Angélica Romero Loya

Expediente 349/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
349/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
02/07/2021

Partes del expediente

  • Angélica Romero Loya
  • Administrador de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "4" de la Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior, de la administración General de Auditoria de Comercio Exterior, dependiente del Servicio de Administración Tribut

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de junio de dos mil veintiuno. Visto el telegrama con el que se da cuenta, agréguese a sus autos sin que sea el caso proveer sobre su contenido, ya que el veinticinco de mayo del año en curso, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, se procedió a celebrar la correspondiente a este juicio de amparo 349/2020-V-B, promovido por Ricardo Hernández, apoderado legal de Angelica Romero Loya, sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia, la Secretaría procede a la lectura de la demanda de garantías y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1157, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Acto continuo, se abre el periodo probatorio, y con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales que obran en autos, por así permitirlo su propia y especial naturaleza, sin que existan otros elementos de prueba pendientes de desahogo, se cierra dicha etapa; enseguida, se apertura la fase de alegatos, en la que se hace constar que ninguna de las partes los formuló por lo que se declara cerrada la misma; habiéndose dado a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, dicha representación social no presentó pedimento. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la siguiente sentencia: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 349/2020-V-B, promovido por Ricardo Hernández, apoderado legal de Angelica Romero Loya, contra actos de las autoridades responsables, Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "4" de la Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior, de la Administración General de Auditoria de Comercio Exterior, dependiente del Servicio de Administración Tributaria; Administrador General de Auditoria General de Auditoria de Comercio Exterior, del Servicio de Administración Tributaria; y Servicio de Administración Tributaria, con sede en la ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado vía electrónica el veinticuatro de agosto del dos mil veinte, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, que por razón de turno, el mismo se remitió en la misma fecha a la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, Ricardo Hernández, apoderado legal de Angelica Romero Loya, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "4" de la Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior, de la Administración General de Auditoria de Comercio Exterior, dependiente del Servicio de Administración Tributaria; Administrador General de Auditoria General de Auditoria de Comercio Exterior, del Servicio de Administración Tributaria; y Servicio de Administración Tributaria, con sede en la ciudad de México, a quienes les reclamó lo siguiente: "IV.- ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS.- De todas las autoridades señaladas como responsables, reclamo: El decomiso del vehículo marca HONDA, tipo Pick Up, línea RIDGELINE, modelo 2008, color marrón, con número de serie de identificación vehicular (VIN) 2HJYK16518H541342, con placas número IZJ516 del Estado de IOWA, Estados Unidos de América. La omisión de dar inicio al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, y/o darme a conocer legalmente el inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, establecido en la Ley Aduanera. La omisión de emitir, y/o darme a conocer, legal y oportunamente la resolución que debe recaer al Procedimientos Administrativo en Materia Aduanera, establecido en la Ley Aduanera." Los anteriores actos, los estimó vulneradores de sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, como antecedentes relató bajo protesta de decir verdad, los que consideró pertinentes. SEGUNDO. Mediante proveído de veintiséis de agosto del dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada como expediente 349/2020-V-B, se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; por lo que: C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, y 107, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de actos que derivan de hechos que tuvieron verificativo en el territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en observancia al criterio establecido en la Jurisprudencia P./J.40/2000, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integra de la demanda y de las demás constancias que obran en el expediente, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, en concreto, son los siguientes: "a). El decomiso del vehículo marca HONDA, tipo Pick Up, línea RIDGELINE, modelo 2008, color marrón, con número de serie de identificación vehicular (VIN) 2HJYK16518H541342, con placas número IZJ516 del Estado de IOWA, Estados Unidos de América. b). La omisión de dar inicio al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, y/o darme a conocer legalmente el inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, establecido en la Ley Aduanera. c). La omisión de emitir, y/o darme a conocer, legal y oportunamente la resolución que debe recaer al Procedimientos Administrativo en Materia Aduanera, establecido en la