Angelica Santiago Solano

Expediente 980/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
980/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
28/12/2017

Partes del expediente

  • Angelica Santiago Solano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. En relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, primer párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido; por lo que se ordena glosar ambos cuadernos al expediente principal. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Ahora bien, tomando en consideración que al presente asunto el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares y del Secretario Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, al rendir su respectivo informe justificado remitieron copia certificada del juicio especial de desahucio 132/2017-3, que constituye el tomo uno de pruebas; devuélvase a las referidas autoridades, dado que resulta innecesario su permanencia en este órgano jurisdiccional Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa anexo diversas documentales en original a su escrito de demanda; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 980/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Angélica Santiago Solano, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. Ejecutora Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. Ambas, con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "De la autoridad ordenadora y responsable, reclamo TODO LO ACTUADO EN EL EXPEDIENTE NUMERO 132/2016-3, PROMOVIUDO POR MA. GUADALUPE DIAZ LARUMBE, EN CONTRA DE JORGE GOMEZ ANDALON, DEL JUICIO DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO DE RENTAS; y de la autoridad ejecutora reclamo el cumplimiento del desalojo que pretenden realizar en el domicilio del cual tengo la posesión y ejerzo dominio sobre el mismo sin haber sido oída y vencida en juicio." SEGUNDO. Derechos Constitucionales vulnerados. La quejosa señaló como derechos transgredidos los contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, la cual quedo registrada en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 980/2017; se solicitó a las autoridades responsables rindieras sus informes justificados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se ordenó emplazar a la tercera interesada Ma. Guadalupe Díaz Larumbe, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Carlos Salvador Vargas Jiménez, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción VI de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclaman actos derivados de un juicio especial de desahucio en el que la quejosa se ostenta como tercera extraño, atribuidos a autoridades con sede en la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. La quejosa bajo protesta de decir verdad en su demanda manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el seis de noviembre de dos mil diecisiete, en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del siete al veintiocho de noviembre del año en curso, descontándose los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis por ser inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada el siete de noviembre pasado, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la ley de la materia. TERCERO. Precisión del acto reclamado. En atención a los lineamientos que para el dictado de las sentencias de amparo, establece el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que la quejosa como tercera extraña reclama por esta instancia la orden de desposesión emitida en el expediente número 132/2016, relativo al juicio especial de desahucio (por falta de pago de rentas) promovido por la aquí tercera interesada Ma. Guadalupe Díaz Larumbe, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Carlos Salvador Vargas Jiménez, en contra de Jorge Gómez Andalón, respecto del bien inmueble ubicado en calle Inalámbrica número 51, del fraccionamiento Las Playas, en esta ciudad, y del que se dice legítima poseedora. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman al Juez y al Secretario Actuario, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir conjuntamente su informe con justificación, y que además se corrobora con la documental que remitieron como apoyo al mismo, consistente en copia certificada de las constancias que integran el juicio especial de desahucio número 132/2017 (tomo I de prueba); las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de acuerdo al artículo 2 de la ley reglamentaria del juicio constitucional. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." De conformidad con el artículo transcrito, tratándose de actos emanados de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés jurídico reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto autoritario que estime violatorio de garantías en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora bien, la quejosa se ostenta como tercera extraña al juicio especial de desahucio (por falta de pago de rentas) número 132/2017, en el que por sentencia definitiva de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se ordenó la desocupación y entrega a favor de la parte actora, aquí tercero interesada, del bien inmueble objeto del arrendamiento consistente en la planta alta de la casa marcada con el número 51-1, de la calle Inalámbrica, Barrio de la Pinzona, en esta ciudad (del que dice tiene la posesión); entendiéndose por tal como aquella persona física o moral que no figura en el procedimiento como parte en sentido material (actor, demandado, tercero interesado, etc.), pero sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Es decir, lo que se busca es sustraer de una contienda y sus efectos, los derechos que hubieran sido afectados al gobernado precisamente porque la misma no se enderezó en su contra, de ahí que no sea el proceso la sustancia del debate en la sede constitucional, ya que los efectos de la sentencia que llegara a dictarse, no tendrían por consecuencia vincular a que se deje insubsistente todo lo ahí actuado, sino únicamente restituirle los derechos afectados. Luego, si en el caso, la solicitante del amparo tiene el carácter de tercera extraña en estricto