Angelica Serrano Crespo
Expediente 860/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 860/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Angelica Serrano Crespo
- Juez Unico de Primera Instancia del Ramo Civil En Valle de Santiago, Guanajuato
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo vigente; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo.
- Principal
Téngase por recibido el escrito que suscribe la quejosa ---; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas de las constancias que indica en el ocurso de cuenta, previa razón de recibo que se deje en autos. ...
- Principal
CONSTANCIA.- En cumplimiento al acuerdo de treinta de septiembre de dos mil quince, por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución dictada el treinta de septiembre de la presente anualidad que en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ---, por propio derecho, contra actos del Juez Único de Primera Instancia Civil, con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número ----; y, fórmese expediente. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo establece textualmente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su propio numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu. En efecto, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107.- El amparo indirecto es procedente: (.) V.- Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" Al respecto, resulta necesario precisar que, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste, o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la quejosa, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que, en este caso, los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Ahora bien, el promovente señala, como acto reclamado: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad ordenadora y ejecutora reclamo la Sentencia Interlocutoria dictada en fecha 03 de septiembre del año 2015 y notificada el día 08 de septiembre del mismo año, dentro del expediente --- acumulado al expediente ----, relativo al Juicio sucesorio Intestamentario, acumulado al Ordinario Civil promovido por la Tercero Interesado, en el Juzgado Único de lo Civil, de la ciudad de Valle de Santiago Guanajuato, y la orden de ejecutar dichos actos procesales para materializarse sobre sentencia del incidente de recusación del perito tercero en discordia." Asimismo, se desprende que la autoridad responsable Juez Único de Partido Civil, con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato, dictó sentencia interlocutoria dentro de los expedientes civiles números ---- y su acumulado ---, en donde se determinó que el perito nombrado tercero en discordia fuera removido de su cargo. Es decir, el acto reclamado constituye un acto procesal, por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. Se dice lo anterior, porque dicha resolución reclamada no incide en derechos sustantivos del quejoso sino sólo, y a lo más, en sus posibilidades de defensa en juicio. En efecto, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo la vigente ley de la materia, establece como requisito primordial para que la acción constitucional sea procedente, que los actos que motiven el ejercicio de esa vía afecten materialmente a los derechos sustantivos del gobernado. De lo que se sigue que el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por el quejoso, esta último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, en tanto que la autoridad responsable removió al perito nombrado tercero en discordia , dentro de los autos de los juicios civiles número ---- y su acumulado ----; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos, como se dijo, se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso. Es el caso referir que el artículo 107 Constitucional establece el amparo directo contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan a las partes en forma sustancial, de manera que se deje sin defensa a la quejosa, se precisa esto en virtud de que aun en el caso de que la sentencia que se llegara a dictar en el expediente de origen fuera adverso a los intereses de la parte quejosa, ésta tiene oportunidad de hacer valer la violación de la que ahora se duele en el juicio de amparo directo, de conformidad, además, con los artículos 170, que dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. [.]". En esas condiciones, el acto aquí reclamado, como se ha señalado, sólo produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal que son meramente formales y pueden ser reparados en el evento de que la parte peticionaria de garantías obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, y en el supuesto de que le fuera adverso, podrá alegar tal violación procedimental en el Amparo Directo que al efecto promueva contra dicho fallo, conforme lo prevé la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. En tales condiciones y toda vez que el acto tildado de inconstitucional por la quejosa, no reúne los requisitos exigidos por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y, por ende, el juicio de garantías biinstancial que se intenta en contra de tal acto deviene improcedente con apoyo en su numeral 113 de la ley de la materia, el no tratarse de un acto de ejecución irreparable, por consiguiente, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por ----, ante la existencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por lo que al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, aplicada a contrario sensu y 170, fracción I, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Ahora bien y en virtud de que la parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, lo que no es técnicamente posible; por tanto, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal, aun las de carácter personal. Téngasele como sus autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ----, en virtud de que no cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado el seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta y anexos, signado por -----, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se ordene a la autoridad responsable, dé cumplimiento cabalmente a lo resuelto en la sentencia dictada en el presente juicio. Ahora bien, cabe destacar que del estado de autos se desprende que por proveído de tres de agosto de dos mil quince, se le concedió a la autoridad responsable Subdelegada de Prestaciones Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por única ocasión, prórroga por el término de tres días subsecuentes a aquél en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, para el efecto de que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, toda vez que a la fecha no obra el acuse de recibo del oficio 15418, por el que se le concedió prórroga a la autoridad Subdelegada de Prestaciones Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se ordena girar de nueva cuenta oficio a la Subdelegada de Prestaciones Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para informarle de la prórroga concedida por única ocasión prórroga por el término de tres días subsecuentes a aquél en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, para el efecto de que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior con fundamento en el artículo 192 último párrafo de la Ley de Amparo a partir del tres de abril del año en curso; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 258, de la Ley de Amparo, y se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado Administrativo en Turno del Decimosexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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