Ley Aduanera." En tales condiciones, esos serán los actos que constituyan la materia de análisis de este juicio. Es apoyo a lo considerado, por no contravenir lo dispuesto en la ley de la materia vigente, se cita la Tesis P.VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. La autoridad responsable, Administrador General de Auditoria de Comercio Exterior, con sede en la ciudad de México, negó los actos reclamados por la quejosa Angelica Romero Loya. Informe, que dado su carácter de público al haber sido emitido por autoridad en ejercicio de sus funciones, merece pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Ahora bien, la obligación que impone el artículo 117 de la ley de la materia, en el sentido de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado, debe explicar las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia en el juicio y acompañar en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean necesarias para apoyar dicho informe, en el que la autoridad admite su existencia y aduce su legalidad, más no cuando esa autoridad negó categóricamente los actos que se le imputan, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos últimos, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza de los actos de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que son ilegales. Apoya la anterior consideración, por no oponerse a lo dispuesto en la Ley de Amparo, la Tesis: VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903, del Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." En el caso, la impetrante el amparo no presentó probanza alguna para desestimar el informe emitido por la mencionada autoridad responsable, por lo que dichos actos reclamados a la misma son inexistentes. Por tanto, lo que procede es tener por inexistentes los actos reclamados a la autoridad en mención, y en consecuencia sobreseer en el presente juicio respecto de esa autoridad, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, que al efecto establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Tiene aplicación al caso, acorde a lo señalado en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia en vigor, la Jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, página 236, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por otra parte, la autoridad responsable, denominada Servicio de Administración Tributaria, con residencia en la Ciudad de México, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse legal y oportunamente notificada para tal efecto por medio de correo electrónico, como se advierte del acuse de recibo que obra en autos del presente juicio de amparo, y haber transcurrido el término de quince días que le fue otorgado para rendir su informe respectivo; sin embargo, no es el caso de tener por cierto los actos materia de reclama, respecto a dicha autoridad, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud, de que como se observará en consideraciones subsecuentes, los actos materia de reclamo fueron emitidos por diversa autoridad, de ahí que por la autoridad omisa resultan inexistentes los mismos; en tal virtud se sobresee en el presente juicio respecto al referida autoridad, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. De igual manera, la autoridad responsable, Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "4" de la Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior, de la Administración General de Auditoria de Comercio Exterior, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la ciudad de México, al rendir su informe justificado, se advierte que negó los actos reclamados, señalados como incisos b) y c). Para acreditar lo anterior, remitió copia certificadas relativas al procedimiento administrativo en materia aduanera, con folio CVV19900066/20/05, oficio 110-94-04-00-00-2020-0164, en las cuales se aprecia que el ocho de febrero del dos mil veinte, se realizó el Acta de Verificación, Embargo y Notificación del Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de Vehículos de Procedencia Extranjera, respecto del vehículo de procedencia extranjera, marca HONDA, tipo Pick Up, línea RIDGELINE, modelo 2008, color marrón, con número de serie de identificación vehicular (VIN) 2HJYK16518H541342, con placas número IZJ516 del Estado de IOWA, Estados Unidos de América, automotor que se encontró circulando en el kilómetro 44 de la carretera panamericana 45, a la altura del poblado de Samalayuca del Municipio de Juárez, Chihuahua (punto de revisión denominado precos), y que al solicitarle el personal actuante adscrito a la Administración de operaciones Especiales de Comercio Exerior "4", de la Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior, de la Administración General de Auditoria de Comercio Exterior, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, a la conductora aquí quejosa, que comprobara la legal importación, tenencia o estancia en el país de la citada unidad vehicular, solo mostró documento diferente al español denominado "New Plate IZJ516" en el que se describe el referido vehículo de procedencia extranjera, a nombre de Bernardo Castro, y documental en idioma diferente al español denominado "CERTIFICATE OF TITLE TO A VEHICLE", número 25AD43178, folio A021969395 de fecha 27 de diciembre de 2019, en el cual se describe el vehículo en mención, a nombre de Bernardo Castro; asimismo, que en resolución de siete de julio de dos mil veinte, emitida por la referida autoridad, se determinó la situación fiscal en materia de comercio exterior de la quejosa, determinándole un crédito fiscal en su contra, en su carácter de propietaria, conductora y/o tenedora del referido vehículo de origen y procedencia extranjeral. De igual forma, de las documentales que remitió la responsable se aprecia que la determinación indicada en primer término, fue notificada a la quejosa mediante estrados el día doce de febrero de dos mil veinte, en virtud de que no quiso firmar el acta correspondiente; y la segunda, se le notificó mediante aviso electrónico de notificación pendiente en el Buzó Tributario asignado a la quejosa, el siete de julio del dos mil veinte. Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del precepto 2º de la Ley de Amparo. Apoya a lo expuesto, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno del Alto Tribunal, publicada en la página 153, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ante la negativa especifica externada por la autoridad responsable al rendir su informe justificado en torno a tales actos reclamados, a la parte impetrante correspondía demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Cabe puntualizar que los medios de prueba valorados en párrafos precedentes, resultan suficientes para acreditar la inexistencia de los actos atribuidos a la autoridad que nos ocupa, pues acreditan que previo a la promoción del juicio de amparo la autoridad responsable ya había emitido los actos que se le reprochan y que se señalan como incisos b) y c), cuya omisión en su dictado constituían los actos aquí impugnados por la quejosa, pues los mismos fueron emitidos el ocho de febrero de dos mi veinte y siete de julio del dos mil veinte, mientras que la demanda de amparo se presentó el veinticuatro de agosto del dos mil veinte. Incluso su notificación de dichos actos, se realizó previamente a la interposición del amparo, en los términos ordenado por la autoridad responsable. En razón a lo expuesto en el presente considerando, lo que procede, respecto a los indicados actos materia de reclamo por la quejosa, es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;.". Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Por otra parte, respecto al acto señalado como inciso a), la autoridad responsable Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "4" de la Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior, de la Administración General de Auditoria de Comercio Exterior, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la ciudad de México, al rendir su informe justificado negó dicho acto que se le reclama, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que de las documentales que la responsable allegó anexas a su informe, se desprende la existencia del acto que se le reclama, ello es así, en virtud de que de las mismas se aprecia que en fecha ocho de febrero del dos mil veinte, se realizó el Acta de Verificación, Embargo y Notificación del Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de Vehículos de Procedencia Extranjera, respecto del vehículo de procedencia extranjera, marca HONDA, tipo Pick Up, línea RIDGELINE, modelo 2008, color marrón, con número de serie de identificación vehicular (VIN) 2HJYK16518H541342, con placas número IZJ516 del Estado de IOWA, Estados Unidos de América, automotor que se encontró circulando en el kilómetro 44 de la carretera panamericana 45, a la altura del poblado de Samalayuca del Municipio de Juárez, Chihuahua (punto de revisión denominado precos), y que al solicitarle el personal actuante adscrito a la Administración de operaciones Especiales de Comercio Exerior "4", de la Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior, de la Administración General de Auditoria de Comercio Exterior, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, a la conductora aquí quejosa que comprobara la legal importación, tenencia o estancia en el país de la citada unidad vehicular, solo mostró documento diferente al español denominado "New Plate IZJ516" en el que se describe el referido vehículo de procedencia extranjera, a nombre de Bernardo Castro, y documental en idioma diferente al español denominado "CERTIFICATE OF TITLE TO A VEHICLE", número 25AD43178, folio A021969395 de fecha 27 de diciembre de 2019, en el cual se describe el vehículo en mención, a nombre de Bernardo Castro; asimismo, de la diversa documental relativa a la resolución de siete de julio de dos mil veinte, emitida por la referida autoridad, se advierte que en la misma se determinó la situación fiscal en materia de comercio exterior de la quejosa, determinándole un crédito fiscal en su contra, en su carácter de propietaria, conductora y/o tenedora del referido vehículo de origen y procedencia extranjera, asimismo, en dicha determinación se decretó que el vehículo en mención pasaba a propiedad del fisco federal. De igual forma, de las documentales que remitió la responsable se aprecia que la determinación indicada en primer término, fue notificada a la quejosa mediante estrados el día doce de febrero de dos mil veinte, en virtud de que no quiso firmar el acta correspondiente y además porque no señala domicilio para tal efecto; y la segunda, se le notificó mediante aviso electrónico de notificación pendiente en el Buzó Tributario asignado a la quejosa, el siete de julio del dos mil veinte. Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del precepto 2º de la Ley de Amparo. Apoya a lo expuesto, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno del Alto Tribunal, publicada en la página 153, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En razón de lo expuesto en los párrafos que preceden, se tiene por cierto el acto materia de reclamo a la responsable, el cual se identifica en la presente determinación con el inciso a). QUINTO. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto del acto del que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé, el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, del Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 1ª. /J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo IX (Enero de 1999), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En ese sentido, quien resuelve considera que respecto al acto señalado como inciso a), relativo al decomiso del vehículo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo; luego, para analizar la citada causal de improcedencia se debe atender a las consideraciones que enseguida se exponen. Efectivamente, el artículo 107, fracción I, constitucional dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Del precepto constitucional transcrito, en la parte que aquí interesa, se advierte que la parte promovente del amparo deberá demostrar ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo; además, deberá acreditar que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Carta Magna, y que de ello deriva una afectación a su esfera jurídica, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." De la transcripción del citado artículo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y contra normas generales que por su sola entrada en vigor no afecten los intereses apuntados, sino que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Sobre estos conceptos, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: 1.- Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad -interés jurídico-; 2.- En caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución establece la posibilidad de aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. En atención a lo anterior, el Pleno del Alto Tribunal del País determinó que para demostrar el interés legítimo, se requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, sin que sea exclusivamente en una cuestión patrimonial, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse; que mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 50/2014 (10a.), definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).". Con base en la disposición de la Carta Magna analizada, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, estableció cuáles son los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, que deben probarse traduciéndose en requisitos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto; esto, conforme a lo siguiente: En lo que atañe al interés jurídico: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por lo que respecta al interés legítimo: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad, ya que si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Por último, se destacó que los elementos constitutivos apuntados son concurrentes, por lo tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente; así, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no debe inferirse con base en presunciones. Es aplicable al caso, la tesis número 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 1854, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". Por su parte, los artículos 5, fracción I y 6°, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". Los preceptos anteriores, en lo que interesa, precisan que el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales; es decir, en contra de ese tipo de actos, para la procedencia del amparo, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que ésta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo), y, b) un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. En síntesis, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora bien, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada; por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo (interés jurídico), cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es sustento de lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en la página doscientos veinticinco del tomo XXVII, enero de dos mil ocho de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." El criterio jurídico contenido en la tesis transcrita que cobra aplicación al caso por la identidad jurídica substancial existente entre el artículo 4º de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con los numerales 5, fracción I en lo conducente, y 6º de la Ley de Amparo, así como por no contraponerse con alguna disposición del citado cuerpo legal, en términos del artículo "SEXTO" transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Así, en el caso que no ocupa, la quejosa, reclama, en concreto, el decomiso del vehículo marca HONDA, tipo Pick Up, línea RIDGELINE, modelo 2008, color marrón, con número de serie de identificación vehicular (VIN) 2HJYK16518H541342, con placas número IZJ516 del Estado de IOWA, Estados Unidos de América. En este orden, el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite un derecho legítimamente tutelado, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto que se reclama. Luego, bajo ese contexto, de los autos del presente asunto se advierte actualizada dicha causa de improcedencia antes indicada, en atención a lo manifestado por la quejosa, y del informe de la autoridad responsable, se aprecia que el ocho de