Annel Rosado Lara
Expediente 1673/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1673/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Annel Rosado Lara
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos incidentales. Ahora bien, de conformidad con el inciso c) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente incidente de suspensión en original y duplicado es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, respectivamente. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Sergio Manuel López Hernández, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Annel Rosado Lara, contra actos que reclama al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, presentada sin copias y sin anexos. Se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1673/2022-VIII. Ahora bien, en atención al contenido del escrito de demanda, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, deba DESECHARSE DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, atento a las siguientes consideraciones. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la quejosa reclama del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, los actos reclamados que se precisan a continuación: ".IV. ACTOS QUE SE RECLAMAN. Se reclama del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, la negativa a establecer un puesto de trabajo, o una adscripción nombramiento de un cargo con unas funciones, tareas, establecidas en el Organigrama del Poder Judicial del Estado de Yucatán acordes con mis méritos académicos, profesionales y de experiencia realizada en esta institución, que se encuentren establecidas en el organigrama de dicha institución". En efecto, en el caso concreto se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1° fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;(.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II.La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De los artículos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando las autoridades realizan actos que no puedan considerarse como aquellos que infrinjan derechos fundamentales de los gobernados, en razón del carácter con el que los dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar. Esto porque, para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto unilateral que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, en forma unilateral y obligatoria. Como se ve, es factible promover el juicio de amparo contra actos u omisiones de las autoridades, concebidas como órganos pertenecientes al Estado, que desde la perspectiva teórica de las relaciones jurídicas se ubican en un plano de supra a subordinación, puesto que imponen su imperio a los gobernados; además, la ley de la materia vigente posibilita que a través de esa vía se controviertan también, en casos de excepción, los actos de particulares. De este modo, se tiene que el juicio de amparo procede contra actos de particulares que hacen las veces de autoridad cuando dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, de conformidad con los artículos 1º, último párrafo y 5, fracción II, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de autoridad, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, visible en la página 1089, con número de registro 161133, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Es decir, si el acto desplegado por la autoridad como órgano de gobierno del estado, es unilateral, porque no requiere la aprobación del ciudadano, imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad, y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley, se dice que la relación entre el estado y sus ciudadanos es de supra a subordinación; puesto que la misma surge entre dos entes ubicados en una posición distinta; esto es, emana, entre el estado como persona jurídico política a través de sus órganos de autoridad, y el ciudadano, y porque aquél, desempeña frente a éste la autoridad soberana o de gobierno que le fue encomendada. En cambio, cuando la relación surge entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, jurídicamente se está en presencia de una relación de coordinación, la cual puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado, o socioeconómica, regulada al amparo del derecho social. En relación con ese tema, la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que derivó de la contradicción de tesis 179/2010, estableció lo siguiente: "1.En el Estado de San Luis Potosí, el Poder Judicial se integra por un Supremo Tribunal de Justicia, un Tribunal Electoral, juzgados de primera instancia, juzgados menores, y excepcionalmente con Jueces auxiliares. 2. A semejanza de lo que ocurre a nivel federal con el Poder Judicial, simétricamente existe un Consejo de la Judicatura que se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, así como la carrera judicial, estableciéndose que sus decisiones serán definitivas e inatacables, salvo que se refieran a la designación, adscripción, remoción y no ratificaciones de Jueces, las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, lo que origina que a dicho órgano se le dote de facultades para resolver la revisión de dichas resoluciones. 3. En la Constitución Local, se dota al Consejo de la Judicatura Estatal de independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, estableciéndose su funcionamiento en Pleno o en comisiones; asimismo, se reserva a la ley (en este caso debe entenderse la referencia a la orgánica respectiva) la determinación de sus atribuciones, entre las que destacan, la de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales (artículo 94, fracción IV). 