Angelina Salamanca Corrales

Expediente 2058/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2058/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
03/06/2019

Partes del expediente

  • Angelina Salamanca Corrales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 2058/2018-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el quince de mayo de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con cincuenta minutos del quince de mayo de dos mil diecinueve, día y hora señalados en el juicio de amparo 2058/2018-III, promovido por ANGELINA SALAMANCA CORRALES, para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia sin la comparecencia de ninguna de las partes. DECLARADA ABIERTA LA AUDIENCIA DE LEY, el Secretario hace una relación oral de todas las constancias que obran en los presentes autos. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, el Secretario da cuenta con las pruebas que ofreció la parte quejosa consistentes en la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana y las documentales que exhibió (fojas 32 a 103, 156 a 169); asimismo, se da cuenta con las constancias que remitieron las autoridades responsables del Ayuntamiento de Puente de Ixtla (fojas 209 a 220). A lo anterior el Juez acuerda: de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las pruebas relatadas por el Secretario, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza jurídica y serán tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva. Con lo anterior se declaró CERRADO EL PERIODO DE PRUEBAS Y ABIERTO EL DE ALEGATOS. El Secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. A lo anterior el Juez acuerda: en virtud de que no existe cuestión pendiente por proveer, se da por concluida la etapa de desahogo de pruebas y alegatos y se ordena dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Doy fe. Visto para resolver el juicio de amparo 2058/2018-III, promovido por ANGELINA SALAMANCA CORRALES, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, turnada y recibida el mismo día a este Juzgado de Distrito, ANGELINA SALAMANCA CORRALES, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos y otras autoridades (fojas 1 a 103). SEGUNDO. Tramite de la demanda. El veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda (fojas 104 107); inconforme con la determinación, la parte quejosa promovió recurso de queja que fue del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, el cual por sesión de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, declaró fundado el recurso de queja al considerar que resultaba necesario sustanciar el juicio para que el juzgador se allegara de más y mejores elementos para poder dilucidar el tipo de relación (coordinación o supra a subordinación u otro tipo) que se daba entre las autoridades responsable con la quejosa (fojas 172 a 184). Por consiguiente, el cinco de marzo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda promovida por ANGELINA SALAMANCA CORRALES, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, señalándose fecha y hora para la audiencia constitucional la que inicio en términos del acta que antecede (fojas 185 a 187). CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se atribuyen los actos reclamados. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura integral de la demanda, se desprende que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, son: Del Ayuntamiento, Tesorera y Director de Administración de Recursos Humanos y Materiales, todas del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos: La omisión del pago de la pensión concedida. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a las autoridades Ayuntamiento, Tesorera y Director de Administración de Recursos Humanos y Materiales, todas del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, pues no obstante que al rendir su informe justificado dichas autoridades no lo niegan ni afirman su existencia dado que solamente se centran en manifestar las causales de improcedencia que se pueden actualizar en el presente juicio de amparo; al revestir el acto reclamado carácter negativo, la carga de la prueba para demostrar su inexistencia, corresponde a las propias autoridades responsables. Apoya lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 81857, consultable en el Semanario Judicial de la Federación en el Volumen 5, Tercera Parte, pagina 13, de la Séptima Época, del rubro: "ACTO RECLAMADO. HECHOS NEGATIVOS O ABSTENCIONES. CARGA DE LA PRUEBA QUE NO CORRESPONDE AL QUEJOSO." Por ello como se mencionó, se tiene por cierto el acto reclamado, puesto que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, las responsables no acreditaron haber realizado el pago correspondiente a la pensión que le fue otorgada mediante el acuerdo de pensión número CPSHAPI/44/2016, publicada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho en el Periódico "Tierra y Libertad", exhibido en copia del ejemplar número 5633 por la quejosa en su demanda de amparo y en copia certificada en su escrito de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, presentando ante la Oficina de Correspondencia de este órgano jurisdiccional, mediante los cuales resultó beneficiaria de dicha pensión, documentales a la cual se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación, procede el análisis de las causales de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, ya que son de orden público y su estudio es oficioso, conforme a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, respeto del acto reclamado consistente en la omisión del pago de la pensión concedida reprochado a las autoridades responsables Ayuntamiento, Tesorera y Director de Administración de Recursos Humanos y Materiales, todas del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos de oficio, este juzgador observa que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción, XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, como en seguida se explica. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción, XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Lo anterior, debe relacionarse con la jurisprudencia del Pleno en Materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito, derivada de la Contradicción de tesis 2/2016, con registro 2014236, publicada el doce de mayo de dos mil diecisiete, que dispone: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS.". De los dispositivos legales previamente transcritos se advierte que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto éste que, precisamente, es el que, en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado en este juicio de amparo. Así de la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 199459 de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de hecho o derecho o aquel particular que con facultades establecidas en una norma, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público o particular con funciones y facultades establecidas en una norma general; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Sobre el particular resultan ilustrativas la tesis 2a. XXXVI/99 publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, Página: 307, número de registro 194367 de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. Así como la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Página: 1089, número de registro 161133 de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Respecto a la primera nota distintiva indicada, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Lo anterior permite establecer atento a la totalidad de constancias que integran este expediente al dictado de la sentencia; que el acto que la parte quejosa hace consistir en la omisión de pagar la pensión concedida, corresponde a una controversia que se ciñe exclusivamente al plano laboral existente entre la autoridad y la quejosa. Ello es así, pues de lo expuesto por la quejosa en su escrito de demanda se advierte que reconoció haber prestado sus servicios para el Ayuntamiento de Puente de Ixtla Morelos, acreditando una antigüedad de treinta y un años veinticinco días de servicio, quedando así establecida la relación de trabajo con el Ayuntamiento en mención, lo cual constituye una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además, se corrobora con las constancias certificadas que anexó a su escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional (fojas 156 a 169), documentales a las cuales se les da valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículos 2, las cuales no fueron objetadas por las partes; de las que se desprende que entre Angelina Salamanca Corrales y el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, (último lugar donde prestó sus servicios como asesora de la Regiduría de Bienestar Social Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados) existió una relación laboral, en tanto es beneficiario de las prestaciones que surgieron con motivo de la relación de trabajo prestada en la administración pública municipal, en términos de los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Luego, es evidente que entre la trabajadora y las autoridades señaladas responsables subyace un vínculo empleada-patrón, atendiendo a la relación laboral que existía entre la citada trabajadora y el Ayuntamiento, por ende, nos encontramos ante una relación de coordinación -no subordinación, (gobierno-gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional; ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer sus inconformidades en relación a dicha actuación ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje conforme al artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues el acto impugnado no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ellos existe una relación de coordinación, obrero-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. Esto es así, ya que la omisión de pagar la pensión concedida por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Puente Ixtla, Morelos, se ubica en un plano de coordinación entre el patrón y el empleado respecto del cual existe una vía para reclamarse; es así que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en los artículos 10, 64 y 114, establece que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre el Ayuntamiento con sus trabajadores. Por consiguiente, el acto combatido por el impetrante de amparo, es una actuación que se circunscribe exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculado totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de garantías; lo cual implica que la parte quejosa, debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice le vulneran con dicha actuación, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes uno de abril de dos mil dieciséis, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2011343, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. Así como la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1639, número de registro 2011298 de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN.". Lo anterior, sin soslayar que el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de un acto de autoridad que se estima violenta derechos humanos, en los términos que la Constitución y la Ley reglamentaria dispone, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, la existencia y aplicación de causas de admisibilidad dicho medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. Por tanto, al margen que en el presente