Angélica Jiménez Martínez

Expediente 472/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 25 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
472/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Angélica Jiménez Martínez
  • Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    CERTIFICACION

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido Acuerdo General; y en igual término es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del citado artículo 18, previa conservación de la resolución que concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal como del incidente de suspensión (original y duplicado) conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, ya que de autos se advierte que el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación remitió en dos tomos copia certificada de diversas constancias y actuaciones que obran en el expediente 212/2020 relativo al juicio ejecutivo mercantil acumulado a la providencia precautoria de retención de bienes de su índice, y dado que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado, remítanse a su lugar de origen. Notifíquese.

  3. Principal

    TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL

  4. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ACUERDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; dos de julio de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del convenio de restructuración de crédito exhibido por las partes contendientes, así como la diligencia de ratificación de catorce de junio de dos mil veintiuno, y del acuerdo de dieciséis del citado mes, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 212/2020-I de su índice, del que se advierte que se aprobó dicho convenio y se declaró cosa juzgada como sentencia ejecutoriada; por tanto, con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas que ello acarrea. Sobre el particular, este juzgado federal advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en virtud de que aun subsistiendo el acto reclamado, éste ha dejado de surtir sus efectos legales. Lo anterior es así, tomando en consideración que del análisis integral de la demanda en relación con las constancias de autos se obtiene que la parte quejosa reclama el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, en el que se decretó como medida precautoria al juicio ejecutivo mercantil la retención del vehículo de su propiedad con las siguientes características: Sonic LT "D", Modelo 2017, marca Chevrolet, color exterior ocre metálico, color interior gris titanio/negro, serie 3G1J85CC8HS571510, y su eventual ejecución atribuido al Coordinador General de Movilidad y Transporte del municipio, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en el expediente 212/2020-I, relativo al juicio Ejecutivo Mercantil acumulado a la providencia precautoria de retención de bienes, promovido por Arrendadora Afirme, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Afirme Grupo Financiero, en contra de la aquí quejosa, al cual se ostenta tercero extraña a juicio por equiparación. Luego de las constancias remitidas por el Juez responsable en el escrito de cuenta; las cuales por tratarse de documentales públicas tienen valor probatorio pleno, como lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2º; se advierte que el catorce de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por ratificado ante la presencia judicial el convenio presentado en esa misma fecha por las partes en el referido expediente natural, y por diversa actuación de dieciséis de junio siguiente, se aprobó en sus términos y se elevó a categoría de cosa juzgada como si se tratara de sentencia ejecutoriada, quedando obligadas las partes al mismo. De ahí que, si el acto reclamado consistente en la retención del vehículo propiedad de la quejosa, dejó de surtir sus efectos legales y materiales, debido a su materia dejó de existir; al haber llegado las partes a un convenio ratificado ante la autoridad judicial, tan es así que el bien afecto a la medida precautoria fue objeto de transacción, como se aprecia de la cláusula novena del citado convenio en el que la parte demandada aceptó en garantía del pago del adeudo reconocido en el contrato establecido como documento base de la acción del procedimiento conformado por el referido vehículo, entre otros bienes; de modo que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, circunstancia que evidencia la actualización de la causa de improcedencia a estudio. Apoya lo anterior la tesis número XCIX/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 357, tomo XXI, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Bajo ese contexto, al sobrevenir de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo; lo que procede es decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES..

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