Aniceto Villaseñor Ortiz

Expediente 404/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
404/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
23/01/2023

Partes del expediente

  • Aniceto Villaseñor Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado actual de autos, se advierte que a la fecha las autoridades responsables Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado de Baja California y Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado de Baja California, ambas con sede en Ensenada, no han sido notificadas de la sentencia dictada en el presente juicio. En ese tenor, a fin de evitar mayores dilaciones en el asunto que nos ocupa, gírese oficio vía servicio de mensajería acelerada "estafeta" a las citadas autoridades responsables, adjuntándoles los diversos 16895/2022 y 16897/2022, relativos a la mencionada sentencia, para su conocimiento y efectos legales conducentes. En el entendido, que el domicilio de las mismas es el ubicado en calle ******************** e ********************, número ********************, colonia ********************, código postal ********************, en Ensenada, Baja California. Hágase saber a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del dieciséis de enero del presente año, este Juzgado cambia su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así, lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. GOD

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, los sobres devueltos por el servicio de mensajería acelerada "Estafeta", que contienen los oficios 19383/2022 y 19384/2022 (relativos al auto de once de agosto de esta anualidad1), dirigido a la autoridad responsable jefe de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado, con sede en Ensenada; en el sentido de "domicilio incorrecto". En consecuencia, reexpídanse los oficios antes citados y sus respectivos anexos, a las autoridades señaladas, en su domicilio correcto, siendo el ubicado en calle Novena e Insurgentes, número 11925, colonia Bustamante, código postal 22840, en Ensenada. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, once de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el diecinueve de julio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente juico de amparo. Asimismo que, entre otros se libraron los oficios 16895/2022 y 16897/2022, dirigidos a las autoridades responsables agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, de la Fiscalía Regional de Justicia, en Ensenada, y Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones en Ensenada; a fin de notificarles la sentencia de referencia; sin que obren en autos los acuses de recibo correspondientes. En consecuencia, requiérase a las autoridades responsables antes mencionadas, para que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, informen si recibieron los oficios 16895/2022 y 16897/2022, por el que se les hizo del conocimiento la sentencia de diecinueve de julio de dos mil veintidós y en qué fecha fueron recibidos, a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Se autoriza a las autoridades responsables para que remitan su informe vía correo electrónico institucional a la dirección 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Con independencia de lo anterior, remítaseles adjunta a los oficios que se libren en el presente auto, copia de la sentencia de que se trata. Notifíquese.

