Anna Karenina Sosa Denis
Expediente 1124/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1124/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Anna Karenina Sosa Denis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vistos, para pronunciar la sentencia en los autos del juicio de amparo 1124/2023-III promovido por Anna Karenina Sosa Denis, contra actos del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, por violación a los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexiacanos; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y turnada a este Juzgado de Distrito al día siguiente, Anna Karenina Sosa Denis, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado. Segundo. Admisión demanda. Por auto de trece de julio del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo únicamente respecto del acto reclamado consistente en el embargo trabado sobre el predio marcado con el número cuatrocientos sesenta y seis de la calle once del fraccionamiento Altabrisa, de esta ciudad de Mérida Yucatán, en los autos del expediente 32/2019, así como sus consecuencias legales, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; posteriormente, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este juzgado federal tiene competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013 pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, al reclamarse actos que tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio lo procedente es determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo. Así, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar: - El embargo trabado sobre el predio marcado con el número cuatrocientos sesenta y seis de la calle once del fraccionamiento Altabrisa, de esta ciudad de Mérida Yucatán, en los autos del expediente 32/2019, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, respecto del cual la quejosa manifiesta es tercero extraña y, sus consecuencias. Tercero. Actos existentes. En sus correspondientes informes justificados, la Jueza Interina del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y la Actuaria adscrita a dicho Juzgado, manifestaron que son ciertos los actos reclamados, dentro del ámbito de sus competencias; por lo tanto, se tienen por existentes los mismos. Cuarto. Causales de improcedencia. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, la tercera interesada Logra Financiamientos, Sociedad Anónima de Capital Variable Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada, por conducto de su representante legal, señaló que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, manifestando que la parte quejosa carece de interés jurídico o legítimo para promover el presente juicio de amparo, ya que no se efectuó la inscripción del embargo reclamado en las oficinas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Causa de improcedencia que resulta infundada, porque si bien, como lo señala la tercera interesada de referencia, no se efectuó la inscripción del embargo respecto del bien que por esta vía defiende marcado con el número 466 de la calle 11 del Fraccionamiento Altabrisa, en esta ciudad, trabado en los autos del juicio ejecutivo mercantil 32/2019, del índice del juzgado responsable, lo cierto es, que subsiste la orden de embargo. Es de señalar que la parte quejosa al presentar la demanda, exhibió copia certificada del instrumento notarial noventa y siete que contiene la donación a título gratuito de la nuda propiedad con reserva de usufructo, celebrada entre Herbert Julián Moguel Sierra (tercero interesado) y Anna Karenina Sosa Denis (quejosa), el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, respecto del "solar sin casa, ahora con casa, ubicado en el Fraccionamiento Altabrisa de la localidad y municipio de Mérida, Yucatán, en la manzana quinientos ochenta y siete de la sección catastral veintiséis marcado con el número cuatrocientos sesenta y seis de la calle once.". Documento el anterior, que se encuentra inscrito en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 2431729 y con el cual, se tiene por acreditado que la donación se efectuó antes de que iniciara el juicio de origen. De ahí, que la quejosa Anna Karenina Sosa Denis cuente con interés jurídico para instar el juicio de amparo que nos ocupa. Al no advertir de oficio alguna causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, sin que las partes hicieran valer alguna otra, se continúa con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis ahí descritas. Quinto. Antecedentes de los actos reclamados. De manera previa resulta pertinente señalar los antecedentes de los actos reclamados, mismos que se advierten de las copias certificadas del expediente 32/2019 del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, las cuales tienen el valor probatorio de una prueba documental pública en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, siendo que de dichas constancias destaca lo siguiente: El Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Mérida, Yucatán, conoció de la demanda promovida por Rolando Apolinar