Angélica Vargas Valencia y Otros.

Expediente 759/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
759/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Angélica Vargas Valencia
  • Angélica Vargas Valencia y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta a la certificación secretarial de cuenta y al estado de autos, se advierte que feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de 10/08/23 16:03:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d MARÍA CHAVEZ VALENCIA Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. Asimismo, con apoyo en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su desintegración. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Respecto a los CUADERNOS INCIDENTALES, toda vez que se NEGÓ la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso c), del citado Acuerdo General, SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, el original una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, y el duplicado transcurrido el término de seis meses. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el oficio firmado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y remite copia certificada del oficio 1128, de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, girado en el expediente 589-3/2020 de su índice; por tanto, glósense a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable, la documental que exhibe, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. En este contexto, de las documentales que exhibe la oficiante se advierte que el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se remitió el expediente 589-3/2020 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, a la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por la quejosa Angélica Vargas Valencia, contra la sentencia definitiva; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:" (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Conforme al texto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se remitió el expediente 589-3/2020 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, a la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por la quejosa Angélica Vargas Valencia, contra la sentencia definitiva, el cual fue recibido por dicho tribunal de alzada el uno de septiembre actual; lo que evidencia que dejó de existir el agravio que le fue causado a la aquí quejosa Angélica Vargas Valencia. Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que la causa de improcedencia que prevé se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte, que al rubro y texto reza: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Junio de 199 Tomo IX, página 38). Así como la diversa tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Noviembre de 1997, Tomo VI, página 71). Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad a la que se le atribuye deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En el caso, el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de remitir el expediente 589-3/2020 de su índice, a la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por la quejosa; sin embargo, de las constancias exhibidas por la oficiante, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación, se aprecia que dicha resolución se emitió el cinco de agosto de dos mil veintidós; por lo que se actualiza una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Sirve de sustento a esta determinación jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto rezan: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Marzo de 200e4, Tomo XVII, página 386). En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional programada para las diez horas con diez minutos del veinte de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Incidental

    Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 140, 144 y 217, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a ***, por propio derecho, y en representación de sus menores hijos de identidad reservada de iniciales X.E., P.E., D.B., Q. y J.A., todos de apellidos García Vargas, la suspensión definitiva de los actos reclamados por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Angélica Vargas Valencia, por propio derecho, y en representación de sus menores hijos de identidad reservada, de iniciales X.E., P.E., D.B., Q. y J.A., todos de apellidos García Vargas, contra actos del Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad responsable. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 759/2022-I-M y fórmese expediente. Ahora bien, toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento de la demanda de amparo, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del presente asunto; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la misma. En términos de lo dispuesto en los artículos 11 y 121 de la Ley de Amparo, solicítese al Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, para que al momento de rendir su informe justificado remita copia certificada de las documentales de las que se advierta si la promovente tiene reconocido el carácter con el que se ostenta en esta instancia constitucional. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión de los actos reclamados, por así haberlo solicitado la parte quejosa. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. En términos del artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere informe justificado a las autoridades responsables, el que deberán rendir respecto de los actos que en específico se les atribuyen, en el plazo de quince días, computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Se apercibe que ante la omisión sobre el particular, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, conforme al artículo 117, párrafo cuarto de la ley de la materia. Conforme al artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere para que en el mismo plazo, expongan las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad de los actos atribuidos y remitan copia certificada de la totalidad de las constancias que acrediten la veracidad de su dicho, las que deberán ser legibles. En la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 231455, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tomo I, Segunda Parte-1, Febrero a Junio de 1988, página 351). En la inteligencia de que ese informe deberán remitirlo a este juzgado, con la anticipación que permita su conocimiento por las partes con por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio, ya que de lo contrario se propiciaría su diferimiento, con la consecuente dilación en la impartición de justicia. Indíquese a las autoridades responsables que en términos de los numerales 260 y 238, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, podrá multárseles con cien a mil Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, en caso de que no rindan su informe justificado, o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio. Comuníquese que se sancionará de igual forma, en caso de negativa a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, tal como lo establece el diverso numeral 245 de la ley de la materia; habida cuenta la obligación de recibir los oficios que se le dirijan, pues en caso de negarse bajo cualquier excusa que no resulte trascedente, se tendrá por hecha la notificación. Se informa a las autoridades responsables que las notificaciones se les practicarán por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." (Registro 2002576, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Página: 1253) Con fundamento en los artículos 64 y 16 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o del fallecimiento de la quejosa o alguno de los terceros interesados, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en los numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. De igual forma, para que informen a este juzgado federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en la demanda, y como sus autorizados sólo para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Adriana Patricia Torres Ayvar, María Elvira Nolasco Marín, Blanca Olaf Anyu Morales, Mónica Martínez Mendoza, J. Jesús Uriostegi Salgado, Luz López Zafra, José Fuentes Urban y Minerva Lucas Martínez, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredite como Licenciados en Derecho. De igual forma, téngase a la quejosa proporcionando una cuenta de correo electrónico y número telefónico, para el único efecto de entablar comunicaciones no procesales, en caso de que este órgano jurisdiccional lo estime necesario, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que las manifestaciones que formulen por escrito en el expediente en que se actúa, previa certificación, se agregarán a los autos y el día de la audiencia constitucional se dará cuenta con los mismos en vía de alegatos a fin de que este juzgador acuerde lo que en derecho corresponda. Se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, o bien, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se le apercibe que si las autoridades responsables señaladas no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde al peticionario del amparo estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio, así como la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el asunto; sin embargo, en este punto, se hace del conocimiento de las partes que actualmente, los órganos jurisdiccionales Federales en este puerto de Acapulco, carecen de un centro de fotocopiado en el interior de las instalaciones que ocupa en Poder Judicial de la Federación; ello, no obstante que desde que esa circunstancia inició, han transcurrido varios meses; por tanto, a efecto de materializar la presente autorización, se les solicita que al momento de elevar su petición, proporcionen una cuenta de correo electrónico a fin de que les sean remitidas por persona de este juzgado en formato PDF, en la inteligencia de que, de requerir copia certificada, deberán imprimir las constancias respectivas y acudir previa cita a este juzgado para que el secretario habilitado realice la certificación correspondiente, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Se hace saber a las partes que, el tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en el que se establecen los postulados al tenor de los cuales se regirá la actividad jurisdiccional durante el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte (directrices que continúan vigentes de conformidad con lo establecido en el diverso acuerdo 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con vigencia hasta el dos de octubre de dos mil veintidós), y se determinó expresamente que durante ese período, deberá procurarse que el desahogo de las diligencias, alegatos y audiencias se realicen utilizando las videoconferencias como regla general, sin menoscabo de los casos en los que, como suele ocurrir con las audiencias constitucionales o incidentales, pueden llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Pues resulta claro que las partes pueden comparecer por escrito a las audiencias; lo anterior, siempre y cuando no existan pruebas que ameriten especial desahogo en el expediente en que se actúa, o se trate de alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; y se les requiere para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que les surta efectos la notificación de este acuerdo, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. Asimismo, se reitera a las partes que los escritos que se presenten de manera electrónica deberán contar con la evidencia criptográfica a que se refieren los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del nueve de junio de dos mil veinte, a fin de darles el mismo tratamiento que a las diversas presentadas en formato impreso con firma autógrafa. En consecuencia, las promociones o escritos que no cuenten con la citada evidencia criptográfica, deberán ser exhibidos de manera física, y podrán ser recibidos en las instalaciones que ocupa el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Acapulco, Guerrero, en un horario comprendido de las nueve a las catorce horas en la oficialía de partes común. Notifíquese; personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.

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