Aniceto Hernández P.
Expediente 645/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Aniceto Hernández P.
- Aniceto Hernández P. y Otros.
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinte de julio de dos mil veintitrés. Causa estado. ... se declara que causó estado la referida determinación. Archivo. Con fundamento en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, conservación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, archívese este expediente como concluido. Destino Al haberse decretado el desechamiento en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV del citado Acuerdo General, este expediente es destruible. Instrucciones al secretario. Se instruye al secretario que tiene a su cargo la integración, que verifiquen y certifique la coincidencia entre el expediente físico y el electrónico. Notifíquese. ...
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cuatro de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. ... Requerimiento. En consecuencia, requiérase a las autoridades 1. Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano, con sede en la ciudad de México, 2. Oficina de Representación de Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del Estado de Veracruz y a la 3. Delegación del Registro Agrario Nacional de esta ciudad (autoridades vinculadas al cumplimiento) para que en el término de tres días contado a partir de que se les notifique el presente acuerdo, informen a este juzgado...
- Principal
LA PRESENTE NOTIFICACIÓN CORRESPONDE A LOS QUEJOSOS, TODA VEZ QUE NO ACUDIERON A NOTIFICARSE EL AUTO DE CUATRO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, ESTO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES EN QUE LES FUERA DEJADO SU RESPECTIVO CITATORIO... Xalapa de Enríquez, Veracruz, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Aniceto Hernández P., Gustavo Guerrero S., Jesús Marrero C., Hilario Rivera López y Hermilo de la Rosa C., contra actos del Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 645/2023/V-A. Firma electrónica de promociones. Toda vez que la demanda de cuenta fue presentada físicamente, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 253 y 263 fracción I, del Acuerdo General que establece las Disposiciones en Materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, se ordena digitalizarla e incorporarla al expediente electrónico con firma electrónica del Secretario, así como las demás promociones y actuaciones que se presenten y generen de forma impresa. Acto reclamado. Del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: ".La omisión de darnos contestación y/o respuestas a nuestra petición de segunda ampliación del ejido Las Cañadas hoy Huipiltepec, Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, dentro del expediente relativo al juicio agrario número 3/2004 del índice del H. Tribunal Superior Agrario.". Desechamiento. Al respecto, se precisa que en el caso en particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Ello es así, ya que los preceptos citados, refieren que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor, o por cualquier persona, en los casos previstos en la Ley de la Materia; salvaguardando dos principios fundamentales que rigen el juicio de amparo: el de instancia de parte agraviada; y agravio personal y directo; es decir, el juicio de amparo es improcedente si el acto que se reclama no afecta o perjudica la esfera jurídica del promovente, es decir, sólo se encuentran procesalmente legitimados para promover el juicio de amparo quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido, en términos del artículo 5° de la Ley de la Materia como regla general. Dentro del concepto de legitimación de las partes, debe distinguirse la legitimación en el proceso con la legitimación en la causa, en ese sentido, la primera es un presupuesto del procedimiento, que se refiere, a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. Al respeto, la legitimación procesal es la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, que tiene lugar cuando el derecho que se discutirá en el juicio es ejercitado por quien tiene aptitud para hacerlo valer, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La segunda, implica tener la titularidad del derecho cuestionado en el juicio, en tanto que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo, que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Por otra parte, los presupuestos procesales son los requisitos sin los cuales no puede iniciarse, ni tramitarse con eficacia jurídica un proceso; por ello, se trata de cuestiones de orden público que deben ser analizadas incluso de oficio por el juzgador, antes de efectuar el estudio del fondo del asunto. En ese sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si quien promueve carece de capacidad para comparecer, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en él; a diferencia de la legitimación en la causa, que al ser una cuestión sustancial, es un presupuesto de la pretensión para la sentencia de fondo, por lo que sólo es dable analizar dicho presupuesto al momento de que ésta es emitida. Sirve de apoyo por sus consideraciones a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "LEGITIMACION "AD-CAUSAM" Y LEGITIMACION "AD-PROCESUM. La legitimación en el proceso y la legitimación en la causa son situaciones jurídicas distintas, toda vez que la primera de ellas, que se identifica con la falta de personalidad o capacidad en el actor, se encuentra referida a un presupuesto procesal, necesario para el ejercicio del derecho de acción que pretenda hacer valer quien se encuentre facultado para actuar en el proceso como actor, demandado o tercero; la falta de personalidad se refiere a la capacidad, potestad o facultad de una persona física o moral, para comparecer en juicio, a nombre o en representación de otra persona, en los términos de los artículos 44 a 46 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que si