Basora León y/o Michel Iván Angulo Santos, apoderados de la sociedad mercantil Logra Financiamientos, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, quienes demandaron en la vía ejecutiva mercantil a Herbert Julián Moguel Sierra. En auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se registró con el número de expediente 33/2019, se admitió y se despachó auto de exequendo. A través de diligencia de emplazamiento de veinte de febrero de dos mil diecinueve, la Actuaria Adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado llevó a cabo el emplazamiento14 a juicio de la parte demandada Herbert Julián Moguel Sierra y, en cumplimiento a lo ordenado por la Jueza responsable, trabó embargo sobre el inmueble identificado con el número 466 de la calle 11, Fraccionamiento Altabrisa, de la ciudad de Mérida, Yucatán y otro. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, la Juez responsable ordenó a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, la inscripción y toma de razón del citado embargo. Posteriormente, mediante oficio INSEJUPY/DRPPYC/571/2019, la autoridad registral informó a la Juez responsable que el trámite solicitado se encuentra suspendido, ya que de la revisión de los asientos registrales y de conformidad con la inscripción vigente, la titular registral de la nuda propiedad es: Anna Karenina Sosa Denis, siendo el usufructuario: Herbert Julián Moguel Sierra, por lo que, de conformidad con el artículo 618, fracción VIII del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el derecho de usufructo es inembargable, por lo tanto, solicitó aclarar lo anterior, para la debida publicidad registral, con lo cual, mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve se dio vista a la parte actora. Seguido el procedimiento de origen por sus demás fases, el treinta de noviembre de dos mil veinte, se dictó la sentencia definitiva, en la que se condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones, la cual causó ejecutoria el trece de enero de dos mil veintiuno. Sexto. Análisis de los conceptos de violación. No habiendo otra causal de improcedencia hecha valer por las partes o que se deba analizar de oficio por esta autoridad, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en relación a los actos reclamados consistentes en el embargo del predio antes mencionado y sus consecuencias. Son fundados los conceptos de violación expuestos por la quejosa y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. En sus conceptos de violación, la peticionaria del amparo alega que se transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues sin ser parte en el juicio ejecutivo mercantil 32/2019 del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se trabó embargo sobre el predio número 466 de la calle 11 del Fraccionamiento Altabrisa, de la ciudad de Mérida, Yucatán, que aduce de su propiedad. Ahora, de los antecedentes relatados en el considerando que antecede, puede advertirse que la aquí quejosa es una persona tercera extraña a juicio, pues no figura como parte formal o material dentro del juicio ejecutivo mercantil 32/2019, ni se advierte de las constancias remitidas por la responsable que fuera llamada al mismo. Ante ello, para acreditar su interés jurídico en este asunto, la impetrante del amparo debe demostrar que, sufre afectación en su esfera jurídica con algún acto emanado de tal procedimiento de origen, en concreto, debe acreditar fehacientemente que el derecho de propiedad que asevera tener sobre el inmueble que señala en su demanda de amparo, se ve real y jurídicamente agraviado con el embargo trabado en autos del señalado juicio. En ese sentido, la quejosa ofreció como medio de convicción copia certificada del instrumento notarial noventa y siete que contiene la donación a título gratuito de la nuda propiedad con reserva de usufructo, celebrada entre la aquí quejosa y Herbert Julián Moguel Sierra, el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, respecto del "solar sin casa, ahora con casa, ubicado en el Fraccionamiento Altabrisa de la localidad y municipio de Mérida, Yucatán, en la manzana quinientos ochenta y siete de la sección catastral veintiséis marcado con el número cuatrocientos sesenta y seis de la calle once.". De ahí que, al tratarse dicho contrato de un documento público, pues fue realizado ante un funcionario investido de fe pública, como en el caso es el Notario Público, es jurídicamente apto para justificar en el juicio de amparo el interés jurídico de la parte quejosa respecto del inmueble de que se trata, al haber sido adquirido por donación desde el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, inscrito en el Registro de la Propiedad y del Comercio el siete de enero de dos mil diecinueve. Documental que tiene el valor probatorio pleno al ser un documento público, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente para acreditar su interés jurídico para promover el juicio de amparo, ya que el mismo es de fecha cierta. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene cuando se dan las hipótesis jurídicas siguientes: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad. II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente; III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Por tanto, si se configura alguno de estos supuestos, se puede otorgar valor probatorio al documento en cuestión en relación con terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar eficacia probatoria a la fecha que consta en el mismo y con ello certeza jurídica. Esto es así, ya que las hipótesis jurídicas citadas, tienen como elemento de similitud dar certidumbre de su materialidad a través de su fecha, de que no haya duda de que el acto sea anterior o posterior, en la que interviene un tercero fidedigno por su fe pública para dar certeza de esa materialidad, o sea, tener una precisión o un conocimiento indudable de la existencia del documento y que a partir de cualquiera de los acontecimientos mencionados, su fecha, ya no puede ser anterior o posterior, por lo que no atienden a las formalidades de validez del acto contenido en ese instrumento. Con la finalidad de hacer efectivos los principios de certeza y seguridad jurídica en la materialidad del acto contenido en un documento privado a través de su fecha, la jurisprudencia acude, en los dos primeros eventos señalados con antelación, a un tercero fidedigno fuera de toda duda, como son el Registro Público de la Propiedad, o a un funcionario en razón de su oficio, y en el último a la muerte de cualquiera de los firmantes, en virtud de que su efecto material fidedigno da certidumbre de que no pudo haber sido signado en fecha posterior. En esa tesitura, es menester destacar que el presentar un documento ante un fedatario público o celebrar un acto o hecho jurídico ante su fe pública, da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes, que está investido de fe pública y facultado para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce así a garantizar la certeza de la fecha, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado o del acto o hecho jurídico celebrado ante dicho fedatario. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 44/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 77, del Tomo XXI, Junio de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 178201, cuyo rubro y texto establecen: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades". Con la documental antes indicada, se acredita plenamente que a la fecha en que se trabó embargo sobre el predio identificado con el número 466 de la calle 11 del Fraccionamiento Altabrisa, en esta ciudad, de la ciudad de Mérida, Yucatán, esto es, el veinte de febrero de dos mil diecinueve, ya había salido del patrimonio de Herbert Julián Moguel Sierra, al haber celebrado con la aquí quejosa el contrato de donación el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, ante un fedatario público, adquiriendo fecha cierta cuando menos desde ese mismo día. Además de que dicho contrato resulta válido, pues se celebró en términos de los artículos 1479, 1480, 1482, 1483, 1484, 1485 y 1486 del Código Civil del Estado de Yucatán. Numerales de los que se desprende, por una parte, que la donación, es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, con las restricciones que se establecen en la propia ley. De igual manera disponen que se considera pura la donación que se otorga en términos absolutos, y condicional la que depende de algún acontecimiento incierto; que es onerosa la donación que se hace imponiendo algunos gravámenes, y remuneratoria la que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y que no importan una deuda. Indican que las donaciones sólo pueden tener lugar entre vivos y no pueden revocarse sino en los casos declarados en la ley; que la donación será perfecta desde que el donatario la acepta, y se hace saber de dicha aceptación al donador. De igual manera señalan que sólo puede hacerse donación verbal tratándose de bienes muebles y cuando su valor no exceda de cien veces el salario mínimo vigente; que cuando el valor de los muebles donados excediera de la cantidad indicada, necesariamente la donación deberá constar en escritura pública ante escribano o notario público, según corresponda conforme a la ley. Asimismo, establecen que las donaciones de bienes inmuebles se otorgarán ante escribano o notario público, según corresponda conforme a la ley, de acuerdo al valor catastral o al estimado para efectos fiscales, y que la aceptación debe hacerse en la misma escritura de donación o en otra separada, pero no surtirá efecto si no se hiciere en vida del donante. Precisado lo anterior, con la documental precisada en párrafos que anteceden, queda demostrado que el embargo practicado sobre el predio identificado con el número 466 de la calle 11 del Fraccionamiento Altabrisa, de la ciudad de Mérida, Yucatán, propiedad de la parte aquí quejosa, resulta conculcatorio de sus derechos fundamentales, puesto que sin ser parte en el procedimiento de origen, se embargó un inmueble propiedad de Anna Karenina Sosa Denis, pues desde el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, el inmueble antes indicado había salido del patrimonio de Herbert Julián Moguel Sierra, con motivo del contrato de donación a título gratuito de la nuda propiedad con reserva de usufructo que celebró con la promovente de amparo. Ante ello, es claro que se vulneraron los derechos humanos de audiencia, legalidad y seguridad jurídica de la quejosa, que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que dichos preceptos constitucionales protegen la propiedad que se tenga sobre un bien inmueble, independientemente del derecho y de la capacidad de poseerlo, habida cuenta de que a la quejosa se le restringe del derecho de propiedad que tiene sobre el predio embargado. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 36/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página 243, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, con número de registro digital 164612, de la literalidad siguiente: "CONTRATO DE COMPRAVENTA. NO SE REQUIERE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El contrato de compraventa nace a la vida jurídica cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y la otra se compromete a pagar un precio cierto y en dinero, momento a partir del cual existe traslación de propiedad, aunque deban quedar a salvo los derechos de terceros con buena fe registral, incluso en los casos en que la ley exige cierta formalidad para la celebración del contrato, ya que la ausencia de dicha forma no produce la inexistencia del acto, sino un vicio subsanable. Así, si se demuestra la existencia del contrato de compraventa, y con él un derecho subjetivo existente y afectado mediante el acto reclamado en el juicio de amparo, debe tenerse por acreditado el interés jurídico, pues las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad sólo tienen efectos declarativos y no constitutivos, a fin de que los actos registrados surtan efectos contra terceros, de manera que los derechos que se tengan sobre los bienes, como el derecho de propiedad, provienen del acto jurídico celebrado entre las partes y no de su inscripción en dicho Registro. Esto es, no es indispensable que el contrato de compraventa esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad para demostrar el interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo en que se reclame un acto de autoridad que afecte tales derechos, lo cual no implica prejuzgar sobre la concesión del amparo ni respecto de la eficacia del contrato de compraventa frente a las partes en el juicio de origen o frente a terceros. En consecuencia, lo procedente es conceder a la quejosa Anna Karenina Sosa Denis el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita para los efectos que se precisan en el siguiente considerando. Séptimo. Efectos del fallo protector. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos correspondientes; en consecuencia, el amparo que se concede es para el efecto de que la Jueza Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 32/2019, de su índice: a) Deje insubsistente el embargo trabado efectuado en autos del juicio ejecutivo mercantil 32/2019, sobre el predio identificado con el número 466 de la calle 11 del Fraccionamiento Altabrisa, de la ciudad de Mérida, Yucatán, y b) Ordene su cancelación en las oficinas registrales correspondientes, así como las consecuencias derivadas del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, consultable en la foja 993, Novena Época, del Tomo XI, enero de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192581, del texto y rubro siguientes: "EMBARGO, CANCELACIÓN DE. ÚNICAMENTE PUEDE ORDENARLA EL JUEZ QUE ORDENÓ SU INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). La interpretación armónica de los artículos 2177 y 2189 del Código Civil del Estado de Yucatán, en cuanto permiten, el primero, cancelar la inscripción de una anotación en el Registro Público de la Propiedad, previa la tramitación del procedimiento administrativo que corresponde, y el segundo, cancelar dichas inscripciones por consentimiento de las partes o bien, por mandato judicial, conducen a este tribunal a concluir que cuando los solicitantes de la cancelación de una inscripción son las propias partes que celebraron el acto jurídico de que se trate, bien puede el director del Registro Público de la Propiedad, previa la tramitación del procedimiento respectivo ordenar su cancelación, porque en ese caso no existe controversia alguna y sí una voluntad plenamente manifestada; empero, ello no sucede en el caso de que la inscripción de un embargo se efectúe por mandato de un Juez y quien solicite la cancelación sea un tercero ajeno a la relación contractual, porque es evidente que en ese supuesto debe respetarse y acatarse la orden del Juez por constituir un mandato judicial. De ahí que ante ese evento, la intervención del director del Registro Público de la Propiedad debe circunscribirse a la tramitación del procedimiento de cancelación, sin emitir ninguna decisión al respecto, ya que ésta se tomará, en su caso, por el