Angie Minerva Astrid Diaz Bautista

Expediente 1389/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1389/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
08/12/2015

Partes del expediente

  • Angie Minerva Astrid Diaz Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de diciembre de dos mil quince. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de cinco de noviembre de dos mil quince, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el licenciado JADILSON ALONSO NAVARRO, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de noviembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Subprocurador de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de los Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y del Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, exhibe copia certificada de acuse del cheque 0054246, fechado el dieciséis de octubre de quince, por la cantidad de $2,663.62 (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.); el cual recibió la parte quejosa el treinta de octubre de dos mil quince; el que se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito con las constancias que al efecto allego la autoridad responsable Subprocurador de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de los Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y del Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por el término de tres días para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificados, la parte quejosa desahogo la vista contenida en el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil quince. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el veintisiete de agosto de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Angie Minerva Astrid Díaz Bautista, para los siguientes efectos: "Finalmente, en virtud de la inconstitucionalidad de los artículos 59 a 64 y 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para los efectos siguientes: Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, hasta en tanto no sea reformado, el artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y, en su lugar, se cobre a la quejosa la tarifa mínima de un día de salario mínimo general vigente en el Estado, con motivo de la inscripción de la compraventa a que se refiere la escritura pública número 41621, pasada ante la fe del Notario número Uno de la Novena Demarcación Notarial en el Estado. Como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, y en razón de la inconstitucionalidad que le asiste al cobro consignado en el recibo de pago 767690 expedido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, se ordena reintegrar a la parte quejosa el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones $2,543.00 (dos mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100), descontando el monto de un día de salario mínimo general vigente en el Estado, con motivo de la inscripción de la compraventa a que se refiere la escritura pública número 41261 pasada ante la fe del Notario número Uno de la Novena Demarcación Notarial en el Estado. En el entendido que se deberá restituir a la quejosa el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones $2,543.00 (dos mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100), previo descuento precisado en el párrafo que antecede, debidamente actualizado, pero sin que ello obligue al pago de intereses, toda vez que el pago de aquéllos tiene como finalidad sancionar a la autoridad por el incumplimiento oportuno del deber de una devolución, es decir, tienen una naturaleza indemnizatoria, tal como lo dispone el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Morelos." Por auto dictado el nueve de octubre de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. El Subprocurador de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de los Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y del Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por oficio acordado el veintiuno de octubre de dos mil quince, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0054246, el cual recibió la parte quejosa el treinta de octubre de dos mil quince, por la cantidad de $2,663.62 (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.); por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Registro Público de la Propiedad e impuesto adicional. Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por licencia oficial, autorizada mediante circular CCJ/ST/6021/2015, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el tres de noviembre de dos mil quince, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de noviembre de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes el oficio mediante el cual el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, remite testimonio de la ejecutoria emitida en autos del IIS 83/2015, relativo al juicio de amparo 2025/2013-IV, promovido por RICARDO ANDRÉS MENESES GARCÍA, que y concluye con los siguientes resolutivos: "ÚNICO.- Es FUNDADO el presente incidente de inejecución de la sentencia." Remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo. Ahora bien, en virtud de que las autoridades responsables del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, no han dado cumplimiento a la sentencia ejecutoria, se acuerda lo siguiente: Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo del se advierte que es un hecho notorio que en el diverso juicio de amparo 132/2015-IV, del índice de este Órgano Jurisdiccional, se advierte que fungen como Presidenta Municipal (OLGA CASTILLO MONTESINOS), calidad que acreditó con copia de la constancia de mayoría de cuatro de julio de dos mil doce y Tesorera Municipal (DANIRA SANTANA BARRERA), ambas del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos; en consecuencia, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y, además, en la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 103/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172215 6 de 18 SEGUNDA SALA Tomo XXV, Junio de 2007 Pág. 285 Jurisprudencia(Común) "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Atento a lo anterior se acuerda: LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere al DANIRA SANTANA BARRERA, quien funge como Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos que hayan realizado para ese efecto, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen COPIA CERTIFICADA DEL CHEQUE CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE ACTUALIZADO. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En el entendido de que el efecto del amparo es para lo siguiente: ".A RICARDO ANDRÉS MENESES GARCÍA, respecto del sistema normativo que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, previsto en los artículos 94 Bis a 94 Bis-12, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos; así como respecto del sistema normativo que regula el impuesto adicional municipal previsto en los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que se le reclamó al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y, así como respecto al cobro de la cantidad de $14,619.10 (CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.); en aplicación de las normas legales citadas, que se reclamó al Ayuntamiento, Presidente y Tesorero del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos; asimismo, contra el contenido del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, así como respecto del sistema normativo que regula el impuesto adicional estatal previsto en los artículos 59 a 64 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos que se le reclamaron al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y, así como respecto al cobro de la cantidad de $2,631.00 (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N), en aplicación de las normas legales citadas, que se reclamó al Secretario de Hacienda del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. IV. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (OLGA CASTILLO MONTESINOS) y al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, IGNACIO CASPETA HERNÁNDEZ y Regidores FELIPE DE SANTA CRUZ GÓMEZ, STEPHANY BECERRIL GÓMEZ, GUILLERMO CRUZ COY, ALEJANDRA ORIHUELA FIGUEROA, MARCIA BORUNDA MUÑOZ, ALEJO RODRIGUEZ ROSAS Y VALENTÍN GÓMEZ GALARCE), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. En el entendido que dicha orden debe ser lo suficientemente eficaz para lograr el cumplimiento de la sentencia. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario , que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de octubre de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito suscrito por Casimiro Tovar Salgado autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita una prórroga para acudir ante la autoridad responsable a recibir el título de crédito, por los motivos que expone; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes. En atención a su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte en su escrito; por lo que se concede un plazo de dos días hábiles, contado a partir de que se encuentre notificado del presente proveído, a efecto de que acuda ante la autoridad responsable a recibir el título de crédito correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

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