Angelica Vargas Valencia

Expediente 819/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
819/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Angelica Vargas Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva este cuaderno incidental, tal como está ordenado en dicho auto. Ahora bien, de conformidad con los artículos 20, fracción II, inciso a) y 21 inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se reitera que, los CUADERNOS DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en que se actúa, SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, el original una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, y el duplicado transcurrido el término de seis meses. Cúmplase. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta a la certificación secretarial de cuenta y al estado de autos, se advierte que feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del acuerdo de diez de octubre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. Asimismo, con apoyo en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su desintegración. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Respecto a los CUADERNOS INCIDENTALES, toda vez que se NEGÓ la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso c), del citado Acuerdo General, SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, el original una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, y el duplicado transcurrido el término de seis meses. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el oficio firmado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, a través del cual desahoga el requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional, y al efecto remite copia certificada de las constancias relacionadas con el acto reclamado y que deriva del juicio especial de alimentos 589-3/2020 de su índice; por tanto, glósense a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes. En este contexto, de las documentales que acompañó la autoridad responsable en apoyo de su informe con justificación, se advierte que en proveído de dos de septiembre de dos mi veintidós, acordó la petición formulada por la parte quejosa en el escrito de quince de agosto del año en curso, presentado el veintidós siguiente; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:" (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Conforme al texto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que la autoridad responsable, con fecha posterior a la presentación de la demanda; es decir, el dos de septiembre de dos mil dieciocho, proveyó la petición formulada por la quejosa en el escrito de quince agosto de agosto de dos mil veintidós, presentado el veintidós siguiente, en el juicio especial de alimentos 589-3/2020; lo que evidencia que dejó de existir el agravio que le fue causado a la aquí quejosa Angélica Vargas Valencia. Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que la causa de improcedencia que prevé se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte, que al rubro y texto reza: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Junio de 199 Tomo IX, página 38). Así como la diversa tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Noviembre de 1997, Tomo VI, página 71). Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad a la que se le atribuye deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión por parte de las autoridades responsables de proveer el ocurso presentado por la quejosa el veintidós de agosto de dos mil veintidós, y de las constancias exhibidas por la propia autoridad, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación, se aprecia que en acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintidós, acordó el aludido ocurso; por lo que se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Sirve de sustento a esta determinación jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto rezan: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Marzo de 200e4, Tomo XVII, página 386). En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional programada para las diez horas con veinte minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, Secretaria que autoriza. Doy fe

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta al estado procesal que guarda este sumario, se advierte que las autoridades responsables Juez y Tercera Secretaria de Acuerdos, ambos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, no rindieron su informe justificado, pese a que ya feneció el plazo de quince días que se les otorgó para tal efecto, como se acredita con el acuse de recibo de los oficios 26933 y 26934, del que se desprende que fueron notificadas el dos de septiembre actual. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Juez y Tercera Secretaria de Acuerdos, ambos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente auto, remitan copia certificada de las constancias relacionadas con el acto reclamado y que deriva del expediente 589-3/2020 de su índice; apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. Tiene aplicación la Jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Febrero de 1997, Tomo V, página 108). Por tanto, para dar margen a lo anterior, resulta procedente diferir la audiencia constitucional programada para esta fecha, y se fija para LAS DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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