Juez que ordenó la inscripción, una vez que sea informado del estado del procedimiento llevado al efecto". Sin que lo anterior implique dejar sin efectos todo lo actuado dentro del juicio de origen, ya que en el presente sumario se combate una afectación de carácter patrimonial de una persona tercera extraña a dicho sumario, cuya consecuencia es la de obligar a la responsable a que respete el derecho de propiedad de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.C. J/21 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005, visible a página 1305, del rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Octavo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no serán objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo aplicable, es de resolverse y se: R e s u e l v e: Primero. En los términos y para los efectos precisados en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia, la Justicia de la Unión ampara y protege a Anna Karenina Sosa Denis, contra los actos que reclama de la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, hasta el día de hoy dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, por así permitirlo las labores del Juzgado, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe con justificación rendido por el Actuario Adscrito al juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, el cual se ordena agregar a estos autos para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase el informe de mérito a la vista de las partes para el uso de sus derechos si así lo estimaren pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el Anna Karenina Sosa Denis parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual solicita se tenga por hecha la autorización en términos amplios de Miguel Ángel Gamboa Cervera, señala usuario para consulta y notificación del expediente electrónico, ofrece pruebas y realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos. En virtud de lo anterior en relación a su solicitud de tener por hecha la autorización en términos amplios de Miguel Ángel Gamboa Cervera, dígasele que se esté a lo acordado en el proveído de trece de julio del año en curso. Ahora bien, toda vez que la promovente solicita se le permita la notificación y el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, proporcionando el nombre de usuario "MIGUEL.GAMBOA"; en términos del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a las actualización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo sistema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se autoriza la notificación y consulta del presente expediente vía electrónica, a la clave de usuario que proporciona, siempre y cuando sea correcta y se encuentre debidamente registrada; en consecuencia, se ordena a la Analista Jurídico SISE de este juzgado para que habilite la consulta de dicho expediente. Asimismo, aun cuando la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en su escrito inicial de demanda, lo cierto es que en el presente ocurso solicitó expresamente la realización de las notificaciones por la vía electrónica; por lo tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que las notificaciones a realizarse a la parte quejosa en este asunto, se hagan de manera electrónica, en los términos solicitados en el escrito de cuenta. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas, que la parte quejosa hace referencia en su demanda de amparo, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional relativa. Finalmente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las diversas manifestaciones que a manera de alegatos, realiza la ocursante, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signados por Oscar Elías Chí Catzín apoderado legal de la tercero interesada "Logra Financiamientos" Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada; mediante el cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos, en tal virtud, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las diversas manifestaciones que a manera de alegatos, realiza la parte tercero interesada en el presente asunto, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, atento a lo informado por la Secretaria en la razón de cuenta, se advierte que entre la fecha de notificación a las partes del informe rendido por la Jueza Interina del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado al día de hoy no han mediado los ocho días establecidos en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas con cuarenta y tres minutos del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Sin que el presente acuerdo deba notificarse a la autoridad responsable, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
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- Anís Macari Erosa2836/2022
- Anishamid del Carmen Arjona Medina17/2023
- Anna Carolina Basulto Rivas306/2021
- Anna Karenina Sosa Denis1144/2023
- Anna Yolanda Noh Caamal130/2022
- Annel Rosado Lara1673/2022
- Anniel Romero Pérez616/2023
- Anthony Manuel Medina103/2019
- Antoni Alejandro Borges González1191/2023