Angelica Sarahi Plata Sanabria
Expediente 35/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 35/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Angelica Sarahi Plata Sanabria
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal del expediente y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ************ en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Con base en lo anterior, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Depuración o destrucción del expediente. De conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISIDCCIONALES", este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Notifíquese por lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ...., contra actos que reclama del Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Fórmese expediente y regístrese en este juzgado con el consecutivo 35/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar al expediente electrónico los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ... En la especie, la parte quejosa reclama el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el expediente 3676/2022, por el cual ordena notificarle vía electrónica, la reconvención promovida por la parte demanda; así, como el diverso de trece de diciembre de la anualidad pasada, en el cual el juez de origen acuerda que no había lugar a regulariza el procedimiento respecto a la forma en que se ordenó notificarle la reconvención indicada en líneas que anteceden. Sin embargo, debe considerarse que dichos autos no constituye para la quejosa un acto de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, es dable determinar que los actos reclamados, no es susceptibles de afectar materialmente derechos sustantivos, pues únicamente se está ordenado notificarle vía electrónica, la reconvención promovida por la parte demanda en el juicio de origen; y por otra parte se le indicó que no había lugar a regulariza el procedimiento respecto a la forma en que se ordenó notificarle la reconvención indicada en líneas que anteceden. Resulta aplicable por los motivos que la informan e interpretada a contrario sensu, la Tesis I.13o.C.10k (10ªa), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Libro 66 Mayo de dos mil diecinueve, Tomo II, página 2646, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019828, cuyo rubro y texto, son: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO DERIVADO DE LA RECONVENCIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA O DESESTIMA ES UN ACTO CUYOS EFECTOS SON DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ATENTO AL DERECHO HUMANO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. De conformidad con la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 469/2012, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 19/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, página 595, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA ADVIERTA QUE ALGUNA DE LAS PARTES NO FUE LLAMADA AL JUICIO NATURAL, OFICIOSAMENTE DEBE MANDAR REPONER EL PROCEDIMIENTO."; el litisconsorcio pasivo necesario es un presupuesto procesal que debe interpretarse bajo la óptica de los derechos humanos, siendo uno de ellos el acceso efectivo a la justicia, el cual debe protegerse en todo momento en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta conclusión que fue emitida para resolver respecto de la reposición del procedimiento en cualquier etapa del procedimiento al advertirse que no se llamó a juicio a todos los litisconsortes, aun cuando no haya petición de parte, la cual se actualiza tratándose del juicio de amparo directo, resulta aplicable por extensión al juicio de amparo indirecto, cuando el tema del litisconsorcio pasivo necesario surge como violación intraprocesal, ya que el hecho de que el criterio en mención se haya emitido en relación con el deber del tribunal de alzada de examinar oficiosamente, si existe litisconsorcio pasivo necesario, no modifica la naturaleza de tal institución procesal, que debe ser entendida sobre la base de proteger en todo momento el derecho humano de acceso efectivo a la justicia consagrado en el citado artículo 17. De ahí que para el exclusivo efecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sea dable considerar que la resolución que aprueba o desestima el litisconsorcio pasivo necesario derivado de la reconvención, es un acto cuyos efectos son de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la medida en que se podrían ver afectados materialmente derechos sustantivos tutelados constitucionalmente. Cabe aclarar, que lo hasta aquí expuesto, no vulnera el derecho de acceso a la justicia tutelado en el artículo 17 constitucional; por el contrario, es congruente con todas las directrices y reglas de procedencia del juicio de amparo establecidas en nuestra Carta Magna, de suerte que si -como se ha explicado- el acto reclamado no afecta derechos sustantivos del quejoso y, por ende, no constituye un acto de imposible reparación, resultando improcedente el amparo en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; sin que por tal motivo pueda interpretarse violado el derecho fundamental de acceso a la justicia, más bien, debe entenderse que la inviabilidad de examinar en amparo indirecto el auto impugnado, obedece a que el juicio de constitucionalidad es un medio extraordinario de defensa, sólo procede cuando son de imposible reparación, lo cual, no acontece en la especie. Se desecha demanda. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por.. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa No ha lugar, a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, los cuales no pueden evidentemente ser considerados como un domicilio particular o procesal, pues éstos forman parte del órgano jurisdiccional, y por tanto dígasele que mientras no señale un domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se le realizarán a través de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Sin que sea el caso realizar manifestación respecto del correo electrónico que proporcional, ya que no es una forma de notificación que se encuentre contemplada en la Ley de Amparo, ni en los Acuerdos Generales emitidos en el Consejo de la Judicatura Federal. No obstante a lo anterior; y, dado el sentido del acuerdo, por única ocasión, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en y notifique el contenido del presente proveído a la quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados Téngase por autorizadas a las personas mencionadas en la demanda de amparo, para los efectos señalados, hasta en tanto acrediten estar legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En el entendido de que si lo hizo, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel) De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: Integración del expediente físico Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese.