febrero del dos mil veinte, se trasladaba vía terrestre, circulando en el vehículo de la marca HONDA, tipo Pick Up, línea RIDGELINE, modelo 2008, color marrón, con número de serie de identificación vehicular (VIN) 2HJYK16518H541342, con placas número IZJ516 del Estado de IOWA, Estados Unidos de América, y que en el kilómetro 44 de la carretera panamericana 45, a la altura del poblado de Samalayuca del Municipio de Juárez, Chihuahua (punto de revisión denominado precos), al solicitarle el personal adscrito a la Administración de operaciones Especiales de Comercio Exerior "4", de la Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior, de la Administración General de Auditoria de Comercio Exterior, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, a la conductora aquí quejosa, que comprobara la legal importación, tenencia o estancia en el país de la citada unidad vehicular, solo mostró documento diferente al español denominado "New Plate IZJ516" en el que se describe el referido vehículo de procedencia extranjera, a nombre de Bernardo Castro, y documental en idioma diferente al español denominado "CERTIFICATE OF TITLE TO A VEHICLE", número 25AD43178, folio A021969395 de fecha 27 de diciembre de 2019, en el cual se describe el vehículo en mención, a nombre de Bernardo Castro, sin embargo, no presentó documentación aduanera con la cual se acreditara la legal importación, estancia y/o tenencia en el país, del referido vehículo, posteriormente, en el recinto fiscal ubicado en Avenida Lerdo y Malecón, de esta ciudad Juárez, se procedió a levantar el acta de verificación, embargo del vehículo y notificación del inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera de vehículos de procedencia extranjera, con folio CVV19900066/20/05, oficio 110-94-04-00-00-2020-0164, a la aquí peticionaria del amparo Angelica Romero Loya. Ahora bien, en la especie la quejosa Angelica Romero Loya, es parte dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera, con folio CVV19900066/20/05, oficio 110-94-04-00-00-2020-0164, del cual derivan el acto reclamado; sin embargo, en el presente asunto no obra medio de prueba alguno con el cual acredite la propiedad del vehículo marca HONDA, tipo Pick Up, línea RIDGELINE, modelo 2008, color marrón, con número de serie de identificación vehicular (VIN) 2HJYK16518H541342, con placas número IZJ516 del Estado de IOWA, Estados Unidos de América, esto es, su titularidad respecto a los derechos afectados por el acto reclamado, pues su sola calidad como parte dentro del referido procedimiento, no acredita su interés jurídico para promover el juicio de amparo sobre el bien mueble motivo del embargo y decomiso. No pasa inadvertido, para quien resuelve, que la impetrante del amparo Angelica Romero Loya, ante la autoridad responsable sólo exhibió documento diferente al español denominado "New Plate IZJ516" en el que se describe el referido vehículo de procedencia extranjera, a nombre de Bernardo Castro, y documental en idioma diferente al español denominado "CERTIFICATE OF TITLE TO A VEHICLE", número 25AD43178, folio A021969395 de fecha 27 de diciembre de 2019, en el cual se describe el vehículo en mención, a nombre de Bernardo Castro, así como su visa expedida por los Estados Unidos de América, número A546519-0-568109-5, con fecha de expedición dos de octubre de dos mil quince, pues así se advierte de la constancias que allegó anexas a su informe la autoridad responsable; sin embargo, dichos documentos resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico, en virtud de que con dichas documentales no demuestran que la quejosa sea la legal propietaria del vehículo que se pasó a propiedad del fisco federal. Por lo tanto, resulta inconcuso que el acto reclamado no causa una afectación personal y directa, porque no se demostró la afectación producida en su esfera jurídica, situación que hace emerger la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo. Luego, si conforme al artículo 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el interés jurídico y el interés legítimo, son elementos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde a la parte quejosa, ello por una parte, y por otra, si en el caso no se llegaron a demostrar esos extremos, es evidente que el presente juicio deviene improcedente. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1ª./J.1/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Lo anterior, con independencia de que se haya tenido por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "4" de la Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior, de la Administración General de Auditoria de Comercio Exterior, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la ciudad de México, pues esa circunstancia no relevaba a la quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico, cobra aplicación, el criterio contenido en la tesis número II.2o.C.T.5 K, visible en la página 379, Tomo XV, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de febrero de 1994, cuya sinopsis es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, DEBE PROBARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.