  4. Principal

    S E N T E N C I A VISTOS los autos del expediente 404/2022-E, a fin de resolver en sentencia lo relativo al juicio de amparo promovido por Aniceto Villaseñor Ortiz, contra actos del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. El seis de junio de dos mil veintidós, fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y turnada el siete de junio siguiente a este Juzgado de Distrito, la demanda de amparo promovida por Aniceto Villaseñor Ortiz, en la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades que a continuación se mencionan: JUEZ DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA JUEZ DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. ENSENADA, BAJA CALIFORNIA JUEZ DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. TECATE, BAJA CALIFORNIA JUEZ DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA (AUTORIDAD INEXISTENTE 23/06/2022) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA, DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA (AUTORIDAD INEXISTENTE 23/06/2022) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES, DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (AUTORIDAD INEXISTENTE 23/06/2022) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES, DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO EN TECATE, BAJA CALIFORNIA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y LA SOCIEDAD, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (EN SU CORRECTA DENOMINACIÓN). JEFE DE GRUPO DE APREHENSIONES DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ADSCRITO AL MUNICIPIO DE TIJUANA. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA JEFE DE GRUPO DE APREHENSIONES DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ADSCRITO AL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.(EN SU CORRECTA DENOMINACIÓN). (AUTORIDAD INEXISTENTE 23/06/2022) JEFE DE GRUPO DE APREHENSIONES DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ADSCRITO AL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA Y AGENTES A SU CARGO JEFE DE GRUPO DE APREHENSIONES DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN ZONA PLAYAS DE ROSARITO (EN SU CORRECTA DENOMINACION). De las cuales, se tuvieron por inexistentes a las marcadas con los arábigos 5, 6, 7 y 11, en acuerdo de veintitrés de junio del año en curso. Igualmente, mencionó como acto reclamado la orden de aprehensión, presentación forzosa, detención, traslado y/o arresto que se haya dictado en su contra. Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa estimó que con el actuar de la autoridad responsable, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagran los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Auto inicial, admisión de demanda y trámite del juicio. Mediante proveído de siete de junio de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo presentada por Aniceto Villaseñor Ortiz, contra actos del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; además, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, turnándose los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado se atribuye a una autoridad con domicilio dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Previo a verificar la certeza de los actos reclamados, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, es preciso señalar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: La orden de aprehensión, presentación forzosa, detención, traslado y/o arresto dictada en su contra. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia del tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como la tesis del propio tribunal con título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA LA FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Conforme a lo previsto en el artículo 75, de la Ley de la materia, y la técnica que rige en el juicio de amparo, lo procedente ahora es determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por su aplicación, es de citarse la Jurisprudencia XVII.2º. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página 68, registro 212775, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora bien, las autoridades señaladas como responsables, en su correcta denominación, cuya existencia resultó cierta, en términos siguientes: JUEZ DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA JUEZ DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. ENSENADA, BAJA CALIFORNIA JUEZ DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y LA SOCIEDAD, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (EN SU CORRECTA DENOMINACIÓN). JEFE DE GRUPO DE APREHENSIONES DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ADSCRITO AL MUNICIPIO DE TIJUANA. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA JEFE DE GRUPO DE APREHENSIONES DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ADSCRITO AL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.(EN SU CORRECTA DENOMINACIÓN). JEFE DE GRUPO DE APREHENSIONES DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN ZONA PLAYAS DE ROSARITO (EN SU CORRECTA DENOMINACION). Al rendir su informe justificado que les fue solicitado, manifestaron que no es cierto el acto que se le reclama. Sin que en el caso, la parte quejosa haya aportado medio de prueba alguno, tendente a desvirtuar tal negativa, por lo que éste órgano de control constitucional no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ante su inexistencia. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (febrero de 2002), visible en la página 903, que establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." De igual forma, apoya lo anterior la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." Cuarto. Certeza de los actos reclamados. La autoridad ordenadora Juez de Control del Poder Judicial del Estado, con sede en Tecate; omitió rendir su informe con justificación, no obstante estar debidamente notificado del oficio 12882/2022 el diez de junio del año en curso, según se advierte de la constancia de notificación respectiva; por lo que con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se presume cierta la existencia de los actos que se les reclaman. Quinto. Análisis de causas de improcedencia. Las causales de improcedencia deben analizarse de manera preferente e incluso oficiosamente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número 814, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En virtud de lo anterior, y dado que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito procederá a examinar la legalidad del acto reclamado y los conceptos de violación respectivos. Sexto. Estudio de fondo. En el caso, el acto cuya existencia se presume, no resulta inconstitucional en sí mismo, por lo que el quejoso tenía la carga de demostrar que tal orden se dictó al margen del procedimiento legalmente establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que hayan cumplido con dicho extremo. En efecto, el artículo 117 de la Ley de Amparo, en sus párrafos primero, segundo y cuarto, dispone: "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. [.] Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de esta Ley". De la porción normativa transcrita, se tiene que la autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días más. También establece que entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. De igual forma, prevé que los informes rendidos fuera de los plazos establecidos podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos y que, si no se rindió el informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, correspondiendo al quejoso acreditar la inconstitucionalidad del acto, por no ser inconstitucional o inconvencional en sí mismo. En ese tenor, se estima, que la presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, mas no respecto de las circunstancias que lo rodean, ya que la porción normativa en estudio establece de manera clara que ante la falta de informe con justificación "se presumirá cierto el acto reclamado" excluyendo, implícitamente, otro tipo de cuestiones, como son las relativas a la inconstitucionalidad de los actos. Entonces, al producirse la presunción prevista en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, lo único que el juzgador debe tener por cierto es el acto reclamado, más tal presunción no comprende los demás aspectos que lo rodean, al no existir precepto que así lo establezca. Debe señalarse, que un acto es en sí mismo violatorio de los derechos humanos y las garantías previstas para su protección en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por dicha Carta Magna, o a alguno de esos Tratados. En cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría conforme a la Ley Fundamental o a los Tratados aplicables, entonces no es en sí mismo violatorio. Por ende, la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio de derechos y garantías no está sujeto a prueba, ya que la contravención a la Ley Fundamental o al respectivo Tratado surge por la mera existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con independencia de otros elementos; como ejemplos de esto se pueden citar, el acto de molestia que no consta en mandamiento escrito, la orden de aprehensión que no proviene de autoridad judicial, el arresto por más de 36 horas, etcétera. Sería ilógico que ante un acto inconstitucional en sí mismo se recabaran pruebas, porque, con independencia de éstas, de cualquier manera, sería procedente conceder el amparo, por lo que el ofrecimiento y admisión de pruebas, en este caso, resultaría ocioso. De ahí que, se reitera, el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de la materia, establece que corresponde al quejoso probar la inconstitucionalidad de los actos que en sí mismos no son violatorios de derechos humanos y garantías; en cambio, no hace referencia expresa al caso contrario, ya que, cuando los actos son violatorios de tales derechos y garantías en sí mismos, no se requiere más prueba que la relativa a su existencia. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5910, tomo LXXII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. Según el artículo 49 de la Ley de Amparo, la falta de informe de la autoridad responsable, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa, la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, es decir, no releva a dicha parte quejosa de la carga de la prueba, sino cuando el acto sea en sí mismo violatorio de garantías. En consecuencia, los Jueces de Distrito no pueden dar por probados los conceptos de violación, cuando la inconstitucionalidad dependa de ciertos hechos susceptibles de ser acreditados en el juicio, no siendo correcto que se exprese "de los términos de la demanda, el acto reclamado resulta notoriamente violatorio de las garantías de la quejosa", pretendiendo fijar como hechos constitutivos del acto mismo las violaciones que se invocaron, porque dentro de este criterio, todos los actos reclamados resultarían violatorios de garantías, y lo que la ley requiere, es que el acto en sí, sea violatorio, como por ejemplo cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal". Establecido lo anterior, este juzgador estima que, si bien se tuvo por cierta la orden de aprehensión, presentación forzosa, detención, traslado y/o arresto emitido en contra del quejoso, no es un acto inconstitucional en sí mismo, por lo que correspondía a la parte quejosa aportar las pruebas conducentes para evidenciar su falta de regularidad constitucional. Es decir, aunque su certeza se presumió por la falta de informe justificado, esta sólo comprende el acto reclamado y no los demás aspectos que lo rodean, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas que tiene la responsable para emitir las órdenes restrictivas de libertad, circunstancia que impone una carga al quejoso con la cual, en la especie, no cumplió. Ahora bien, si se parte de la premisa de que tales actos no son inconstitucionales en sí mismos, pues el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a las autoridades como lo son las responsables ordenadoras para emitir órdenes de tal naturaleza fundando y expresando los indicios que motivaron su proceder. Por tanto, es indiscutible que en el evento de reclamarse por la vía del amparo indirecto un mandato de esa naturaleza, como la inconstitucionalidad de la misma dependerá de los motivos, datos o pruebas en que se haya motivado el propio acto de autoridad, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo le correspondería a la parte quejosa probar esos motivos, datos o pruebas, y al no haber satisfecho el impetrante esa carga procesal, este Juzgador no se encuentra en posibilidad de analizar si tales actos reclamados son inconstitucionales. Ello es así, pues la inconstitucionalidad de tal acto depende de que no se hubiesen colmado las formalidades previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales, todas las personas gozan, entre otros, del derecho a la libertad personal que, en su ámbito más básico, es entendida como la capacidad de una persona de llevar a cabo sin intromisiones injustificadas sus propios actos, incluyendo la libertad de movimiento o libertad deambulatoria. Su ejercicio, como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es absoluto, sino que puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad. En cuanto a su restricción, se ha sostenido que para la afectación a la libertad de una persona deben concurrir una serie de requisitos constitucionales como la emisión de una orden de por escrito, debidamente fundada y motivada, emitida por autoridad competente. En el caso, entonces, si bien se tuvo como cierto el acto positivo consistente en la orden de aprehensión, presentación forzosa, detención, traslado y/o arresto dictada en contra del quejoso, lo cierto es que éste no produce por sí mismo ninguna violación a sus derechos humanos o garantías de protección previstas en el parámetro de regularidad constitucional (constitución y tratados, así como su interpretación). Por tanto, dado que no aportó ninguna prueba para demostrar lo anterior, deben estimarse ineficaces en su conjunto sus conceptos de violación, toda vez que el quejoso debió demostrar que no se ajustó a las exigencias constitucionales para su dictado. Cabe agregar que, en la especie, no se actualizó la obligación oficiosa de este órgano judicial de amparo de recabar pruebas o actuaciones procesales prevista en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, pues ésta sólo opera cuando la autoridad responsable ya rindió su informe con justificación y siempre que se estimen necesarias para la emisión de la sentencia constitucional. Sin embargo, cuando las autoridades responsables son omisas en rendir su informe, como en la especie, debe aplicarse el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, el cual establece que corresponde a la parte quejosa demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, cuando no sean violatorios de derechos humanos en sí mismos. En consecuencia, debe negarse el amparo al quejoso en contra del acto que reclama al Juez de Control del Poder Judicial del Estado, con sede en Tecate, consistente en la orden de presentación y/o citación y/o aprehensión dictada en contra del quejoso. Séptimo. Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, procédase a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente. Octavo. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 75 y 76 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Aniceto Villaseñor Ortiz; por el acto y respecto de las autoridades precisadas en el considerando segundo, y en términos de lo establecido en el considerando tercero del presente fallo. Segundo. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Aniceto Villaseñor Ortiz, en contra del acto reclamado al Juez de Control del Poder Judicial del Estado, con sede en Tecate, en los términos precisados en el considerando sexto de la presente resolución. Tercero. En cumplimiento a lo establecido en el séptimo punto considerativo de esta resolución, procédase a la captura de esta en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. Cuarto. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el Secretario José Alejandro Ortiz Monroy, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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