- Principal
AVISO: Se notifica por lista de Acuerdos del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan, a la parte quejosa, el auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en virtud del aviso de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, auto que en lo conducente señala: Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos que reclama del Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Registro Fórmese expediente y regístrese en este juzgado con el consecutivo 35/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar al expediente electrónico los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Estudio de la demanda De conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Del contenido de la demanda de amparo, la parte quejosa señala esencialmente como acto reclamado el auto de **********, dictado por el Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el expediente **********, por el cual ordena notificarle vía electrónica, la reconvención promovida por la parte demanda; así, como el diverso de ********** de la anualidad pasada, en el cual el juez de origen acuerda que no había lugar a regulariza el procedimiento respecto a la forma en que se ordenó notificarle la reconvención indicada en líneas que anteceden. Precisado lo anterior, esta juzgadora advierte de oficio, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque de acuerdo con su naturaleza, los actos reclamados no produce a la agraviada una ejecución de imposible reparación. En efecto, los citados artículos establecen que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V, del numeral 107 de la Ley de la materia, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas cuyos efectos sean de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: "(...) De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de 'imposible reparación', dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la transcripción que antecede se advierte -en lo que interesa-, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; en consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, aun cuando sean de grado predominante o superior, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de imposible reparación (que afecte materialmente derechos sustantivos) es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: 1. Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En la especie, la parte quejosa reclama el auto de **********, dictado por el Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el expediente **********, por el cual ordena notificarle vía electrónica, la reconvención promovida por la parte demanda; así, como el diverso de ********** de la anualidad pasada, en el cual el juez de origen acuerda que no había lugar a regulariza el procedimiento respecto a la forma en que se ordenó notificarle la reconvención indicada en líneas que anteceden. Sin embargo, debe considerarse que dichos autos no constituye para la quejosa un acto de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, es dable determinar que los actos reclamados, no es susceptibles de afectar materialmente derechos sustantivos, pues únicamente se está ordenado notificarle vía electrónica, la reconvención promovida por la parte demanda en el juicio de origen; y por otra parte se le indicó que no había lugar a regulariza el procedimiento respecto a la forma en que se ordenó notificarle la reconvención indicada en líneas que anteceden. Resulta aplicable por los motivos que la informan e interpretada a contrario sensu, la Tesis I.13o.C.10k (10ªa), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Libro 66 Mayo de dos mil diecinueve, Tomo II, página 2646, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019828, cuyo rubro y texto, son: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO DERIVADO DE LA RECONVENCIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA O DESESTIMA ES UN ACTO CUYOS EFECTOS SON DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ATENTO AL DERECHO HUMANO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. De conformidad con la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 469/2012, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 19/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, página 595, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA ADVIERTA QUE ALGUNA DE LAS PARTES NO FUE LLAMADA AL JUICIO NATURAL, OFICIOSAMENTE DEBE MANDAR REPONER EL PROCEDIMIENTO."; el litisconsorcio pasivo necesario es un presupuesto procesal que debe interpretarse bajo la óptica de los derechos humanos, siendo uno de ellos el acceso efectivo a la justicia, el cual debe protegerse en todo momento en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta conclusión que fue emitida para resolver respecto de la reposición del procedimiento en cualquier etapa del procedimiento al advertirse que no se llamó a juicio a todos los litisconsortes, aun cuando no haya petición de parte, la cual se actualiza tratándose del juicio de amparo directo, resulta aplicable por extensión al juicio de amparo indirecto, cuando el tema del litisconsorcio pasivo necesario surge como violación intraprocesal, ya que el hecho de que el criterio en mención se haya emitido en relación con el deber del tribunal de alzada de examinar oficiosamente, si existe litisconsorcio pasivo necesario, no modifica la naturaleza de tal institución procesal, que debe ser entendida sobre la base de proteger en todo momento el derecho humano de acceso efectivo a la justicia consagrado en el citado artículo 17. De ahí que para el exclusivo efecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sea dable considerar que la resolución que aprueba o desestima el litisconsorcio pasivo necesario derivado de la reconvención, es un acto cuyos efectos son de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la medida en que se podrían ver afectados materialmente derechos sustantivos tutelados constitucionalmente. Cabe aclarar, que lo hasta aquí expuesto, no vulnera el derecho de acceso a la justicia tutelado en el artículo 17 constitucional; por el contrario, es congruente con todas las directrices y reglas de procedencia del juicio de amparo establecidas en nuestra Carta Magna, de suerte que si -como se ha explicado- el acto reclamado no afecta derechos sustantivos del quejoso y, por ende, no constituye un acto de imposible reparación, resultando improcedente el amparo en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; sin que por tal motivo pueda interpretarse violado el derecho fundamental de acceso a la justicia, más bien, debe entenderse que la inviabilidad de examinar en amparo indirecto el auto impugnado, obedece a que el juicio de constitucionalidad es un medio extraordinario de defensa, sólo procede cuando son de imposible reparación, lo cual, no acontece en la especie. Se desecha demanda. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **********. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa No ha lugar, a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, los cuales no pueden evidentemente ser considerados como un domicilio particular o procesal, pues éstos forman parte del órgano jurisdiccional, y por tanto dígasele que mientras no señale un domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se le realizarán a través de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Sin que sea el caso realizar manifestación respecto del correo electrónico que proporcional, ya que no es una forma de notificación que se encuentre contemplada en la Ley de Amparo, ni en los Acuerdos Generales emitidos en el Consejo de la Judicatura Federal. No obstante a lo anterior; y, dado el sentido del acuerdo, por única ocasión, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en **********, y notifique el contenido del presente proveído a la quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados Téngase por autorizadas a las personas mencionadas en la demanda de amparo, para los efectos señalados, hasta en tanto acrediten estar legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En el entendido de que si lo hizo, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel) De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Integración del expediente físico Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese.
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