Angelina Hernández Torres
Expediente 861/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 861/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Angelina Hernández Torres
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACION... HA CAUSADO ESTADO,... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... TRANSFIERASE A LA DIRECCION GENERAL EN CITA...
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de julio de dos mil diecinueve. Acumulación de las demandas. Vista la certificación que antecede se advierte que en las demandas de amparo promovidas por Angelina Hernández Torres y Wilbert Enrique Verde May, por propio derecho, se promueven contra la orden de traslado a diverso centro penitenciario y señalan como autoridades responsables al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México y otra autoridad; por tanto, en atención a la identidad de autoridades responsables y a la estrecha relación de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se ordena su acumulación de oficio, a fin de que sean resueltos en una sola sentencia y evitar resoluciones contradictorias. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 861/2019 y su acumulado 862/2019, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Causal de improcedencia. Ahora, en el caso a estudio, los promoventes de amparo afirman encontrarse recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Dr. Sergio García Ramírez", en Ecatepec, Estado de México, y hacen consistir el acto reclamado en la orden de traslado a diverso centro penitenciario, así como su ejecución. De lo anteriormente expuesto, se desprende que al interpretar los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir, que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Ahora, toda vez que en el presente juicio los impetrantes reclaman la posible orden de traslado a diverso centro penitenciario del que actualmente se encuentran recluidos, así como su ejecución, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación de los quejosos, es la afectación en su intereses por supuestos actos de autoridad; por lo tanto, deben probar de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tengan los promoventes de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser dirigido en forma personal y no por inducciones. En efecto, en la hipótesis no hacen mención a los antecedentes del acto reclamado; sin embargo, refieren bajo protesta de decir verdad y de manera coincidente "que al ser próximamente trasladada por la norma general y también por razones ajenas a mi alcance tales como la sobrepoblación o despreruzaciones de este C.P.R.S. Ecatepec de forma totalmente arbitraria y sin consentimiento alguno."; ni siquiera hacen mención de qué manera se les informó que serían trasladados del centro preventivo donde actualmente se encuentran recluidos, de donde resulta evidente de que en el caso concreto, lo que los quejosos pretenden es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo, máxime que de sus escritos de demanda, no se advierte que los quejosos manifestaran correr algún peligro. Precisado lo anterior, es válido concluir que no han sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1° y 61 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria, ya que el escrito de demanda no se advierte si quiera de manera probable la ejecución del acto reclamado, ya que no los atribuye a ninguna autoridad. En tales condiciones, es inconcuso que la demanda de amparo deviene improcedente, toda vez que es importante determinar la naturaleza del acto existente frente al acto futuro, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, los promoventes del juicio amparo, pueden sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y los actos que aquí se pretende combatir, aun no se han materializado. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya a los solicitantes de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio, en el entendido que no se le atribuye a alguna autoridad en los antecedentes de la demanda de amparo. Se desecha demanda de amparo. En tales condiciones, al no haber acreditado los promoventes del juicio de amparo, que con el acto reclamado se afectó su esfera jurídica, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en lo previsto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo. Notificación de las partes. Háganse a los quejosos la notificación de carácter personal en el lugar donde se encuentran actualmente recluidos, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. Se habilitan días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Notifíquese.
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