Angelina Rojas Moncada
Expediente 49/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Angelina Rojas Moncada
Actuaciones
- Principal
...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que, en acuerdo de ocho de febrero de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. DOCUMENTOS: Sí se allegaron documentos al expediente por la parte promovente, pero no de los considerados como originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15 y 21, párrafo primero, inciso b) del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado del sello pertinente en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por lo que respecta a los documentos aportados en el presente sumario, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Ahora bien, para su obtención, con motivo de la Circular SECNO/10/2021, que establece que se regresa al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020, que tienen por objetivo dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, deberá agendar una cita con el secretario de guardia, lo cual deberá de realizarlo al siguiente número telefónico 462 266 2044. Para lo cual, deberá indicar el número del presente expediente, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararlos con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) ...
- Principal
...Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** contra actos que reclama del Director del Centro del Instituto Nacional de Antropóloga e Historia de Guanajuato, con residencia en la capital y otra autoridad, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 49/2021; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. NO SE SUSPENDEN PLAZOS PROCESALES Ahora, no obstante que, de conformidad con la Circular SECNO/6/2021, emitida en sesión celebrada por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el veintitrés de enero de dos mil veintiuno, en relación con la diversa SECNO/8/2021, emitida en sesión celebrada por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el treinta de enero de dos mil veintiuno, se determinó aplicar el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el periodo comprendido del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno. Por tanto, de conformidad con los numerales 2 y 10 del Acuerdo General de previa alusión, se debe continuar con la tramitación del juicio hasta que sea necesario el desahogo de diligencias judiciales que requieran la presencia física de las partes o de la práctica de notificaciones personales, que no pueda practicarse electrónicamente alguna diligencia o notificación, que alguna de las partes no pueda actuar de manera electrónica, que las autoridades no se encuentren laborando, o bien, que a juicio de este juzgado no existan las condiciones para proseguir con el asunto sin poner en riesgo la salud o integridad de las partes y del personal, por decir algunos. Así, con base en los numerales en cita, los términos que se señalen en este acuerdo no se suspenden y corren a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia" ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO" Así, con la finalidad de realizar el pronunciamiento correspondiente sobre la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La negativa otorgada de parte del INAH (Instituto nacional de Antropología e Historia) con sede en la ciudad de Guanajuato capital, a la solicitud de autorización de un permiso para demolición de los bienes inmuebles ubicados en calle *** que aduce, son de su propiedad. De lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte promovente no agotó el recurso ordinario de defensa en sede administrativa para combatir los actos impugnados. Para demostrar tal aserto, es pertinente destacar que el precepto normativo invocado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior" El artículo preinserto prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad cuya legalidad puede ser objeto de examen, ya sea de oficio, por la propia autoridad que lo emite o su superior jerárquico, o bien, a instancia de parte, a través de la interposición de algún medio de defensa o la promoción de un juicio. Dicha disposición no implica otra cosa, que la tutela al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a través del cual lo constituye como un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que se consideren transgresores de derechos fundamentales, pues se pretende que éste sea el último medio de defensa al alcance de los gobernados, esto es, que se acuda a la vía constitucional cuando ya no exista otro instrumento jurídico a través del cual se puedan reparar las violaciones cometidas en contra de los particulares, de ahí que la inobservancia de este principio se sanciona con la improcedencia del amparo. Conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, es necesario que: a) el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; b) que éste deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; c) que a través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; d) que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; y d) para conceder la suspensión definitiva no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo datos de identificación, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 193142 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Octubre de 1999 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 115/99 Página: 448 RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO) Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley" y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo" En ese orden, se precisa que los artículos 3o, fracción XII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y, 2° y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, disponen lo siguiente: Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo" Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo "Artículo 2o. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley" "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables" De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, se advierte que se surte la competencia de los Tribunales Federales de Justicia Administrativa para conocer de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. En la especie, la parte quejosa señala que solicitó ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal de Valle de Santiago, Guanajuato, la autorización de un permiso de los bienes ubicados en calle *** que aduce, son de su propiedad; para lo cual acudió un inspector de esa dirección a fin de verificar dichos inmuebles, quien refirió que los mencionados inmuebles estaban considerados como monumentos históricos. Luego, ante tal circunstancia, la dirección solicitó la opinión del Director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en Guanajuato, el que dio respuesta mediante oficio *** en el que determinó que no es factible la propuesta de adecuación del inmueble por considerarlos como un ejemplo destacable y representativo de los inmuebles construidos en el país entre los siglos XVIII y IX, especialmente en las condiciones del siglo XVIII en la ciudad de Valle de Santiago. De lo anterior, se advierte que tal acto constituye un acto administrativo emitido por una autoridad administrativa, el cual es susceptible de ser modificados, revocados o nulificados a través del juicio contencioso administrativo. Se arriba a tal aserto, puesto que no se actualiza algún caso de excepción al principio de definitividad que haga procedente la vía constitucional como se demostrará a continuación: 1 La parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraña, pues como lo refiere en la demanda, fue quien solicitó la autorización de demolición que le fue negada. 2 La inconforme combate cuestiones de legalidad y no violaciones directas a la constitución, en tanto que se duele de la negativa de autorizar la demolición de ciertos bienes inmuebles, el cual puede ser impugnando a través del citado medio de defensa. 3 La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevén la tramitación del juicio contencioso administrativo, más no un reglamento. 4 En la substanciación del juicio de nulidad puede solicitarse la suspensión de los efectos de los actos reclamados, sin que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establezca mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para su otorgamiento, pues del estudio comparativo entre el artículo 128 de la legislación de la materia y el Capítulo III, denominado "De las Medidas Cautelares" de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual comprende los artículos 24 al 28 Bis, se obtiene que los requeridos para su procedencia, tanto en el juicio contencioso administrativo como en vía constitucional, resultan ser iguales. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo datos de identificación, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2011289 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II Materia(s): Administrativa, Común Tesis: 2a./J. 27/2016 (10a) Página: 1194 "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Contradicción de tesis 222/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto del Segundo Circuito y Tercero del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa. 3 de febrero de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó contra algunas consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. Criterios contendientes: El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 150/2015, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 374/2014. Tesis de jurisprudencia 27/2016 (10a) Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de marzo de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013" Por tanto, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el juicio contencioso administrativo, en los términos indicados, pues a través de ese medio de defensa, pudo obtener la insubsistencia del acto reclamado. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia previamente analizada, procede desechar la demanda de amparo, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa, lo anterior, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de la materia. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Ahora, la promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal; lo que, de acuerdo con la legislación de la materia, corresponde a la notificación por lista. En consecuencia, a fin de no vulnerar sus derechos, se ordena realizarle las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm? pag eName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la Administración del edificio, del tres de agosto de dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A *** se le tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO. Se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer contacto por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28, del Acuerdo General multicitado, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" Para tal efecto, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. REGISTRO DE PROMOCIÓN Finalmente, toda vez que con motivo de la Circular SECNO/8/2021, se encuentran suspendidas las labores ordinarias de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación por el periodo antes señalado, dicha circunstancia implicó el cierre del libro de correspondencia, por lo que se ordena registrar la promoción de cuenta al día siguiente hábil de su recepción, para asentar el folio correspondiente. OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN Finalmente, una vez que se trabaja bajo el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el periodo comprendido del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno; en cumplimiento a la Circular DGGJ/0007/2020, se comisiona al secretario de la adscripción que corresponda para que informe la recepción de esta demanda a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, a efecto de que la contabilice a este juzgado, la registre para su compensación y proporcione la papeleta correspondiente...
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