exceda de dos años de prisión. c). En un plazo mayor de un año cuando así lo solicite para su defensa. En materia penal la Carta Magna prevé dichos términos, cuatro meses, cuando la pena máxima no excede de dos años en prisión, antes de un año si la pena excede de dicho tiempo y en plazo mayor cuando así lo solicite para su defensa. En el caso, dada la penalidad del delito por el que se emitió auto de vinculación a proceso a los imputados ahora quejosos, en el proceso penal de origen es el de trata de personas agravado en su modalidad de explotación laboral y explotación por mendicidad, previsto y sancionado por los artículos 10 fracción IV y VI, 21 fracción II y III , 24 y 42 fracción I, II, VII VIII y IX de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, en relación con artículo 7º fracción II, del Código Penal Federal, preceptos que establecen: "Artículo 10. Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes. . IV. La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente Ley; . VI. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la presente Ley; . Artículo 21. Será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa, quien explote laboralmente a una o más personas. Existe explotación laboral cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como: . II. Existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello, o III. Salario por debajo de lo legalmente establecido. "Artículo 24. Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa, a quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad. Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, obtener un beneficio al obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, o el engaño. Si se utiliza con los fines del párrafo primero de este artículo a personas menores de dieciocho años, mayores de setenta, mujeres embarazadas, personas con lesiones, enfermedades o discapacidad física o psicológica, se impondrá pena de 9 a 15 años de prisión y de un mil a 25 mil días multa. Artículo 42. Las penas previstas en este Título se aumentarán hasta en una mitad cuando: I. Exista una relación familiar o tenga parentesco por consanguinidad o civil hasta el tercer grado o hasta el segundo grado por afinidad, o habite en el mismo domicilio, o tenga o haya tenido relación sentimental o de hecho con la víctima. En estos casos la sentencia impondrá la pérdida de los derechos que el sujeto activo tenga respecto de la víctima y sus bienes, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela, guarda y custodia; II. Se utilice violencia, intimidación, engaño, privación de libertad, fanatismo religioso o tratos crueles, inhumanos o degradantes, salvo en el caso del artículo 13; . VII. El delito sea cometido contra una mujer embarazada, personas con discapacidad física o psicológica, menor de dieciocho años de edad o de la tercera edad que no tengan capacidad de valerse por sí misma; VIII. Cuando la víctima pertenezca a un grupo indígena y en razón de ello sea objeto de alguna condición de desventaja o tenga una condición de vulnerabilidad; VIII. Cuando la víctima pertenezca a un grupo indígena y en razón de ello sea objeto de alguna condición de desventaja o tenga una condición de vulnerabilidad; ." Código Penal Federal "Artículo 7o.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenia el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. . El delito es: . II. Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo, y ." Como puede verse los delitos que se imputa a los aquí quejosos tienen una penalidad mínima de diecisiete años, más la pena agravante, prevista en el artículo 42 antes transcrito, de prisión; por lo que el procedimiento a seguir es el ordinario, dada la pena del delito que excede de dos años de prisión. Por otro lado, debe destacarse que las constancias de autos demuestran que en la causa penal de origen no se ha podido llevar a cabo la audiencia de debate en virtud de que el Juez responsable ha privilegiado el derecho a la adecuada defensa en favor de los ahora quejosos, ello tomando en consideración la emergencia sanitaria que afecta al País, por el virus SARN COV-2, que causa la enfermedad COVID-19. Es importante recalcar que las víctimas en el proceso incluyen a menores de edad, indígenas quienes por ese hecho se encuentran en una situación de notoria vulnerabilidad; por ello, asiste razón a la autoridad responsable al afirmar que la audiencia de debate requiere mayor tiempo para su preparación, atendiendo a que deberán recabarse mínimo diecinueve declaraciones. Por tanto, con independencia de los plazos establecidos como garantía a su favor por el artículo 20 Constitucional, no debe inadvertirse que, en el caso, el Juez responsable no ha llevado a cabo la celebración de la audiencia de debate para con ello continuar el procedimiento y desarrollar este en todas sus etapas para posteriormente concluir con el dictado de la sentencia, en virtud de que ha privilegiado el derecho a la adecuada defensa de los ahora quejosos, pues en caso contrario le coartaría la citada garantía prevista por el propio precepto constitucional en cita, que en la escala de valores de la jerarquía normativa constitucional tiene mayor rango por proteger la defensa del imputado, que aquella que sólo tiende a la obtención de un fallo en breve plazo. Además, también se afectaría el derechos de las víctimas, quienes como ya se dijo se encuentran en estado de vulnerabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior, por el principio que recoge, la