no se acredita tener personalidad," legitimatio ad procesum", ello impide el nacimiento del ejercicio del derecho de acción deducido en el juicio; es decir, la falta de dicho requisito procesal puede ser examinada oficiosamente por el Juez de la instancia, conforme lo dispone el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles, o bien opuesta como excepción por el demandado en términos de lo preceptuado por la fracción IV del artículo 35 de dicho ordenamiento, en cuyo caso, por tratarse de una excepción dilatoria que no tiende a destruir la acción ejercitada, sino que retarda su curso, y además de previo y especial pronunciamiento, puede resolverse en cualquier momento, sea durante el procedimiento o en la sentencia; en cambio, la legitimación activa en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional; por tanto, tal cuestión no puede resolverse en el procedimiento sino únicamente en la sentencia, por tratarse de una cuestión de fondo, perentoria; así, estima este Tribunal Colegiado que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación alude a que la legitimación puede estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, se refiere a la legitimación "ad procesum", no a la legitimación ad causam. En consecuencia, si la parte demandada niega el derecho que hace valer la parte actora, por considerar aquélla que ésta no es la titular del derecho litigioso, resulta inconcuso que se trata de una excepción perentoria y no dilatoria que tiende a excluir la acción deducida en el juicio, por lo que tal cuestión debe examinarse en la sentencia que se llegue a pronunciar en el juicio." Ahora bien, en el caso concreto, los quejosos exponen que tiene interés jurídico y legítimo para promover la demanda de amparo en razón que promueven en su carácter de representantes sustitutos de los solicitantes de la segunda ampliación del ejido Las Cañadas hoy Huipiltepec, Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. De lo anterior, es claro que, contrario a lo señalado por los quejosos éstos no cuentan con legitimación procesal para instar el presente juicio de amparo, ya que no acreditan que los solicitantes de la segunda ampliación del ejido Las Cañadas hoy Huipiltepec, Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, les hayan otorgado esa facultad o representación, para realizar las gestiones que señalaron en el escrito de demanda. Ello es así, toda vez que sí bien anexaron un copia de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de dieciocho de septiembre de mil novecientos setenta y uno, de la que se advierte que Hermilo de la Rosa C., tiene el carácter de tesorero; sin embargo, no acredita que a la fecha siga contando con dicho carácter, así como tampoco justifican la calidad de representantes sustitutos que dicen tener. Aunado a lo anterior, de la Ley de la Materia no se desprende que opere la representación substituta de núcleos agrarios por quienes no integran sus órganos directivos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia, con registro digital 391694, de rubro siguiente: "REPRESENTACION SUBSTITUTA DE NUCLEO AGRARIO. REQUISITOS. Los requisitos para que opere la representación substituta de núcleos agrarios por quienes no integran sus órganos directivos, son los siguientes: que el representante substituto haga valer en el juicio los derechos colectivos del núcleo de población correspondiente; que en la demanda aparezca claramente que la intervención del substituto obedece a la actitud omisa del Comisariado y que su intención es, precisamente, suplir esa actitud y asumir la representación del núcleo en defensa de los intereses colectivos de éste; "y que los promoventes acrediten con cualquier constancia fehaciente, ser ejidatarios del núcleo respectivo". Por tanto, dichas circunstancias ponen de manifiesto que los quejosos carecen de legitimación para promover este juicio de amparo, pues reclaman actos que no evidencian que los promoventes del juicio agrario 3/2004 del Tribunal Superior Agrario, con sede en Ciudad de México, hayan expresado su voluntad para la realización de las gestiones precisadas en el escrito de demanda, pues tal acto no es susceptible de afectar derechos individuales de los aquí quejosos, como lo aducen en su demanda; por tanto, no existe ningún agravio personal y directo en su contra, dado que el acto no les afecta como particulares como lo pretenden hacer valer. Apoya a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Materia Constitucional, Administrativa, Común, Undécima Época, de rubro: "REPRESENTACIÓN SUSTITUTA EN MATERIA AGRARIA. SU INEXISTENCIA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD, EN SU VERTIENTE DE NO REGRESIVIDAD, Y PRO PERSONA." En todo caso, la perturbación que llegara a ocasionarse sería directamente al núcleo de población correspondiente que es parte en el juicio agrario 3/2004 del Tribunal Superior Agrario, con sede en Ciudad de México y no a las personas que promueven. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías origen de este asunto Se invoca la Jurisprudencia 749, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Domicilio y autorizado. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizado en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a ********************, en virtud de que la certificación secretarial, se conoce que cuenta con cédula profesional. Consulta de expediente electrónico. De la certificación de cuenta, se conoce que el usuario ********************, es válido; por tanto, se autoriza el acceso de la parte promovente al expediente electrónico. Medios de comunicación. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico que cita como medio de comunicación. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye a la secretaria que tiene a su cargo el trámite e integración, así como a los actuarios, para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ...
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