Anibal Alejandro Pedrero Loaiza
Expediente 1048/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 51 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1048/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 51
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Anibal Alejandro Pedrero Loaiza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 51.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Consejero Jurídico Municipal, en representación de las autoridades responsables Ayuntamiento y Presidenta Municipal, todos Tijuana, Baja California; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que les fue requerido con motivo de la ampliación de demanda, con su contenido, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que les convenga. Por otra parte, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio firmado por el Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, por el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en el acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintitrés, adjunta copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el archivo documental de las claves catastrales ******************** y ********************; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Glósense a los autos los oficios de cuenta suscritos por el Tesorero Municipal y Recaudador de Rentas Municipal, ambos del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; en atención a estos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes justificados que les fueron requeridos, con el contenido de los mismos dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por la autorizada del quejoso Aníbal Alejandro Pedrero Loaiza, por el cual en relación a la vista otorgada en el proveído de diez de noviembre del año en curso, solicita se requiera al Director de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, la ubicación cartográfica de los inmuebles con claves catastrales NA-160-515 y PM-497-405; y realiza manifestaciones al respecto. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se toma conocimiento de lo expuesto a manera de alegatos, de los que se hará relación en la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 y 121, ambos de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se desecha la prueba documental referida, toda vez que con dicha probanza pretende acreditar hechos que conoció a partir del diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, data en que se notificó por lista el proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable Director de Catastro Municipal, con sede en esta ciudad, aunado a que, mediante el escrito recibido el veinticuatro de ese mismo mes y año, realizó manifestaciones relativas al informe antes relacionado; por lo que, desde aquélla fecha, estuvo en posibilidad de ofrecer el referido medio de convicción con la debida oportunidad. Por ello, tampoco aplica en el caso concreto la excepción a la regla de temporalidad establecida en el mencionado precepto, consistente en que las probanzas se ofrezcan en razón de la vista dada al promovente con motivo del informe justificado rendido por la responsable, en virtud de que, como quedó precisado en líneas que anteceden, la parte quejosa tuvo conocimiento de éste, el diecisiete de marzo del año en curso y las documentales recibidas en el proveído de diez de noviembre de dos mil veintitrés, fueron solicitadas por este órgano jurisdiccional con la finalidad de contar con la información necesaria para resolver en este juicio, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis XXVIII.1o.5 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2693, registro digital 2017735, que dispone: "DOCUMENTOS OFRECIDOS COMO PRUEBA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO REQUIEREN DE GESTIÓN PREVIA A SU DESAHOGO, SU ANUNCIO SE RIGE POR EL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE LA MATERIA. En el artículo 121 de la Ley de Amparo, se regulan dos supuestos en los que el juzgador puede requerir a otras autoridades la remisión de documentos ofrecidos como pruebas por las partes en el juicio de amparo indirecto; esto es: a) cuando estén en resguardo de algún servidor público y pese a solicitarse copia de éstos no se expidan con oportunidad; y, b) se trate de actuaciones concluidas, respecto de las cuales se solicitan los originales. Cabe precisar que en este tipo de promociones el documento relativo no se anexa al ocurso mediante el cual se ofrece la prueba, sino que se solicita al Juez que sea traído al sumario para su análisis, ya sea porque tratándose de actuaciones originales concluidas, obran en poder de una diversa autoridad, o cuando se refiere a asuntos en trámite, que a pesar de haberse solicitado copia al funcionario respectivo, éste negó u omitió su remisión o expedición. En ambos casos, se trata de pruebas que requieren de una gestión previa a su desahogo; por ende, su ofrecimiento no solamente debe sujetarse a los requisitos previstos en el artículo 121 invocado, sino también a los del diverso 119, párrafos tercero y cuarto, en donde se regula: 1. El plazo para su anuncio (5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para el desahogo de aquélla); y, 2. Ese plazo no puede ampliarse con motivo del diferimiento, salvo la excepción ahí prevista." Con independencia de lo anterior, se indica que la autoridad responsable Director de Catastro Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, mediante oficio 4907/2023, hizo del conocimiento que las constancias allegadas corresponden a la totalidad de las que integran los expedientes identificados con las claves catastrales NA-160-515 y PM-497-405, por lo que a ningún fin práctico conduciría solicitar las documentales indicadas si no se llegará a diverso resultado. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por la autorizada de la parte quejosa, y como lo peticiona, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa copia certificada de las constancias aludidas, previa toma de razón que por su recibo obre en autos. En la inteligencia de que quien comparezca a recibirlas, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, la cual previo cotejo que con su original se realice, será glosada en autos para constancia. Por otra parte, del estado que guardan los autos se advierte que transcurrió el término concedido a las partes en el acuerdo de dos de marzo del año en curso, a efecto de que ampliaran el cuestionario exhibido por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, para llevar a cabo el desahogo de la prueba de inspección judicial. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se ordena que ese medio de prueba, se desahogue únicamente al tenor del cuestionario exhibido por el oferente (parte quejosa). Por tanto, se señalan las catorce horas del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, para que el Actuario de la adscripción, se constituya en el bien inmueble conocido como "El Jibarito" en la zona noreste, colonia Loma Bonita, identificado como lote 5, de la manzana 40 clave catastral PM-497-405, ubicado en avenida Libramiento Salvatierra, en la Zona conocida como Cañón de San Antonio de los Buenos, en el municipio de Tijuana, Baja California, con una superficie de 1000,000.00 de metros cuadrados, en específico en la fracción identificada como: calle Pinos, manzana 404, lote 12, colonia Loma Bonita, Tijuana, Baja California, código postal 22200, a fin de desahogar dicho medio probatorio y constante a través de sus sentidos los puntos sobre los que versa la inspección. Con la precisión, que el personal judicial deberá asentar en el acta respectiva, únicamente las cuestiones de las que pueda dar fe a través de los sentidos, y no de las que se requieran conocimientos técnicos especiales, caso en el cual, deberá asentarlo de esa forma en el acta que levante con motivo de dicha diligencia. Sustenta lo anterior, de manera ilustrativa, la tesis III.4o.C.19 C del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1798, libro 7, junio de 2014, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL JUICIO CIVIL. ATENTO A SU NATURALEZA, ES NECESARIO QUE EN SU OFRECIMIENTO EL PROMOVENTE EXPRESE CON PRECISIÓN EL LUGAR O COSAS QUE SERÁN INSPECCIONADAS. Si para el desahogo de ese medio de convicción se pretende que un funcionario federal busque en los libros de gobierno de órganos jurisdiccionales, si existe "algún" procedimiento del orden civil incoado contra la quejosa o que esté relacionado con el predio rústico materia del arrendamiento, ello deriva en una revisión general o pesquisa, que por carecer de un elemento concreto determinado, no podría constituir una prueba de inspección judicial, pues el objeto de ésta es verificar circunstancias, cosas o hechos específicos, susceptibles de ser conocidos por los sentidos, mas no de realizar búsquedas o investigaciones de algo que podría no existir ya que, en todo caso, corresponde a las partes realizar la investigación para que, posteriormente, pueda pedirse la inspección correspondiente, por un periodo preciso, respecto de una fecha específica, de un registro en concreto o de varios, pero expresamente determinados para constatar uno o varios hechos, no para ver qué resulta." Comuníquese el contenido de este acuerdo a las partes, a fin de que, en caso de que así lo consideren, concurran a la diligencia, en términos del artículo 162 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En otro contexto, del estado de los autos se desprende que transcurre el plazo de quince días otorgado a las autoridades responsables Ayuntamiento de Tijuana, Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana y Departamento de Recaudación de Rentas del Ayuntamiento de Tijuana, a fin de que rindan sus informes justificados en relación con la ampliación de la demanda. Asimismo, del estado de los autos, se obtiene que se encuentra pendiente de realizar la notificación a la parte quejosa del proveído de quince de noviembre del año en curso, en el que se desecharon las pruebas documentales propuestas. Por tanto, para dar margen a lo anterior lo procedente es diferir la audiencia programada para el día de la fecha, y en su lugar se señalan las doce horas del dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente.
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