4. En la propia Constitución Local se prevé que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley de la materia (burocrática local) expedida por el Congreso del Estado con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ese fundamento, se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, donde se regula todo lo atinente al vínculo que existe entre las instituciones públicas y sus trabajadores, entre otros aspectos, su ámbito de aplicación; definición de lo que es trabajador y su clasificación; la reglamentación de la estabilidad de los servidores públicos; la suspensión, terminación y cese de las relaciones de trabajo; se instituye la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los que se susciten por el cese injustificado de los trabajadores. El panorama anterior pone de relieve que tratándose de la actuación del Consejo de la Judicatura en el Estado de San Luis Potosí, relacionada con aspectos laborales como el cese, baja o remoción de los servidores públicos judiciales, la actuación del Estado que despliega es como patrón de dichos trabajadores y no como autoridad dotada de imperio, respecto de la que los afectados tienen a su disposición el procedimiento burocrático laboral instituido en la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, cuyo fundamento surge precisamente del artículo 131 de la Constitución Local. Así las cosas, en este caso específico debe considerarse inaplicable la previsión contemplada en el artículo 90, párrafo séptimo, de la Constitución Local, que prevé la inatacabilidad de las resoluciones emitidas por el mencionado consejo, ya que por disposición del referido artículo 131 del propio ordenamiento, las relaciones laborales burocráticas deben regirse por la ley respectiva que expida el Congreso Local, en la que, como ya se justificó, se regulan las vicisitudes que pueden surgir de ese vínculo permitiendo al trabajador defender cualquier derecho social que estime violado; lo que conduce a la improcedencia del juicio de garantías, previamente a acudir a dirimir cualquier controversia ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, autoridad instituida ex profeso para resolver las cuestiones surgidas con motivo del nexo laboral." De la citada ejecutoria derivo la jurisprudencia 2a./J. 111/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, visible en la página 444, con número de registro 163913, cuyo rubro y texto es el siguiente: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. De los artículos 90, 93 y 131 de la Constitución Política; 13, 14, fracción IV, 24, fracción VI y 94, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 44, 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54, fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y sus decisiones son definitivas e inatacables, salvo las referidas a la designación, adscripción, remoción y no ratificación de Jueces, las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva, dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales. Por otra parte, en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores, y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación. Consecuentemente, el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad." Entonces, si de acuerdo a lo que estableció la Segunda Sala en el criterio a que se hace alusión, las atribuciones que la ley confiere al Consejo de la Judicatura, relativas a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial del Estado, entre las que se encuentran además de otras la de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales, las ejerce en calidad de patrón y no como autoridad dotada de imperio, es claro que no tendrá el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo en esos supuestos, y los actos que ejecute en ese sentido deben ser reclamados ante el tribunal burocrático competente, a través del juicio que la legislación estatal prevé al respecto. Para lo cual se destaca lo impugnado por la parte quejosa en esta vía constitucional, que es la negativa a establecer un puesto de trabajo, o una adscripción nombramiento de un cargo con unas funciones, tareas, establecidas en el Organigrama del Poder Judicial del Estado de Yucatán acordes con sus méritos académicos, profesionales y de experiencia realizada en esta institución, que se encuentren establecidas en el organigrama de dicha institución. Sin embargo, es incuestionable que la negativa a establecer dicho puesto de trabajo o una adscripción nombramiento de otro cargo, no se sustentó en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, sino que fue suscitada al existir una relación laboral entre el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y la quejosa, al ser esta última, servidora pública del Poder Judicial del Estado, motivo por el cual el presente juicio de amparo resulta ser improcedente. Se dice lo anterior, en razón de que si bien es cierto que de conformidad con la fracción XIII del artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, entre las atribuciones del Consejo responsable para determinar cambios relacionados con aspectos laborales de los trabajadores del Poder Judicial del Estado, se encuentran las de designar, adscribir, ratificar, y remover a dichos servidores públicos, también es verídico que dichas atribuciones las ejecuta no como ente del Estado investido de imperio, sino en su calidad de patrón de los funcionarios judiciales estatales. En consecuencia, es claro que en ese supuesto no puede considerarse al Pleno del Consejo responsable como autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en ese supuesto la relación entre el Consejo responsable y la funcionaria judicial quejosa, no se da de supra a subordinación, sino en un plano de igualdad, pues si bien su determinación incide en la esfera de derechos de la promovente, ésta tiene a su alcance el juicio laboral correspondiente para remediarlo. En efecto, los conflictos que se susciten entre la quejosa como servidora pública del Poder Judicial del Estado con el Consejo de la Judicatura, deben plantearse ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, en términos de lo dispuesto en el artículo 76 y 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en relación con los diversos artículos 1°, 2° y 128 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, que establecen: "Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. (.) Artículo 76. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios está encargado de conocer y resolver las controversias laborales relacionadas con los trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios que la ley específica le encomienda. Contará con plena autonomía en el dictado de sus resoluciones, las cuales serán definitivas e inatacables. (.) Artículo 80.- El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios será competente para conocer: I.- De los conflictos individuales que se susciten entre una dependencia de la administración pública centralizada, el Poder Legislativo, el Poder Judicial o alguno de los municipios del Estado de Yucatán y los trabajadores a su servicio; II.- De los conflictos colectivos que surjan entre las instituciones citadas y las organizaciones de trabajadores a su servicio; III.- Del registro de los sindicatos de trabajadores del estado y municipios y, en su caso dictar la cancelación de los mismos; IV.- De los conflictos sindicales e intersindicales; V.- Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo, reglamentos de Escalafón y de los estatutos y directivas de los Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, en los casos en los que así proceda, y VI.- Las demás que se deriven de ésta y otras leyes." "Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán. (.) ARTICULO 1.- La presente Ley es de observancia general para los Titulares y Trabajadores de las Dependencias de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los Municipios pertenecientes al Estado de Yucatán y de las Instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, Hospital Neuropsiquiátrico, Hospital Psiquiátrico, Comisión Agraria Mixta, Escuela Normal Superior de Yucatán, Instituto de Desarollo Integral de la Familia, Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, Patronatos y Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, Unidad Deportiva y Recreativa Kukulkán, Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán, Fondo de Apoyo a las Actividades Productivas de Yucatán y las que por razón de contrato y convenios de Ley se consideran como empleados del Gobierno del Estado y Municipios de Yucatán. ARTICULO 2.- Para efectos de esta Ley la relación Jurídica de trabajo se entiende establecida entre las Dependencias e Instituciones citadas y los trabajadores de base a su servicio. En los Poderes Legislativos y Judicial, los Presidentes, respectivamente, asumirán dicha relación. (.) ARTICULO 128. Para conocer y resolver los conflictos que se susciten en la aplicación de esta Ley, se crea el Tribunal que se denominará Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, que será un cuerpo colegiada integrado: con un Representante del Poder Público, designado por el Ejecutivo del Estado, con un Representante de los Trabajadores, preferentemente del Sindicato con mayor membresía, designado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y, con un tercero designado por los dos representantes citados, que fungirá como Presidente del mismo. Ello es así, porque como se estableció con anterioridad, el acto reclamado por su naturaleza inherente, está encaminado al ámbito del derecho laboral que en todo caso, rige las relaciones entre patrón y trabajador; de ahí que las responsables no resultan ser autoridades para efectos del juicio de amparo. Asimismo el artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, en su parte conducente, y el numeral 115, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, establecen lo siguiente: "Artículo 72. .Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que establece esta Constitución y las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces, las cuales podrán ser revisadas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido acordadas conforme a las reglas que disponga la ley y la normatividad aplicable..." "Artículo 115.- El Pleno del Consejo tendrá las atribuciones siguientes: (.) XII.