asunto se impugnen actos relacionados con el pago de la pensión que le fue otorgada, ello no impide que se analice la existencia de una causa de improcedencia en el juicio de amparo, en la medida que como se dijo la aplicación de causas de admisibilidad de un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de acceso efectivo a un recurso. Pues como se indicó, si bien es cierto la autoridad Municipal señalada como responsable su naturaleza jurídica es formalmente administrativa y, por tanto, podría afirmarse que la omisión reclamada también reviste tal carácter, empero, materialmente dicho acto, así como la omisión de la responsable en ejercicio de sus funciones, afecta un derecho de seguridad social inmerso en el campo del derecho del trabajo, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo. En esta tesitura, está plenamente demostrada la causal de improcedencia prevista en la fracción, XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; en virtud de que está acreditado que el acto impugnado tiene una naturaleza eminentemente laboral en donde las autoridades del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, actúa en un plano de coordinación con la aquí quejosa y no de supra-subordinación, de ahí que lo reclamado constituye un derecho generado con motivo del vínculo laboral suscitado por la impetrante con las autoridades en mención; por tanto la omisión reclamada no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino el incumplimiento de un deber que como patrón está obligado a cumplir derivado de dicha relación laboral. Máxime que la jubilación, si bien concluye la relación laboral, es una prerrogativa de seguridad social inmersa en el campo del Derecho de trabajo, que se genera con motivo del desarrollo de la actividad productiva, que tiende a preservar el derecho a percibir dicha pensión por jubilación que el patrón otorga en reconocimiento al tiempo acumulado de servicios durante su vida económica productiva, lo que surte la competencia de un órgano jurisdiccional en materia laboral para conocer del asunto como en la especie acontece al haberse otorgado a la aquí quejosa la pensión por jubilación mediante el acuerdo de pensión número CPSHAPI/44/2016, publicado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho en el Periódico "Tierra y Libertad". Lo anterior, se corrobora con lo dispuesto en el artículo 43 fracción XIV de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, que prevé a la pensión por jubilación como uno los derechos de los trabajadores del Gobierno del Estado y de los Municipios; por lo que es inconcuso que lo relativo a su cumplimiento se debe dilucidar conforme a las reglas del derecho burocrático. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a./J. 17/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Mayo de 1997, página 308, número de registro 198735 de rubro: "JUBILACIÓN. LA LIQUIDACIÓN DEL TRABAJADOR, AUNQUE PONE FIN A LA RELACIÓN DE TRABAJO, NO HACE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE OTORGAMIENTO Y PAGO DE PENSIÓN JUBILATORIA". Sin que en el particular se deba verificar la actualización de las exigencias previstas en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, como sería la procedencia de la suspensión del indicado acto señalado como reclamado al instar el procedimiento ordinario ante la autoridad laboral competente, ni mucho menos lo atinente los requisitos y plazos para acceder a dicha suspensión, habida cuenta que en el caso no se analiza la vigencia de la causal de definitividad y mucho menos se está definiendo que el tribunal burocrático, sea autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, ya que el acto señalado como reclamado consistente en la omisión de pagar la pensión concedida no reviste las características inherentes a un acto de autoridad reclamable en amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ANGELINA SALAMANCA CORRALES, respecto del acto y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Delegado del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el cual refiere remitir diversas copias certificadas del expediente de Angelina Salamanca Corrales, en cumplimiento al auto de diecinueve de marzo pasado. En virtud de lo anterior y, toda vez que del oficio de marras no se advierte que la autoridad haya adjuntado las copias que aludió, se requiere al citado Ayuntamiento para que dentro del término de tres días, contados a partir de que se encuentre legalmente notificada del presente auto, remita a este Juzgado Federal copia certificada de la constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de pensión realizada por la quejosa Angelina Salamanca Corrales; bajo apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado, con el mismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. En atención a lo manifestado por las autoridades oficiantes, se tiene a la Dirección de Administración de Recursos Humanos y Materiales del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, como denominación correcta de la señalada por el quejoso en el escrito de demanda. Lo que se asienta para los efectos legales a los que haya lugar. Por otra parte, toda vez que el suscrito Juzgador está obligado a recabar oficiosamente las pruebas documentales que estime necesarias para la resolución del asunto; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que se encuentre legalmente notificada del presente auto, remita a este Juzgado Federal copia certificada de la constancias que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de pensión realizada por la quejosa Angelina Salamanca Corrales; bajo apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

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