sentido, al juicio especial de desahucio (por falta de pago de rentas) número 132/2017, del que emanan los actos reclamados, pues como se dijo con antelación, dicha instancia fue promovida por Ma. Guadalupe Díaz Larumbe, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Carlos Salvador Vargas Jiménez, en contra de Jorge Gómez Andalón, para que demuestre tener un interés jurídico susceptible de ser protegido en esta instancia constitucional respecto del inmueble que defiende, debe acreditar que tiene un derecho jurídicamente tutelado. En este punto, es necesario destacar el hecho de que sólo la posesión fundada en un título que se sustente en alguna de las figuras jurídicas que regula el derecho común es susceptible de protección en el amparo; según se deriva de la jurisprudencia integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Sin embargo, la quejosa no demostró su interés jurídico en razón de que no aportó medio de convicción idóneo para acreditar que cuenta con un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer el inmueble que en esta vía reclama, de manera que la promovente tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien raíz de que se trata, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión; lo anterior, no obstante que allegó al sumario como prueba en original su cartilla nacional de salud, una solicitud de mastografía realizada al Instituto Mexicano del Seguro Social, un recibo del consumo de agua expedido por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de esta ciudad a nombre de Raúl Jiménez Andraca, en tanto que en copia simple: la información de un crédito que le otorgó Banco Azteca, Sociedad Anónima, el contrato que celebró con Iusacell, así como de la carta de bienvenida al plan Viva Control que éste le emitió, y por último de su acta de matrimonio; documentales que no tienen la eficacia demostrativa suficiente a efecto de evidenciar de forma clara y precisa cómo es que los actos reclamados inciden en su esfera jurídica, pues las últimas carecen de valor probatorio al tratarse de copias fotostáticas simples; es decir, de producto obtenido mediante métodos técnicos y científicos a través del cual es posible alterar la reproducción del original, arreglarla, o en el último de los casos componerla, con la consiguiente incertidumbre que genera a quien ha de establecer su eficacia convictiva o fuerza demostrativa, ante la latente posibilidad de que tal reproducción no corresponda de manera fiel con el documento original, mientras que las restantes en su caso solo demuestran que la quejosa tiene la tenencia o posesión material del inmueble del cual pretende ser desalojada, pero no demuestran que ésta sea legitima, lo anterior, ya que el único medio para acreditar la propiedad de un bien inmueble, y ésta como causa originaria de la posesión, es el instrumento público o la escritura privada respectivos. Así pues, las pruebas anteriormente valoradas, conjuntamente con el resto de constancias que obran en el sumario, analizadas en su conjunto, no son mas que indicios que nos hacen suponer la posesión simple o tenencia material de la quejosa sobre el bien inmueble que defiende, pero de manera alguna acreditaron que ejerza su posesión jurídica. De esta forma, y entendiendo que la simple tenencia material de un bien inmueble, cuando falte alguna de las causas legales reconocidas para originarla, no es la posesión que protegen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el caso la quejosa no demostró la existencia de alguna causa legal quo origine la posesión de cuya privación se duele; entonces debe entenderse que no se acreditó la existencia de un derecho jurídicamente tutelado, situación que estaba obligada a demostrar para que este órgano de control constitucional estuviera en aptitud legal de analizar el fondo de la inconstitucionalidad planteada al respecto; máxime que el interés jurídico, tratándose del juicio de amparo, debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, lo que no se demostró en este asunto, según lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el número 293, en la página 242, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En las narradas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis y jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que algunas fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo demás en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio número 980/2017, promovido por Angélica Santiago Solano, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  4. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MA. GUADAÑLUPE DIAZ LARUMBE, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que mediante acuerdo de ocho de noviembre del año en curso, se reservó a proveer respecto de las prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, hasta en tanto se encontraran notificadas todas las partes en el presente asunto y como dicha circunstancia ya aconteció; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada la prueba de referencia que ofreció con cargo a Mirna Leticia Postales Ruiz y Juan Carlos Hernández González, y en preparación de la misma, se ordena distribuir entre las partes copia del interrogatorio el cual se encuentra inmerso en la demanda de amparo, por si desean comparecer a la audiencia a formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas; en el entendido de que a las autoridades responsables ya se les envió copia del ocurso de referencia, así como a la parte tercera interesada se le corrió traslado con el mismo. Asimismo, hágasele del conocimiento al oferente que queda a su cargo la presentación de los testigos de referencia, tal como lo manifiesto en su escrito de demanda, quienes deberán comparecer debidamente identificados con documento de validez oficial con fotografía, el día de la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, en la que habrán de calificarse las preguntas del interrogatorio; en la inteligencia que de no presentarlos, o de no hacerlo debidamente identificados, se declarará desierta dicha probanza en su perjuicio.

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