- La existencia del acto reclamado no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que se afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo, el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Tampoco es óbice que en su escrito constitucional, la imperante del amparo haya narrado, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, pues ello no acredita su interés jurídico, en la medida en que era necesario que aportara pruebas fehacientes en ese sentido, según así fue razonado. Lo que encuentra sustento jurídico, en la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inscrita a foja 229, tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." Asimismo, resulta aplicable la Jurisprudencia 119 de la Segunda Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN, en la página 133, Materia Administrativa, del Apéndice 2000, que a la letra dice: "VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CONTRA DEL SECUESTRO, DESPOSEIMIENTO, DECOMISO O CUALQUIER ACTO DE AUTORIDAD QUE AFECTE EL DERECHO DE PROPIEDAD O POSESIÓN DE LOS MISMOS, SE DEMUESTRA CON EL SÓLO ACREDITAMIENTO, POR PARTE DE LA QUEJOSA, DE ESTOS DERECHOS. El interés jurídico se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y es uno de los presupuestos para promover el juicio de garantías en los términos de lo que establecen los artículos 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo. Como derecho jurídicamente protegido, es incontrovertible que para promover un juicio de garantías, debe de estarse a la naturaleza del acto que se reclama. Por tanto, si los actos reclamados se hacen consistir en desposeimiento, secuestro o decomiso de vehículos de procedencia extranjera, entre otros actos de la misma naturaleza, que implican afectación o menoscabo del derecho de propiedad o posesión, resulta lógico que para comprobar el interés jurídico, sólo deben demostrarse tales derechos de propiedad o posesión respecto de los mismos, de manera fehaciente, con datos inequívocos, bien con la copia certificada de la tarjeta de circulación, de la que se desprenda que la propietaria del vehículo fronterizo es precisamente la quejosa; o bien con la factura en la que conste la adquisición del vehículo por la peticionaria de garantías; o con cualquier otra prueba idónea y fehaciente que demuestre esos extremos, así como la existencia de los actos reclamados consistentes en el desposeimiento, secuestro o decomiso del vehículo de procedencia extranjera. Ciertamente, porque quien es propietario o poseedor de un vehículo respecto del cual penden actos de autoridad tales como secuestro, desposeimiento o decomiso, el interés jurídico se demuestra con las documentales que acrediten que la quejosa es la propietaria o poseedora del mismo, puesto que su esfera de derecho de propiedad o posesión se vio afectada por el acto de autoridad, que como tal, debe cumplir con los extremos que la Constitución le impone. Lo anterior se desprende del artículo 4o. de la Ley de Amparo, en concordancia con lo que dispone el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, según los cuales el juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado y tal perjuicio inmediato y directo, da el presupuesto indispensable para la procedencia del juicio de garantías, sin que sea necesario para acudir a la instancia constitucional, el que también se demuestre la legal estancia en el país del multicitado vehículo de procedencia extranjera, pues los actos reclamados sólo afectan la propiedad o posesión que respecto del mismo tiene la quejosa, y no su derecho de importación, por lo que la legal o ilegal estancia en el país del multicitado automotor, será materia del procedimiento administrativo que, en su caso, se siga contra la formulante del amparo." Es menester destacar, que quien resuelve considera que respecto al acto materia de análisis, se actualiza, la causal de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XIII, en relación con los numerales 5°, fracción I, 6° y 63 fracción V, de la ley de la materia, por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Finalmente, toda vez que en el juicio de amparo en el que se actúa se ha decretado el sobreseimiento, no causa perjuicio a la parte quejosa, el hecho de que este Juzgado de Distrito no atienda las cuestiones de fondo, ya que el sobreseimiento pone fin al juicio, lo que impide abordar tal análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que nos ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y motivado, se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, presentado Ricardo Hernández, apoderado legal de Angelica Romero Loya, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma, el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy Fe. veinticinco de mayo de dos mil veintiuno

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido se tiene a la oficina de Correos de México, en la localidad, devolviendo el sobre que ampara el oficio 11092/2020, dirigido a la autoridad responsable, Servicios de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, con la leyenda de que la autoridad en mención no se encuentra en el domicilio que se cita; en tal virtud, y atendiendo que a la fecha dicha autoridad no ha sido notificado del oficio en mención, mediante el cual se le solicita rinda su informe justificado respecto de los actos que la parte quejosa le reprocha, en tal virtud, remítase nuevamente el oficio a la citada autoridad, a fin de que rinda su informe justificado, lo anterior, mediante el correo electrónico araceli.garciam@sat.gob.mx. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para verificarse el día de hoy, y en su lugar, se fijan las CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo dicha audiencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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