-Designar, adscribir, ratificar y remover a los jueces de primera instancia y jueces de paz, en términos de lo previsto en el artículo 72 de la Constitución Política del Estado. El Consejo de la Judicatura vigilará la implementación que garanticen la paridad de género en la designación de jueces de primera instancia y los jueces de paz." De lo anterior, se advierte que al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, le corresponde conocer y resolver las controversias que se susciten en relación a la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces del Poder Judicial del Estado de Yucatán realizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Por tanto, la actuación del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, está relacionada con aspectos laborales, como lo es la negativa a establecer un puesto de trabajo, una adscripción o nombramiento de un cargo con otras funciones de un servidor público, por lo que se considera que tiene el carácter de patrón de la parte quejosa y no como autoridad dotada de imperio. Por ende, la naturaleza del acto reclamado (la negativa a establecer un puesto de trabajo, una adscripción o nombramiento de un cargo con otras funciones) es laboral y no administrativa, porque deriva directamente de la relación de trabajo entre la quejosa y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, y se presentan en un plano eminentemente obrero-patronal, y todo caso es materia de una controversia de carácter laboral ante las instancias ordinarias que legalmente correspondan, en el caso, ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 111/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, registro 163913, página 444, que es del tenor literal siguiente: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. De los artículos 90, 93 y 131 de la Constitución Política; 13, 14, fracción IV, 24, fracción VI y 94, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 44, 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54, fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y sus decisiones son definitivas e inatacables, salvo las referidas a la designación, adscripción, remoción y no ratificación de Jueces, las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva, dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales. Por otra parte, en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores, y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación. Consecuentemente, el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad." Asimismo, la tesis XXVII.2o.3 A (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Febrero de 2020, registro 2021714, página 2432, que es de rubro y texto siguiente: "TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. LA DETERMINACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL RELATIVA A SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 34 de la Constitución Política; 1, 2, 3, 9, 10, fracción III, 11, 12, 17 y 131, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, ambos del Estado de Quintana Roo, se advierte que la relación jurídica del Poder Judicial de esa entidad con sus trabajadores se regula por la ley laboral burocrática local, que fija la competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cambio de adscripción de dichos servidores públicos. Consecuentemente, la determinación del Consejo de la Judicatura Estatal relativa al cambio de adscripción de un trabajador del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque ese acto lo realiza como patrón, en un plano de coordinación, y no de supra a subordinación." En estas condiciones, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Annel Rosado Lara, contra actos que reclama al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista por el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1° fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como sus autorizados en términos amplios a Mardely Angélica Valdez Castillo y María Minerva Ek Chan y en términos restringidos de conformidad con el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las demás personas relacionadas en la demanda de amparo, en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia; sin embargo, en el momento que pretendan ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Ahora bien, toda vez que la promovente solicita se le permita el acceso al expediente electrónico, así como las notificaciones electrónicas del presente juicio de amparo, proporcionando el nombre de usuario "Delyan1105"; por tanto, de conformidad el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, se autoriza al usuario que señala, el acceso al expediente electrónico así como las notificaciones electrónicas a través del sistema integral de seguimiento de expedientes, notificaciones electrónicas y documentos de los acuerdos judiciales del presente asunto; lo anterior, en virtud de que la referida promovente proporciona a este órgano jurisdiccional la clave de usuario que afirma se encuentra registrada; para tal efecto, instrúyase al Oficial Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a los actuarios de este juzgado, para que realicen las gestiones necesarias para tal fin. Asimismo, aun cuando la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, lo cierto es que solicitó expresamente la realización de las notificaciones por la vía electrónica; por lo tanto, atendiendo a la situación de salud que impera en el país y las medidas decretadas con motivo de la contingencia sanitaria por el virus Sars-Cov2019; debe privilegiarse el uso de las notificaciones por la vía electrónica; por lo tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que las notificaciones a realizarse a la parte quejosa en este asunto, se hagan de manera electrónica, en los términos solicitados en el escrito de cuenta. Se tienen el número celular y correo electrónico, proporcionados en la demanda de amparo, únicamente como contactos de la parte quejosa, los cuales se utilizaran, con fines de localización, cuando no se puedan realizar las notificaciones por las vías legales ordinarias. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable, de conformidad con el oficio de autorización número CCJ/ST/C/1268/2022 de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, asistido de la licenciada Gladys Villarreal Sabido, secretaria que autoriza y da fe.
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