Aniceto Dantes Hernández

Expediente 901/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
901/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
30/08/2017

Partes del expediente

  • Aniceto Dantes Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ... el oficio signado por el Encargado del Despacho del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 0363/2017, del índice de este órgano jurisdiccional. Dése de baja en el libro de gobierno correspondiente. Acúsese recibo. Ahora, tomando en consideración que de las constancias remitidas por la autoridad federal oficiante se advierte que la diligencia se encuentra ajustada a derecho, por tanto, téngase por notificado a Jonathan Eduardo Alcaraz Corona, del proveído de dos de agosto de la presente anualidad, para los efectos legales a que haya lugar. Del estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que precede hecha por la secretaria de este juzgado, y toda vez que el quejoso Jonathan Eduardo Alcaraz Corona no interpuso recurso de revisión en contra del proveído de dos de agosto último, por medio del cual se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356 fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el acuerdo de referencia por cuanto hace al citado quejoso. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, y como esta ordenado en auto de veintidós de agosto pasado, archívese el presente asunto como concluido.

  2. Principal

    ....el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, por medio del cual acusa recibo del exhorto 0363/2017 del índice de este órgano jurisdiccional e informa las medidas tomadas a efecto de llevar a cabo la diligencia encomendada.

  3. Principal

    ....se declara que ha causado estado el acuerdo de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la organización de archivos judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el juicio principal a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dos de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese la razón de cuenta, de la que se desprende que los quejosos Aniseto Dantes Hernández, Edgar Cárdenas Quiroz, José Antonio Méndez Cabrera, Adrián Alberto Reyes Santiago, Ansoni Guadalupe Castillo Ávila, Manuel Soriano Treviño, Norberto Mercado Sevallos y David Bruno Salvador, manifestaron que es su voluntad desistirse en su entero perjuicio de este juicio. Ahora, toda vez que tal manifestación se hizo ante la presencia de un funcionario con fe pública, se tiene la plena certeza de la identidad y voluntad de los impetrantes de amparo para realizar ese acto procesal, por lo anterior, téngase a los citados quejosos desistiéndose en su entero perjuicio de la tramitación de este juicio de amparo. Por lo que, si el presente juicio fue promovido por los referidos Aniseto Dantes Hernández, Edgar Cárdenas Quiroz, José Antonio Méndez Cabrera, Adrián Alberto Reyes Santiago, Ansoni Guadalupe Castillo Ávila, Manuel Soriano Treviño, Norberto Mercado Sevallos y David Bruno Salvador, y de la diligencia de uno de agosto pasado, se advierte que es su voluntad desistirse de la tramitación del mismo, se actualiza una causal para decretar el sobreseimiento en el juicio, prevista en la fracción I, del artículo 63, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I.- El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio (.)". En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el citado artículo, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, respecto de los quejosos Aniseto Dantes Hernández, Edgar Cárdenas Quiroz, José Antonio Méndez Cabrera, Adrián Alberto Reyes Santiago, Ansoni Guadalupe Castillo Ávila, Manuel Soriano Treviño, Norberto Mercado Sevallos y David Bruno Salvador, en términos de la fracción I, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación la tesis jurisprudencial 2a./J. 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, consultable en la página 147, que textualmente enuncia: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia" Asimismo, por analogía se cita la Jurisprudencia 417, visible en la página trescientos cincuenta y ocho, del Tomo VI (Materia Común), del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE DECRETARSE CUANDO EL ACTOR DESISTA, EXISTIENDO, ADEMAS, RATIFICACION DE LA FIRMA DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO. Si el representante legal del quejoso, con facultades para desistirse del juicio de amparo, presenta escrito de desistimiento del juicio de garantías y, además, ratifica la firma que calza dicho escrito de desistimiento, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo". Ahora, toda vez que de la diligencia actuarial de cuenta, se advierte que los quejosos Aniseto Dantes Hernández, Edgar Cárdenas Quiroz, José Antonio Méndez Cabrera, Adrián Alberto Reyes Santiago, Ansoni Guadalupe Castillo Ávila, Manuel Soriano Treviño, Norberto Mercado Sevallos y David Bruno Salvador solicitaron no ser notificados del presente juicio; por tanto, notifíqueseles el presente auto así como los subsecuentes por lista de acuerdos. Asimismo, de la diligencia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado, para notificar el auto de veintiocho de julio del año en curso, al quejoso Jonathan Eduardo Alcaraz Corona, toda vez que fue informado por el personal del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, que el nueve de junio pasado, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Diecisiete, con sede en Michoacán. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada del oficio SEGOB/CNS/CPRS/CGCF/CFRS5/DG/14239/2017, que obra en un cuadernillo administrativo de este Juzgado, documental a la cual de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, se concede pleno valor probatorio. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo". En efecto, el citado precepto dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado subsiste en el mundo jurídico, empero, éste no puede surtir efectos, o materialmente ha dejado de existir el objeto o materia de éste. Respecto de dicha causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido lo siguiente: a) Que la emisión de un determinado acto de autoridad, conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en la esfera jurídica del gobernado, que lo legitiman para acudir al juicio de amparo. b) El juicio de amparo es un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido transgredidas, y que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. c) En ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación. Consideraciones que se plasmaron en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, visible en la página 189, materia común, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 173858, que reza: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Bajo ese contexto, si los actos reclamados por Jonathan Eduardo Alcaraz Corona al Director General y al Titular del Área de Almacén, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, consisten en la negativa de proporcionarle zapatos y tenis; es inconcuso que al habérsele trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Diecisiete " CPS Michoacán", existió un cambio en el entorno dentro del cual se emitió éste, lo que hace imposible, tanto jurídica como materialmente, que en caso de otorgarse la protección federal, ésta pueda concretarse y trascender a su esfera jurídica. Ello es así, ya que al no encontrarse físicamente en el centro reclusorio con sede en Villa Aldama, Veracruz, el acto reclamado no afecta la esfera jurídica del aquí impetrante, puesto que éste es propio de dicho centro de internamiento federal y no al que fue trasladado. Por lo antes razonado, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, por cuanto hace al quejoso Jonathan Eduardo Alcaraz Corona, en términos de la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable por su contenido, la Jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo expuesto, déjese sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con veinticuatro minutos del siete de agosto de dos mil diecisiete; y hágase del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, con fundamento en el precepto 298, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2° y, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante exhorto que se gire al Juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán, solicítesele que por conducto de quien comisione para tal efecto, proceda a notificarle este acuerdo al quejoso Jonathan Eduardo Alcaraz Corona, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Diecisiete "CPS MICHOACAN", ello, para los efectos legales a que haya lugar. Se solicita al Juez Federal que corresponda conocer de esta comunicación oficial, que a la brevedad posible, la devuelva, a fin de tener el presente asunto debidamente integrado. Notifíquese por lista de acuerdos a los quejosos Aniseto Dantes Hernández, Edgar Cárdenas Quiroz, José Antonio Méndez Cabrera, Adrián Alberto Reyes Santiago, Ansoni Guadalupe Castillo Ávila, Manuel Soriano Treviño, Norberto Mercado Sevallos y David Bruno Salvador y por exhorto al diverso Jonathan Eduardo Alcaraz Corona.

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