Jurisprudencia III.1o.P.J/13, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, del tenor literal siguiente: "DEFENSA, GARANTÍA DE. TIENE PREFERENCIA SOBRE OTRAS GARANTÍAS DEL REO. Si bien es cierto que la fracción VIII del apartado A del artículo 20 constitucional, señala que los acusados de algún delito serán juzgados antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no excede de dos años de prisión y antes de un año si la pena máxima excediera de ese tiempo, también lo es que si la defensa de un procesado ofrece en favor de éste diversas pruebas cuyo periodo de desahogo hace imposible que se dicte sentencia en los plazos que señala la mencionada fracción, es claro que deberán desahogarse las probanzas ofrecidas y admitidas, aun cuando se rebasen los términos ya señalados, dado que al estar frente a dos garantías consagradas por la Constitución en favor del gobernado, como son las establecidas en las fracciones V y VIII del ya mencionado apartado A del artículo 20 de la Carta Magna, y debiendo anteponer unas a las otras, lógicamente deberán prevalecer las que favorezcan más a dicho gobernado, es decir, las de audiencia y defensa sobre la de pronta impartición de justicia, pues lo contrario acarrearía graves perjuicios en contra de éste, al verse compelido a ajustar su defensa al corto tiempo de que dispondría para ello, de acuerdo con la mencionada fracción VIII del apartado y artículo constitucional aludidos, lo que implicaría una verdadera denegación de justicia." Así como la Jurisprudencia VII.2o.P.J/5, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 971, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido reza: "DEFENSA, GARANTÍA DE. ES DE MAYOR RANGO AXIOLÓGICO QUE LA DE OBTENCIÓN DE UNA SENTENCIA EN BREVE LAPSO. Es violatoria de derechos subjetivos públicos la circunstancia de que en la instrucción no se hubiesen desahogado las pruebas ofrecidas por el quejoso, aun cuando estuviese excedido el término que señala el artículo 20, apartado A, fracción VIII, constitucional, pues aunque esta última es una garantía establecida en beneficio del procesado, no debe perderse de vista que si éste ofrece pruebas para su mejor defensa, la instrucción no puede darse por concluida sin haberse desahogado las probanzas admitidas, por el solo hecho de que se plazo haya rebasado el citado término, ya que entonces se violaría su garantía de defensa establecida en la fracción V del invocado precepto y apartado de la Ley Fundamental, que en la escala de valores de la jerarquía normativa constitucional, es de mayor rango por proteger directamente al gobernado de la acusación formulada en su contra, que aquella que sólo tiende a la obtención de una sentencia en breve plazo." En esas condiciones, si aún no se ha dictado la sentencia definitiva del proceso penal de origen, ello obedece a las condiciones de desarrollo del trabajo surgido con motivo de la emergencia sanitaria que enfrenta el País; además, de otorgar el derecho de defensa de los quejoso y las víctimas; por lo que la actuación de la autoridad responsable no resulta ilegal, pues la garantía de defensa adecuada prevalece sobre la de justicia pronta, por ser más favorable a los intereses de la procesada. De lo que se sigue que resulta infundado el concepto de violación en el que se alega que la resolución en análisis carece de fundamentación y motivación, ya que, contrariamente, a lo sostenido por la parte quejosa, la autoridad responsable expuso las razones por las cuales no resulta procedente la solicitud de los quejoso; asimismo, citó los preceptos citados aplicables al caso. En esa medida, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, y no advirtiéndose queja que suplir, resulta procedente NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por ***. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 74 y 75, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, contra la determinación de diez de noviembre de dos mil veinte, emitida por los jueces Integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, en términos de lo expuesto en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento a lo ordenado en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    *& MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra señalado el día de hoy para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, toda vez que el secretario encargado del despacho fue designado por el Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tanto, sólo se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite, y resoluciones de carácter urgente, por lo cual, se considera carece de facultades para resolver o celebrar audiencias constitucionales derivadas de los juicios de amparo. Por ello, se difiere la celebración de la audiencia constitucional que estaba señalada para esta fecha y se fijan las once horas del veinte de abril de dos mil veintiuno, para su celebración vía remota por videoconferencia. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables, respecto al diferimiento de la audiencia constitucional contenido en este acuerdo, dado que en el auto inicial se precisó que en este juicio sólo les serán notificadas mediante oficio, en su residencia oficial, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificará por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrán ser consultada directamente por dicha autoridad o por sus respectivos delegados. Notifíquese por lista electrónica.

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